CE - Sentencia 11001032500020140083200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2014-00832-00 (2550-2014) Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Accionado : Ana Ruth Ivi Mogollón Rodríguez Trámite : Acción especial de revisión Tema : Revisión de la sentencia proferida el 4 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Causales literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia del Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare , mediante la cual , se confirma el fallo de primera instancia del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Ana Ruth Ivi Mogollón Rodríguez.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia del Cinco (5) de septiembre de Dos

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia del Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y en su lugar, declarar que existió falta de legitimación en la causa, toda vez que, Cajanal “ no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda, habida cuenta de no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para la Seguridad Social en Salud”. Y “declarar queNúmero Interno: 2550-2014

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sobre la pensión de gracia reconocida en favor de la señora Ana Ruth Ivi Mogollón Rodríguez, debe realizarse los descuentos por concepto de salud, conforme lo dispuesto por la Ley 100 de 1993.”

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que , la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E, con Resolución 3253 de 27 de enero de 2006 reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la señora Ana Ruth Ivi Mogollón Rodríguez, con el 75% del promedio del salario de los 12 meses anteriores a la adquisición del status de pensionada, en cuantía equivalente a Un Millón Setecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cinco pesos con Setenta y Cinco centavos $ 1.752.255.75, efectiva a partir del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Cuatro (2004).

Doscientos Cincuenta y Cinco pesos con Setenta y Cinco centavos $ 1.752.255.75, efectiva a partir del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Cuatro (2004).

Aseguró que, con Resolución 45144 del 25 de septiembre de 2007, Cajanal accede a la reliquidación de la pensión solicitada por la señora Mogollón Rodríguez para incluir los nuevos factores salariales, la cual , quedó tasada en cuantía de Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Cincuenta y Siete pesos con Cincuenta y Tres centavos $2.480.557. 53, efectiva a partir del Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Cuatro (2004).

Precisó que, la señora Mogollón instauro acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de CAJANAL, con el fin de obtener la nulidad de las “Resoluciones No. 3253 de 27 de enero de 2006 y 49348 (sic) 4545144 del 25 de septiembre de 2007 que le reconoció y liquidó la pensión gracia, en tanto, ordenó el descuento de su mesada p ensional del 12% por concepto de aportes a salud y le reconoció solo 13 (sic) mesadas pensionales al año”.

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de l Circuito de Yopal en fallo del Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013), accedió a las pretensiones de la demanda, mediante la cual, dispuso: “(i) declarar la nulidad parcial de las Resoluciones No. 3253 de 27 de enero

Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013), accedió a las pretensiones de la demanda, mediante la cual, dispuso: “(i) declarar la nulidad parcial de las Resoluciones No. 3253 de 27 de enero de 2006 y 45144 del 25 de septiembre de 2007, en cuanto ordenaron el descuento del 12% por concepto de aportes a salud sobre la pensión gracia reconocida a la señora Ana Ruth Ivi Mogollón Rodríguez; (ii) ordenar cesen los descuentos que por concepto de servicio médico asistenciales se estén aplicando a la pensión gracia; (iii) condenar a CAJANAL a reintegrar a l a señora Ruth Ivi Mogollón Rodríguez los descuentos efectuados por concepto de salud de la pensión de (sic ) gracia de la docente, a partir del 25 de mayo de 2009, hasta la fecha en que se dejen efectuar los descuentos (…)”.Decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Casanare, en providencia del Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Trece (2013).

Con Resolución RDP 054776 del Dos (2) de diciembre de Dos Mil Trece (2013), la UGPP dio cumplimiento a lo ordenado en las decisiones judiciales.Número Interno: 2550-2014

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1.2 Sentencia objeto de revisión

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, con sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013), condenó «[…] a la Caja Nacional

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1.2 Sentencia objeto de revisión

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, con sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013), condenó «[…] a la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación a reintegrar a la señora ANA RUTH IVI MOGOLLÓN RODRÍGUEZ […], los descuentos que se le hayan efectuado por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud de la pensión gracia de que es titular, a partir del 25 de m ayo de 2009 y disponer la actualización de las sumas adeudadas […] ordenar que en lo sucesivo la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. en liquidación se abstenga de efectuar el descuento por salud respecto de la pensión gracia devengada por la demandante.»

Como sustento de la decisión, el aludido citó las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, correspondientes a la pensión gracia como prerrogativa gratuita otorgada por la Nación a un grupo de docentes y el Decreto 81 de 1976 , el cual, ordenó que CAJANAL debía asumir las funciones que cumplía la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, también, analizó el artículo 15 numeral 2 literal A de la Ley 91 de 1989 que fijó un límite temporal para el beneficiario que sólo tendrán derecho a ésta los vinculados hasta antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta (1980), por ello, estableció que, los docentes oficiales gozan de un régimen especial en materia de salud conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

(1980), por ello, estableció que, los docentes oficiales gozan de un régimen especial en materia de salud conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

Con el estudio de las normas anteriormente relacionada s, señaló que, “(…) existe un vacío normativo respecto de lo que debe entenderse como “ingresos adicionales sobre los cuales existe la obligación efectuar (sic) cotizaciones” frente a lo cual considera el Despacho que no es posible atribuirle tal calidad a la pensión gr acia por cuanto si bien es una dádiva que la Nación le otorgó a los docentes territoriales teniendo en cuenta que su remuneración era precaria, lo que en gracia de discusión podría entenderse como un riesgo adicional, no se encuentra soporte jurídico que permita concluir que exista la obligación de efectuar aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, máxime si se tiene en cuenta que frente a la duda respecto a la aplicación del sistema de fuentes debe resolverse a favor del trabajador, que para este caso sería el beneficiario de la pensión gracia.” Por consiguiente, concluyó que, no es posible efectuar los descuentos por aportes a salud de la pensión gracia por cuanto no existe norma que imponga dicha carga para los docentes oficiales.

El Tribunal Administrativo de Casanare, con fallo del Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Trece (2013), confirm ó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, habida cuenta que, esaNúmero Interno: 2550-2014

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Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, habida cuenta que, esaNúmero Interno: 2550-2014

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Corporación en otra oportunidad con providencia del Quince (15) de septiembre de Dos Mil Once (2011), estudio los descuentos en salud realizados a la pensión gracia, en la que definió que no hay lugar a estos.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual , procede la revisión de pensiones «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », y «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión solicita, ordenó el reintegro debitado por conceptos de aportes de salud de la pensión gracia y que se suspendieran estos descuentos, pese a que, existe la obligación legal de realizar los aportes al sistema de salud en el porcentaje establecido en la Ley 100 de 1993.

(i) Reconocimiento pensional se obtuvo con violación al debido proceso.

Expone que, la orden judicial se obtuvo con violación al debido proceso, en tanto, existía falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad demandada CAJANAL EICE en liquidación, habida cuenta que, nunc a ha sido depositaria de los fondos o recursos que se recaudaban para la Seguridad Social.

falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad demandada CAJANAL EICE en liquidación, habida cuenta que, nunc a ha sido depositaria de los fondos o recursos que se recaudaban para la Seguridad Social.

(ii) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la Ley.

Precisa que, las cotizaciones que se efectúan para cubrir el servicio de salud están ligadas a la prestación sobre la cual se realizan, entre ellas, la pensión gracia, por ello, la suspensión de los descuentos que por concepto se hacen mes a mes, implican una erogación periódica con cargo a los recursos de la Nación y, por ello, estima debidamente configurada la causal invocada.

Expone que, los afiliados al FOMAG, creado por la Ley 91 de 1989, como son los docentes oficiales, “no se les aplica el sistema de seguridad social, por lo que, en principio podría pensarse que tal exclusión cobija a los beneficiarios de la pensión gracia, (…) sin embargo, debe analizarse la preceptiva en conjunto y detenerse en lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que señala que la pensión gracia continúa a cargo de la Caja de Previsión, haciendo ver tal prestaciónNúmero Interno: 2550-2014

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no es pagada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que no se encuentra inmersa en la excepción hecha por el legislador.”

Enfatiza que, con la Ley 812 de 2003 en el artículo 81 exce ptúa la aplicación de las

no es pagada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que no se encuentra inmersa en la excepción hecha por el legislador.”

Enfatiza que, con la Ley 812 de 2003 en el artículo 81 exce ptúa la aplicación de las normas de la Ley 100 de 1993, en materia de salud, a los docentes vinculados con anterioridad a la vigencia de dicho estatuto, pues , hace referencia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, siendo claro que, la pensión gracia no es pagadera por la citada entidad, sino por la Caja Nacional de Previsión Social.

Además, se desconoce que con anterioridad a la Ley 100 de 1993, los pensionados de Cajanal, contribuían con el 5% de la mesada pensional para la financiación de los servicios de salud, conforme el artículo 2° de la Ley 4ª de 1966.

Destaca que, la Ley 100 de 1993, estableció de manera general la tasa de cotización para financiar el Sistema Gener al de Seguridad Social en salud del 12% sin importar el tipo de pensión y para mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones reconocidas con anterioridad Primero (1°) de enero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), dispuso el artículo 143 ibidem, un incremento en el monto de la mesada equivalente a la suma necesaria para cubrir en el caso de los pensionados por Cajanal.

Concluye que, la sentencia objeto de revisión contrarió las disposiciones legales aplicables a la materia, al ordenar la nulidad parcial de los actos administrativos, mediante los cuales , se reconoció y reliquidó la pensión gracia y que ordenó el descuento por conceptos en salud del 12%.

aplicables a la materia, al ordenar la nulidad parcial de los actos administrativos, mediante los cuales , se reconoció y reliquidó la pensión gracia y que ordenó el descuento por conceptos en salud del 12%.

1.4 Contestación de la demanda de revisión1

El auto admisorio de la acción fue notificado personalmente el Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) a la pensionada y mediante escrito del Veintiséis (26) de noviembre del precitado año, se opuso a las pretensiones de la acción de revisión, por ser contraria a la seguridad jurídica, la confianza legítima y porque la entidad present ó este recurso de forma extemporánea y no dentro del año siguiente como lo indica la Ley, por cuanto, existe cosa juzgada desde aproximadamente Once (11) años.

1 Índice 00069 expediente digital SamaiNúmero Interno: 2550-2014

Accionante: UGPP

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1. 5. Ministerio Público.

No emitió concepto alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 2 y 20 de la Ley 797 de 2003 3, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20194.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada

previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20194.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada cobró ejecutoria el Trece (13) de octubre de Dos Mil Trece (2013)5; la demanda fue presentada el Primero (1) de julio de Dos Mil Catorce (2014)6, razón por la cual , no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA7.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección debe establecer si la sentencia de l Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, está incursa en las causales de revisión consagradas en el literal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si fue expedida con violación del debido proceso y si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

2 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 3 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser

3 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 4 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Modificado por el Acuerdo 434 de 2004. 5 Folio 74 del expediente físico. 6 Folio 134 vuelto. 7 La contabilización de los términos de la caducidad en los procesos de la Caja Nacional de Previsión Social quedaron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013Número Interno: 2550-2014

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El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Supre ma de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 8 y comporta una herramienta excepcional , que se opone a los principios de cosa juzgada y seguri dad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»9.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias es pecíficas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el

seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias es pecíficas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una

8 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 9 Consejo de Est ado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco

Suárez Vargas.Número Interno: 2550-2014

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valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que e l juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de los instrumentos extraordinarios10.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean

Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 11 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis12, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecu toriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia13», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial14.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Esta causal dispuso que , se puede solicitar la revisión de una sentencia « cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del Cinco (5) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), consideró:

«Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el recurso, debe

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 11 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas

de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 11 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 12 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales

novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de rev isión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 13 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 2550-2014

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Ruth Ivi Mogollón Rodríguez

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aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición, específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridadla causal.

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridadlibertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente;

1. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa t écnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem ”15.

La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del debido proceso , es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues, solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues, solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 -.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 2550-2014

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2.4.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia

En principio, debe señalarse que, la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se resume en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 191316 consagró por primera vez la pensión gracia:

«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magiste rio por un

se resume en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 191316 consagró por primera vez la pensión gracia:

«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magiste rio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional (…)».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales , respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, de acuerdo con la Ley 39 de 190317, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que, la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, l