CE - Sentencia 11001032500020180052100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección social1

Demandados: Lucila González de Martínez, José Kenneth Martínez y Marta

Cecilia Arrieta Palencia

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Cuantía reconocida excede lo debido

Sentencia de única instancia _________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 7 de julio de 201 7 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión 2, por medio de la cual se negó una solicitud de cesión de unos derechos litigiosos y se confirmó la decisión de primera instancia emitida el 23 de agosto de 2016 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Lucila González de Martínez contra esa entidad.

23 de agosto de 2016 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Lucila González de Martínez contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 7 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Sucre, S ala Segunda de Decisión , que negó una solicitud

1 En lo que sigue Ugpp. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 70001-33-33-007-2014-00002-01, demandante: Lucila González de Martínez, demandado: Ugpp.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018) Demandante: Ugpp decesión de unos derechos litigiosos y confirmó la decisión del 23 de agosto de 2016 dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-007-2014-00002-00(01), a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Lucila González de Martínez contra esa entidad, encaminadas a l reconocimiento de una cuota alimentaria con cargo a la pensión de sobreviviente s otorgada a Marta Cecilia Arrieta Palencia como compañera permanente supérstite de Héctor Rodrigo Martínez Téllez.

contra esa entidad, encaminadas a l reconocimiento de una cuota alimentaria con cargo a la pensión de sobreviviente s otorgada a Marta Cecilia Arrieta Palencia como compañera permanente supérstite de Héctor Rodrigo Martínez Téllez.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de la sentencia del 7 de julio de 201 7; y ii) la declaratoria que Lucila González de Martínez no tiene derecho al reconocimiento del 15.6% por alimentos congruos de la pensión de sobreviviente que recibe Marta Cecilia Arrieta Palencia, así como que es la «única titular de los derechos litigiosos frente a la reclamación de pago de la pensión alimentaria que recibía del señor HÉCTOR RODRIGO MARTÍNEZ TÉLLEZ , como quiera que el derecho a pedir alimentos no puede cederse »; y iii) el establecer, de manera subsidiaria, que el pago no procede de manera retroactiva, sino a partir de la ejecutoria del fallo del Tribunal o, en su defecto, que tal descuento se efectué de la mesada pensional que percibe Marta Cecilia Arrieta Palencia.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. El Juzgado Veinte Civil Municipal de Bogotá, por medio de sentencia del 30 de junio de 1982, condenó a Héctor Rodrigo Martínez Téllez a suministrar alimentos congruos por toda la vida de su legitima esposa Lucila González de Martínez, por una suma de $2.50 0, la que fue aumentada por el despacho judicial a través de providencia del 10 de junio de 1986 y, en consecuencia, su monto se elevó a $18.386.

una suma de $2.50 0, la que fue aumentada por el despacho judicial a través de providencia del 10 de junio de 1986 y, en consecuencia, su monto se elevó a $18.386.

3.2. Con la Resolución 08616 del 31 de agosto de 1989, la Caja Nacional de Previsión Social3, hoy Ugpp, le reconoció a Héctor Rodrigo Martínez Téllez una pensión de jubilación en cuantía de $55.842.41, a partir del 1 de julio de 1988; no obstante, su disfrute fue condicionado al retiro del servicio.

3.3. Mediante la Resolución 5674 del 21 de agosto de 1992, Cajanal reliquidó la pensión de jubilación y, por tanto, su monto resultó en $76.989.06, efectiva desde el 1 enero de 1990.

3 En adelante Cajanal.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018) Demandante: Ugpp 3.4. Inconforme con lo decidido en la anterior resolución , el beneficiario de la prestación interpuso recurso de reposición en su contra, el que fue resuelto a través de la Resolución 038642 del 19 de octubre de 1993, en la cual se modificó el artículo 1 del acto administrativo para disponer que la cuantía de la pensión era de $172.171.87, a partir del 1 de enero de 1990.

3.5. En audiencia pública desarrollada el 22 de enero de 1996 por el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá, se llegó a una conciliación entre Héctor Rodrigo

3.5. En audiencia pública desarrollada el 22 de enero de 1996 por el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá, se llegó a una conciliación entre Héctor Rodrigo Martínez Téllez y Lucila González de Martínez en la que se acordó el pago de la cuota alimentaria en un 15.6% de la pensión de jubilación que a aquel le fue reconocida.

3.6. Héctor Rodrigo Martínez Téllez falleció el 5 de junio de 2011, según registro de defunción 07052397.

3.7. En escrito radicado en la liquidada Cajanal el 17 de agosto de 2011, Lucila González de Martínez solicitó el cumplimiento del fallo del Juzgado Veinte Civil Municipal de Bogotá del 30 de junio de 1982, lo cual fue negado por la entidad por medio de la Resolución UGM 015639 del 28 de octubre de 2011, toda vez que «no procede la solicitud de reconocer el 15.6% por concepto de alimentos sobre la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del causante, teniendo en cuenta que los alimentos hacen parte de la masa sucesoral del causante» (sic).

3.8. Posteriormente, solicitó a la Ugpp el reconocimiento de la pensión de sobreviviente con ocasión de la muerte de Héctor Rodrigo Martínez Téllez, la que fue negada por la entidad mediante la Resolución 011603 del 12 de octubre de

2012. En este acto administrativo se le otorgó la prestación a Marta Cecilia Arrieta Palencia como compañera permanente supérstite de aquel en un 100%, a partir del 6 de junio de 2011.

2012. En este acto administrativo se le otorgó la prestación a Marta Cecilia Arrieta Palencia como compañera permanente supérstite de aquel en un 100%, a partir del 6 de junio de 2011.

3.9. A través de la s resoluciones 4434 del 31 de enero de 2013 y 5332 del 6 de febrero de ese año, la Ugpp confirmó el anterior acto administrativo al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos en su contra, respectivamente.

3.10. Mediante sentencia del 23 de agosto de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, al desatar una demanda presentada por Lucila González de Martínez contra la Ugpp, resolvió lo siguiente:

«1°. DECLARAR la nulidad del Oficio No. 20135021916701 expedido por el subdirector de nómina de pensionados de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección social, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018)

Demandante: Ugpp

2°. DECLARAR la nulidad parcial de la RDP 011603 de 12 de octubre de 2012 expedida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensiónales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP que reconoció una pensión de sobrevivientes en un 100% a favor de la señora MARTA CECILIA ARRIETA FALENCIA como Conyugué

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP que reconoció una pensión de sobrevivientes en un 100% a favor de la señora MARTA CECILIA ARRIETA FALENCIA como Conyugué Sobreviviente del señor HÉCTOR RODRIGO MARTÍNEZ TÉLLEZ.

3°. Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento del derecho SE ORDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, deduzca de la mesada pensional reconocida a la señora MARTA CECILIA ARRIETA FALENCIA, como beneficiaria del señor HÉCTOR RODRIGO MARTÍNEZ TÉLLEZ, el 15.6% a favor de la señora LUCILA GONZÁLEZ MARTÍNEZ identificada con la Cédula de Ciudadanía N 20.007.029 por concepto de cuota alimentaria vit alicia otorgada mediante sentencia judicial proferida el 30 de junio de 1982 y conciliada el día 22 de enero de 1996.

De igual forma, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP deberá pagara la demandante el retroactivo correspondiente alas cuota de alimento del 15.6% dejadas de percibir desde el mes de abril de 2011 hasta la fecha que se realice su pago y que debieron ser cargadas a la pensión del señor HÉCTOR TÉLLEZ, lo cual se pagará con los reajustes de ley y debidamente indexados hasta la fecha de la ejecutoria de esta sentencia.

Se advierte que el pago del retroactivo antes descrito está a cargo directamente de la

los reajustes de ley y debidamente indexados hasta la fecha de la ejecutoria de esta sentencia.

Se advierte que el pago del retroactivo antes descrito está a cargo directamente de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL mas no de la señora MARTA CECILIA ARRIETA FALENCIA ni de lo a ella reconocido y pagado como sustituta pensional del señor HÉCTOR MARTÍNEZ TÉLLEZ» (sic).

3.11. La anterior decisión fue apelada por la Ugpp y a través de la sentencia recurrida fue confirmada en sede de segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión. Además, se negó una solicitud de cesión de derechos litigiosos.

3.12. Por la Resolución RDP 009005 del 8 de marzo de 2017, la Ugpp negó una solicitud de cumplimiento del fallo del 23 de agosto de 2016, pues no se allegó la documentación requerida para ello.

3.13. Mediante auto del 30 de octubre de 2017, el Juzg ado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo aceptó «la cesión de los derechos litigiosos suscrita mediante contrato de 25 de julio de 2016 entre la señora LUCILA GONZÁLEZ DE MARTÍNEZ en calidad de cedente (tradente) y el señor JOSÉ KENNETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ en calidad de cesionario (adquiriente)» (sic). Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«(…) El señor JOSÉ KENNETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ pretende ser reconocido como5

GONZÁLEZ en calidad de cesionario (adquiriente)» (sic). Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«(…) El señor JOSÉ KENNETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ pretende ser reconocido como5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018) Demandante: Ugpp cesionario de los derechos litigiosos dentro del presente proceso de la demandante, la

señora LUCILA GONZÁLEZ DE MARTÍNEZ.

“Cabe advertir, que el Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia del 7 de julio de 2017, además de confirmar la sentencia del 23 de agosto de 2016 dictada por este Juzgado decidió “negar la solicitud de cesión de derechos litigiosos con base en lo siguiente:

“En último orden en lo concerniente a la cesión de derechos litigiosos como quiera que el documento de cesión de derechos litigiosos fue allegado por el cesionario en fotocopia, esta será negada”.

“Como vemos la negativa del Tribunal Administrativo de Sucre para aceptar la cesión de derechos litigiosos celebrada entre la señora LUCILA GONZÁLEZ DE MARTÍNEZ y el señor JOSÉ KENNETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ no obedeció a una razón sustancial, sino formal, de manera que no hubo, por ello, un pronunciamiento de fondo; de manera que, la cosa juzgada a la que alude el artículo 243 de la Constitución Política no opera en este caso y, por tanto, nada impide al Juzgado pronunciarse por primera vez acerca de la cesión de derechos litigiosos planteada por el señor JOSÉ KENNETH MARTÍNEZ

en este caso y, por tanto, nada impide al Juzgado pronunciarse por primera vez acerca de la cesión de derechos litigiosos planteada por el señor JOSÉ KENNETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ o que se inicie un nuevo debate de este tema...

“Aclarado lo anterior, observa el Juzgado que obra dentro del proceso, copia del contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado el 25 de julio de 2016, entre la señora LUCILA GONZÁLEZ DE MARTÍNEZ en calidad de cedente (tradente) y el señor JOSÉ KENNETH MARTÍNEZ GONZÁLEZ en calidad de cesionario (adquiriente) en el que consta que la primera transfirió al segundo los derechos que le corresponden o pueda corresponder/e en el proceso administrativo contra la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP que se encuentran en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo -Sucre, radicado No 7000133330072014 -00002" a título oneroso por la suma de $20.000.000...

“De otra parte advierte el Juzgado que dentro del proceso obra copia autentica del registro civil de defunción de la se ñora LUCILA GONZÁLEZ DE MARTÍNEZ en el que consta que su deceso ocurrió el 23 de agosto de 2016 por lo que corresponde hacer la respectiva sucesión procesal por causa de muerte prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso…» (sic).

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 7 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala

General del Proceso…» (sic).

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 7 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, confirmó la decisión del 23 de agosto de 2016 emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo. Además, negó una solicitud de cesión de derechos litigiosos.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:

4 Folios 343 a 2516

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018) Demandante: Ugpp 5.1. De conformidad con lo previsto en el Código Civil 5, los alimentos se deben durante toda la vida del alimentario, obligación que no cesa con el fallecimiento del deudor, ni con la finalización del vínculo matrimonial.

5.2. Así entonces, la obligación de suministrar alimentos que nació de la orden judicial que favoreció a Lucila González de Martínez no se ha extinguido con la muerte de Héctor Rodrigo Martínez, de tal manera que su vigencia implicaba la continuidad de esta, que antes era percibida en virtud de los descuentos del salario, luego de la pensión de jubilación y ahora de las mesadas correspondientes a la pensión de sobrevivientes reconocida a favor de Marta Cecilia Arrieta Palencia.

5.3. En el caso concreto, la obligación nació antes de que el deudor conformara un nuevo patrimonio común con su nueva compañera. Aunado a ello, no se demostró que las circunstancias que dieron lugar a su origen hayan cambiado, es decir, que

nuevo patrimonio común con su nueva compañera. Aunado a ello, no se demostró que las circunstancias que dieron lugar a su origen hayan cambiado, es decir, que la beneficiaria contara con capacidad económica para subsistir.

5.4. La finalidad de la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional ha sido la de proteger la familia del trabajador que depende económicamente de él. En el caso de Lucila González de Martínez, ello ocurrió con respecto del fallecido por 29 años, aun cuando aquel con posterioridad conformara un nuevo núcleo familiar.

5.5. En la sentencia T-177 de 2013, con igual situación fáctica a la del caso concreto, la Corte Constitucional «analizó la extinción del derecho a no recibir alimentos por la muerte del ex cónyuge, “pues la necesidad de percibirlos permaneció en el tiempo, y el pago la cuota fue ordenada a través de sentencia judicial”, considerando entonces que la cuota alimentaria podía seguir cargándose a la pensión del causante, sustituida en cabeza de su segunda esposa » (sic). En esta providencia se reiteró lo considerado en la sentencia T-1096 de 1998, en la que se sostuvo lo siguiente:

«(…) que los derechos alimentarios que se establecieron mediante sentencia judicial sobre el 20% de la pensión de invalidez que en vida tenía el señor YY, repercuten necesariamente en la sustitución de dicha prestación, dado que esta última renta puede garantizar derechos reconocidos en una decisión judicial, máxime cuando las circunstancias que legitimaron los alimentos aún permanecen en el tiempo, sin que ello signifique, el reconocimiento, a la demandante, de beneficiaria de la sustitución pensional del señor YY».

garantizar derechos reconocidos en una decisión judicial, máxime cuando las circunstancias que legitimaron los alimentos aún permanecen en el tiempo, sin que ello signifique, el reconocimiento, a la demandante, de beneficiaria de la sustitución pensional del señor YY».

5.6. En este sentido, de la mesada pensional otorgada a Marta Cecilia Arrieta Palencia como cónyuge supérstite de Héctor Rodrigo Martínez Téllez era procedente deducirse la cuota alimentaria fijada por orden judicial a favor de Lucila González de Martínez.

5 En lo que sigue CC.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018)

Demandante: Ugpp

5.7. En relación con la solicitud de cesión de derechos litigiosos, comoquiera que «el documento de cesión de derechos litigiosos fue allegado por el cesionario en fotocopia» (sic), debía ser negada.

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. De conformidad con lo establecido en el C C, los alimentos hacen parte del pasivo sucesoral y por tanto en caso de muerte del causante su estudio es propio de un proceso de sucesión, en el cual se define su futuro y la posible confusión que se presente en el alimentario, quien, en virtud del fallecimiento del causante, puede ser deudor y acreedor de la masa sucesoral.

6.2. Si bien la obligación alimentaria no se extingue con la muerte del alimentante,

que se presente en el alimentario, quien, en virtud del fallecimiento del causante, puede ser deudor y acreedor de la masa sucesoral.

6.2. Si bien la obligación alimentaria no se extingue con la muerte del alimentante, lo cierto es que la reclamación de su pago es propia de un proceso de sucesión y la deuda estaría a cargo de la masa sucesoral.

6.3. Aunado a lo anterior, pudiera ser que aquella no fuera la única heredera del causante, por lo que era necesario adelantar un proceso de sucesión para integrar la masa con todos los bienes del fallecido y la identificación de todos sus herederos, «lo que al parecer nunca ocurrió».

6.4. No era posible la cesión de los derechos litigiosos tal y como fue decretado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo a favor de José Keneth Martínez González.

6.5. Sin perjuicio de lo anterior, p agar el retroactivo ordenado sería reconocer un doble pago, pues la entidad ya pagó en un 100% la pensión de sobrevivientes sobre la cual se debe reconocer la cuota alimentaria.

6.6. Así entonces, la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley.

6 Folios 532 a 537.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018) Demandante: Ugpp 1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. José Kenneth Martínez y Marta Cecilia Arrieta Palencia no se pronunciaron en la instancia procesal pese a haber sido notificados en debida forma, tal y como se

Demandante: Ugpp 1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. José Kenneth Martínez y Marta Cecilia Arrieta Palencia no se pronunciaron en la instancia procesal pese a haber sido notificados en debida forma, tal y como se advirtió en auto del 28 de febrero de 20247.

8. Valga señalar, que durante el trámite de esta instancia procesal la Ugpp manifestó que Lucila González de Martínez había fallecido el 23 de agosto de 2016, de conformidad con el registro civil de defunción 9016047 de la Registraduría

Nacional del Estado Civil8.

1.4. Concepto del Ministerio Público

9. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo9, que estableció:

«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

11. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

12. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del

competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

12. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a

7 Samai, índice 34, actuación «Auto que decreta pruebas », documento «28AUTOQUEDECRET_189218SEABREAPRUEBAS(.pdf) NroActua 34». 8 Samai, índice 31, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE », documento «23_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 31». 9 En lo que sigue CPACA. 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018) Demandante: Ugpp partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

13. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 18 de julio de 2017 y la presente acción fue radicada el 4 de abril de 201811, lo que permite concluir que se presentó en oportunidad.

2.3. El problema jurídico

14. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la cuantía del derecho reconocido a Lucila González de Martínez excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido al reconocimiento de una cuota alimentaria deducida de la pensión de sobrevivientes que se le otorgó a Marta Cecilia Arrieta Palencia como compañera

Lucila González de Martínez excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido al reconocimiento de una cuota alimentaria deducida de la pensión de sobrevivientes que se le otorgó a Marta Cecilia Arrieta Palencia como compañera supérstite de Héctor Rodrigo Martínez Téllez, junto con su retroactivo, y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 12 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.

11 Tal y como se indicó en el auto del 13 de mayo de 2019. Folios 557 a 563.

al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.

11 Tal y como se indicó en el auto del 13 de mayo de 2019. Folios 557 a 563. 12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018)

Demandante: Ugpp

18. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes14:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de lo s recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

19. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se

14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.11

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00521-00 (1892-2018) Demandante: Ugpp encuadren en dichas causales»15.

20. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación16 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a