CE - Sentencia 11001032500020180052000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Trece (13) de Noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2018-00520-00 (1891-2018)1

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Accionado : María Nelly Cabrera Otálora Trámite : Acción especial de revisión Tema : Revisión de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo de Casanare. Causales literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia d el Trece (13) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se confirma el fallo de primera instancia, del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por la señora María Nelly Cabrera Otálora.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende, se infirme la sentencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que confirmó la

1 Expediente híbrido. 2 Folios 516 a 549, expediente físico.Número Interno: 1891-2018

Accionante: UGPP

Accionada: María Nelly Cabrera Otálora

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sentencia condenatoria del Treinta (30) de Abril de Dos Mil Trece (2013) y, en su lugar, se declare que (i) existió falta de legitimación en la causa, toda vez que, la Caja Nacional de Previsión Social ( Cajanal), « […] no era la entidad llamada a satisface r las pretensiones de la demanda, habida cuenta de no ser la destinataria ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para la Seguridad Social en Salud»; y (ii) «[…] sobre la pensión de gracia reconocida en favor de la señora María Nelly Cabrera Otálora, deben realizarse los descuentos por concepto de salud, conforme lo dispuesto por la Ley 100 de 1993».

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que , la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E, con Resolución 9253 de Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Uno (2001), reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la señor a María Nelly

Social E.I.C.E, con Resolución 9253 de Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Uno (2001), reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la señor a María Nelly Cabrera Otálora, en cuantía equivalente a Novecientos Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro pesos, con Treinta y Cinco centavos ($940.684,35), efectiva a partir del Primero (1°) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999).

Aseguró que, con Resolución 10983 del Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Cuatro (2004), en cumplimiento a un fallo de tutela , Cajanal reliquidó la pensión gracia de la demandada, con el promedio de todos los factores de salario devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus de pensionada, elevando la cuantía a la suma de un millón cuatrocientos veinticinco mil setecientos sesenta y nueve pesos, con diecinueve centavos ($1.425.769,19), efectiva a partir del Primero (1°) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999).

Precisó que, la señora María Nelly Cabrera Otálora, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la legalidad del Oficio UGM-DP-CE08066-2011 de «11 de agosto de 2011» [Sic], que negó la solicitud de suspensión y devolución de los descuentos efectuados por concepto de salud.

El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, en sentencia del Treinta (30) de Abril de Dos Mil Trece ( 2013), accedió a las pretensiones de la

de los descuentos efectuados por concepto de salud.

El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, en sentencia del Treinta (30) de Abril de Dos Mil Trece ( 2013), accedió a las pretensiones de la demanda, disponiendo: (i) declarar probada la excepción de prescripción de los derechos reclamados por la demandante, antes al Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Ocho (2008); (ii) declarar la nulidad del Oficio UGM-DP-CE-08066-2011 de Diez (10) de Agosto de Dos Mil Once (2011); (iii) como consecuencia de la nulidad decretada , cesar todos los descuentos que v enía efectuando con destino al Fosyga, con cargo a la nómina de la pensionada, para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud,Número Interno: 1891-2018

Accionante: UGPP

Accionada: María Nelly Cabrera Otálora

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salvo aquellas que cobija el artículo 280 de la Ley 100 de 1993, con armonía con los artículos 27 y 204 Ibidem; y (iv) a título de restablecimiento del derecho, Cajanal, debía reintegrar a la señora María Nelly Cabrera, los descuentos que hubiere aplicado, a partir del Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Ocho (2008), por prescripción trienal, respecto de la pensión gracia que aquella devenga.

La anterior decisión, fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante providencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), el cual, quedó ejecutoriado el «12 de marzo de 2014».

La anterior decisión, fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante providencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), el cual, quedó ejecutoriado el «12 de marzo de 2014».

Con Resolución RDP 16353 del Veintiséis (26) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), la UGPP, dio cumplimiento a lo ordenado en las decisiones judiciales ; no obstante , mediante Resolución RDP 043800 de Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), la entidad, revocó tal acto administrativo, pues, en el inicial, se había dispuesto que la encargada de dar cumplimiento era Fosyga. En consecuencia, fue este último pronunciamiento de la Administración, el que, finalmente dispone la suspensión de los descuentos efectuados a la nómina de la pensionada y , la liquidación del retroactivo , debidamente indexado, de los aportes a salud realizados entre el Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Ocho (2008) y, el ingreso de nómina de aquella Resolución.

1.2 Sentencia objeto de revisión3

El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, con sentencia del Treinta (30) de Abril de Dos Mil Trece (2013), ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E, a (i) «[…] cesar todos los descuentos que viene efectuando con destino a FOSYGA, con cargo a la nómina que como pensionada se le hace a la señora María Nelly Cabrera Otálora […], para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo aquellas que cobija el art. 280 de la

cargo a la nómina que como pensionada se le hace a la señora María Nelly Cabrera Otálora […], para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo aquellas que cobija el art. 280 de la Ley 100 de 1993 en armonía con los art. 27 y 204 ibidem» ; y (ii) «[…] reintegrar a la señora María Nelly Cabrera Otálora […], los descuentos que se hayan aplicado, a partir del 27 de julio de 2008, por prescripción trienal, respecto de la pensió n gracia que devenga la demandante, salvo los que le correspondan en cumplimiento del art. 280 de la Ley 100 de 1993 o de las normas que lo sustituyan […] » [Sic en toda la cita].

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), confirmó la providencia de primera instancia, referida con precedencia. Como fundamento de la decisión, adujo que «[…] desde hace más de tres años,

3 Folios 330 a 338, expediente físico.Número Interno: 1891-2018

Accionante: UGPP

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en múltiples ocasiones se ha reiterado que no existe norma expresa alguna que imponga esa carga a los beneficiarios de la gracia [Sic] que por liberalidad la Nación les confirió desde el año 1913, progresivamente extendida, porque no es una pensión gob ernada por el sistema de la Ley 100 en torno a la cual se han producido diversas novedades legislativas, pero ninguna explícita que afiance el aludido descuento; ni

extendida, porque no es una pensión gob ernada por el sistema de la Ley 100 en torno a la cual se han producido diversas novedades legislativas, pero ninguna explícita que afiance el aludido descuento; ni siquiera la Ley 812 del 2003, porque esta niveló el monto (porcentaje) de los aportes que deben hacerse por los destinatarios del régimen especial de Ley 91 de 1989 (era del 5% en el FPSM) con los que deben hacer todos los del régimen contributivo de la Ley 100 (12 o 12,5%)» [Sic en toda la cita].

Además, enfatizó que, en concordancia con la l ínea horizontal de ese Tribunal, se ha estudiado que, la pensión gracia está regulada por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 91 1989, 37 de 1993 y 4 de 1996, las cuales, no disponen que la prestación esté sujeta a aportes; luego, al analizar las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y 812 del mismo año, se evidencia que «no establecieron suma alguna de aportes con cargo a esa pensión, ni para su financiación (porque es liberalidad de la Nación) ni para la prestación asistencial» ; concluyendo que, no es posible ef ectuar los descuentos por aportes a salud de la pensión gracia , por cuanto, no existe norma que imponga dicha carga para los docentes oficiales.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP, invocó las causales de revisión establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a), que dispuso la procedencia del recurso, «cuando el reconocimiento se haya

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP, invocó las causales de revisión establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a), que dispuso la procedencia del recurso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b), según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Adujo que, la sentencia cuya revisión solicita, ordenó el reintegro debitado por conceptos de aportes de salud sobre la pensión gracia y que se suspendieran estos descuentos, a pesar de la existencia de la obligación legal , de realizar los aportes al sistema de seguridad social en salud, en el porcentaje establecido en la Ley 100 de 1993.

Respecto de la primera causal, e xpuso que, la orden jud icial se obtuvo con violación al debido proceso, en tanto, existía falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto de la entidad demandada CAJANAL E .I.C.E en liquidación, habida cuenta que, nunca ha sido depositaria de los fondos o recursos que se recaudaban para la Seguridad Social.

Enfatizó que, si bien, los descuentos por concepto de seguridad social en salud se efectúan hoy por la UGPP, respecto de las pensiones reconocidas por la extinta CajanalNúmero Interno: 1891-2018

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E.I.C.E, tales recursos son girados con destino al Fosyga, Fondo de Solidaridad y

Accionante: UGPP

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E.I.C.E, tales recursos son girados con destino al Fosyga, Fondo de Solidaridad y Garantía, el cual, según Decreto 1283 de 1996, es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud, manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica, ni planta de personal propia; por lo que, en gracia de discusión, si la pretensión del medio de control tuviera prosperidad, Cajanal, hoy UGPP, no sería la llamada a satisfacerla, habida cuenta, de no ser la destinataria, ni depositaria de los fondos o recursos que se recaudan para seguridad social en salud.

En lo relativo a la segunda causal, precisó que, la cuantía del derecho reconocido en la sentencia objeto de revisión, excede lo debido de acuerdo con la ley, pues, las cotizaciones que se efectúan para cubrir el servicio de salud, están ligadas a la prestación sobre la cual se realizan, entre ellas, la pensión gracia, por ello, la suspensión de los descuentos que por concepto se hacen mes a mes, implica una erogación periódica con cargo a los recursos de la Nación.

Advirtió que, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), creado por la Ley 91 de 1989, como son los docentes oficiales, «[…] no se les aplica el sistema de seguridad social, por lo que, en principio podría pensarse que tal exclusión cobija a los beneficiarios de la pensión gracia. […] Sin embargo, debe analizarse la preceptiva en conjunto y detenerse

aplica el sistema de seguridad social, por lo que, en principio podría pensarse que tal exclusión cobija a los beneficiarios de la pensión gracia. […] Sin embargo, debe analizarse la preceptiva en conjunto y detenerse en lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que señala que la pensión gracia continúa a cargo de la Caja de Previsión, haciendo ver que tal prestación no es pagada por el [FOMAG], por lo que no se encuentra inmersa en la excepción hecha por el legislador».

Enfatizó que, en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, exceptúa la aplicación de las normas de la Ley 100 de 1993, en materia de salud, a los docentes vinculados con anterioridad a la vigencia de dicho estatuto, pues, hace referencia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, siendo claro que, la pensión gracia, no es pagadera por la citada entidad, sino por la Caja Nacional de Previsión Social. Desconociendo, además que, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, los pensionados de Cajanal, contribuían con el 5% de la mesada pensional, para la financiación de los servicios de salud, conforme el artículo 2° de la Ley 4ª de 1966.

Destacó que, la Ley 100 de 1993, estableció de manera general , la tasa de cotización para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud del 12%, sin importar el tipo de pensión y para mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones reconocidas con anterioridad al Primero (1°) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), así, el artículo 143 ibidem, dispuso un incremento en el monto de la mesada, equivalenteNúmero Interno: 1891-2018

con anterioridad al Primero (1°) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), así, el artículo 143 ibidem, dispuso un incremento en el monto de la mesada, equivalenteNúmero Interno: 1891-2018

Accionante: UGPP

Accionada: María Nelly Cabrera Otálora

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a la suma necesaria para cubrir, en el caso de los pensionados por Cajanal, la diferencia entre el 5% (porcentaje anterior) y el 12% (ahora establecido).

Concluyó que, la sentencia objeto de revisión , contrarió las disposiciones legales aplicables a la materia, al ordenar la nulidad del acto administrativo, que había decretado los descuentos por concepto de aportes en salud de la pensión gracia de la docente, razón por la cual, la misma debe dejar de tener efectos en el mundo jurídico.

1.4 Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio de la acc ión fue notificado personalmente , a la señora María Nelly Cabrera Otálora, a través de medios electrónicos, el Diecinueve (19) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)4, sin embargo, durante el término otorgado, guardó silencio.

1. 5 Ministerio Público.

No emitió concepto alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 5 y 20 de la Ley 797 de 2003 6, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo

en los artículos 249 del CPACA 5 y 20 de la Ley 797 de 2003 6, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada, cobró ejecutoria el Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014)8; la demanda fue

4 Índice 00069 expediente digital Samai 5 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 6 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 8 Folio 308 del expediente físico . Vale la pena advertir que, si bien, en los fundamentos fácticos se aduce que la ejecutoria de la providencia ocurrió el 12 de marzo de 2014, en atención a la constancia proferida por el Juzgado Tercero de Descongestión de YopalNúmero Interno: 1891-2018

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presentada el Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Dieciocho ( 2018)9, razón por la cual ,

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presentada el Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Dieciocho ( 2018)9, razón por la cual , no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA10.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la sentencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare , está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b), del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si fue expedida con violación del debido proceso , y si, la cuantía de la pensión reconocida a la accionada, excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones d e cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de

pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones d e cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito P úblico, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el p rocedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y, además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

(Folio 319 del expediente físico), lo cierto es que, la fecha que refiere la Sala obedece al sello de ejecutoria impuesto por el Tribunal en el edicto de notificación, visible en el folio inicialmente referido, la cual, coincide en cómputo con los términos legales. 9 Folio 550 del expediente físico. 10 La contabilización de los términos de la caducidad en los procesos de la Caja Nacional de Previsión Social quedaron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013Número Interno: 1891-2018

Accionante: UGPP

Accionada: María Nelly Cabrera Otálora

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desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013Número Interno: 1891-2018

Accionante: UGPP

Accionada: María Nelly Cabrera Otálora

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Dicha acción está orientada a restablecer la justicia material 11 y comporta una herramienta excepcional , que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el recono cimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»12.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica q ue se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso q ue dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios13.

causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios13.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 14 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis15, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso

11 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 14 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir

14 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales

y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Número Interno: 1891-2018

Accionante: UGPP

Accionada: María Nelly Cabrera Otálora

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extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia16», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial17.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre esta causal, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado18:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y

elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garant ía de non bis in ídem.»

La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe probar que la pensión o prestación periódica , fue expedida con violación del debido proceso , es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

16 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.

11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 1891-2018

Accionante: UGPP

Accionada: María Nelly Cabrera Otálora

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2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

2.4.4 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia

En principio, debe señalarse que la pensión gracia, se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida

En principio, debe señalarse que la pensión gracia, se considera una prestación especial oto