CE - Sentencia 11001032500020170064500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2017-00645-00 (3101-2017) Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP)1

Accionado : Margarita del Carmen Lara de Reyes Trámite : Acción especial de revisión Tema : Revisión de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2011, por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Causal regulada en los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia de 9 de marzo de 2011 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión Cuarta, mediante la cual modificó parcialmente el fallo del 27 de agosto de 2009, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, respecto de la orden de liquidación del factor salarial “bonificación por servicios” , en el 100% de lo devengado por ese concep to dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

derecho instaurada por la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende la revocatoria de las sentencias del 27 de agosto de 2009 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo y su modificatoria del 9 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que ordenó liquidar la pensión de vejez incluyendo el 100% de la bonificación por servicios y que en su lugar, se declare que existió falta de legitimación en la causa, pues CAJANAL EICE en liquidación, no era la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de

1 En adelante UGPP.Número Interno: 3101-2017

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la demanda por no ser destinataria ni depositaria de los recursos que se recaudan para la seguridad social en salud.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes nació el 18 de mayo de 1944; adquirió su estatus de pensionada el 18 de mayo de 1994 y el último cargo desempeñado fue el de escribiente en el Juzgado Promiscuo Municipal de Cerinza, Boyacá.

Expresa que, a través de la Resolución No. 020928 del 20 de septiembre de 2000, se le reconoció la pensión de vejez aplicando el 75% del promedio devengado en los últimos

Promiscuo Municipal de Cerinza, Boyacá.

Expresa que, a través de la Resolución No. 020928 del 20 de septiembre de 2000, se le reconoció la pensión de vejez aplicando el 75% del promedio devengado en los últimos 5 años y 2 meses , en cuantía de $ 648.012,75, efectiva a partir del 1 de junio de 1999 , condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.

Agregó que, contra aquel acto administrativo se interpuso recurso de apelación resuelto en Resolución No. 05908 del 7 de diciembre de 2001, que confirmó la decisión impugnada al estimar que la p restación fue reconocida conforme a lo señalado en el Decreto 1158 de 1994.

Precisa que, mediante Resolución 21001 del 7 de octubre de 2004 , la extinta Cajanal reliquidó la pensión por retiro definitivo del servicio oficial con el 75% del promedio devengado entre el 1 de abril de 1994 hasta el 30 de enero de 2003 conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 elevando la cuantía a la suma de $ 891.784.25, efectiva a partir de 1 de febrero de 2003.

Expone que mediante Resolución 21255 del 16 de mayo de 20 08, Cajanal negó la reliquidación de la pensión de vejez por encontrarse amparada bajo la égida del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Lay 100 de 1993 y al considerar que el monto reconocido era ajustado a derecho.

Señala que, previo agotamiento del procedimiento administrativo, la señora Margarita del

de transición previsto en el artículo 36 de la Lay 100 de 1993 y al considerar que el monto reconocido era ajustado a derecho.

Señala que, previo agotamiento del procedimiento administrativo, la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes promovió medio de control de nulidad y restablecimiento al que le correspondió el radicado 15693-33-31-001-2007-00334-00 y mediante sentencia de segunda instancia de 27 de agosto de 2009 , el Tribunal Administrativo de Boyacá, modificó el fallo de primera instancia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo del 27 de agosto de 2009, y ordenó reliquidar la pensión de vejezNúmero Interno: 3101-2017

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de la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes , incluyendo el 100% del valor de la bonificación por servicios.

Argumenta que, en Resolución UGM 015614 del 28 de octubre de 2011, dio cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 9 de marzo de 2011 , el cual ordenó la reliquidación de la pensión incluyendo el 100% de la bonificación por servicios elevando la cuantía a la suma de $ 1.389.113, efectiva a partir del 1 de febrero de 2003.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 9 de marzo de 2011, la cual modificó el fallo del 27 de agosto de 2009, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, en lo referente al factor salarial denominado

modificó el fallo del 27 de agosto de 2009, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, en lo referente al factor salarial denominado bonificación por servicios reconocido en una doceava parte y en su lugar dispuso «[…] la reliquidación de la pensión de la actora considerando el factor de la bonificación por servicios en totalidad, es decir, en el 100% del valor devengado por dicho concepto».

Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal sostuvo que «Además, por su n aturaleza misma se deduce que fue creada como contraprestación al servicio como su nombre lo indica, pese a que no se devenga mes a mes, por ello no es plausible tomarla como una prestación social, pues, no ampara contingencia alguna y no tiene naturaleza asistencial. Este factor constituye una retribución por los servicios prestados, adicionada con el requisito de cumplir un año al servicio de la entidad, sin el cual no es posible exigirla.». Así mismo precisó : «Entonces, como la actora devengó la bonificación por servicios prestados en el último año en que prestó sus ser vicios a la entidad y adquirió el derecho a pensionarse, debe computarse en su totalidad, tal y como se señaló anteriormente.»

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «a) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso , y b) c uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso , y b) c uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que la sentencia cuya revisión solicita se obtuvo con vulneración al debido proceso al estimar que existía una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a laNúmero Interno: 3101-2017

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entidad Cajanal hoy UGPP, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por la señora Margarita del Carmen Lara Reyes, por no ser esta la entidad llamada a reconocer las pretensiones de la demanda, pues no es destinataria de los fondos que recaudan para la seguridad social.

Asimismo, indicó que, en la providencia en cuestión, ordenó la reliquidación al 100% de la bonificación por servicios como factor salarial para liquidar la pensión de vejez, lo cual excede lo debido de acuerdo con la ley.

1.4 Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio de la acción quedó notificado personalmente a la señora Margarita del Carmen Lara de Reyes el 29 de enero de 2024, quien mediante mandataria judicial se pronunció respecto de la acción oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones , señalando que, si bien la entidad accionante alega la violación al debido proceso, no expuso argumento de la supuesta transgresión de este derecho.

Adicionalmente manifestó que los fallos censurados fueron proferidos en atención al

señalando que, si bien la entidad accionante alega la violación al debido proceso, no expuso argumento de la supuesta transgresión de este derecho.

Adicionalmente manifestó que los fallos censurados fueron proferidos en atención al criterio vigente en esta Corporación, respecto de las pensiones de empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, en el que los beneficiarios del Régimen de Transición de la Ley 100 de 1993 son remitidos al régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 que dispone que el ingreso base a liquidar la prestación lo constituye la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicios con el 100% de la bonificación por servicios; por lo tanto, estima que el monto reliquidado en favor de la señora Lara de Reyes es un monto racional y que no excede la cuantía legal ni genera detrimento en el erario.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 2 y 20 de la Ley 797 de 2003 3, en concordancia con lo

2 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 3 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»Número Interno: 3101-2017

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revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»Número Interno: 3101-2017

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previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20194.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, aunque la sentencia revisada cobró ejecutoria el 31 de marzo de 20115 y la demanda fue presentada el 25 de julio de 20176, conforme a las reglas de unificación adoptadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA «[…] no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013».

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección debe establecer si la sentencia de 9 de marzo de 2011, emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, está incursa en la causal de revisión consagrada en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada violó el debido proceso o excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

4 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 5 Información extraída del edicto de notificación de la sentencia de segunda instancia, visible en el folio 470 del expediente digitalizado de nulidad y restablecimiento No. 1569331330022007033400 remitido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, obrante en el índice 00049 de Samai. 6 Folio 231 reverso del expediente físico.Número Interno: 3101-2017

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6 Folio 231 reverso del expediente físico.Número Interno: 3101-2017

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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinari o de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 7 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 8.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una

juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desn aturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios9.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

7 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 3101-2017

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de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 3101-2017

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que el trámite10 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 11, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 12», t al como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial13.

2.4.2 Alcance de la bonificación por servicios como factor integrante del ingreso base de liquidación de las pensiones de que trata el Decreto 546 de 1971.

El Decreto 546 de 27 de marzo de 1971 en el artículo 6, estableció los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación en los siguientes términos:

«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al M inisterio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.»

Por otro lado, el Decreto Ley 7 17 de 1978 en el artículo 12, dispuso otros factores que

asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.»

Por otro lado, el Decreto Ley 7 17 de 1978 en el artículo 12, dispuso otros factores que constituyen salario, posteriormente, modificado por el artículo 4 del Decreto 911 de 1978, el cual determinó:

«ARTÍCULO 4. El artículo 12 del Decreto-ley 717 de 1978 quedará así:

“ARTÍCULO 12. De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los gastos de representación.

b) La prima de antigüedad.

10 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].

MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 11 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “su i generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de r evisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 12 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisió n le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentenci a de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 3101-2017

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c) El auxilio de transporte.

d) La prima de capacitación.

e) La prima ascensional.

f) La prima de servicio.

g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio.»

En consideración a lo anterior, se establece los factores que constituyen salario como toda retribución o sumas habituales que periódicamente reciba el empleado o funcionario por la contraprestación de sus servicios, los cuales deben ser considerados como base de la liquidación pensional.

Luego, el presidente de la República mediante Decreto 1042 de 7 de junio de 1979, en el artículo 45 de esta disposición, creo la bonificación por s ervicios para los empleados públicos del orden nacional, en la cual destacó:

«ARTÍCULO 45. De la bonificación por servicios prestados. A partir de la expedición de este Decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º. Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación,

año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles. La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa. »

Después, la mencionada bonificación por servicios fue extendida para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar mediante el Decreto 247 del 4 de febrero de 1997 y en el artículo 1 dispuso: «ARTÍCULO 1º. Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los mismo términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1o de enero de 1997.

La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, auxilio de cesantíaNúmero Interno: 3101-2017

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y pensiones.»

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y pensiones.»

Al respecto, sobre la Bonificación de Servicios Prestados para efectos de tenerse en cuenta como base de liquidación de la pensión para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, está Subsección mediante sentencia del 29 de junio de 200614 señaló que este emolumento debe reconocerse tan solo en una doceava parte, para efectos de la liquidación pensional de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, en el cual destaca:

«El Decreto 247 de 1997, (en el art. 1º), para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Justicia Penal Militar, señala que esta bonificación es exigible a partir del 1º de enero de 1997, norma que prima para la institución por ser especial para ella; así, para diciembre 31 de ese año y los siguientes, será exigible para quienes venían laborando antes de esa fecha y cumplieron su requisito de servicio. Se agrega que para el personal vinculado con posterioridad a enero 1º de un determinado año, después de enero 1º de 1997, la fecha de adquisición del derecho anual dependerá de la fecha de su posesión y el servicio prestado. Esta prima es computable para efectos pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por ella; ahora, como es una prima anual, se debe tener en cuenta su doceava parte para la liquidación pensional.»

Siguiendo el anterior criterio, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación mediante sentencia del 8 de febrero de 200715, dispuso:

«Ahora bien y en relación con la inclusión de la bonificación como factor salarial para reliquidar

Siguiendo el anterior criterio, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación mediante sentencia del 8 de febrero de 200715, dispuso:

«Ahora bien y en relación con la inclusión de la bonificación como factor salarial para reliquidar la pensión de vejez reconocida, en cuanto señala la parte actora que debe tenerse en cuenta en el 100% del valor certificado y no en la doceava parte como lo viene haciendo Cajanal, dirá la Sala que la bonificación por servicios prestados se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Por lo tanto, ese derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicios.

En esas condiciones, la estimación de la bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe hacerse en 1/12 parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de manera anual cada vez que el empleado cumple un año de servicios. Por lo tanto, el cálculo realizado por Cajanal tomando en cuenta la 1/12 parte de la bonificación por servicios, es correcta.»

Ahora bien, la Subsección A de esta Corporación en sentencia de 28 de junio de 201816, conoció de una acción especial de revisión, donde se discutía una decisión judicial que había reconocido la bonificación de servicios al 100%, en ella, precisó:

«La anterior precisión fue necesaria debido a que al momento de realizar la liquidación pensional, se generó el interrogante orientado a establecer si ese factor se debía incluir en su totalidad, es decir, en el 100% del valor reconocido o tan solo en una doceava parte de este,

pensional, se generó el interrogante orientado a establecer si ese factor se debía incluir en su totalidad, es decir, en el 100% del valor reconocido o tan solo en una doceava parte de este,

14 Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2006, radicación: 15001-23-31-000-200002396-01 (7559-05), demandante: Sara Julia Camacho Pineda. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2007, radicación: 25000-23-25-000-200306486-01(1306-06), demandante: Gema Neila Acevedo González. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de junio de 2018, radicación: 11001-03-25-000-201301128-00(2665-13) REV, demandante: Cajanal.Número Interno: 3101-2017

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teniendo en consideración que la prestación se debía reconocer con base en la asignación mensual más elevada recibida por el servidor durante el último año de servicio; no obstante, tal cuestionamiento, desde sus inicios, fue decidid o jurisprudencialmente en el sentido antes descrito, el cual ha sido pacífico y reiterado, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado y de él se puede concluir, en últimas, que el monto total reconocido por ese concepto no remunera una mensualidad sino un año, es decir, doce meses de servicio, y ello justifica que su inclusión dentro de la base salarial para liquidar la pensión de los

ese concepto no remunera una mensualidad sino un año, es decir, doce meses de servicio, y ello justifica que su inclusión dentro de la base salarial para liquidar la pensión de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, tan solo sea en una doceava parte.

Así las cosas, como la bonificación por servicios prestados se debe reconocer tan solo en una doceava parte y no en el 100% del monto reconocido por ella, la Sala concluye que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander sí está incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues al ordenar la inclusión de ese factor en un 100% y no en una doceava parte dentro de la pensión reconocida a favor del señor Hernán Enrique Zambrano Soler, se dio lugar a que la Caja Nac ional de Previsión Social esté pagando una mesada pensional superior a la determinada por la ley.»

Siguiendo esa misma línea jurisprudencial, en sentencia del 10 de diciembre de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación17, señaló:

«Visto como es