CE - Sentencia 11001032500020180030900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00309-00 (1059-2018).

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionada: Martha Elena Ramírez Gil.

Trámite: Acción especial de revisión.

Tema: Revisión de la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2006, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión: Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia de Primero (1) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restabl ecimiento del derecho instaurada por la señora Martha Elena Ramírez Gil.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión1.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se revoque parcialmente la sentencia proferida el Primero (1) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006) , por el Tribunal Administrativo de Antioquia,

de 2003, con la que pretende se revoque parcialmente la sentencia proferida el Primero (1) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006) , por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del expediente con radicado 05001-23-31-000-2004-06200-00 y, se declare que, a la señora Martha Elena Ramírez Gil, no le asiste derecho a que se reliquide su pensión gracia, con la inclusión del factor salarial denominado prima de vida cara , por haberse

1 Folios 293 a 330 del expediente físico.Número Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Elena Ramírez Gil

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declarado nulos, los actos administrativos que establecieron y modificaron su pago, al carecer de competencia los entes territoriales para la creación de factores salariales.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que, la señora Martha Elena Ramírez Gil, solicitó a la extinta CAJANAL, el reconocimiento y pago de una pensión gracia, acreditando la prestación del servicio como docente oficial, en la secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, desde el Veintiuno (21) de marzo de Mil Novecientos Setenta y Tres (1973), hasta el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Uno (2001) y haber nacido el Diecinueve (19) de septiembre de Mil Novecientos Cincuenta y Uno (1951).

Mediante Resolución No. 06697 de 17 de abril de 2002, CAJANAL reconoció una pensión gracia a la señora MARTHA HELENA RAMÍREZ GIL, en cuantía de Setecientos Cinco

Mediante Resolución No. 06697 de 17 de abril de 2002, CAJANAL reconoció una pensión gracia a la señora MARTHA HELENA RAMÍREZ GIL, en cuantía de Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Pesos con Noventa y Tres Centavos ($705.490.93), efectiva a partir del Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Uno (2001).

Con Decreto 172 de 29 de diciembre de 2001, de la Alcaldía del Municipio de Amagá, le fue aceptada la renuncia a la docente, a partir de Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Uno (2001).

La docente solicitó la reliquidación de su pensión de gracia por retiro definitivo del servicio, resuelta por CAJANAL con Resolución No. 27787 de 31 de diciembre de 2003, negando la petición por improcedente.

La señora MARTHA HELENA RAMÍREZ GIL interpuso recurso de apelación, el cual, fue decidido por CAJANAL mediante Resolución No. 9497 de 28 de octubre de 2004, confirmando el acto administrativo cuestionado.

Por medio de la Resolución No.25044 de 31 de mayo de 2007 , la entidad reliquidó la pensión gracia, por nuevos factores salariales, con la inclusión del factor salarial de prima de vida cara, elevando la cuantía de la pensión , a la suma de Ochocientos Doce Mil Cincuenta y Cuatro Pesos con 60 Centavos ($812.054.60), efectiva a partir de l Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Uno (2001).

Inconforme con el valor de su pensión gracia, la docente demandó en acción de nulidad

Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Uno (2001).

Inconforme con el valor de su pensión gracia, la docente demandó en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando la nulidad de las Resoluciones No. 06697 deNúmero Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Elena Ramírez Gil

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2002 y 27787 de 2003, para que fuera reliquidada, con los salarios devengados a la fecha de su retiro definitivo del servicio.

Mediante sentencia de Primero (1) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), el Tribunal Administrativo de Antioquia se declaró inhibido para pronunciarse frente a la Resolución 06697 de 17 de abril de 2002; y declaró la nulidad parcial del acto ficto, en cuanto negó la liquidación con todos los factores salariales desde el momento del estatus; condenando a CAJANAL, a la liquidación con todos los factores salariales devengados por la docente en el año anterior al estatus pensional. La decisión quedó ejecutoriada el Primero (1) de diciembre de Dos Mil Seis (2006).

Mediante Resolución No PAP 033542 de 20 de enero de 2011, la entidad dio cumplimiento a la orden judicial, reliquidando la pensión gracia, con el promedio de todo lo devengado, en el último año anterior al cumplimiento del estatus jurídico , elevando la cuantía de la prestación a la suma de Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos ($822.958), efectiva a partir del Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Uno (2001).

cuantía de la prestación a la suma de Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Cincuenta y Ocho pesos ($822.958), efectiva a partir del Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Uno (2001).

Con Resolución No. RDP 000828 de 16 de enero de 2017, se negó una nueva solicitud de reliquidación de la pensión gracia, por no existir nuevos elementos de juicio que hagan variar la reliquidación ya realizada.

A través del Auto No. ADP 004429 de 16 de junio de 2017, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, dio apertura a actuaciones administrativas , tendientes a obtener la revocatoria de l a Resolución No. 25044 del 31 de mayo de 2007, y revocatoria parcial de la Resolución No. PAP 33542 del 20 de enero de 2011, mediante las cuales, se reliquidó la pensión de jubilación gracia , incluyendo el factor de prima de vida cara, sin obtener manifestación de la beneficiaria.

1.2. Sentencia objeto de revisión2.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de Primero (1) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con base en que, aunque no le asiste el derecho a que se le liquide la pensión gracia, con lo devengado en el año anterior al retiro del servicio, porque se debe tener en cuenta es la

2 Folios 272 a 284 expediente físico.Número Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Elena Ramírez Gil

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2 Folios 272 a 284 expediente físico.Número Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Elena Ramírez Gil

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fecha de adquisición del estatus, la negativa de inclusión de la totalidad de factores salariales, da lugar a ordenar la reliquidación, para que se incluyan.

1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP invocó las causales de revisión , establecidas en los literales a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) de la misma norma, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión se solicita, otorgó un derecho a la reliquidación pensional, con la inclusión de lo pagado por concepto de prima de vida cara, devengada por la señora Ramírez Gil, en el último año de servicios anterior al estatus, sin que esto fuera posible, en razón a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos territoriales que crearon dicho factor salarial, vulnerando el ordenamiento jurídico.

Indicó que, la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso, porque no se auscultó en las certificaciones salariales que, para el año anterior a la adquisición del estatus pensional, estaba incluida la remuneración por concepto de prima de vida cara, rubro creado por el concejo municipal, sin tener competencia para ello; considerando que, era tarea del Tribunal de Antioquia, establecer que el pago de dicho emolumento era

estatus pensional, estaba incluida la remuneración por concepto de prima de vida cara, rubro creado por el concejo municipal, sin tener competencia para ello; considerando que, era tarea del Tribunal de Antioquia, establecer que el pago de dicho emolumento era inconstitucional, para excluirlo de la base de la pensión gracia de la demandante.

Explicó la génesis de la prima de vida cara, para concluir que, el Veinte (20) de mayo de Dos Mil Once (2011), el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del artículo 1 y parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 028 de 1977 y del artículo 3 numeral b, del Acuerdo 029 de 1978, y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989, al considerar que , fueron expedidos contrariando las competencias establecidas en la Constitución, que radica esta facultad en el congreso y el gobierno nacional.

En lo relativo a la causal b, consideró que, la cuantía de lo reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al ordenar la reliquidación de todos los factores salariales, sin darse orden de no incorporar lo pagado por la prima de vida cara, por tratarse de un pago ilegal, al no tener facultades el concejo de Medellín, para la creación de dicho factor; tanto que, fueron declarados nulos los actos administrativos de creación.Número Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Elena Ramírez Gil

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Concluyó que , la orden judicial excede lo debido legalmente, porque además de contradecir la normativa constitucional y la que consagra la prestación, implica la destinación de recursos públicos para financiar una pensión, en términos no acordes a derecho.

contradecir la normativa constitucional y la que consagra la prestación, implica la destinación de recursos públicos para financiar una pensión, en términos no acordes a derecho.

1.4. Contestación de la demanda de revisión.

El medio de impugnación fue admitido con auto de Dieciocho (18) de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023)3, notificado a la parte demandada, señora Martha Elena Ramírez Gil, el Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024)4, quien contestó5 la demanda el Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024), esto es, de manera extemporánea, tal como fue dispuesto en auto de Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)6.

1.5. Concepto del Ministerio Público7.

El agente del Ministerio Público emitió concepto, aduciendo que no se estructuraba la causal “a”, del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, referente a los reconocimientos que hayan sido obtenidos con violación al debido pr oceso, porque al momento de adoptarse la decisión de instancia, los actos administrativos que le daban sustento a la prima de vida cara, se encontraban vigentes, gozando de la presunción de legalidad.

Respecto a la causal b), en relación con la cuantía del derecho pensional, indicó que, tratándose de una causal , constituida como una herramienta que permite corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso o afectando el mismo Sistema de Pensiones, para el caso bajo examen se configura , dado que los efectos

tratándose de una causal , constituida como una herramienta que permite corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso o afectando el mismo Sistema de Pensiones, para el caso bajo examen se configura , dado que los efectos jurídicos que surgieron con la sent encia del 26 de julio de 2012, emitida por el Consejo de Estado, donde resolvió en segunda instancia la acción incoada por la Auditoría General de la República en contra del municipio de Medellín, que declaró la nulidad de los acuerdos No 28 de 1977 y 29 de 1978, los beneficios otorgados a dichos empleados destinatarios de estos, debieron cesar automáticamente a partir de la ejecutoria de la providencia mencionada, en el sentido que al ser declarados nulos, ya no podían seguir surtiendo efectos jurídicos, por lo tanto se debía suspender el pago del beneficio.

3 Folio2 340 y 341. 4 Expediente digital, índice 00031 de Samai. 5 Samai, índice 33. 6 Samai, índice 41. 7 Samai, índice 30.Número Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Elena Ramírez Gil

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Bajo este presupuesto, anunció que se evidencia un exceso en el pago de lo debido, toda vez que , se reconoció con un factor salarial declarado nulo , por ser contrario a la Constitución y por ende unas sumas de dinero no permitidas por el ordenamiento jurídico, lo que conlleva la afectación al sistema financiero pensional por actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Expresó que, para otorgar la pensión gracia a un docente, no debe existir asomo de duda,

lo que conlleva la afectación al sistema financiero pensional por actos contrarios al ordenamiento jurídico.

Expresó que, para otorgar la pensión gracia a un docente, no debe existir asomo de duda, dada la importancia de la prestación y lo que representa para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, considerando que, la causal “b” del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el caso bajo examen esta materializada y debe prosperar , en aras de la defensa del orden jurídico y de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 8 y 20 de la Ley 797 de 2003 9, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación , contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, el término de 5 años, debe contabilizarse para este asunto, a partir del Doce (12) de Junio de Dos Mil Trece (2013), conforme fue establecido por la Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 201611, bajo esa premisa, el plazo para interponer el presente recurso extraordinario, corrió entre el Trece (13) de Junio de Dos Mil Trece (2013) y el Trece (13) de Junio de

8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»

8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 11 « […] 7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente entender que el plaz o para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013. […] 7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para

es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013. […] 7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el rec urso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abus o del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal […]». Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-427 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.Número Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

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Dos Mil Dieciocho (2018), mientras que la demanda se radicó el Veintidós (22) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), según se observa en el sel lo de la secretaría de esta Corporación12, razón por la cual, no fue superado el término de 5 años exigido para la interposición de esta acción extraordinaria.

2.3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si , la Sentencia de Primero (1) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, está incursa en las causales de revisión, consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandada, fue obtenido

está incursa en las causales de revisión, consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandada, fue obtenido con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida, excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

12 Folio 330, reverso del expediente físico.Número Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material13 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»14.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas , que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio , adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la

utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos , no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues , ello desnaturalizaría la función de esta cl ase de instrumentos extraordinarios15.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión, establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite16 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 17, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta

13 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,

exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 16 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una inst ancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una

novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Número Interno: 1059-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Elena Ramírez Gil

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unas particularidades que le otorgan una entidad propia 18», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial19.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por es ta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado20:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en

Así, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado20:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garant ía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en

18 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.

18 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 1059-2018

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Accionado: Martha Elena Ramírez Gil

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relación con los núcleos esenciales que lo compon en»21 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 22.

2.4.3. Alcance de la causal invocada por la entidad recurrente - literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal invocada es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone que: «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la

artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal invocada es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone que: «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables », es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación , por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala advierte que, lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tengan la legitimación para accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada , que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación periódica, cuyo monto o cuantía , excede a lo legalmente previsto, buscando restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio financiero.

2.4.4. De la prima de vida cara.

Mediante Acuerdo 028 de 01 de diciembre de 1978, el Concejo Municipal de Medellín , creó una «prima d