CE - Sentencia 11001032500020180053100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicado: 11001-03-25-000-2018-00531-00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y Municipio de Santiago de Cali

Temas:

Legalidad del acto administrativo que dispuso el recaudo de recursos para financiar un concurso de méritos.

Sentencia de única instancia

ASUNTO

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1. Carolina López Calvache presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución CNSC 20472320062615 del 25 de octubre de 2017 «[p]or la cual se dispone el recaudo de uno dineros provenientes de la alcaldía de Santiago de CaliValle

Resolución CNSC 20472320062615 del 25 de octubre de 2017 «[p]or la cual se dispone el recaudo de uno dineros provenientes de la alcaldía de Santiago de CaliValle del Cauca identificada con Nit 890.399.011 -3 para financiar los costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección por mérito que se adelantara para proveer las vacantes definitivas de la planta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa».

1.1.1. Fundamentos fácticos

2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

1 Folios 1 a 29. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 11001 03 25 000 2018 00531 00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

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2.1. El 25 de octubre de 2017, el presidente de la CNSC expidió la Resolución CNSC 20472320062615 en la que dispuso el recaudo de los recursos para financiar el concurso de méritos para los empleos de carrera administrativa de la planta de personal de la alcaldía de Santiago de Cali . En el acto se determinó que el ente territorial debía hacer dos pagos. El primero antes del 15 de diciembre de 2018 por valor de $650.326.000; y el segundo por un monto de $2.617.674.000 antes del 30 de junio de 2018.

2.2. El 17 de noviembre de 2017, la alcaldía de Santiago de Cali expidió la

$2.617.674.000 antes del 30 de junio de 2018.

2.2. El 17 de noviembre de 2017, la alcaldía de Santiago de Cali expidió la Resolución 4137.010.21.0.231 en la que ordenó un gasto a favor de la CNSC por los valores descritos.

2.3. El 28 de noviembre de 2017, la CNSC profirió el Acuerdo CNSC20171000000256 con el que estableció las reglas del concurso de méritos para proveer las vacantes de los empleos de carrera administrativa de la alcaldía de Santiago de Cali.

2.4. El 15 de enero de 2018, la CNSC publicó el acuerdo en su página web.

2.5. Ni en la página web de la CNSC ni en el SECOP se publicó algún contrato interadministrativo entre tal entidad y el municipio de Santiago de Cali que soportara el cobro efectuado con la resolución demandada y el pago hecho por el ente territorial.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales, se señalaron los artículos 1, 6, 121, 123, 287 de la Constitución Política; 31 de la Ley 909 de 2004; 9 de la Ley 1033 de 2006; 38 de la Ley 996 de 2005; 71 del Decreto 111 de 1996; y 12 de la Ley 819 de 2003. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto acusado estaba viciado de nulidad por

lo siguiente:

3.1. La CNSC expidió la resolución demandada sin competencia y, por ende, vulneró el principio de legalidad. Ello, porque actuó «sin haber suscrito un convenio

lo siguiente:

3.1. La CNSC expidió la resolución demandada sin competencia y, por ende, vulneró el principio de legalidad. Ello, porque actuó «sin haber suscrito un convenio administrativo para el efecto » y sin haber expedido la convocatoria de manera conjunta con el jefe de la entidad beneficiaria en contravía de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. En la demanda se citaron los textos de varias sentencias del Consejo de Estado en las que se estudió el alcance del principio aludido3.

3.2. Con el acto administrativo se desconoció el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006 porque ordenó el recaudo de dinero «antes de determinar que el valor recaudado por derechos de participación en el concurso [eran] insuficientes» (sic).

3.3. La resolución vulneró el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 [Ley de Garantías Electorales], puesto que dispuso el recaudo de los recursos con

3 Se Citó de la Sala de Consulta y Servicio Civil la providencia del 19 de agosto de 2016, radicado

11001030600020160012800. De la Corte Constitucional las sentencias C -414 de 2012, 355 de 2008, C-513 de 1994, C-37 de 2000.3

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Demandante: Carolina López Calvache

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamento en la convocatoria prevista en el Acuerdo CNSC-20171000000256, como si fuera un «convenio interadministrativo».

3.4. De considerarse que el acuerdo de convocatoria era un convenio de tal naturaleza, se vulneró también la ley referida porque se celebró en un periodo en el que estaba vigente la restricción para la suscripción de este tipo de acuerdos, pues la norma l o prohibió desde el 11 de noviembre de 2017. Además, la convocatoria para ser tenida como tal debió ser suscrita por el jefe de la entidad de los cargos a proveer.

3.5. La CNSC con el acto enjuiciado violó el contenido de los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 12 de la Ley 819 de 2003, toda vez que ordenó que el pago se hiciera en dos consignaciones en vigencias fiscales diferentes sin la autorización que se requería del concejo municipal para comprometer vigencias futuras.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Comisión Nacional del Servicio Civil4

4. La entidad contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con fundamento

en los siguientes argumentos:

4.1. Esta entidad junto con el municipio de Santiago de Cali inici ó la planeación y ejecución del concurso de méritos para proveer las vacantes de los empleos de carrera administrativa de la alcaldía municipal desde el año 2015. En desarrollo de tal ejercicio la entidad territorial entregó como insumos el manual de funciones

ejecución del concurso de méritos para proveer las vacantes de los empleos de carrera administrativa de la alcaldía municipal desde el año 2015. En desarrollo de tal ejercicio la entidad territorial entregó como insumos el manual de funciones y competencias laborales, la oferta pública de empleos [OPEC], lo s ejes temáticos y la información relacionada con las pruebas a aplicar. Por tal razón, el 28 de noviembre de 2017 se expidió el acuerdo de convocatoria. Además, se compiló este con otras convocatorias mediante el Acuerdo CNSC -20181000003606 del 7 de septiembre de 2018 que suscribió el alcalde municipal. Todo lo anterior, demostró la anuencia de la entidad territorial para la realización del concurso.

4.2. La financiación del proceso de selección se coordinó en varias reuniones con la alcaldía del municipio de Santiago de Cali. La CNSC con oficio 20172320387291 del 30 de agosto de 2017 informó al ente territorial sobre los costos del trámite. A su vez, este con Oficio 201760000639492 del 22 de septiembre de ese año manifestó que contaba con la disponibilidad presupuestal y propuso un pago durante la vigencia fiscal 2017 [$650.326.000] y otro en la del 2018 [$2.627.674.000]. Por tal motivo, se expidió el acto administrativo demandado para el recaudo de los recursos.

4.3. En consecuencia , no era cierto que la CNSC comprometió de manera autónoma los recursos del municipio de Santiago de Cali ni que creó obligaciones a su cargo. Por el contrario, la gestión administrativa de recaudo se adelantó de forma previa a la expedición del acto enjuiciado, fue coordinada con la planeación

4 Folios 226 a 231.4

a su cargo. Por el contrario, la gestión administrativa de recaudo se adelantó de forma previa a la expedición del acto enjuiciado, fue coordinada con la planeación

4 Folios 226 a 231.4

Radicado: 11001 03 25 000 2018 00531 00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presupuestal de la entidad beneficiaria y no la obligó a comprometer vigencias futuras.

4.4. El proceso de selección se inició en cumplimiento de un deber constitucional de la CNSC y de la entidad territorial y de los principios de coordinación y colaboración previstos en los artículos 113 y 209 de la Carta Política. Por lo tanto, para su desarrollo no era necesario que se suscribiera un convenio interadministrativo entre ambas entidades. Tal acuerdo procedía para la realización de las pruebas, pues el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 dispuso que, para tal efecto, la CNSC debía celebrarlo con enti dades de educación superior.

4.5. El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 no ordenó que la convocatoria al concurso debía ser suscrita por los representantes legales de la CNSC y de la entidad beneficiaria del concurso de manera conjunta, puesto que en su redacción usó la «coma» y no utilizó la conjunción copulativa «y» . Además, porque a la CNSC le correspondía por mandato constitucional la administración del sistema de carrera administrativa y porque el querer del legislador era que reemplazara al jefe de la

«coma» y no utilizó la conjunción copulativa «y» . Además, porque a la CNSC le correspondía por mandato constitucional la administración del sistema de carrera administrativa y porque el querer del legislador era que reemplazara al jefe de la entidad beneficiaria, lo cual se plasmó en las discusiones en el Congreso de la República, específicamente, con la proposición aprobada el 17 de junio de 2004 en el Senado de la República [citó el texto]. Todo lo cual se desarrolló también en los Decretos 1227 de 2005 [artículo 13] y 1083 de 2015 [artículo 2.2.6.3].

1.2.2. Municipio de Santiago de Cali5

5. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes

razones de la defensa:

5.1. Entre la CNSC y el municipio se hizo una planeación conjunta del concurso de méritos. En esa línea se hicieron reuniones en las que se explicó el sistema SIMO y la Oferta Pública de Empleo [19 de abril de 2017], se consolidaron las pruebas a aplicar [7 de junio de 2017], la entidad territorial entregó el reporte de las vacantes existentes y la CNSC determinó el valor del concurso con la información recibida [30 de agosto de 2017], el 25 de octubre de 2017 se expidió el acto demandado en el que dispuso el recaudo de los recursos, luego se emitió el acto de convocatoria del concurso [28 de noviembre de 2017] , después el municipio modificó la OPEC e informó a la CNSC [7 de junio de 2018] y esta modificó la convocatoria con el Acuerdo 20181000001166 del 15 de junio de 2018.

municipio modificó la OPEC e informó a la CNSC [7 de junio de 2018] y esta modificó la convocatoria con el Acuerdo 20181000001166 del 15 de junio de 2018.

5.2. El municipio adoptó las medidas presupuestales necesarias de acuerdo con el Decreto 111 de 1996 para garantizar los recursos para el concurso de méritos desde que conoció la Circular 05 de 2016 de la CNSC que advertía sobre la obligación de convocarlo para los empleos vacantes. Tal financiación se incluyó en «la liquidación del presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal de 2018 (Decreto 411.020.0705 de diciembre 27 de 2017)».

5.3. De este modo, la CNSC y el municipio desarrollaron el proceso de selección de forma mancomunada en cumplimiento de los principios de colaboración y

5 Folios 245 a 277.5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co coordinación. Por lo tanto, no era cierto que la CNSC hubiese comprometido recursos del ente territorial de manera autónoma y unilateral.

5.4. El concurso de méritos se realizó en cumplimiento de un deber constitucional y legal del municipio y de la CNSC. En ese sentido, no era obligatorio la existencia de un convenio interadministrativo entre ambas entidades.

5.5. El acto administrativo demandado era de trámite, por lo que no era susceptible

y legal del municipio y de la CNSC. En ese sentido, no era obligatorio la existencia de un convenio interadministrativo entre ambas entidades.

5.5. El acto administrativo demandado era de trámite, por lo que no era susceptible de ser demandado, puesto que dispuso el recaudo de los recursos para financiar el concurso de méritos, no puso fin a ninguna etapa de la actuación administrativa ni creo o modificó alguna situación jurídica particular.

5.6. El acto de convocatoria cumplió con lo dispuesto en los artículos 31.1 de la Ley 909 de 2004 , 2 y 13 del Decreto 1227 de 2005 y 2.2.6.3. del Decreto 1083 de 2015 y cumplió con su finalidad , pues particip aron muchas personas del territorio nacional. Además, era clara la planeación y desarrollo conjunto del proceso de selección entre la CNSC y el ente territorial, por lo que su validez no podía reducirse a un requisito formal como que hubiese sido firmada por el representante de esta última.

5.7. Tal exigencia desconoc ía que el artículo 130 de la Carta Política otorgó autonomía e independencia a la CNSC para administrar la carrera administrativa, por lo que no debía sujetarse a otra entidad del Estado para cumplir tal función. Ello lo definió así la jurisprudencia en diversas sentencias como la C -1230 de 2005, C-1175 de 2005, C-471 de 2013, C-518 de 2016.

5.8. Se configuró la excepción de « inepta demanda», puesto que la resolución demandada era un acto de trámite no susceptible de control judicial . Además, porque el escrito inicial no cumplió con el requisito formal de exponer las normas

5.8. Se configuró la excepción de « inepta demanda», puesto que la resolución demandada era un acto de trámite no susceptible de control judicial . Además, porque el escrito inicial no cumplió con el requisito formal de exponer las normas violadas y el concepto de violación , sino que se sustentó en premisas jurídicas falsas que no podían probarse.

5.9. Finalmente, se debía declarar probadas las excepciones que se encontraran configuradas «innominadas».

1.3. Medida cautelar6

6. Mediante auto del 25 de julio de 2023 se resolvió la solicitud de medida cautelar.

A partir de los argumentos expuestos por la demandante en relación con la legalidad del acto demandado expedido por la CNSC, la providencia consideró:

6.1. De acuerdo con la sentencia del 31 de enero de 2019 proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado , si bien el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 ordenaba que la convocatoria fuera suscrita por la CNSC y las entidades beneficiarias de dichos procesos de selección, en los casos en que solo la hubiese firmado el representante de la primera n o procedía la anulación del acto si se dem ostraba que la segunda entidad participó en la etapa de planeación de la convocatoria « pues, se entiende cumplido el fin de la norma, que

6 Índice 24, Samai.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co está referido a garantizar que los concursos de méritos se desarrollen en un marco de coordinación interadministrativa».

6.2. En el presente ca so, la Convocatoria 437 de 2017 solo la suscribió el representante legal de la CNSC; no obstante, la revisión de los antecedentes administrativos permitió evidenciar las labores de colaboración, coordinación y planeación previas que existieron entre la CNSC y la alcaldía de Santiago de Cali, puesto que acordaron la apropiación presupuestal, la actualización de la OPEC, se aportó el manual de funciones, entre otras. Por lo tanto, se probó que s e adelantó un proceso de forma conjunta y coordinada entre la CNSC y la entidad convocante, con lo que se cumplieron los principios constitucionales de colaboración y coordinación interinstitucional y el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004.

6.3. Sobre la presunta falta de competencia de la CNSC para imponer de manera unilateral obligaciones presupuestales a la alcaldía de Santiago de Cali, se debía tener en cuenta que a dicha entidad le fue asignada la función constitucional de administrar la carrera administrativa y , dentro de ella, la de participar en su planeación por mandato del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 . A su vez, a las unidades de personal de las entidades les correspondía calcular el costo del proceso [artículo 17 de la Ley 909 de 2004]. Asimismo, por mandato del artículo 30 ibidem, la financiación del proceso le incumbía a la entidad beneficiaria del

unidades de personal de las entidades les correspondía calcular el costo del proceso [artículo 17 de la Ley 909 de 2004]. Asimismo, por mandato del artículo 30 ibidem, la financiación del proceso le incumbía a la entidad beneficiaria del concurso que debía provisionar los recursos necesarios.

6.4. La demandante inter pretó de forma errada el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, al considerar que la CNSC debía suscribir un convenio interadministrativo para poder ordenar el recaudo de los recursos para financiar el concurso, por cuanto la norma solo se refería a la obligación de firmarlo con entidades de educación superior para desarrollar el proceso de selección.

6.5. En principio, no podía deducirse que la CNSC vulneró los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 12 de la Ley 819 de 2003, por imponer de forma unilateral a la alcaldía de Santiago de Cali obligaciones presupuestales que comprometieron vigencias futuras. Por mandato del artículo 30 de la Ley 909 de 2004 era al ente territorial al que le correspondía pagar los gastos del concurso. Además, la falta del certificado de disponibilidad presupuestal no afectaba la validez de este por ser un acto preparatorio.

6.6. Comoquiera que al municipio beneficiario le incumbía sufragar los costos del proceso de selección por mandato de la Ley 909 de 2004, no era necesario suscribir un convenio interadministrativo para el cobro . Adicionalmente, no se vulneró el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 [ley de garantías] porque esta no prohibía proveer las vacantes en su vigencia cuando era por concurso de méritos.

6.7. En el presente caso, la CNSC comunicó a la entidad convocante el costo del

prohibía proveer las vacantes en su vigencia cuando era por concurso de méritos.

6.7. En el presente caso, la CNSC comunicó a la entidad convocante el costo del concurso de méritos y esta a su vez presupuest ó los recursos para el pago. Y aunque el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006 establec ió que el valor deb ía calcularse una vez recaudado el valor de la inscripción, ello no significaba que la entidad estuviera impedida para apropiar recursos para financiar el trámite.7

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Demandante: Carolina López Calvache

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. Decisión sobre excepciones previas

7. El auto del 01 de marzo de 20247 resolvió las excepciones previas y declaró «no probadas las excepciones de «inepta demanda», «innominada», «inexistencia de causal de nulidad» y «subsidiarias» propuestas por el municipio de Santiago de Cali,

con fundamento en lo siguiente:

7.1. Aunque la «inepta demanda » se fundamentó en el incumplimiento con el requisito formal de señalar las normas violadas y el concepto de violación, lo cierto es que sí se hizo y tales argumentos de estudiaron incluso al resolver la medida cautelar. En todo caso, la excepción no debía prosperar porque buscaba cuestionar la razón jurídica de la demanda.

8. Sobre las excepciones «innominada», « inexistencia de causal de nulidad » y

medida cautelar. En todo caso, la excepción no debía prosperar porque buscaba cuestionar la razón jurídica de la demanda.

8. Sobre las excepciones «innominada», « inexistencia de causal de nulidad » y «subsidiarias» se debía precisar que no eran verdaderos medios exceptivos que se subsumieran en los eventos señalados en los artículos 100 del CGP y 175 del CPACA. En realidad, se trataba de argumentos de fondo para defender la legalidad de los actos administrativos censurados, y por lo tanto deberá ser estudiado en la sentencia que resuelva el fondo del asunto.

1.5. Trámite del proceso

9. Mediante auto del 30 de julio de 2024 8 se adoptó el trámite para proferir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al encontrarse acreditado que el caso presente se trata ba de un asunto de puro derecho. De este modo, se incorporaron al proceso las pruebas documentales allegadas, se dispuso su traslado en los términos del artículo 110 del CGP y se fijó el litigio de la siguiente manera: «[l]a demanda y las contestaciones de esta permiten establecer que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si el acto demandado fue expedido con falta de competencia y desconocimiento de las normas en las que debía fundarse».

10. En la providencia también se ordenó correr traslado por el término de 10 días para que las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal oportunidad procesal intervinieron los siguientes sujetos procesales:

10.1. La parte demandante no presentó alegatos de conclusión9.

para que las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal oportunidad procesal intervinieron los siguientes sujetos procesales:

10.1. La parte demandante no presentó alegatos de conclusión9.

10.2. La CNSC se refirió a sus competencias constitucionales y legales para administrar el sistema de carrera administrativa y ratificó todos los argumentos expuestos en la contestación de la demanda sin agregar alguno nuevo10.

10.3. Municipio de Santiago de Cali . La entidad insistió en los expuestos en la contestación de la demanda11.

7 Índice 29, Samai. 8 Índice 34, Samai. 9 Índice 44, Samai. Constancia secretarial. 10 Índice 39, Samai. 11 Índice 42, Samai.8

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

11. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos expedidos po r las autoridades del orden nacional.

Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 13 12, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del

actos administrativos expedidos po r las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 13 12, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 13 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problemas jurídicos

12. Sin desconocer la fijación del litigio realizada en auto del 30 de julio de 2024, en atención a los planteamientos de la demanda, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual , para señalar que los problemas jurídicos se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿El acto administrativo demand ado era demandable a través del medio de control de simple nulidad?

13. De resultar positiva la respuesta al interrogante anterior, se deberá resolver lo

siguiente:

(ii) ¿la CNSC expidió el acto administrativo demandado sin competencia?

(iii) ¿El acto demandado se profirió de manera irregular porque para ello era necesario que antes se suscribiera entre la CNSC y la entidad convocante un convenio interadministrativo que le permitiera exigir a la primera el pago del valor del concurso y que se definiera si el pago de la inscripción cubriría su costo ? De ser así ¿la convocatoria puede ser catalogada como un convenio administrativo y su suscripción vulneró la ley de garantías electorales?

(iv) ¿Con el acto enjuiciado se impuso por parte de la CNSC de manera unilateral la obligación al municipio de Santiago de Cali de comprometer vigencias futuras en contravía de los artículos 71 del Decreto 111 de 1996

electorales?

(iv) ¿Con el acto enjuiciado se impuso por parte de la CNSC de manera unilateral la obligación al municipio de Santiago de Cali de comprometer vigencias futuras en contravía de los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 12 de la Ley 819 de 2003?

14. Para resolver l o planteado se abordarán los siguientes aspectos: los actos administrativos susceptibles de ser demandados a través del medio de control, la Comisión Nacional del Servicio Civil y las unidades de personal; y el principio de colaboración para la expedición del acto de convocatoria a concurso de méritos.

15. Con fundamento en lo anterior, se resolverá sobre la legalidad de l acto

12 Reglamento interno del Consejo de Estado. 13 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».9

Radicado: 11001 03 25 000 2018 00531 00 (1902-2018)

Demandante: Carolina López Calvache

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acusado de conformidad con los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

2.3. Actos administrativos susceptibles de ser demandados

16. El artículo 104 del CPACA dispone:

«La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes

2.3. Actos administrativos susceptibles de ser demandados

16. El artículo 104 del CPACA dispone:

«La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujeto s al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.»

17. Los litigios a los que se refiere la norma transcrita se promueven a través de los medios de control que el legislador previó, según la forma de expresión de la administración que se pretenda controvertir, tal y como se desprende de los artículos 135 a 148 del CPACA.

18. En relación con el concepto de acto administrativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado en reiteradas oportunidades14. De manera general se coincide en una definición en la que están presentes varios elementos, a saber: manifestación unilateral de la voluntad, en ejercicio de una función administrativa, que modifica, crea o extingue una situación jurídica, es decir, que produce efectos jurídicos. Tales elementos se identifican como esenciales para la existencia del acto administrativo.

19. La jurisprudencia los ha clasificado en definitivos, de trámite y preparatorios; y de ejecución. Sobre el particular se ha señalado lo siguiente:

20. Los actos administrativos definitivos son aquellos en los cuales confluyen, de manera general, los siguientes elementos: la manifestación unilateral de la voluntad, en ejercicio de la función administrativa, que modifica, crea o extingue

20. Los actos administrativos definitivos son aquellos en los cuales confluyen, de manera general, los siguientes elementos: la manifestación unilateral de la voluntad, en ejercicio de la función administrativa, que modifica, crea o extingue una situación jurídica, es decir, produce efectos jurídicos, los cuales se identifican como los elementos esenciales para su validez. De conformidad con los artículos 43 y 104 del CPACA, son susceptibles de control jurisdiccional.

21. En cuanto a los de trámite y preparatorios , la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que son actos « de trámite o preparatorios» aquellos que «se producen en el trayecto de un procedimiento administrativo y que conducen al acto definitivo»15 o que «se expiden como parte del procedimiento administrativo con el fin de darle curso a este, es decir, son netamente instrumentales ya que no encierran declaraciones de la voluntad, no crean relaciones jurídicas y sólo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la administración»16.

14 Al respecto, se pueden revisar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de enero de 1988, radicación: 0549. Sección Cuarta, providencia del 4 de abril de 1986, radicación 0001. Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, expediente AC-9407 y sentencia del 4 de julio de 2002, radicado 73001 -23-31-000-1999-9333-01 (19333). Sección

Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020, radicación: 25000 -23-42-000-201706031-01(5554-18). 15 Sección Quinta, radicación 11001-03-28-000-2024-00110-00. 16 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, radicación 11001 -03-26000-2021-00049-00 (66705). En la cual, a su vez, se anotó a pie de página lo siguiente: «Definición que esta Corporación acuñó valiéndose de la clasificación ofrecida por el