CE - Sentencia 11001032500020160028600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Trece (13) de noviembre de Dos mil Veinticinco (2025)

Radicado: 11001032500020160028600 (1636-2016)1

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP Accionado: Heriberto Forero Suárez Trámite Acción especial de revisión Tema: Revisión de la sentencia proferida el Once (11) de abril de Dos mil Trece (2013), dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima . Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP contra la sentencia de Once (11) de abril de Dos mil Trece (2013), dictada por el Tribunal Administrativo de l Tolima , que confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Descongestión de Ibagué, del Veintinueve (29) de junio de Dos mil Doce (2012), en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por Heriberto Forero Suárez.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por Heriberto Forero Suárez.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia proferida el Once (11) de abril de Dos mil Trece (2013) , dictada por el Tribunal Administrativo de l Tolima , que confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Descongestión de Ibagué , del Veint inueve (29) de junio de Dos mil Dieci séis (2016),

1 Expediente hibrido, lo digital puede ser consultado en el aplicativo Samai, Consejo de Estado, en el siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010325000201600286001100103Número Interno: 1636-2016

Accionante: UGPPP

Accionado: Heriberto Forero Suárez

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dentro del expediente con radicado 227-2011 (801 -2012), en su lugar, se revoque la mencionada providencia.

Como consecuencia de lo anterior el accionante pretende que:

Se declare que el señor Heriberto Forero Su árez, en cuanto a la reliquidación de su pensión de vejez, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, y, en su lugar, ordenar la reliquidación y pago de su mesada pensional

pensión de vejez, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, y, en su lugar, ordenar la reliquidación y pago de su mesada pensional conforme con las reglas fijadas en la sentencia SU 395 de 2017.

Ordenar a la UGPP reliquidar y pagar la mesada pensional del señor Heriberto Forero Suárez conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 DE 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU 395 de 2017 y SU -631 de 2017, dictadas por la sala Plena de la Core Constitucional.

Esto es, adoptando como ingreso base de la liquidación las directrices fijadas en el inciso 3° del artículo 36, en armonía con lo dispuesto en el artí culo 21 de la Ley 100 de 1993, con los factores salariales taxativamente establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresamente consagran esa condición, además de fijar el monto pensional o tasa de reemplazo en el 75%, conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 , por haber adquirido el estatus conforme al régimen de transició n de la Ley 100 de 1993.

Condenar a Heriberto Forero Su árez a reintegrar a la UGPP los valores pagados por concepto de reliquidación pensional, en virtud de la Resolución No. 34041 del Veintiséis (26) de julio de Dos mil Trece (2013).

Como sustento fácti co de sus pretensiones, refiere que el señor Heriberto Forero

concepto de reliquidación pensional, en virtud de la Resolución No. 34041 del Veintiséis (26) de julio de Dos mil Trece (2013).

Como sustento fácti co de sus pretensiones, refiere que el señor Heriberto Forero Suárez nació el Tres (3) de diciembre de Mil Novecientos Cuarenta y Nueve (1949), adquirió el estatus pensional el Tres (3) de diciembre de Dos mil Cuatro (2004), prestó sus servicios para el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, desde el Primero (1°) de abril de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974) hasta el Treinta (30) de octubre de Dos mil Seis (2006), por lo tanto, es beneficiari o del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tanto, le es aplicable la Ley 33 de 1985.

Asimismo, la UGPP informó que, a través de la Resolución No. 1 0950 del Siete (7) de marzo de Dos mil Seis (2006), efectiva a partir del Primero (1°) de mayo de Dos mil CincoNúmero Interno: 1636-2016

Accionante: UGPPP

Accionado: Heriberto Forero Suárez

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(2005), condicionada al retiro definitivo del servicio, liquidada con un IBL del 75% de los factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de 1994.

A través de la Resolución No. 6495 del Veintiuno (21) de febrero de Dos mil Ocho (2008), la UGPP reliquidó la pensión de vejez, por retiro definitivo del servicio.

A través de la Resolución No. 6495 del Veintiuno (21) de febrero de Dos mil Ocho (2008), la UGPP reliquidó la pensión de vejez, por retiro definitivo del servicio.

El señor Heriberto Forero Suárez inició demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la reliquidación de la pensión de jubilación, con base en las leyes 33 y 62 de 1985, con la inclusión de todos los factores salariales recibidos en el año anterior al retiro del servicio.

El proceso correspondió, por competencia, al Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Ibagué, radicado No. 227-2011 (801-2012), que en fallo estimatorio de las pretensiones, del Veinte Nueve (29) de junio de Dos mil D oce (2012) , dispuso la reliquidación conforme con la Ley 33 de 1985, aplicando el IBL del último año de servicios y una tasa de reemplazo del 75%, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales; decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del Once (11) de abril de Dos mil Trece (2013).

Contra esa decisión, la entidad presentó recurso de apelación, al considerar que para la liquidación de la pensión solamente pueden tenerse en cuanta los factores salariales dispuestos de manera taxativa en el Decreto 1158 de 1994.

1.2 Sentencia objeto de revisión2

El Tribunal Administrativo del Tolima3, mediante sentencia de Once (11) de abril de Dos mil Trece (2013), confirmó parcialmente la de primer grado4, y dispuso

1.2 Sentencia objeto de revisión2

El Tribunal Administrativo del Tolima3, mediante sentencia de Once (11) de abril de Dos mil Trece (2013), confirmó parcialmente la de primer grado4, y dispuso

«PRIMERO: CONFIRMARSE PARCIALMENTE la sentencia del 29 de junio de 2012 parcialmente la sentencia de l 29 de junio de 2012, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué, que accedió a las pretensiones de la demanda, con las siguientes modificaciones:

DECLARAR la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA frente a la

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ACLARAR que el factor salarial denominado quinquenio se debe incluir liquidándolo en su sesentava parte.

NEGAR la inclusión de los VIATICOS como factor salarial para la reliquidación ordenada. (…)»

2 Folios 159 a 171 3 Sección Segunda, subsección C 4 El juzgado dispuso la reliquidación de la pensión del demandado en equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo como factores salariales, además de la asignación básica mensual la bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad, los factores de auxilio de alimentación, auxilio de transporte, la prima de vacaciones, la prima de servicios, la prima de navidad, quinquenio y viáticos; los factores establecidos que se reconocen y pagan anualmente para efectos de determinar la base de liquidación lo procedente es tomar las doceavas partes.Número Interno: 1636-2016

Accionante: UGPPP

Accionado: Heriberto Forero Suárez

la base de liquidación lo procedente es tomar las doceavas partes.Número Interno: 1636-2016

Accionante: UGPPP

Accionado: Heriberto Forero Suárez

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Como sustento de su decisión, el tribunal precisó que, el demandante se encuentra en las condiciones señaladas por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, a primero (1°) de abril de 1994 tenía 44 años de edad y más de 15 años de servicios, para ser beneficiario del régimen de transición establecido en dicha normativa, por ello, se aplican los factores previstos en la ley anterior, que, en este caso, sería la Ley 33 de 1985, con la modificación de la Ley 62 de 1985.

Disposiciones que establecieron como requisito el cumplimiento de 20 años de servicios y 55 de edad, los cuales se encuentran acreditados en el presente asunto.

El A-quo señaló que, de acuerdo con la sentencia del Cuatro (4) de agosto de Dos mil Diez (2010) del Consejo de Estado 5 el quantum o monto de la pensión es el 75% del salario devengado en el último año de servicios, que debe respetarse a favor de la persona beneficiaria del régimen de transición, el cual no se puede escindir. Además, precisó que el listado de factores salariales no es taxativo, sino que los mismos están simplemente enunciados y no implican la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Que, si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no

el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Que, si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que, automáticamente , los factores que no han sido objeto de las deducciones de ley deban ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional, pues, siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «a) cuando el reconocimiento se haya hecho con violación del debido proceso y b) [c] uando la cuant ía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Sobre la primera causal invocada, la entidad accionante adujo que, la orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión d e jubilación del causante en los t érminos ordenados no le corresponde, pues, lo correcto

5 Expediente: 25000-23-25-000-2006-017509-01 MP Víctor Hernando Alvarado Ardila:Número Interno: 1636-2016

Accionante: UGPPP

Accionado: Heriberto Forero Suárez

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es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, respecto al IBL, y factores que deben ser tenido en cuenta al momento

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es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, respecto al IBL, y factores que deben ser tenido en cuenta al momento de liquidar la prestación, por ello, consideró que el fallo trasgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1°, 2°, 6°, 29, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política.

En relación con la causal b), la UGPP expuso que, la apreciación de los jueces de instancia en el proceso ordinario fue incorrecta porque el accionado adquirió el el derecho pensional después de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por ello, para establecer el IBL es necesario acudir al inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ; en este sentido la Corte Constitucional trazó una línea jurisprudencial clara acerca de la forma en la que debe liquidarse las pensiones sometidas al régimen de transición, y precisó que las pensiones se liquidan conforme con las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 19936.

La entidad afirmó que, se desconocieron los precedentes obligatorios y vinculantes de la Corte Constitucional para todas las jurisdicciones sobre la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición, situación que condu jo a que el accionando obtuviera unas ventajas irrazonables relacionadas con el incremento de su prestación, en grave detrimento del erario público, siendo lo correcto ordenar el p romedio de los últimos 10 años, o del tiempo que le hiciere falta, con los factores salariales enlistados en

en grave detrimento del erario público, siendo lo correcto ordenar el p romedio de los últimos 10 años, o del tiempo que le hiciere falta, con los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Las decisiones judiciales de primer y segundo grado fueron proferidas en contravía de la ley y la jurisprudencia vigente, confieren un aumento en la mesada pensional del pensionado, sin que exista el derecho para este reconocimiento.

1.4 Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio7 de la acción fue notificada personalmente al demandado el Veinticinco (25) de febrero de Dos mil Veintiuno (2021)8, el accionado, a nombre propio, contestó la acción de revisión 9; el despacho, por auto del Veintinueve (29) de febrero de (2024) 10 inadmitió la contestación del recurso, y dispuso otorgar un término de diez (10) días al accionado para que otorgara el poder correspondiente al profesional del derecho, al

6 Sobre este aspecto citó las sentencias C-168 de 1995, c-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 DE 2017, y T-039 7 Folio 302 del expediente 8 Índice 32 Samai 9 Índice 34 10 Índice 46Número Interno: 1636-2016

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Accionado: Heriberto Forero Suárez

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considerar lo siguiente:

«(…) para el despacho esta intervención del ciudadano demandado puede resultar en un

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considerar lo siguiente:

«(…) para el despacho esta intervención del ciudadano demandado puede resultar en un quebrantamiento de su derecho de defensa y al debido proceso, pues de conformidad con el art.11 160 de la Ley 1437 de 2011, solo puede comparecer directamente en aquellos casos en que la ley lo permita, lo cual no aparece autorizado para el trámite del recurso extraordinario de revisión.

Desconocer esta garantía de defensa técnica, puede generar un perjuicio al señor Heriberto Forero Su árez luego que no tendría la oportunidad de oponers e de manera apropiada al recurso extraordinario propuesto por la entidad demandante.

No puede olvidarse que el propósito de este recurso extraordinario es el de 12: “…revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ampar adas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.”, por consiguiente, se precisa que ante la naturaleza del ataque formulado contra el fallo emitido el 11 de abril de 2013, por el Tribunal Administrativo del Tolima, el señor Heriberto Forero Suárez sea representado en este trámite judicial por abogado(…) ».

A través de providencia del Veintidós (22) de septiembre de Dos mil Veinticinco (2025)13, el despacho dio por no contestada la acción de revisión.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto

el despacho dio por no contestada la acción de revisión.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 14 y 20 de la Ley 797 de 2003 15, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201916.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia revisada quedó ejecutoriada el Veinticinco (25) de abril de Dos mil Trece (2013)17; la demanda fue presentada el Veinti cinco (25) de abril de Dieciséis (2016) 18, razón por la cual no fue superado el término de 5 años19 establecido en el artículo 251 del CPACA.

11 Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo. 12 Sección Quinta, C.P.: Alberto Yepes Barreiro, catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), radicación número: 110 0103-28-000-2017-00013-00, Actor: Hernando José Escobar Medina, Demandado: Lourdes Del Rosario Chicre 13 Índice 60 14 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las

13 Índice 60 14 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 15 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 17 Obra en el folio 25 del expediente físico constancia de la secretaria del Tribunal Administrativo del Tolima. 18 221 y vuelto del expediente físico 19 El término empieza a correr a partir del Doce (12) de Junio de Dos Mil Trece (2013), conforme fue establecido por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016Número Interno: 1636-2016

Accionante: UGPPP

Accionado: Heriberto Forero Suárez

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2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la sentencia de Once (11) de abril de Dos mil Trece (2013), dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, está incursa en las causales de revisión consagradas en el literal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si fue expedida con violación del debido proceso y si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2003, esto es, si fue expedida con violación del debido proceso y si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud de l Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material20 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»21.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponde n a un

20 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco

Suárez Vargas.Número Interno: 1636-2016

Accionante: UGPPP

Accionado: Heriberto Forero Suárez

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cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una

juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de los instrumentos extraordinarios22.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite23 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 24, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 25», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial26.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia « cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del 5 de febrero de

2003.

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia « cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del 5 de febrero de 2019, consideró:

«Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el recurso, debe

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 23 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].

MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui gene ris” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisió n en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 25 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le o torgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 1 7 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 1636-2016

Accionante: UGPPP

Accionado: Heriberto Forero Suárez

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aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición, específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridadlibertad que surge entre e l Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y ii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el dere cho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”27.

La Sala considera que la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe

el derecho a que se produzca una decisión motivada, el dere cho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”27.

La Sala considera que la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues, solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

2.4.3 Alcance de la causal previst a en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y C -168 d