CE - Sentencia 11001032500020170094800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Leonor Sánchez Barona

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. Cuantía reconocida excede lo debido.

Liquidación de la pensión gracia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 16 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, por medio de la cual se adicionó la decisión del 24 de mayo de 2011 emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cali que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Leonor Sánchez Barona.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

pretensiones de la demanda presentada por Leonor Sánchez Barona.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la entidad recurrente solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 16 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que adicionó la decisión del 24 de mayo de 2011 emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cali

1 En adelante Ugpp. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 76001-33-31-005-2010-00052-01; actor: Leonor Sánchez Barona, demandado: Cajanal EICE en liquidación.2

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017) Demandante: Ugpp dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-31-005-2010-00052-00 (01), que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Leonor Sánchez Barona y, en en consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones 63710 del 21 de diciembre de 2006 y 04881 del 13 de febrero de 2008 , por medio de la cual la Caja Nacional de Previsión Social

(CAJANAL E.I.C.E.)3, negó la reliquidación de su pensión gracia con inclusión de nuevos factores salariales.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó la declaratoria de que Leonor Sánchez Barona no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión con la inclusión del

nuevos factores salariales.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó la declaratoria de que Leonor Sánchez Barona no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión con la inclusión del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio «pues la normatividad que regula la prestación reconocida impone que la mesada se calcule con el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada» (sic).

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Mediante la Resolución 10773 del 14 de diciembre de 2004, Cajanal reconoció a favor de Leonor Sánchez Barona una pensión gracia, en cuantía de $505.598.25, efectiva a partir del 30 de noviembre de 1999.

3.2. El 14 de julio de 2005, con el fin de incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, la pensionada solicitó la reliquidación de la prestación . Esta petición fue negada mediate la Resolución 63710 del 21 de diciembre de 2006 y confirmada con la Resolución 4881 del 13 de febrero de 2008.

3.3. Inconforme con la anterior decisión, Leonor Sánchez Barona, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo5, presentó demanda en orden a que se declare la nulidad de las resoluciones 6370 del 21 de diciembre de 2006 y 04881 del 13 de febrero de 2008, por cuanto, a su juicio, no se tuvieron en cuenta todos los factores

la nulidad de las resoluciones 6370 del 21 de diciembre de 2006 y 04881 del 13 de febrero de 2008, por cuanto, a su juicio, no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio docente.

3.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali en sentencia del 24 de mayo de 2011 declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión reconocida en cuantía

3 En adelante Cajanal. 4 Para una mayor comprensión la Sala sintetizará los hechos acordes con las pruebas recaudadas en el proceso. 5 Hoy Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (CPACA).3

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017) Demandante: Ugpp del 75% de todos los factores salariales devengados «durante el último año para su causación, entre el 25 de julio de 2002 al 25 de julio de 2003» (sic).

3.5. Contra la anterior providencia Cajanal interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 16 de agosto de 2012 en la que se adicionó en el sentido de autorizar los descuentos de aportes a salud en proporción a los nuevos valores incluidos en la reliquidación de la prestación y en lo demás confirmó la providencia recurrida.

3.6. Mediante providencia del 1° de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del

reliquidación de la prestación y en lo demás confirmó la providencia recurrida.

3.6. Mediante providencia del 1° de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca corrigió el numeral tercero de la sentencia proferida el 24 de 2011, con el fin de precisar que los factores salariales a tener en cuenta corresponden a los devengados entre el 30 de noviembre de 1998 y el 30 de noviembre de 1999, con efectos fiscales a partir del 14 de julio de 2002, por prescripción trienal.

3.7. La Ugpp, a través de la Resolución RDP020978 del 22 de mayo de 2017 , dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión de vejez sobre el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio, elevando la cuantía a la suma de $584. 768.oo, efectiva a partir del 30 de noviembre de 1999, con efectos fiscales a partir del 14 de julio de 2002 por prescripción trienal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 16 de agosto de 2012 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el recurso de apelación interpuesto por Cajanal, en la cual adicionó en el sentido de autorizar los descuentos de aportes a salud en proporción a los nuevos valores incluidos en la reliquidación de la prestación y en lo demás confirmó la decisión del 24 de mayo de 2011 emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali que ordenó la reliquidación de la pensión de Leonor Sánchez

la decisión del 24 de mayo de 2011 emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali que ordenó la reliquidación de la pensión de Leonor Sánchez Barona sobre el 75% de todos los factores salariales devengados «durante el último año para su causación, entre el 25 de julio de 2002 al 25 de julio de 2003» (sic).

5. Para tal efecto, concluyó que de acuerdo con el principio de solidaridad en el sistema de seguridad social integral, cuyo objeto es que las personas con mayor capacidad económica contribuyan a su financiación, resulta razonable que Cajanal realice los respectivos descuentos en salud, máxime cuando «resultaría contrario al ordenamiento Constitucional que una persona que devenga más de una pensión a cargo del estado no realice aportes a salud que ordena la ley sobre el monto de dicha pensión»6

6 Samai, índice 55, 44RECIBEMEMORIAL_49452017RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 55, https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013331005201000052 007600133, índice 64, 7ED_SegundaIn_201000052Actuaciones(.pdf) NroActua 64, folios 33 al 46.4

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017)

Demandante: Ugpp

(sic).

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso que las normas relativas a la pensión

(sic).

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso que las normas relativas a la pensión gracia no admiten la reliquidación de la prestación por retiro definitivo del servicio, en tanto el educador puede seguir en ejercicio de sus labores y continuar cotizando para el posterior reconocimiento de la pensión de jubilación7.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

6.1. La parte accionada guardó silencio8.

1.4. Concepto del Ministerio Público

6.2. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

7. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA9.

8. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

7 Folios 211 al 238. 8 Tal como quedó expuesto en el auto del 6 de marzo de 2024, a través del cual el Despacho resolvió el incidente de nulidad procesal presentado por Leonor Sánchez Barona por la presunta indebida notificación del auto admisiorio del recurso; visible en samai, índice 43. 9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias

indebida notificación del auto admisiorio del recurso; visible en samai, índice 43. 9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».5

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017)

Demandante: Ugpp

9. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

10. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 27 de septiembre de 2012 11 razón por la cual la entidad recurrente debió presentar la solicitud de revisión hasta el 27 de septiembre de 2017; sin embargo , según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia del 11 de agosto de 2016 12, el termino de caducidad no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013,

dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia del 11 de agosto de 2016 12, el termino de caducidad no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual la Ugpp asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

11. Así las cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 29 de noviembre de 201713, esto es dentro de los 5 años siguientes luego de que la Ugpp asumiera las funciones a cargo de Cajanal , se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.

2.3. El problema jurídico

12. Se circunscribe a establecer si ¿la cuantía del derecho reconocido a Leonor Sánchez Barona excede lo debido de acuerdo con la ley y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

11 Samai, índice 55, 44RECIBEMEMORIAL_49452017RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 55, https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013331005201000052 007600133, índice 64, 7ED_SegundaIn_201000052Actuaciones(.pdf) NroActua 64, folios 49. 12 Corte Constitucional, sentencia SU427 del 11 de agosto de 2016. 13 Folio 239.6

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017)

Demandante: Ugpp

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2014 de la Ley 797 de 200315 las

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017)

Demandante: Ugpp

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2014 de la Ley 797 de 200315 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

14. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

15. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.

16. Ahora bien, esta Corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de

14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en

14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.7

especiales». 16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.7

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017) Demandante: Ugpp 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes17:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate

del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

17. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»18.

17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez

17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez. 18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017)

Demandante: Ugpp

18. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los

de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.

2.4.2. Liquidación de la pensión gracia

20. La Ley 114 de 1913 21 creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

21. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación22 señaló que «(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los

los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación». De ahí que esta prestación por tener carácter especial se reconoce con c argo al erario y para su reconocimiento no se necesitan aportes por parte del educador.

19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras. 21 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).9

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017)

Demandante: Ugpp

22. Ahora, en lo que refiere a la liquidación de dicha prestación el artículo 2 ibidem

determinó:

«Artículo 2. La cuantía de la pensión [gracia] será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado

determinó:

«Artículo 2. La cuantía de la pensión [gracia] será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos».

23. Para la liquidación de las pensiones que gozaban los servidores públicos el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966 23, reglamentado por el Decreto 1743 de 1966 24

estableció:

«A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público».

24. Posteriormente, mediante la Ley 33 de 198525, el gobierno nacional conservó el 75% como base para la liquidación del reconocimiento pensional y determinó los requisitos de tiempo de servicio y edad; sin embargo, exceptuó a los empleados que por ley se encuentren acogidos por un régimen pensional especial, en los

siguientes términos:

«Artículo 1°. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio

por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones (…)». (subrayado fuera del texto)

25. De lo anterior, se colige que, comoquiera que la Ley 33 de 1985 excluyó la pensión gracia (régimen especial), la norma aplicable para la liquidación de esta prestación es la prevista en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 de esa anualidad, es decir, que debe tomarse como base el promedio de los salarios devengados por el docente en el último año de servicios.

23 «Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones». 24 «Por el cual se reglamenta la Ley 4ª de 1966». 25 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público».10

Radicado: 11001-03-25-000-2017-00948-00 (4945-2017)

Demandante: Ugpp

26. Ahora bien, dado el carácter especial que reviste la pensión gracia, los recursos con los que se paga y el origen de la prestación social, la liquidación no corresponde al «último año de servicios del retiro definitivo del servicio público docente»

26. Ahora bien, dado el carácter especial que reviste la pensión gracia, los recursos con los que se paga y el origen de la prestación social, la liquidación no corresponde al «último año de servicios del retiro definitivo del servicio público docente» previsto en la Ley 4ª de 1966, y su decreto reglamentario, pues a diferencia de la pensión ordinaria, esta prestación no requiere aportes, toda vez que es reconocida como contraprestación a los esfuerzos, capacidad y dedicación al servicio de la actividad educativa.

27. Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado26 señaló:

«(…) la Ley 4ª de 1966 y en su Decreto Reglamentario -1743 de 1966referenciados inicialmente, ya que no discriminó ni excluyó de su aplicación pensión alguna de las percibidas por los servidores oficiales. Así, la pensión gracia al tenor de estas disposiciones debe liquidarse en la forma allí señalada, esto es, tomando como base el promedio mensual de los salarios obtenidos en el último año de servicios; sin embargo debe precisarse que a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios refiere el año anterior a la adquisición o consolidación del derecho pues es el momento a partir del cual empieza efectivamente a devengarse en tanto su carácter especial admite su compatibilidad con el salario, de manera que para su percepción no es necesario el retiro definitivo del servicio, es decir, que el derecho se perfecciona con el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos por el Legislador para su otorgamiento, lo que hace improcedente su reliquidación con base en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro ». (Resalta la Sala)

Legislador para su otorgamiento, lo que hace improcedente su reliquidación con base en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro ». (Resalta la Sala)

28. Así las cosas, la Sala reitera que, por tratarse de un régimen excepcional, para la liquidación de la pensión gracia el interregno corresponde al año anterior a la consolidación del derecho 27, es decir que se debe liquidar la prestación con la totalidad de los factores salariales devengados por el docente en el año anterior a adquirir el estatus de pensionado.

2.5. Caso concreto

29. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión, esto es la del literal b) de la norma en que se funda la acción, la Sala encuentra necesario precisar que, de acuerdo con los argumentos expuestos por la entidad

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de julio de 2012, radicado 25000-23-25000-2007-01316-01 (1348-11) M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 27 En línea con lo expuesto, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 27 de febrero de 2013, radicado 11001-03-25-000-2016-00455-00 (2067 -2016), M.P. Gabriel Valbuena Hernández; del 17 de junio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2016-00495-00 (2255-2016), M.P.

William Hernández Gómez; del 3 de noviembre de 2022, radicado 11001 -03-25-000-2