CE - Sentencia 11001032500020150036500 de 2025

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Radicado: 11001 03 25 000 2015 00365 00

Demandante: Néstor Mantilla Rueda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, veintisiete (27) de febrero de do mil veinticinco (2025) Radicación núm.: 11001 03 25 000 2015 00365 00

Actores: Néstor Mantilla Rueda Demandado: Presidencia de la República y otros1

Tesis: No es nula, por infracción de normas superiores, la disposición que precisó el alcance de la desvinculación administrativa de vehículos de servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros taxi, si reconoció facultades a las autoridades administrativas, en palabras del demandante, para declarar la configuración de las causales de incumplimiento de los contratos de vinculación suscritos entre los p ropietarios y las empresas de transporte y disponer la correspondiente terminación de esos negocios.

No es nula , por vulneración de normas superior , la disposición que limita al vencimiento del contrato de vinculación las causales que pueden invocarse para la desvinculación administrativa de vehículos que prestan el servicio de transporte en la modalidad de taxi de las empresas respectivas. No es nulo, por infracción de normas superiores, si la norma acusada no prevé un procedimiento administrativo que medie entre la decisión sobre la desvinculación

modalidad de taxi de las empresas respectivas. No es nulo, por infracción de normas superiores, si la norma acusada no prevé un procedimiento administrativo que medie entre la decisión sobre la desvinculación administrativa y una petición en ese sentido.

NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad promovido por el señor Néstor Mantilla Rueda en contra del inciso primero del artículo 15 del Decreto 1047 de 4 de junio de 2014 , “Por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de Se guridad Social de los conductores del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos aspectos del

1 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo.2

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servicio para su operatividad y se dictan otras disposiciones ”, expedido por el Presidente de la República, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo.

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensión

Figura como pretensiones las siguientes:

Comunicaciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo.

I. LA DEMANDA

1.1. Pretensión

Figura como pretensiones las siguientes:

“PRIMERO: Se declare NULO el inciso primero, del artículo quince (15) del decreto 1047 de 2014, "Por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los Conductores del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos aspectos del servicio para su operatividad y se dictan otras disposiciones"; por ser violatorio directamente de la Constitución Nacional.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordene a las autoridades que profirieron el Decreto 1047 de 2.014, se fije el respectivo procedimiento administrativo para la desvinculación de los vehículos tipo taxi, de la empresa a la cual se hayan vinculado; re spetando el debido proceso y especialmente respetando el procedimiento consagrado en el artículo 233 de la ley 222 de 1995, y respetando la respectiva jurisdicción y competencia para la resolución del contrato de vinculación firmado entre la empres a a la cual se halla afiliado el vehículo y su propietario.”2.

1.2. La disposición cuestionada

A continuación, se transcribirá el artículo 15 del Decreto 1047 de 2014, advirtiendo que el aparte subrayado corresponde al reprochado por el demandante:

“ARTÍCULO 15. Desvinculación administrativa. Vencido el contrato de vinculación, cualquiera de las partes que lo suscribió podrá solicitar la

que el aparte subrayado corresponde al reprochado por el demandante:

“ARTÍCULO 15. Desvinculación administrativa. Vencido el contrato de vinculación, cualquiera de las partes que lo suscribió podrá solicitar la desvinculación del vehículo a la autoridad de transporte competente, la cual deberá resolver la solicitud dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, sin que pueda exigir otra causa o condición, diferente a la que se hace referencia en el artículo 34 del Decreto 172 de 2001, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

PARÁGRAFO 1°. En todo caso, el propietario interesado en la desvinculación de un vehículo no podrá prestar el servicio de su vehículo a otra empresa,

2 Visible en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 47 de Samai.3

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hasta tanto la misma no le haya sido autorizada; la empresa a la cual está vinculado el vehículo, tiene la obligación de permitir que continúe trabajando en la misma forma en que lo venía haciendo hasta que se decida sobre la solicitud de desvinculación.

PARÁGRAFO 2°. De conformidad con el artículo 35 del Decreto 172 de 2001, la desvinculación del vehículo no es condición suficiente para la vinculación de vehículos al parque automotor de este servicio en un distrito o municipio.

PARÁGRAFO 2°. De conformidad con el artículo 35 del Decreto 172 de 2001, la desvinculación del vehículo no es condición suficiente para la vinculación de vehículos al parque automotor de este servicio en un distrito o municipio. Los vehículos desvinculados podrán vincularse a cualquiera de las empresas de transporte habilitadas en esta modalidad al interior del mismo distrito o municipio y las empresas de las cuales se desvinculan, solo podrán reemplazarlos por vehículos que ya se encuentren matriculados para este servicio en el distrito o municipio .”3

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

1.3.1. En el acápite denominado “ HECHOS” afirmó que el acto impugnado vulneraba el debido proceso, ya que no otorgaba la oportunidad de defenderse a la empresa ni a los propietarios de vehículos tipo taxi cuando alguno de ellos no deseaba dar por terminado el contrato de vinculación. Afirmó que el artículo 15 del Decreto 1047 de 2014 confería a los alcaldes, al director del Área Metropolitana o al director de Tránsito la facultad de expulsar vehículos de una sociedad de taxis mediante una decisión unilateral, sin tener en cuenta la existencia de un cont rato de vinculación y las controversias que puedan quedar pendientes de tal vínculo.

1.3.2. La parte actora sostuvo que la disposición acusada desconoció los artículos 29, 38 y 58 de la Constitución Política, los artículos 1, 27, 28, 32, 34 y 43 del Decreto 172 de 2001, los artículos 396, 1494, 1495 y 1602 del Código Civil, los artículos 98,

29, 38 y 58 de la Constitución Política, los artículos 1, 27, 28, 32, 34 y 43 del Decreto 172 de 2001, los artículos 396, 1494, 1495 y 1602 del Código Civil, los artículos 98, 101, 822 y 983 del Código de Comercio, el artículo 233 de la Ley 222 de 1995, el artículo 45 de la Ley 57 de 1887 y el artículo 12 de la Ley 153 de 1887; al igual que los principios y valores constitucionales de orden justo, interés general, equidad, igualdad, debido proceso y respeto por el derecho sustancial.

1.3.3. En el acápite del libelo introductorio denominado “ Normas violadas y concepto de violación ”4, el demandante presentó los argumentos que se sintetizan a continuación:

3 Ibidem. 4 Folio 103 ibídem.4

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Manifestó que el contrato de vinculación de un vehículo en la modalidad de taxi es un acuerdo privado, regulado por los artículos 1495 del Código Civil y 983 del Código de Comercio. Este negocio se celebra entre el propietario del vehículo y la empresa que lo integra a su parque automotor. En consecuencia, solo puede ser anulado mediante consentimiento mutuo o por causas legales ventiladas ante la autoridad judicial.

Indicó que los artículos 396 del Código de procedimiento Civil (en adelante CPC) y

empresa que lo integra a su parque automotor. En consecuencia, solo puede ser anulado mediante consentimiento mutuo o por causas legales ventiladas ante la autoridad judicial.

Indicó que los artículos 396 del Código de procedimiento Civil (en adelante CPC) y el 368 del Código General del Proceso (en adelante CGP), lo mismo que el artículo 233 de la Ley 222 de 1995, definen la manera en que se resuelven las controversias a propósito de ese tipo de contratos dejando tal facultad a un Juez a través del proceso verbal sumario. Por lo tanto, cuando la norma que se enjuicia reconoce esa potestad a la autoridad administrativa y posibilita la desvinculación de un vehículo en la modalidad de taxi de una empresa para pasarlo a otra, sin cumplir con el trámite señalado, desconoce las competencias propias del Juez natural.

Insistió en que, para solicitar la resolución, resciliación o nulidad de un contrato, era necesario acudir a la vía judicial, específicamente al trámite previsto en los artículos 396 del CPC y 368 del CGP.

Mencionó que el artículo 22 del Decreto 1047 de 2014 derogó el artículo 32 del Decreto 172 de 2001, el cual establecía un procedimiento breve y sumario para la desvinculación de vehículos tipo taxi de las empresas en las que se encontraba registrado, circunstancia que evidencia la vulneración del derecho al debido proceso y la observancia de las formas propias de cada juicio.

Afirmó que el acto impugnado eliminaba por completo el contrato de sociedad suscrito entre el propietario del vehículo y la empresa prestadora, desatendiendo los compromisos que estos adquirieron , pues la desvinculación administrativa

Afirmó que el acto impugnado eliminaba por completo el contrato de sociedad suscrito entre el propietario del vehículo y la empresa prestadora, desatendiendo los compromisos que estos adquirieron , pues la desvinculación administrativa operaba de plano pasando inadvertidas esas circunstancias.

Adujo que el Decreto 172 de 2001 respetaba la estructura de las empresas de transporte, es decir, las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, conforme a lo establecido en el Código de Comercio. Además, dicho decreto establecía el procedimiento para su disolución o liquidación. En cambio, el Decreto5

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1074 de 2014, según afirmó, lleva a cabo la liquidación de las sociedades legalmente constituidas por medio de hechos consumados.

Por último, indicó que la disposición impugnada desconocía los derechos adquiridos con las leyes civiles, pues , al permitir que la autoridad de transporte desvincule a los vehículos de tipo taxi de las empresas en las que se encuentran registrados con la simple solicitud de las partes, sin un trámite previo, viola de forma directa el artículo 58 de la Constitución Política.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

2.1. El Ministerio de Salud 5 contestó la demanda y manifestó que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que no participó del estudio de la reglamentación que por competencia le correspondía. Solicitó denegar las

2.1. El Ministerio de Salud 5 contestó la demanda y manifestó que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que no participó del estudio de la reglamentación que por competencia le correspondía. Solicitó denegar las pretensiones de la demanda y absolverlo de toda responsabilidad.

2.2. La Empresa Taxis Libres Bogotá 6 coadyuvó al demandante en los argumentos que fueron sustentados.

Informó que la vinculación de un vehículo taxi a una empresa se formaliza con la celebración de un contrato de vinculación y posteriormente se formaliza con la expedición de una tarjeta de control, tal y como lo dispone el artículo 27 de Decreto 172 de 2001, lo cual es desconocido por la disposición acusada.

Indicó que el artículo 28 ibidem, que establece que los contratos de vinculación se regirán por las normas del derecho privado, fue ratificado por el artículo 2.2.1.3.6.3 del Decreto 1079 de 2015.

Adujo que la norma impugnada eliminó el requisito del paz y salvo para el cambio de empresa de los vehículos tipo taxi, lo cual constituye una grave falla, ya que impide a las sociedades ejercer un control efectivo sobre sus vinculados, particularmente en lo que respecta al cumplimiento de lo acordado en el contrato y lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 17 de la Ley 1383 de 2010. Como

5 Ibidem. 6 Ibidem.6

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5 Ibidem. 6 Ibidem.6

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consecuencia, esto provoca la desvinculación de vehículos que aún tienen obligaciones pendientes.

Asimismo, manifestó que el acto impugnado permit e que cualquier persona vinculada a una empresa prestadora del servicio de taxis y que presente alguna controversia durante la vigencia del contrato de vinculación, pueda desvincularse eludiendo el control que implicaba el paz y salvo. En otras palabras, si un vehículo registrado se ve involucrado en un accidente de tránsito con víctimas, el propietario tendría la posibilidad de eludir su responsabilidad al solicitar su retiro de la sociedad, lo que daría luga r a un fraude procesal respecto a las obligaciones que tiene con las personas afectadas con el siniestro.

2.3. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 7 contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones , sosteniendo que el artículo 27 del Decreto 172 de 2001 , que regula la vinculación de vehículos a empresas de transporte , no puede ser considerado un contrato de sociedad, ya que no cumple con el requisito establecido en el artículo 98 del Código de Comercio, dado que las partes no realizan aportes para repartir las utilidades ni constituyen una persona jurídica distinta. En consecuencia, el conflicto derivado del primer negocio jurídico en mención no debe ser sometido a un proceso verbal sumario.

de Comercio, dado que las partes no realizan aportes para repartir las utilidades ni constituyen una persona jurídica distinta. En consecuencia, el conflicto derivado del primer negocio jurídico en mención no debe ser sometido a un proceso verbal sumario.

En cuanto a la desvinculación, precisó que ésta procede cuando cualquiera de las partes que suscribió el pacto de vinculación lo solicite, y solo en un caso específico: el vencimiento del contrato. Advirtió que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Decreto 172 de 2001, el término de este no podrá superar un (1) año, por lo que la terminación se da por voluntad propia de los contratantes, los cuales se encontrarían facultados para solicitar ante la autoridad de transporte el retiro de su vehículo del parque automotor de la sociedad correspondiente.

Resaltó que lo anterior demostraba que la norma acusada no le estaba otorgando competencia a la administración para que de forma arbitraria finalizara la relación

7 Ibidem.7

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entre el propietario del vehículo y la empresa prestadora, pues son las partes las que pueden solicitar el retiro, cuando se configure la situación antes mencionada.

2.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 8 solicitó se denegara n las pretensiones de la demanda y manifestó que el demandante hizo una interpretación errónea del acto acusado, ya que la autoridad

2.4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 8 solicitó se denegara n las pretensiones de la demanda y manifestó que el demandante hizo una interpretación errónea del acto acusado, ya que la autoridad de tránsito solamente podrá intervenir una vez “vencido el contrato de vinculación”. Además, resaltó que la finalidad que persiguió la expedición de esa norma fue la de simplificar el procedimiento de desvinculación, más no ataca r el contrato de vinculación ni los derechos de quien quiera defenderse.

Destacó que, de alguna manera, la norma desconoce la existencia de un contrato de vinculación, ya que para que proceda la desvinculación, es necesario que dicho negocio jurídico haya expirado. Además, señaló que, aunque se eliminó el trámite establecido en el artículo 32 del Decreto 172 de 2001, esto no implica que la autoridad de transporte tenga la competencia propia de un juez natural, pues no puede intervenir hasta que finalice la relación contractual; de igual forma, las partes tienen la posibilidad de recurrir a la vía judicial. En este sentido, los conflictos derivados de los contratos de sociedades deben resolverse conforme a las reglas establecidas en la Ley 222 de 1995.

2.5. El Ministerio de Transporte9 manifestó en su contestación de la demanda que se oponía a la totalidad de las pretensiones en ella contenidas y señaló que el Decreto objeto de controversia fue derogado por el Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015.

2.5.1. Posteriormente, procedió a formular la excepción denominada “ De la inexistencia de vulneración al poder reglamentario consagrado por el numeral 11

de 2015.

2.5.1. Posteriormente, procedió a formular la excepción denominada “ De la inexistencia de vulneración al poder reglamentario consagrado por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política” , señalando que la norma acusada era una clara expresión y efecto del poder reglamentario que le fue conferido al poder ejecutivo en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política; además, se encuentra debidamente justificada, pues está relacionada con lo previsto en la Ley 336 de 1996.

8 Ibidem. 9 Ibidem.8

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Aseguró que la disposición impugnada no tiene como objetivo afectar los intereses de las empresas ni de los propietarios de vehículos tipo taxi, sino que surge de la necesidad de adecuar las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, con el fin de reglamentar la afiliación de los conductores de taxi al sistema integral de seguridad social y facilitar de manera más ágil la desvinculación administrativa en la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en taxis.

2.5.2. Asimismo, formuló la de “ Legalidad del inciso 1 del artículo 15 del Decreto 1047 de 2014”. Manifestó que el acto acusado no vulneró las normas en que debía fundarse al suprimir el trámite de la desvinculación administrativa, fue expedido por

1047 de 2014”. Manifestó que el acto acusado no vulneró las normas en que debía fundarse al suprimir el trámite de la desvinculación administrativa, fue expedido por las autoridades competentes y no incurrió en falsa motivación.

2.5.3. En el acápite de “ Fundamentación fáctica y jurídica de la defensa” , expuso los siguientes argumentos:

Expuso que el Decreto 1047 de 2014 derogó los numerales 4 y 6 del artículo 56 del Decreto 172 de 2001, debido a que se trataba de elementos propios de la relación entre privados, es decir, entre la empresa y el propietario del vehículo, en los cuales no era viable intromisión de la autoridad administrativa . Aseguró que de llegarse a exigir esos requisitos mínimos se afectarían de manera directa aspectos puntuales y de gran relevancia como la seguridad, el ámbito de operación y la necesidad del servicio.

Procedió a comparar el Decreto 1047 de 2014 y el Decreto 172 de 2001, para concluir que en este último el trámite era mucho más extenso, por lo que el acto acusado procedió a comprimir lo que estaba contenido en cuatro (4) artículos en un (1) solo, pero sin afectar los aspectos propios del derecho privado en materia de contrato de vinculación.

Resaltó que no se suprimió el trámite para la actuación administrativa, pues, cuando no existe un procedimiento en específico, la autoridad deberá remitirse a los previsto en el artículo 34 del CPACA, lo cual desestima cualquier supuesto de ilegalidad del acto impugnado.9

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previsto en el artículo 34 del CPACA, lo cual desestima cualquier supuesto de ilegalidad del acto impugnado.9

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Posteriormente señaló que la administración está facultada para regular la vinculación o desvinculación de vehículos del parque automotor de una empresa, ya que es responsable de determinar la capacidad de cada sociedad. Sin embargo, esto no implica que te nga la potestad de trasladar los vehículos de manera arbitraria, sino que tiene la competencia de decidir si autoriza o no el cambio, ya sea por mutuo acuerdo o porque se haya cumplido alguno de los requisitos que determinen si el vehículo debe seguir afiliado o no a la empresa prestadora.

Manifestó que no elimina el contrato de sociedades ni tampoco interviene en su regulación y mucho menos in terfiere en los compromisos y obligaciones que se adquieren a través del derecho privado.

Resaltó que el inciso 1 del artículo 15 del Decretó 1047 de 2014 no vulneró el derecho al debido proceso, como quiera que la autoridad de transporte solo puede actuar cuando el contrato de vinculación ha finalizado, pues así lo prevé dicha regulación.

2.6. El Ministerio de Trabajo 10 se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que el conflicto planteado por el demandante no afecta la validez del decreto, sino que es una interpretación subjetiva de su aplicación por parte del actor.

sostuvo que el conflicto planteado por el demandante no afecta la validez del decreto, sino que es una interpretación subjetiva de su aplicación por parte del actor.

Arguyó que el artículo 15 del Decreto impugnado simplifica la desvinculación de vehículos taxis derivado del vencimiento del contrato de vinculación y basado en causales específicas como el paz y salvo entre las partes o una decisión judicial. Sostuvo que la autoridad administrativa solo formaliza la desvinculación en los casos acordados mutuamente o resueltos judicialmente sin intervenir en la terminación del contrato.

Concluyó que el nuevo procedimiento no vulnera el debido proceso, ya que respeta los derechos de las partes involucradas cumpliendo con las normas constitucionales. Por lo tanto, solicitó que se mantenga la validez del decreto

10 Ibidem.10

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demandado al no existir prueba de trasgresión a los principios de legalidad ni a los derechos fundamentales.

III. AUDIENCIA INICIAL

El 26 de julio de 2019 se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se fijó el litigio de la siguiente manera:

“7.1. Tendrá que definirse si el acto censurado al modificar el procedimiento de desvinculación administrativa de los vehículos taxi, implica el desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política y de lo dispuesto en el artículo 233 de

“7.1. Tendrá que definirse si el acto censurado al modificar el procedimiento de desvinculación administrativa de los vehículos taxi, implica el desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política y de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995 que preveía un trámite para esos efectos.

7.1.1. De advertirse que el artículo 15 del Decreto 1047 de 2014 transgredió las citadas normas, la Sala deberá determinar si ello conduce a declarar la nulidad del acto que se cuestiona.

7.2. A su vez, tendrá que definirse sí el artículo 15 del Decreto 1047 de 2014, desconoció lo dispuesto en el artículo 38 Superior y los artículos 98, 101 y 822 del Código de Comercio.

7.2.1. En caso de que así sea, se deberá determinar si ello conduce a declarar la nulidad del acto cuestionado,

7.3. Finalmente, deberá estudiarse si con el artículo 15 del Decreto 1047 de 2014 se desconoció el artículo 58 de la Constitución Política y lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995.

7.3.1. De advertirse que así sea, la Sala deberá determinar si ello conduce a declarar la nulidad del acto que se cuestiona.”11.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En la audiencia inicial del 26 de julio de 2019, se otorgó a las partes un plazo de diez (10) días para presentar sus alegaciones de conclusión. Durante dicho período las partes del extremo pasivo del litigio reiteraron los argumentos expuestos en sus

En la audiencia inicial del 26 de julio de 2019, se otorgó a las partes un plazo de diez (10) días para presentar sus alegaciones de conclusión. Durante dicho período las partes del extremo pasivo del litigio reiteraron los argumentos expuestos en sus contestaciones, con la excepción del Ministerio de Salud, que añadió lo siguiente:

4.1. El Ministerio de Salud12 solicitó negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no existe incompatibilidad de la norma con las normas superiores.

11 Ibidem. 12 Ibidem.11

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Sostuvo que el actor no muestra con claridad como el Decreto 1047 de 2014 , vulnera los derechos ni explicó cómo ocurre tal violación. Argumentó que el Decreto solo desarrolla el marco legal existente sin modificar el contenido esencial de las leyes aplicables , dado que solo entra a regir una vez vencido el contrato de vinculación, cuando cualquiera de las partes eleve la solicitud de desvinculación del vehículo.

Consideró que la norma no vulnera los derechos al debido proceso, libre asociación y propiedad, habida cuenta de que permite a cualquiera de las partes en el contrato solicitar la desvinculación, asegurando así el respeto por los intereses y derechos mutuos13.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto14

mutuos13.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto14 en el que expuso los siguientes argumentos:

En primer lugar, señaló que el Decreto 1047 de 2014 había sido derogado por el Decreto 1079 de 2015; sin embargo, la jurisprudencia ha reiterado que a pesar de que acto haya sido derogado o perdido vigencia procede el estudio de fondo correspondiente. No o bstante, si la decisión de la administración nunca produjo efectos no hay lugar a que el Juez administrativo se pronuncie, pues se configuraría la carencia actual de objeto; pero, dado a que dicha situación no se configura en el presente proceso es necesario que la Sala resuelva el conflicto aquí expuesto.

Adujo que el artículo 29 del Decreto 172 de 2001 , permitía la desvinculación por cualquier razón, la cual debía ser expuesta en la solicitud que venía acompañada del contrato de vinculación y las pruebas respectivas. Por su parte, el Decreto 1047 de 2014 , condicionó dicha figura a los requisitos previstos en el artículo 34 del Decreto 172 de 2001, que son: i) vencimiento del contrato de vinculación, ii) decisión administrativa, o iii) decisión judicial.

13 La excepción de falta de legitimación en la causa fue resuelta negando su prosperidad en la audiencia inicial del 26 de julio de 2019. 14 Ibidem.12

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audiencia inicial del 26 de julio de 2019. 14 Ibidem.12

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Expuso que el Gobierno, mediante el acto impugnado, sustituyó la voluntad de las partes al imponer una única causa para la desvinculación del automotor: la terminación del contrato, lo que podría considerarse una vulneración a la libertad empresarial. En consecuencia, si una de las partes no desea continuar con la relación contractual, según la norma impugnada, estaría obligada a seguir adelante, incluso en contra de su voluntad, ya que no contempl a ninguna otra situación distinta a la previamente indicada, quitándoles la posibilidad de acudir ante las autoridades administrativas o judiciales.

Señaló que con la derogatoria del artículo 22 del Decreto 1047 de 2014 es claro que no existen más causales de desvinculación que la de terminación del contrato, lo que genera que las parte s no puedan acudir a las cláusulas pactadas en el negocio jurídico de vinculación. Por lo tanto, consideró que las entidades acusadas excedieron sus facultades y sustituyeron la voluntad de los sujetos que intervienen en el contrato, impidiendo que las autoridades administrativas o judicia les puedan intervenir para resolv er las controversias que se desprendan del mismo, desconociendo así el artículo 29 de la Constitución y la libertad de asociación.

Además, se dejó sin efectos el artículo 15 de