CE - Sentencia 11001032500020160017300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUÍS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

Demandante: Jorge Iván Ospina Gómez Demandado: Procuraduría General de la Nación Tema: Sanción disciplinaria. Suspensión en el ejercicio del cargo.

Servidor público de elección popular.

Decisión: Niega las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE REMPLAZO ÚNICA INSTANCIA

I. OBJETO DE DECISIÓN

1. En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 24 de febrero de 2025, a través de la cual la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación,1 esta Sala de Decisión procede a dictar la sentencia de r eemplazo dentro del proceso de la referencia.

Pretensiones de la demanda.

2. Con la demanda se solicitó:

3. Anular el fallo disciplinario de 29 de diciembre de 2014, a través del cual la

dentro del proceso de la referencia.

Pretensiones de la demanda.

2. Con la demanda se solicitó:

3. Anular el fallo disciplinario de 29 de diciembre de 2014, a través del cual la Procuradora General de la Nación (E) sancionó al actor con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses, conmutable con dos salarios básicos mensuales recibidos al tiempo de comisión de la falta, en caso de no encontrarse en el ejercicio del cargo.

4. Nulitar el Auto calendado 24 de septiembre de 2015, mediante el cual el Procurador General de la Nación confirmó en sede de reposición la anterior providencia.

5. A título de restablecimiento del derecho , se peticionó d eclarar que el demandante no es responsable de la falta disciplinaria que le fue endilgada.

Hechos que fundamentan la demanda

1 Providencia emitida dentro del e xpediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001 -03-15000-2024-03980-00; 11001-0315-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

Demandante: Jorge Iván Ospina Gómez

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6. Con o casión al convenio 242 de 2010 , suscrito entre el municipio de Santiago de Cali y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del actor -quien fungió como alcalde de esa ciudad durante el periodo 2008-2011-, por la comisión de la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.2

7. Esa investigación concluyó con los actos administrativos que ahora se enjuician, decisiones en las que se erigió como fundamento principal el hecho según el cual la modalidad de contratación empleada no devenía procedente, en atención a que el fondo mixto no se comprometió a efectuar ningún aporte, por lo que es clara la elusión de los procedimientos de selección objetiva.

8. La aludida conclusión desconoció que en el clausulado de ese convenio el citado fondo mixto se comprometió a «[a]portar los recurso (sic) gerenciales, de asesoría, de interventoría técnica, administrativa y financiera que disponga garantizar su disponibilidad para la ejecución del presente convenio» , lo cual desestima el argumento central en que se sustentó la sanción disciplinaria.

9. El convenio censurado se ajustó a los parámetros del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, pues en él se condensó el acuerdo de voluntades de dos entes

desestima el argumento central en que se sustentó la sanción disciplinaria.

9. El convenio censurado se ajustó a los parámetros del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, pues en él se condensó el acuerdo de voluntades de dos entes oficiales cuyo fin principal fue la concreción de obras de interés común, mediante la realización de aportes bilaterales.

10. Las decisiones demandadas fueron emitidas desconociendo las normas que rigen la acción disciplinaria, en claro desmedro del derecho al debido proceso del accionante.

Fundamentos de derecho

11. Para el abogado censor, los actos administrativos sancionatorios

infringieron las siguientes disposiciones:

• Artículo 29 de la Constitución Política. • Artículos 5, 13, 20 y 23 de la Ley 734 de 2002.

12. Con tales fines, arguyó que el soporte central de las decisiones demandadas fue desvirtuado con el clausulado contractual, en tanto se evidenció que el fondo mixto ejecutó labores gerenciales, de asesoría y de interventoría técnica, financiera y administrativa. En consecuencia, la imposición de la sanción

disciplinaria:

2 El numeral en cita dice a la letra lo siguiente “31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administra tiva contemplados en la Constitución y en la ley|”.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

contemplados en la Constitución y en la ley|”.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

Demandante: Jorge Iván Ospina Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 i) Desconoció que el accionante no afectó el deber funcional, porque el convenio celebrado se fundó en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.

1. Pasó por alto que ese acuerdo de voluntades contaba con los debidos soportes técnicos y jurídicos, por lo que no era procedente endilgar dolo o culpa en la conducta desplegada.

1. Desatendió los principios de justicia y prevalencia de los derechos sustantivos que guían la actuación disciplinaria.

1. Omitió el cumplimiento y verificación de los requisitos que estructuran la falta disciplinaria y;

1. Por ende, vulneró el debido proceso del accionante.

TRAMITE PROCESAL

13. De la aceptación del impedimento al consejero Rafael Francisco Suárez Vargas.3 A través de providencia de 23 de febrero de 2017,4 esta unidad judicial aceptó el aludido impedimento y, en consecuencia, separó del conocimiento de este asunto al citado consejero de Estado.

14. Inadmisión de la demanda. Por auto de 4 de julio de 2017 5 se inadmitió la demanda. Posteriormente, y previa corrección de los yerros advertidos,

conocimiento de este asunto al citado consejero de Estado.

14. Inadmisión de la demanda. Por auto de 4 de julio de 2017 5 se inadmitió la demanda. Posteriormente, y previa corrección de los yerros advertidos, mediante proveído calendado 27 de octubre de ese año ,6 se requirió al demandante el aporte en cds de los traslados de la demanda.

15. Admisión de la demanda – Solicitud de medida cautelar . Mediante providencia fechada 30 de mayo de 2018,7 se admitió la demanda. En esa misma fecha, el despacho corrió traslado a la parte demandada del escrito contentivo de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos enjuiciados.8 Posteriormente, mediante auto de fecha 2 de abril de 2019 ,9 se denegó esa petición al evidenciar que el solicitante no satisfizo con suficiencia el concepto argumentativo frente a la vulneración de las normas invocadas.

16. Contestación de la demanda . Dentro de la oportunidad legal, l a Procuraduría General de la Nación contestó la demanda 10 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Señaló, de manera general, que los argumentos planteados en el concepto de violación no ofrecen razones claras de infracción de las normas citadas como sustento de la nulidad solicitada. En ese orden,

3 Folios 136 del cuaderno principal. 4 Folio 138 y reverso del mismo cuaderno. 5 Folio 145 y reverso del cuaderno principal. 6 Folio 158 ejusdem. 7 Folios 164-165 ibid. 8 Folio 8 cuaderno de medidas cautelares.

4 Folio 138 y reverso del mismo cuaderno. 5 Folio 145 y reverso del cuaderno principal. 6 Folio 158 ejusdem. 7 Folios 164-165 ibid. 8 Folio 8 cuaderno de medidas cautelares. 9 Folio 16 cuaderno medidas cautelares. 10 Folios 308 a 326 del cuaderno principal.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

Demandante: Jorge Iván Ospina Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 durante su intervención se pronunció frente a cada uno de los cargos invocados así:

17. No se violaron los artículos 5 y 23 de la Ley 734 de 2002, pues en el pliego de cargos se explicaron con suficiencia las razones que determinaron la responsabilidad del actor y, además, se determinaron las normas que fueron violadas con su conducta -art. 123 C.P.; 2 y 5 de la Ley 1150 de 2007; art. 95 de la Ley 489 de 1998 entre otras -. Por ende, dentro del proceso disciplinario se probó que la figura contractual empleada no era procedente, en razón a que el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Ge stión Social no realizó ningún aporte, pero si cobró los costos de administración, lo que de suyo vulneró los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.

18. No se infringió el artículo 13 ejusdem, en tanto las pruebas adosadas a la

aporte, pero si cobró los costos de administración, lo que de suyo vulneró los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.

18. No se infringió el artículo 13 ejusdem, en tanto las pruebas adosadas a la actuación llevaron al operador disciplinario a concluir que la conducta reprochada al demandante fue cometida con culpa grave -a diferencia de lo predicado en el pliego de cargos -. Además, se atendieron y valoraron las circunstancias que rodearon la suscripción del convenio, tales como la responsabilidad funcional de otras dependencias de la administración, los estudios técnicos y jurídicos y los diversos convenios suscritos entre el municipio de Santiago de Cali con el señalado fondo mixto. A partir de allí se concluyó que el demandante no observó la debida diligencia en la concreción del negocio jurídico , por lo que al no detectarse ninguna causal eximente de responsabilidad, es dable concluir que la conducta estuvo bien tipificada.

19. Es imposible emitir un pronunciamiento frente al cargo de vulneración del artículo 20 ibid., dada la ausencia de un claro concepto de argumentativo.

20. No se violó el debido proceso, pues la adecuación típica de la conducta se ajustó a los parámetros legales que rigen la materia, pues en el proceso disciplinario se acreditó que las acciones del otrora alcalde contrariaron los principios de la contratación estatal relacionados con la transparencia y selección objetiva.

21. Audiencia inicial – pruebas y alegatos de conclusión. El 27 de mayo de 2019 se celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio en los siguientes

objetiva.

21. Audiencia inicial – pruebas y alegatos de conclusión. El 27 de mayo de 2019 se celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio en los siguientes términos: “procede declarar o no la nulidad de los actos administrativos demandados, por ser presuntamente violatorios de los artículos 5, 13, 20, 23 de la Ley 734 de 2002 y 29 de la constitución Política de Colombia”.

22. En esa misma oportunidad, se requirió a la entidad accionada el envío de los antecedentes administrativos de los actos cuestionados. Posteriormente, en auto de fecha 24 de septiembre 2021, se corrió traslado a las partes y al agente del ministerio público para la presentación de sus alegatos de conclusión y concepto de fondo respectivamente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

Demandante: Jorge Iván Ospina Gómez

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23. Dentro de esta oportunidad intervinieron las partes reiterando los argumentos expuestos en la demanda y su respectiva contestación .11 Por su parte, el Agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación rindió concepto de fondo por fuera de la oportunidad de ley.12

CONSIDERACIONES

24. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de la referencia, de conformidad

concepto de fondo por fuera de la oportunidad de ley.12

CONSIDERACIONES

24. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de la referencia, de conformidad con el numeral 213 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011.

25. Problema jurídico. Consiste en determinar si ¿Los actos administrativos demandados infringieron los artículos 5, 13, 20, 23 de la Ley 734 de 2002 y 29 de la Constitución Política de Colombia o, por el contrario, están ajustados a las normas y procedimientos que regulan la materia?

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

Los elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria.

La tipicidad.

26. Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho disciplinario detenta una doble funcionalidad, pues no solo busca prevenir sino también corregir todas aquellas conductas que afectan la buena marcha de la administración pública y, de contera, garantizar la efectividad de los fines y principios previstos en la Constitución Política, la ley y demás instrumentos que conforman el ordenamiento jurídico.14

27. Para alcanzar esos objetivos, en el artículo 23 ibidem se concibió la falta disciplinaria como «[…] la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de

11 Ver índices 66 y 67 respectivamente de la plataforma de SAMAI. 12 Ver índice 69 ejusdem. El término con que contaba para estos fines feneció el 2 de noviembre de 2021.

11 Ver índices 66 y 67 respectivamente de la plataforma de SAMAI. 12 Ver índice 69 ejusdem. El término con que contaba para estos fines feneció el 2 de noviembre de 2021. 13 A fecha de la presentación de la demanda y antes de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, el artículo en cita dictaba lo siguiente: «Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 2. […] También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo Director del Ministerio Público». 14 En sentencia C -030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo referente al ejercicio de su cargo o función, “… fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus

y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

Demandante: Jorge Iván Ospina Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento».

28. Por consiguiente, la configuración de la falla disciplinaria demanda la existencia previa de un catálogo de derechos, deberes y funciones, así como de los regímenes de prohibición, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses.

29. A esta preexistencia, fruto del debido proceso y del principio de legalidad se le denomina «tipicidad»15 e implica la determinación completa, clara e inequívoca por parte del legislador, de las conductas a sancionar, de modo que se les permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y omisiones prohibidas y, además, las sanciones que amerita su realización. En

clara e inequívoca por parte del legislador, de las conductas a sancionar, de modo que se les permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y omisiones prohibidas y, además, las sanciones que amerita su realización. En sentencia C-030 de 2012,16 la Corte Constitucional expresó:

«En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’ , de manera que se exige que “ la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha expresado que con base e n este principio “ el legislador no solo esta obligado a describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la protección jurídica de sus propios actos o actuaciones».

30. Corolario, la «tipicidad», además de exigir del legislador su determinación completa, clara y concreta, también demanda del respetivo operador disciplinario un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta investigada se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.

31. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que

un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta investigada se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.

31. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el campo del derecho disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos constitutivos de f allas. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos y/o en blanco en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor público, mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan la respectiva funci ón pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que deben ser respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de su incumplimiento.

15 En el artículo 4 del CDU se establece « El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.» 16 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

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32. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene

citando, expresó:

«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta

Bogotá D.C. – Colombia 7

32. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene

citando, expresó:

«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o “conceptos jurídicos indeterminados”.

(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consa gren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”17

[…]

33. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia disciplinaria hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa abierta que, por tanto , requiere de un complemento normativo para su interpretación y aplicación, y en consecuencia remite, para su determinación en concreto, a aquellas normas que consagren los deberes, obligaciones, mandatos o prohibiciones para los diferentes servidores públicos.

34. Por su parte, frente a los llamados “tipos en blanco ”, ha considerado la

concreto, a aquellas normas que consagren los deberes, obligaciones, mandatos o prohibiciones para los diferentes servidores públicos.

34. Por su parte, frente a los llamados “tipos en blanco ”, ha considerado la Corte que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en los casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador jurídico establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y de la sanción corr espondiente.18 Así, en principio es válido el establecimiento de tipos disciplinarios que ostentan un grado de determinación menor que los tipos penales, sin que ello signifique que la imprecisión definitiva en la descripción de la conducta sancionable conduzca a la violación del principio de tipicidad.19

35. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el derecho disciplinario, se encuentra en la necesidad de salvaguardar el principio de eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior.

36. En este sentido, esa Corporación ha reconocido que «se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,

17 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,

17 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 18 Ver Sentencias C-127 de 1993 y C-599 de 1999. M.P Alejandro Martínez Caballero. 19 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

Demandante: Jorge Iván Ospina Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,20 y que “exigir una descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la prevención y buena march a de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]».21

37. Todo lo anterior demanda por parte del operador disciplinario el despliegue de un juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad,

cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]».21

37. Todo lo anterior demanda por parte del operador disciplinario el despliegue de un juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en el que se empleen criterios lógico -jurídicos que le permita determinar con claridad y certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la existencia de la falta censurada.

La ilicitud sustancial.

38. Se afirmó en el acápite anterior que el carácter preventivo y correctivo del derecho disciplinario persigue la buena marcha de la administración y la concreción de los fines y principios que inspiran a la organización estatal.

39. De ahí que, para el cumplimiento de esos propósitos surja como deber de todos los servidores públicos y particulares en ejercicio de funciones oficiales, el avenimiento a las obligaciones que sus empleos demandan y el respeto de los pilares que irrigan la función administrativa.

40. No en vano la Constitución Política prescribe que « [n]o habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento» y que « [n]ingún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben».22

41. Así entonces, cuando se evidencia el incumplimiento de esas obligaciones y/o la realización de una conducta u omisión que interfiere con el ejercicio adecuado de la función pública, nace la infracción del deber funcional que reprocha la ley disciplinaria. Por eso, en el artículo 6.° de la Ley 734 de 2002 se establece que «La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin

adecuado de la función pública, nace la infracción del deber funcional que reprocha la ley disciplinaria. Por eso, en el artículo 6.° de la Ley 734 de 2002 se establece que «La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».

42. En este escenario, resulta oportuno precisar que la ilicitud sustancial no requiere para su configuración la vulneración de un bien jurídico tutelado «como sucede en el derecho penal» o, lo que es lo mismo, que la conducta reprochada produzca en el plano material un resultado nocivo o dañino frente a ese bien, por

cuanto, en palabras de la Corte Constitucional:

20 Sentencia T-1093 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 21 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y Sentencia C -818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, reiterado en la Sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 22 Artículo 122.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 11001 03 25 000 2016 00173 00 (0784-2016)

Demandante: Jorge Iván Ospina Gómez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 «Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen

9 «Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta».23

43. En otras palabras, y a diferencia de lo que sucede en el campo del derecho penal, en el derecho disciplinario solo basta acreditar que con la conducta reprochada se afectó injustificadamente el ejercicio de la función que constitucional y legalmente le fue asignada al servidor público y, junto con ella, la buena marcha de la administración. En sentencia C -452 de 2016, la Corte

concluyó:

«En términos del fallo citado “[e]n el derecho disciplinario, el contenido de injusticia de la falta se agota en la infracción de los deberes funcionales que le asisten al sujeto disciplinable, es decir, en el desenvolvimiento de actos funcionales sin estricto apego al principio de legalidad que regula sus actos. Entonces, como la imputación disciplinaria no precisa de la vulneración de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un resultado materialmente antijurídico, no es posible afirmar la concurrencia de una persona afectada con la comisión de la falta. De allí que, en estricto sentido, en el proceso disciplinario no exista una persona afectada con la comisión de la ilicitud disciplinaria y que no sea posible legitimar a una persona para que intervenga en el p