CE - Sentencia 11001032500020170037500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2017-00375-00 (1727-2017).

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Ges tión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionada : Flor Amelia Cely Altuzarra.

Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Ad ministrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A . Causal regulada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia de Treinta (30) de octubre de Dos Mil Ocho (2008), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el treinta y Uno (31) de Enero de Dos Mil Ocho (2008), que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , instaurada por la señora Flor Amelia Cely Altuzarra.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión1.

nulidad y restablecimiento del derecho , instaurada por la señora Flor Amelia Cely Altuzarra.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión1.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia de Treinta (30) de octubre de Dos Mil Ocho (2008), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci ón Segunda, subsección A, que confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Veinticuatro

1 Folios 197 a 237, expediente físico, cuaderno 1.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el treinta y Uno (31) de Enero de Dos Mil Ocho (2008), dictada dentro del expediente radicado 11001-33-31-024-2006-00107-002 y, en su lugar, se declare que , la señora Flor Amelia Cely Altuzarra, no tiene derecho a que su pensión se liquide con la totalidad de factores de salario, devengados en el último año de servicios, debiendo calcularse con las directrices fijadas por el inc iso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

En consecuencia, solicitó declarar que, la pensión de jubilación de la demandada, debe liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciera falta

Constitucional en sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

En consecuencia, solicitó declarar que, la pensión de jubilación de la demandada, debe liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, o lo cotizado durante todo el tiempo, computando los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994, incluyendo la bonificación por servicios prestados, en una doceava parte.

De manera subsidiaria, solicitó declarar que, a la señora Cely Altuzarra, no le asiste derecho a que su pensión de jubilación, se liquide en proporción del 100% de la bonificación por servicios prestados, prima de servicios y prima de navidad, al momento de obtener la asignación más elevada, sino en una doceava parte.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que , la señora Flor Amelia Cely Altuzarra, solicitó ante CAJANAL, el reconocimiento de su pensión de vejez, al haber completado 20 años de servicio; la cual , fue reconocida por la entidad, mediante Resolución No. 14330 de 16 de mayo de 2005, con el 75% de la tasa de reemplazo contenida en el Decreto 546 de 1971, sobre el promedio de lo devengado en los últimos 9 años, 5 meses y ocho días, conforme lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía equivalente a Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos con Cincuenta y Siete Centavos ($1.197.357,57) , efectiva a partir del 18 de octubre de 2003, con efectos fiscales, una vez se acredite el retiro efectivo del servicio.

Cincuenta y Siete Pesos con Cincuenta y Siete Centavos ($1.197.357,57) , efectiva a partir del 18 de octubre de 2003, con efectos fiscales, una vez se acredite el retiro efectivo del servicio.

El 5 de agosto de 2005, solicitó la reliquidación pensional, por retiro definitivo del servicio; petición atendida por CAJANAL mediante Resolución No. 29524 de 27 de junio de 2006; teniendo en cuenta , el promedio de lo devengado entre el Primero (1) de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) y el Treinta (30) de junio de Dos Mil Cinco (2005),

2 Samai, índice 11.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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elevando la cuantía a Un Millón Trescientos Ochenta y Cinco m il Trescientos Noventa y Tres Pesos con Veintisiete Centavos ($1.385.393,27), efectiva a partir del Primero (1) de Julio de Dos Mil Cinco (2005).

La señora Flor Amelia Cely Altuzarra, solicitó la reliquidación pensional, la cual , fue rechazada por Resolución 29523 de 27 de junio de 2006, por no reunir los requisitos para tal fin.

La señora Flor Amelia Cely Altuzarra impetró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a efectos de obtener la nulidad de la Resolución No. 29524 de 27 de junio de 2006, la cual , fue conocida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de

derecho, a efectos de obtener la nulidad de la Resolución No. 29524 de 27 de junio de 2006, la cual , fue conocida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, despacho judicial que, mediante sentencia de 31 de enero de 2008, declaró la nulidad parcial del acto administrativo y ordenó la reliquidación pensional de la demandante, con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, incluyendo los factores, sueldo básico, incremento del 2.5%, subsidio de alimentación, auxilio de transporte y el 100% de las primas de antigüedad, navidad y de servicios, así como el 100% de la bonificación por servicios prestados.

El 30 de octubre de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, confirmó la decisión; quedando ejecutoriada el 12 de noviembre de 2008.

La UGPP dio cumplim iento a la orden judicial, mediante Resolución UGM No. 743 de Ocho (8) de Julio de Dos Mil Once (2011), reliquidando la pensión y elevando su cuantía a Cuatro Millones Trescientos Sesenta y tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos ($4.363.845), efectiva a partir del Primero (1) de Julio de Dos Mil Cinco (2005).

Con Resolución UGM No. 43769 de Veinticinco (25) de Abril de dos Mil doce (2012), se modificó la Resolución UGM No. 743 de Ocho (8) de Julio de Dos Mil Once (2011), para incluir la prima de vacac iones, incrementando la mesada pensional a la suma de Cinco

modificó la Resolución UGM No. 743 de Ocho (8) de Julio de Dos Mil Once (2011), para incluir la prima de vacac iones, incrementando la mesada pensional a la suma de Cinco Millones Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos con Cincuenta Centavos ($5.094.457,50), efectiva a partir del Primero (1) de Julio de Dos Mil Cinco (2005).

Con posterioridad, la Resolución No. RDP 024488 de Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Trece (2013), ajustó la mesada pensional, porque erradamente se había incluido el 100% de la prima de vacaciones, siendo que su inclusión debía ser proporcional, fijandoNúmero Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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el monto pensional, en Cuatro Millones Setecientos Veintiocho Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos con Veinticinco Centavos ($4.728.151,25).

1.2. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá D.C., mediante sentencia del Treinta y Uno (31) de ener o de dos Mil Ocho (2008) 3, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

«PRIMERO: Decretar la nulidad parcial de la Resolución No. 29524 del 27 de junio de 2006, expedida por el Asesor de la Gerencia General de la Caj a Nacional de Previsión Social (CAJANAL), a través de la cual se reliquidó la pensión de jubilación a la señora FLOR AMELIA

expedida por el Asesor de la Gerencia General de la Caj a Nacional de Previsión Social (CAJANAL), a través de la cual se reliquidó la pensión de jubilación a la señora FLOR AMELIA CELY ALTUZARRA identificada con c.c. No. 24.148.320.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión se ordena a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL efectuar una nueva liquidación de la pensión de jubilación de la señora FLOR AMELIA CELY ALTUZARRA identificada con c.c. No. 24.148.320, en cuantía del 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado la accionante en el último año de servicios, incluyendo los siguientes factores: sueldo básico, prima de antigüedad, incremento del 2.5%, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de v acaciones y prima de navidad cuya acreditaci ón se halla en la constancia expedida por el Jefe de la Sección Pagaduría - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, visible a folios 39 y 40 del

Cuaderno No. 2.

La prima de antigüedad, la bonificación por servic ios prestados, la prima de servicios y la prima de navidad, deberán reconocerse en una proporción del 100% al momento de obtener la asignación más elevada.

La Caja hará los descuentos correspondientes por razón de los aportes no efectuados, debidamente i ndexados al valor , para lo cual se seguirá el procedimiento previsto para la condena que se impone en esta sentencia.

TERCERO: Los diferencias que resulten de la reliquidación serán ajustadas en los términos

debidamente i ndexados al valor , para lo cual se seguirá el procedimiento previsto para la condena que se impone en esta sentencia.

TERCERO: Los diferencias que resulten de la reliquidación serán ajustadas en los términos del art. 178 del C.C.A., siguiendo para esto la fórmula dada en la p arte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL pagar a la demandante las diferencias de las mesadas pensionales causadas y adeudadas a partir de la fecha de reconocimiento, con los reajustes autorizados por la Ley 100 de 1993.

3 Folios 166 a 180, expediente físico.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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[…]» Negrilla del texto original.

Como sustento de la decisión, se argumentó que , a la demandante le era aplicable el régimen de excepción, contenido en el Decreto 546 de 1971, es decir, el 75% del equivalente a la asigna ción mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, al cumplir 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, de los cuales, al menos 10 años, hubiese servido a la Rama Judicial o al Ministerio Público; presupuestos cumplidos por la pensionada.

Consideró que, CAJANAL hizo una indebida aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, violando los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978; a partir de la posición jurisprudencial de esta Corporación en la materia ; estableciendo que deben tenerse en

1993, violando los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978; a partir de la posición jurisprudencial de esta Corporación en la materia ; estableciendo que deben tenerse en cuenta la totalidad de factores percibidos por la señora Cely Altuzarra, conforme a las normas especiales que rigen su pensión.

Con base en la certificación de pagaduría de la dirección ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura, fijó los factores devengados por la demandante durante el último año de prestación de servicios, indicando que, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte y las primas de navidad, vacaciones y servicios, no fueron incluidos en la respectiva liquidación; debiendo proceder a su reconocimiento, en aplicación del artículo 12 del Decreto 717 de 1978, modificado por el artículo 4 del Decreto 911 de 1978.

Enfatizó en que, la prima de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios y la prima de navidad, deberían reconocerse en una proporción del 100% al momento de obtener la asignación más elevada, posición reiterada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolviendo asuntos similares.

1.3. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , confirmó la sentencia de primera instancia4.

La Corporación indicó que , la demandante era beneficiaria del régimen de transición, siéndole aplicable el régimen anterior, en cuanto a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión; no asistiendo razón a la demandada, frente a la aplicación de los factores

4 Folios 181 a 190, expediente físico.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

de la pensión; no asistiendo razón a la demandada, frente a la aplicación de los factores

4 Folios 181 a 190, expediente físico.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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para integrar el ingreso base de liquidación, contenidos en la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994.

Concluyó que, para establecer el monto de la pensión, no era dable la liquidación con el 75% del promedio de lo devengado entre el 01 de julio de 1995 y el 30 de junio de 2005, sino con el 75% de la asignación mensual más elevada, que se hubiere devengado en el último año de servicios.

Interpretó que, bajo el criterio de esta Corporación, debían incluirse en la liquidación pensional, la totalidad de factores salariales percibidos por la demandante, de manera habitual y periódica; avalando la posición de instancia.

1.4. Causal de revisión invocada.

La UGPP invocó la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «[c]uando la cuantía del derecho reconocido exced iere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión solicita, ordenó tener en cuenta como ingreso base de liquidación, lo devengado “en el último año de servicios ”, lo cual riñe con el entendimiento que debe tenerse del régimen de transición, pues este solo cobija lo

Aduce que, la sentencia cuya revisión solicita, ordenó tener en cuenta como ingreso base de liquidación, lo devengado “en el último año de servicios ”, lo cual riñe con el entendimiento que debe tenerse del régimen de transición, pues este solo cobija lo pertinente a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, que para el caso de la demandante, son los establecidos en el Decreto 546 de 1971; per o los demás aspectos y en específico, el ingreso base de liquidación, se rige por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; como lo estableció la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU230 de 2015.

Bajo tal entendimiento, aseguró que, la p ensión de la señora Cely Altuzarra, debía liquidarse con el promedio de los salarios devengados, en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, o durante todo el tiempo, si este fuera superior, computando los factores establecidos en el Decret o 1158 de 1994 , incluyendo la bonificación por servicios, pero en una doceava parte, en razón a que se trata de un concepto, cuyo pago se causa anualmente.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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En cuanto a la pretensión subsidiaria, relativa a que, en caso que no salga avante el reproche ant erior, se revoque la decisión frente a la inclusión en el 100% de la bonificación por servicios, la prima de servicios y la prima de navidad, adujo que, dichos rubros debieron tenerse en cuenta en una doceava parte, por cuanto su pago está previsto por anualidades causadas.

bonificación por servicios, la prima de servicios y la prima de navidad, adujo que, dichos rubros debieron tenerse en cuenta en una doceava parte, por cuanto su pago está previsto por anualidades causadas.

Concluyó que, se requiere que cesen los efectos del fallo recurrido, porque la decisión judicial resulta desacertada e implica la destinación de recursos del erario, que debían servir para la financiación de prestaciones, acordes a derecho.

1.5. Contestación de la demanda de revisión.

Mediante apoderado, la señora Flor Amelia Cely Altuzarra contestó la demanda 5, oponiéndose a las pretensiones, con fundamento en que, las sentencias base de la reliquidación pensional, cumplieron con el princ ipio de legalidad, aplicando las normas sustanciales que para la fecha existían, no como pretende la accionante, que se aplique a unas providencias del año 2008, el alcance de los fallos de la Corte Constitucional de los años 2013 y 2015, pues la regla gen eral es que, siempre su alcance es a futuro, en razón a que hay una serie de derechos adquiridos , dentro de situaciones jurídicas subjetivas consolidadas, y modificar esos derechos , es atentar contra el imperio del Estado Social de Derecho y la seguridad jurídica.

Expresó que, en Sentencia C -835-03, la Corte Constitucional , frente a la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, teniendo en cuenta que no es posible, según el principio del cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad ; por lo cual, pretender modificar el alcance de los derechos adquiridos de la demandada, respecto de

expresión “en cualquier tiempo”, teniendo en cuenta que no es posible, según el principio del cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad ; por lo cual, pretender modificar el alcance de los derechos adquiridos de la demandada, respecto de una sentencia que, surtió todas las instancias procesales y adquirió su ejecutor ia y posterior firmeza, es una violación flagrante del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Consideró que, el régimen anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, es aplicable a la demandada, dado que, ya había laborado para la Rama Judicial por más de diez años, y al momento del cambio de régimen, tenía más de 35 años de edad y 15 de prestación de

5 Expediente digital – índice 00028-19_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaderecursoextraordinarioderevisiOn(.pdf).Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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servicio público, no siendo dable acceder a las pretensiones de la demanda , pues de hacerlo, se estaría desconociendo y vulnerando el principio de c onfianza leg ítima, seguridad jurídica y cosa juzgada.

Como excepciones propuso, las de caducidad, temeridad y mala fe y cosa juzgada , enfatizando que, la reliquidación pensional fue objeto de decisión por parte un juez unipersonal y un juez colegiado, cumpliendo con su ejecutoria, por lo que la demandada lleva más de dieciséis (16) años recibiendo la mesada pensional, la cual fue adquirida y constituida bajo el principio de legalidad y buena fe.

unipersonal y un juez colegiado, cumpliendo con su ejecutoria, por lo que la demandada lleva más de dieciséis (16) años recibiendo la mesada pensional, la cual fue adquirida y constituida bajo el principio de legalidad y buena fe.

Advirtió que, a la demandada se le debe respetar el derecho al mínimo vital y a una especial protección, debido a que es una persona de la tercera edad, para quien es imposible reiniciar su actividad laboral y suplir el impacto que tendría una reducción excesiva de su pensión.

1.6. Ministerio Público6.

El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, y dejar incólume la sentencia objeto de reproche, en vista que la causal alegada carece de sustento, por acreditar la señora Flor Amelia Cely Altuzarra, los requisitos del régimen de transición y reunir las exigencias del régimen especial del Decreto 546 de 1971 y la jurisprudencia vigente al momento de su reconocimiento, pues las sentencias de unificación que regularon el IBL en el régimen de transición son posteriores al fallo q ue reconoció el derecho.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 7 y 20 de la Ley 797 de 2003 8, en concordancia con lo

6 Expediente digital – índice 00024 - Memorial_CHL_14CONCEPTO(.pdf). 7 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»

7 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 8 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligac ión de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación , contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , el término de 5 años, debe contabilizarse para este asunto, a partir del Doce (12) de Junio de Dos Mil Trece (2013), conforme fue establecido por la Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 201610, bajo esa premisa, el plazo para interponer el presente recurso extraordinario, corrió entre el Trece (13) de Junio de Dos Mil Trece (2013 ) y el Trece (13) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), mientras que la demanda se radicó el Veintiséis (26) de Abril de Dos Mil Diecisiete (2017), según se observa en el sello de la secretaría de esta Corporación11, razón por la cual, no fue superado el té rmino de 5 años exigido para la interposición de esta acción extraordinaria.

de Dos Mil Diecisiete (2017), según se observa en el sello de la secretaría de esta Corporación11, razón por la cual, no fue superado el té rmino de 5 años exigido para la interposición de esta acción extraordinaria.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si , la sentencia de Treinta (30) de octubre de Dos Mil Ocho (2008), proferida por el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el treinta y Uno (31) de Enero de Dos Mil Ocho (2008), incurrió en la causal de revisión b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la cuantía del derecho reconocido a la señora Flor Amelia Cely Altuzarra, excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 10 « […] 7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, p or lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro

disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la U GPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala esti ma pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013. […] 7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el ar tículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones ju diciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal […]». Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-427 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 11 Folio 237, reverso del expediente físico.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario d e revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material12 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad

o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material12 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en e ste caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»13.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de as untos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna

12 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco

Suárez Vargas.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

Suárez Vargas.Número Interno: 1727-2017

Accionante: UGPP

Accionada: Flor Amelia Cely Altuzarra

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causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios14.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite15 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 16, dado que, más allá que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que , el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia17», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial18.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal p