CE - Sentencia 11001032500020160066700 de 2025

Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

Demandante: Ignacio Castilla Castilla y otro

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

Demandantes: Ignacio Castilla Castilla y Luis Miguel Moreno López

Demandados: Nación – Ministerio del Trabajo

Tema: Nulidad parcial del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990

(aprobado por el Decreto 758 de 1990)

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA ____________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad promovido por el señor Ignacio Castilla Castilla1 contra la Nación – Ministerio del Trabajo, acumulado con el mismo asunto presentado por el señor Luis Miguel

Moreno López2.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda3

2. Los actores solicitaron que se declare la nulidad de los apartados que a

Moreno López2.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda3

2. Los actores solicitaron que se declare la nulidad de los apartados que a continuación se subrayan del literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 758 de 1990:

«Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».

1 Proceso adelantado bajo radicado 11001032500020160066700 (2798-2016). 2 Proceso adelantado bajo radicado 11001032500020170056200 (2677-2017). 3 Fol. 3 de cada expediente.Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

Demandante: Ignacio Castilla Castilla y otro

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1.2. Hechos de las demandas4

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1.2. Hechos de las demandas4

3. Se señaló que la Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, dentro del cual se instituyó el Sistema General de Pensiones. Este incluye el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, inicialmente a cargo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y, posteriormente, de Colpensiones.

4. Que el artículo 36 de la Ley 100 de 19935 consagró el régimen de transición, destinado a las personas que, sin haber cumplido aún los requisitos para la pensión de vejez, estaban próximas a cumplirlos.

5. Que para las personas cobijadas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, los requisitos para acceder a la pensión de vejez continuaban rigiéndose por las normas anteriores. Entre estas se destaca el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado mediante el Decreto 758 de 1990, el cual establece los requisitos para acceder a dicha prestación.

6. El Acuerdo 049 de 1990 establece como una de las alternativas para acceder a la pensión de vejez el haber cotizado al menos 500 semanas, siempre que dichas cotizaciones se hayan efectuado entre los 40 y 60 años en el caso de los hombres, o entre los 35 y 55 años en el de las mujeres. Esta interpretación se desprende del artículo 12, el cual señala que dichas semanas deben haberse cotizado dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.

o entre los 35 y 55 años en el de las mujeres. Esta interpretación se desprende del artículo 12, el cual señala que dichas semanas deben haberse cotizado dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.

7. Explicó que, al momento de su expedición, las disposiciones del acuerdo eran acordes con la Constitución, ya que contemplaban dos vías para acceder a la pensión: i) haber cotizado 500 semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o ii) haber cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo.

8. Sin embargo, en la actualidad, no son separables los casos de aquellas personas que durante toda su vida laboral cotizaron las 500 semanas antes de cumplir 40 o 35 años, frente a quienes realizaron ese mismo número de aportes

4 Fol. 3 y 4 ídem cuaderno 1 expediente 2798-2016. Folio 2 y siguiente del expediente 2677-2017 5 El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece lo siguiente: «ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados . Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE (...)».Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

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después de haber cumplido 40 o 35 años. Lo anterior, pues se encuentran en una idéntica situación de pérdida de su capacidad laboral por encontrarse actualmente con más de 60 años si son hombres o 55 si son mujeres.

1.3. Normas violadas y concepto de violación6

idéntica situación de pérdida de su capacidad laboral por encontrarse actualmente con más de 60 años si son hombres o 55 si son mujeres.

1.3. Normas violadas y concepto de violación6

9. En síntesis, los accionantes Ignacio Castilla Castilla 7 y Luis Miguel Moreno López8 señalaron que las disposiciones demandadas vulneraron el preámbulo y los artículos 1, 13 y 46 de la Constitución Política.

10. En el concepto de violación, Castilla Castilla planteó como cargo único la existencia de una inconstitucionalidad por hecho sobreviniente. Afirmó que, veintiséis años después de expedida, la norma demandada produce un trato discriminatorio e injustificado entre personas que, si bien se encuentran en edad de pensión, no cuentan con al menos 500 semanas de cotización al seguro social dentro de los últimos veinte años de servicios (es decir, posteriores a los 40 años en hombres y a los 35 en mujeres).

11. Al desarrollar el cargo, ambos accionantes explicaron que el régimen de transición implica la vigencia de normas pensionales expedidas antes de la Ley 100 de 1993, aun después de su entrada en vigor. Dentro de este grupo se encuentra el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

12. Que al momento de expedición de la disposición acusada, la distinción entre los destinatarios de la norma era clara, pues se dividían en dos grupos: i) personas que accedían al derecho pensional con 500 semanas de cotización realizadas a partir de los 40 años (hombres) o 35 años (mujeres), quienes para la fecha de la demanda podían tener entre 50 y 55 años; y ii) personas que habían cotizado las

que accedían al derecho pensional con 500 semanas de cotización realizadas a partir de los 40 años (hombres) o 35 años (mujeres), quienes para la fecha de la demanda podían tener entre 50 y 55 años; y ii) personas que habían cotizado las mismas 500 semanas antes de alcanzar dichas edades y, por tanto, tenían una gran parte de su vida productiva hacia adelante.

13. Que quienes cumplieron con el requisito de 500 semanas antes de los 40 o 35 años, hoy se encuentran en edad de retiro, pero no pueden pensionarse por la exigencia legal adicional de las 1000 semanas. En contraste, quienes cotizaron las 500 semanas después de esas edades ya accedieron a la pensión. Así, la norma genera una exclusión injustificada para quienes, pese a estar en edad de retiro y en condiciones similares de improductividad, no pueden completar las semanas exigidas por el régimen legal vigente.

14. Se hizo referencia a los criterios de la Corte Constitucional sobre el derecho

6 Fol. 16 y siguientes, ídem. 7 Expediente 2798-2016. 8 Expediente 2677-2017.Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

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a la igualdad, particularmente el juicio de igualdad basado en el principio aristotélico de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales9. Se concluyó que no existe

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a la igualdad, particularmente el juicio de igualdad basado en el principio aristotélico de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales9. Se concluyó que no existe diferencia sustancial entre quienes tienen más de 60 (hombres) o 55 años (mujeres) y cotizaron 500 semanas antes de cumplir 40 o 35 años, y aquellos que lo hicieron después, ya que todos se encuentran en una situación similar de improductividad y edad de pensión.

15. El señor Castilla Castilla aclaró que la demanda no pretende flexibilizar los requisitos establecidos por la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión, ya que no se dirige contra sus disposiciones. En realidad, cuestiona normas específicas del régimen de transición consagrado en el artículo 36 ibidem, que remite a disposiciones anteriores, concretamente al acuerdo demandado.

1.4. Auto admite la demanda

16. Expediente 2798-2016: Mediante proveído del 16 de noviembre de 201810, se consideró que la demanda presentada por el señor Ignacio Castilla Castilla no cumplía los requisitos11 para ser tramitada a través del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 135 del CPACA12. No obstante, con el fin de garantizar el derecho a la administración de justicia y en aplicación del principio iura novit curia, se entendió que la acción correspondía al medio de control de simple nulidad regulado en el artículo 137 ibidem, razón por la cual fue admitida.

17. Expediente 2677-2017: Aplicando los mismos criterios, mediante auto del 2

de simple nulidad regulado en el artículo 137 ibidem, razón por la cual fue admitida.

17. Expediente 2677-2017: Aplicando los mismos criterios, mediante auto del 2 de diciembre de 202113 se concluyó que la demanda interpuesta por el señor Luis Miguel Moreno López no cumplía los requisitos exigidos para el trámite mediante el

9 Sentencia C-745 de 2015. 10 Folio 15 cuaderno 1 del expediente 2798-2016. 11 En detalle, en esta providencia, siguiendo los derroteros del auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 6 de junio de 2018 (11001 -03-15-000-2008-01255-00), se indicó que los requisitos para la procedencia del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad son los siguientes: i) que la disposición acusada sea un decreto de carácter general, dictado por el Gobierno Nacional o por cualquier entidad u organismo diferente en ejercicio de una función o atribución derivada de la Constitución misma; ii) Que se trate de un reglamento autónomo o constitucional, es decir, que desarrolle directamente la Constitución Política sin la existencia de ley previa; iii) Que el juicio de validez , el reproche o infracción endilgada al acto enjuiciado se realice de manera directa frente a la Constitución Política, no respecto a la ley; iv) Que la revisión de la disposición demandada no sea competencia de la Corte Constitucional en los términos del artículo 241 de la Constitución Política. 12 En particular, se dijo en esa oportunidad sobre la procedencia del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad:

artículo 241 de la Constitución Política. 12 En particular, se dijo en esa oportunidad sobre la procedencia del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad: «(…) en el presente caso no se cumple para ejercer el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, pues si bien el Acuerdo 049 de 1990 tiene carácter general, no fue proferido en virtud de una función deriva de la Constitución. II. El Despacho advierte que las disposiciones contenidas en el Acuerdo demandado, i) no se ocupan de desarrollar directamente la Constitución Política y ii) tampoco es de aquellos actos que puede expedir directamente el Gobierno Nacional, sin necesidad de que exista una ley previa. Antes, por el contrario, el acto bajo examen fue proferido en desarrollo de lo dispuesto en el literal e), artículo 43, del Decreto – Ley de 1977. En consecuencia, el segundo presupuesto tampoco se cumple. III. La misma suerte le corresponde al tercer requisito, pues a pesar de que en las demandas se señalan como violadas algunas normas de rango constitucional, no puede soslayarse que es por medio de l Decreto – Ley de 1977 que se hace la determinación del régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios (…) el literal e) del artículo 43 de la anterior norma (…) establece la facultad de aprobar los reglamentos generales sobre las condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y efectividad de las prestaciones correspondientes a los distintos seguros (…) IV. El conocimiento de la demanda no le corresponde a la Corte Constitucional, a quien le compete, de acuerdo con el artículo 241, numerales 4, 5 y 7 de la Constitución Política, conocer de las demandas de inconstitucionalidad de los Decretos con fuerza de ley y decretos

demanda no le corresponde a la Corte Constitucional, a quien le compete, de acuerdo con el artículo 241, numerales 4, 5 y 7 de la Constitución Política, conocer de las demandas de inconstitucionalidad de los Decretos con fuerza de ley y decretos legislativos proferidos previa declaratoria de estado de excepción (…)». 13 Folio 16 cuaderno 1 del expediente 2677-2017.Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

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medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. En consecuencia, y en virtud del principio de primacía del derecho sustancial y del acceso efectivo a la justicia, se adecuó la acción al medio de control de simple nulidad.

18. Posteriormente, mediante auto del 8 de agosto de 2023, se ordenó remitir el expediente, por intermedio de la Secretaría de la Sección, al despacho que tramitaba el proceso radicado bajo el número 2798-2016. Más adelante, mediante auto del 23 de noviembre de 2023, se decretó la acumulación del proceso 26772017 y se admitió la respectiva demanda.

1.5. Contestación de las demandas

19. 1.5.1. La Nación – Ministerio del Trabajo contestó la demanda en los expedientes 2798-201614 y 2677-201715 solicitando que se niegue la solicitud de

1.5. Contestación de las demandas

19. 1.5.1. La Nación – Ministerio del Trabajo contestó la demanda en los expedientes 2798-201614 y 2677-201715 solicitando que se niegue la solicitud de nulidad del apartado normativo acusado. Para ello, expuso las siguientes premisas:

20. Como aspecto previo, indicó que el acto demandado regula de manera exclusiva los reglamentos aplicables a los seguros de invalidez, vejez y muerte de los afiliados al liquidado ISS16, hoy representada por la Administradora Colombiana de Pensiones; de manera que involucra a Colpensiones.

21. En particular, indicó que Colpensiones fue creado por el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 para —entre otros aspectos— que sucediera al ISS en la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Asimismo, el artículo 1 del Decreto 4121 de 201117, y los artículos 118 y 319 del Decreto 2011 de 2012 establecen que la entidad debe reconocer los derechos pensionales en reemplazo del ISS. En consecuencia, solicitó que se vinculara a esta entidad como litisconsorte necesario.

22. Como argumentos de defensa expuso que el legislador se encuentra facultado para regular, modificar, adicionar o aclarar las materias sujetas a su conocimiento; atendiendo los desarrollos políticos, sociales, jurídicos, culturales y económicos. Al respecto, citó las sentencias C-155 de 1997, C-789 de 2002 y C14 Folio 29 cuaderno 1 del expediente 2798-2016. 15 Índice 65 del expediente digital del aplicativo SAMAI. 16 Instituto de los Seguros Sociales.

14 Folio 29 cuaderno 1 del expediente 2798-2016. 15 Índice 65 del expediente digital del aplicativo SAMAI. 16 Instituto de los Seguros Sociales. 17 «ARTÍCULO 1°. Naturaleza jurídica. Cámbiase la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, para que ejerza las funciones señaladas en el presente decreto y en las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política». 18 «Artículo 1°. Inicio de Operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como adminis­tradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida». 19 «Artículo 3°. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá:

1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del presente decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5° del mismo (…)».Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

Demandante: Ignacio Castilla Castilla y otro

11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

Demandante: Ignacio Castilla Castilla y otro

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671 de 2002, donde la Corte Constitucional se pronunció frente a las potestades del legislador en la configuración de la seguridad social y a la necesidad de adoptar las normas al contexto económico, social y otras variables que definen el Sistema de Seguridad Social. Concluyendo que, según la citada Corte20, la configuración legislativa se justifica en la prevalencia del interés general.

23. Entonces, las reglas del derecho pensional —incluidas las condiciones para acceder a la pensión de vejez— no pueden desbordar los principios sobre los que se fundamenta el sistema, tales como la universalidad, la progresividad y la sostenibilidad financiera.

24. Justificó la literalidad del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, indicando que la Corte Constitucional mediante el Auto 024 del 13 de febrero de 2013 explicó que el «requisito de las 500 semanas fue en su momento, un tipo de transición, para que los empleadores privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida una pensión de jubilación».

25. De lo anterior se concluye que la disposición normativa permitió el acceso a la pensión de vejez con un bajo número de semanas de cotización, con el fin de facilitar la afiliación de trabajadores que contaban con cierta antigüedad en las empresas.

25. De lo anterior se concluye que la disposición normativa permitió el acceso a la pensión de vejez con un bajo número de semanas de cotización, con el fin de facilitar la afiliación de trabajadores que contaban con cierta antigüedad en las empresas.

26. Asimismo, sostuvo que acceder a lo solicitado en la demanda implicaría que todos los afiliados al antiguo ISS o a Colpensiones, beneficiarios del régimen de transición y del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado mediante el Decreto 758 de 1990), podrían pensionarse con tan solo 500 semanas. Esto anularía en la práctica la distinción entre quienes acreditan ese número de semanas en los últimos 20 y quienes deben acumular 1000 semanas en cualquier tiempo.

27. Que acceder a las pretensiones implicaría una afectación directa a los principios de universalidad, progresividad y cobertura del Sistema General de Seguridad Social, en particular, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se comprometería su sostenibilidad financiera, y se afectarían variables sociodemográficas, programáticas y macroeconómicas, lo cual podría generar déficits pensionales y tener un impacto negativo en el producto interno bruto y en la productividad nacional.

28. Señaló que la parte actora, más allá de afirmar una posible afectación a personas en situación de debilidad manifiesta, no aportó elementos del contexto económico, social o demográfico que sustenten sus argumentos.

20 Sentencia C-727 de 2009.Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

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20 Sentencia C-727 de 2009.Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

Demandante: Ignacio Castilla Castilla y otro

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29. Indicó que la supuesta ilegalidad del aparte normativo se origina en una indebida interpretación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Precisó que esta última no establece los requisitos para acceder a la pensión, sino que determina quiénes son beneficiarios del régimen de transición al momento de su entrada en vigor. Por lo tanto, la parte actora confunde los requisitos de edad y semanas establecidos para acceder a la pensión con los requisitos para ser incluido en dicho régimen de transición.

30. 1.5.2. Colpensiones fue vinculado como tercero interesado en las resultas del proceso en el expediente 2798-2016, mediante auto del 17 de abril de 202321.

Por lo tanto, contestó la demanda22 oponiéndose a su objetivo. Explicó que los requisitos para acceder a una pensión, consagrados en el artículo 23 del Acuerdo 049 de 1990, rigen para aquellas personas que configuraron su derecho o que estaban próximos a ello, en virtud de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

31. Consideró que no es cierto que la disposición demandada vulnere los artículos 13 y 46 de la Constitución Política. Por el contrario, a través de ella se

Ley 100 de 1993.

31. Consideró que no es cierto que la disposición demandada vulnere los artículos 13 y 46 de la Constitución Política. Por el contrario, a través de ella se garantizan las condiciones económicas de aquellos afiliados al Sistema de Seguridad Social en pensión que no cuenten con los recursos para seguir cotizando y que se encuentren en condición de prepensionados.

32. Asimismo, la entidad en el expediente 2677-201723 contestó la demanda oponiéndose a la pretensión. En cuanto a los hechos, indicó que se refieren a interpretaciones subjetivas sobre el sentido y la aplicación de la norma demandada; sin embargo, no se describe la situación de tiempo, modo y lugar en que procede la aplicación de esta.

33. Planteó como excepciones de mérito las siguientes: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que la entidad no es competente para estudiar la ilegalidad o ilicitud del literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 11 de abril de 1990, por cuanto tal disposición fue expedida por el Ministerio del Trabajo; ii) buena fe, explicando que la entidad actuó de tal forma al desarrollar su actividad; iii) innominada y/o genérica, respecto a todas aquellas excepciones que de oficio se encuentren probadas en el proceso.

1.6. Medida cautelar, excepciones y sentencia anticipada

34. A través de auto del 10 de julio de 2020, se negó la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante dentro del proceso 2798-2016.

21 Folio 44 cuaderno 1 del expediente 2798-2016. 22 Índice 51 del expediente digital del aplicativo SAMAI.

cautelar presentada por el demandante dentro del proceso 2798-2016.

21 Folio 44 cuaderno 1 del expediente 2798-2016. 22 Índice 51 del expediente digital del aplicativo SAMAI. 23 Índice 62, ídem.Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

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35. Mediante auto del 2 de mayo de 202524 se difirió la resolución de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por Colpensiones para el momento de dictar sentencia.

36. En esa misma oportunidad, el despacho evidenció la posibilidad de dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio en la siguiente

forma:

«De acuerdo con las demandas acumuladas y sus contestaciones, el despacho concluye que el objeto de la controversia consiste en determinar si la expresión demandada del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, vulneró el preámbulo y los artículos 1, 13 y 46 de la Constitución Política, conforme a los cargos formulados por los accionantes».

2.1. Alegatos de conclusión

758 de 1990, vulneró el preámbulo y los artículos 1, 13 y 46 de la Constitución Política, conforme a los cargos formulados por los accionantes».

2.1. Alegatos de conclusión

37. 2.1.1. El accionante, Luis Miguel Moreno López25, presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en su demanda.

38. 2.1.2. Colpensiones26 presentó escrito de alegatos rememorando los argumentos planteados en las contestaciones a las demandas.

39. 2.1.3. La Nación – Ministerio del Trabajo27 en esta oportunidad procesal reprodujo los argumentos consignados en las contestaciones de la demanda.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

40. En el presente asunto, la Sala determinará si la expresión demandada del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, vulneró el preámbulo y los artículos 1, 13 y 46 de la Constitución Política, conforme los cargos formulados por los accionantes.

Con tales fines, se abordarán los siguientes conceptos: i) jurisdicción y competencia; iii) procedencia y oportunidad en el ejercicio del medio de control de

24 Índice 78, ídem. 25 Índice 85, ídem. 26 Índice 88, ídem. 27 Índice 88, ídem.Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

Demandante: Ignacio Castilla Castilla y otro

27 Índice 88, ídem.Radicados: 11001032500020160066700 (2798-2016) 11001032500020170056200 (2677-2017) [Acumulados]

Demandante: Ignacio Castilla Castilla y otro

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

nulidad; iii) falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva; iv) el caso concreto - análisis de los cargos de nulidad y; v) costas y agencias en derecho.

3.1. Jurisdicción y competencia

41. Sin mayores consideraciones, la Sala indica que detenta la competencia para resolver el litigio propuesto en las demandas acumuladas y sus respectivas contestaciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 1. ° del artículo 149 del C.P.A.C.A.28

3.2. Procedencia y oportunidad en el ejercicio del medio de control de nulidad

42. De conformidad con lo previsto en el artículo 137 del CPACA, el medio de control de nulidad procede, por excelencia, contra todo acto administrativo de contenido general.

43. Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 ejusdem, no existe límite de tiempo para la presentación de la demanda respectiva o, lo que es igual, el fenómeno de caducidad no tiene aplicación frente al citado instrumento judicial.

44. De cara a lo expuesto, la presente acción jurisdiccional deviene procedente, en tanto el acto demandado está representado por un acto de carácter general proferido por el Cons