CE - Sentencia 11001032500020160072300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicación: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandada: Beatriz Murcia Fajardo

Tema: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista en el literal b).

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del 29 de abril de 2015 1, proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena 2, para lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Beatriz Murcia Fajardo ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se declarara la nulidad de las

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Beatriz Murcia Fajardo ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 008804 de 4 de septiembre de 2012, 015041 de 9 de noviembre de 2012 y 015385 de 14 de noviembre de 2012, mediante las cuales se negó la reliquidación de la pensión de jubilación gracia con la inclusión de todos de los factores salariales devengados durante el último año de servicio y se confirmó tal decisión al resolverse los recursos de reposición y apelación contra el acto inicial, respectivamente.

En consecuencia, solicitó que se ordenara a la entidad demandada: i) la reliquidación de la pensión de jubilación gracia incluyendo todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios; ii) el pago de $27.111.249 por concepto de las sumas dejadas de percibir por no haberse efectuado dicha reliquidación, incluyendo los reajustes posteriores a 2013; iii) el pago de las costas procesales e indexación de

1 La presentación de la acción se efectuó el 1 de agosto de 2018, de acuerdo con índice 00001 SAMAI. 2 Decisión que revocó la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta el 6 de noviembre de 2013, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Beatriz Murcia Fajardo.Radicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016)

de 2013, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Beatriz Murcia Fajardo.Radicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 la condena; y iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

Que el 6 de noviembre de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual negó las pretensiones, al considerar que la señora Murcia Fajardo no tenía derecho a la reliquidación solicitada, porque, conforme a la normatividad aplicable, la pensión debía calcularse con base en los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional —esto es, hacia 1987— y no en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio.

Que la parte demandante interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Magdalena, a través de sentencia de 29 de abril de 2015 , revocó la decisión de primera instancia; la cual quedó ejecutoriada el 11 de junio de 2015.

En cumplimiento a lo ordenado , la UGPP expidió la Resolución 037968 del 7 de octubre de 2017, mediante la cual modificó la denominación de la pensión —que había sido reconocida como gracia mediante la Resolución 6361 del 30 de marzo de 1998— a pensión de jubilación. Además, procedió a su reliquidación en un monto de $750.021,

sido reconocida como gracia mediante la Resolución 6361 del 30 de marzo de 1998— a pensión de jubilación. Además, procedió a su reliquidación en un monto de $750.021, con efectos desde el 25 de junio de 2002 y efectos fiscales a partir del 18 de abril de 2009.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN3

En providencia del 29 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de Magdalena revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenó la nulidad de los actos administrativos demandados y dispuso que la entidad demandada efect uara la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el año anterior a su retiro definitivo del servicio docente. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos: Que tanto la entidad demandada como el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta incurrieron en un error al clasificar la prestación en cuestión como una pensión gracia, cuando en realidad se trata de una pensión de jubilación. Este error lo sustentó en cinco aspectos : i) el formulario de solicitud se realizó específicamente para una «pensión de jubilación»; ii) la Resolución 006361 del 30 de marzo de 1998, emitida por la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), reconoció una pensión mensual bajo la denominación de jubilación; iii) las normas citadas en el acto de reconocimiento hacen referencia explícita a este tipo de pensión; iv) aunque en el acto se mencionó la Ley 37 de 1933, que amplió el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes de establecimientos de ens eñanza secundaria, la liquidación se llevó a cabo conforme a las disposiciones jurídicas que regulan

1. aunque en el acto se mencionó la Ley 37 de 1933, que amplió el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes de establecimientos de ens eñanza secundaria, la liquidación se llevó a cabo conforme a las disposiciones jurídicas que regulan específicamente la pensión de jubilación. Finalmente, v) no hay evidencia en el expediente que permita concluir que la demandante percibió dos pensiones distintas,

3 Folios 506 a 519, ibid.Radicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 tanto de jubilación como gracia. Encontró probado que a pesar de que la señora Beatriz Murcia Fajardo comenzó a disfrutar de la pensión de jubilación desde el 1.° de agosto de 1988, continuó laborando hasta el 25 de junio de 2002, cuando fue desvinculada del servicio por cumplimiento de edad forzosa de retiro. Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 del Decreto Ley 224 de 1972, 9 de la Ley 71 de 1988 y 10 del Decreto 1160 de 1989, le asiste derecho a la actora a la reliquidación de su pensión de jubilación, tomando en cuenta el promedio del último año de salarios sobre los cuales haya aportado al e nte de previsión social, es decir, entre el 25 de junio de 2001 y el 25 de junio de 2002. Citó la providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de

entre el 25 de junio de 2001 y el 25 de junio de 2002. Citó la providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, radicado núm. 2006-07509-01, en la cual se replanteó la posición para proteger los derechos del trabajador, estableciendo que para la liquidación de la pensión de jubilación deben considerarse todos los factores salariales percibidos por el funcionario de manera habitual y periódica, no solo la asignación básica. Señaló que configuró la prescripción sobre las diferencias originadas en la reliquidación ordenada en esta providencia, conforme a lo establecido en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, por lo que el pago de las diferencias solo se ordenó a partir del 18 de abril de 2009. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN La UGPP interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes argumentos:

Que, en la sentencia de segunda instancia del 29 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo del Magdalena erradamente ordenó la reliquidación de la pensión de gracia de la demandante con el 75% de todo lo devengado en su último año de servicio cuando tal prestación se debía liquidar con base en los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del derecho. Que la pensionada no reunió los 20 años de servicio requeridos como docente nacionalizada y/o territorial para adquirir el derecho a una pensión de gracia, pues en su mayoría los tiempos laborados fueron como docente nacional. Por ello, considera que el acto que reconoció la prestación no debió motivarse en las Leyes 114 de 1913,

nacionalizada y/o territorial para adquirir el derecho a una pensión de gracia, pues en su mayoría los tiempos laborados fueron como docente nacional. Por ello, considera que el acto que reconoció la prestación no debió motivarse en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 pero así se hizo. También controvierte el hecho de que vía judicial se haya cambiado la naturaleza de la prestación reconocida, para asumir que se trata de una pensión ordinaria de jubilación. Que el Tribunal erró al interpretar que la prestación reconocida era una pensión ordinaria de jubilación, sin considerar que la señora Murcia Fajardo no cumplía con los requisitos de edad establecidos por la Ley 33 de 1985 para obtener dicho beneficio. Por lo tanto, la reliquidación ordenada con los factores devengados en el último añoRadicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 de servicio no es válida para la pensión de gracia, cuyo cálculo debe basarse en el año anterior a la adquisición del derecho.

Que según lo dispuesto en el Decreto Ley 224 de 1972, que contempla la posibilidad de que los beneficiarios de la pensión gracia puedan percibir simultáneamente sueldo y pensión, la prestación se liquida sobre la base de los factores salariales devengados en el último año de servicios antes de adquirir el estatus pensional, lo que implica que la situación pensional queda consolidada y no es viable realizar una reliquidación posterior basada en nuevos períodos de servicio.

en el último año de servicios antes de adquirir el estatus pensional, lo que implica que la situación pensional queda consolidada y no es viable realizar una reliquidación posterior basada en nuevos períodos de servicio.

Que no es posible la liquidación de la pensión en los términos de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 d el mismo año , pues ésta expresamente excluye de su aplicación a las pensiones de régimen especial, aunado al hecho de que la misma no es aplicable por cuanto los beneficiarios de dicha prestación no efectúan aportes a la entidad de previsión para adquirir tal beneficio. Que tampoco puede darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 71 de 1988, en tanto esta normativa regula situaciones relativas a las pensiones de jubilación ordinarias de los servidores públicos, quienes antes del retiro del servicio pueden solicitar su reconocimiento, continuar laborando y al momento de su desvinculación efectiva solicitar la reliquidación. Que no hay lugar a la reliquidación por retiro definitivo del servicio, pues la prestación se cancela desde el momento en que el docente adquiere el derecho, al cumplir los 50 años y acreditar 20 años al servicio en establecimientos oficiales de carácter territorial; de acuerdo con los parámetros establecidos por el Consejo de Estado en las sentencias de 16 de febrero de 2006, exp. núm. 2003-95800, 1.° de marzo de 2012, radicado núm. 0613-11, las cuales citó in extenso.

Contestación a la acción especial de revisión4

La señora Beatriz Murcia Fajardo se opuso a las pretensiones al argumentar que estas se basan en normas que no regulan el tema en cuestión, desconoce n la realidad

Contestación a la acción especial de revisión4

La señora Beatriz Murcia Fajardo se opuso a las pretensiones al argumentar que estas se basan en normas que no regulan el tema en cuestión, desconoce n la realidad pensional de los docentes en Colombia y buscan utilizar el mecanismo extraordinario de revisión como una tercera instancia.

Destacó que es una persona de la tercera edad, que cuenta con más de 80 años, y que su medio de subsistencia, así como el de su familia, depende de su pensión de jubilación gracia, la cual requiere ser reliquidada para proteger sus derechos fundamentales.

Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta oportunidad.

4 Índice 38 y 39, SAMAI.Radicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada por la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión de la señora Beatriz Murcia Fajardo, con la inclusión de l 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades de la acción especial de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Régimen legal aplicable al sector docente,

Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades de la acción especial de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Régimen legal aplicable al sector docente, iv) Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y v) Se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones5 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza. Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial6 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a

como un mecanismo especial6 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»7. Frente a los motivos para interponer el recurso se advierte que son aquellos establecidos taxativamente en los artículos 250 del

5Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 6 Para tales efectos la providencia del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2014, radicado núm. 11001 -0325000-2012-00561-00 (2129-12), C.P: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]». 7 Ibid.Radicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira8 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003, que estableció las causales de revisión relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»9.

Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves

del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»10

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 está dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones.

Régimen legal aplicable al sector docente El régimen legal aplicable al sector docente se determina en función del momento de vinculación, según lo establece la Ley 812 de 2003 11. Esta ley regula dos situaciones clave12:

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 9 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222 10 Véase: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222. 11 Al efecto también se logra derivar dichos escenarios del Acto Legislativo 01 de 2005 que dispuso expresamente en el parágrafo transitorio 1º lo siguiente: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la

en el parágrafo transitorio 1º lo siguiente: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003». 12 Tal conclusión se deriva expresamente de la Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014-CE-S2 -2019.

Exp: 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17).Radicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

1. Para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se aplica el régimen prestacional del Magisterio conforme a las disposiciones vigentes anteriormente a esta ley.

2. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y gozarán de los derechos pensionales del régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad de pensión de vejez, fijada en 57 años tanto para hombres como para mujeres.

de los derechos pensionales del régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad de pensión de vejez, fijada en 57 años tanto para hombres como para mujeres. El régimen pensional que aplicaba a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 estaba regulado por la Ley 91 de 1989, la cual estableció en su artículo 15 lo siguiente: «Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley» De modo que, c on anterioridad a la Ley 100 de 1993 el legislador fijó requisitos y condiciones para acceder a la pensión de jubilación, entre otras disposiciones, en la Ley 6 de 1945, el Decreto 3135 de 1968, la Ley 33 de 1985. Esta última ley en el inciso segundo del artículo 1 .° dispuso que no quedarán sujetos a la regla general de pensiones, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial. Ahora, el Decreto Ley 2277 de 1979Estatuto del Docenteprecisó que los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, son empleados oficiales de régimen especial . Sin embargo, tal especialidad del r égimen comprende aspectos de administración de personal,

que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, son empleados oficiales de régimen especial . Sin embargo, tal especialidad del r égimen comprende aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores, pero en materia de pensión ordinaria de jubilación los docentes no disfrutan de ninguna particularidad en su tratamiento de acuerdo con las normas que regulan su actividad. De conformidad con lo expuesto, el régimen de la pensión de jubilación aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 corresponde a aquél previsto en la Ley 33 de 1985. Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La expedición de la Ley 100 de 1993, que estableció el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, marcó un cambio significativo para los docentes al excluirlos del Régimen General de Seguridad Social por expresa disposición d el artículo 279. No obstante, los docentes vinculados antes del 26 de junio de 2003 , como se dijo, continuaron sujetos a las normativas anteriores, incluida la Ley 33 de 1985, a la cual también se remiten los empleados públicos en virtud del régimen de transición generalRadicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 del artículo 36 ibidem.

En tal sentido, el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993 se introdujo con el fin de respetar las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen al cual se

www.consejodeestado.gov.co 8 del artículo 36 ibidem.

En tal sentido, el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993 se introdujo con el fin de respetar las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen al cual se encontraba afiliada la persona con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, aunque las demás condiciones y requisitos debían cumplirse bajo la nueva ley.

Sobre el particular, en Sentencia de Unificación emitida el 4 de agosto de 2010 13, la Sección Segunda de la Corporación estableció los factores salariales pertinentes para la liquidación de la pensión de jubilación de los beneficiarios del régimen de la Ley 33 de 1985.

En dicha oportunidad, concluyó que los factores establecidos en el artículo 3º de dicha Ley, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, no son taxativos, por lo que se deben incluir todos aquellos devengados por el trabajador en el último año de servicios, siempre y cuando tengan el carácter de salario.

En las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la Corte Constitucional interpretó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dentro del régimen especial, determinando que el ingreso base de liquidación se rige por lo establecido en dicha ley, al destacar que el régimen de transición se limita a la edad, el monto y la tasa de reemplazo, mientras que el ingreso base de liquidación sigue las normativas generales y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de

tasa de reemplazo, mientras que el ingreso base de liquidación sigue las normativas generales y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 unificó su posición en torno a la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Exp. 25000-23-25-000-2006ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Exp. 25000-23-25-000-200607509-01(011209). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.Radicado: 11001-03-25-000-2016-00723-00 (3234-2016) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]».

Sobre los efectos de la aludida decisión judicial, se destaca que esta los estimó retrospectivamente según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el fenómeno de cosa juzgada.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.

Análisis del caso concreto

La Sala determina que, como paso preliminar para abordar la controversia planteada y garantizar una comprensión jurídica exhaustiva del caso, es imprescindible detallar

Análisis del caso concreto

La Sala determina que, como paso preliminar para abordar la controversia planteada y garantizar una comprensión jurídica exhaustiva del caso, es imprescindible detallar los supuestos fácticos que rodean la presente controversia:

• Solicitud reconocimiento pensional. La señora Beatriz Murcia Fajardo el 6 de septiembre de 1996 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación14.

• Reconocimiento pensional. A la señora Beatriz Fajardo Murcia le fue reconocida una «pensión mensual vitalicia de jubilación» por parte de CAJANAL mediante la Resolución 6361 del 30 de marzo de 1998, a partir del 1.° de agosto de 1988, con efectos fiscales desde el 26 de