CE - Sentencia 11001032500020180087300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00873-00 (3108-2018)1.

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Demandado: Emelina del Carmen Rodado Mercado.

Medio de control: Acción especial de revisión.

Tema: Revisión de la sentencia proferida el 26 de marzo de 2015, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión: Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia de Seis (6) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Emelina del Carmen Rodado Mercado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia proferida el Seis (6) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), por el Tribunal Administrativo de Atlántico, dentro del ex pediente

de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia proferida el Seis (6) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), por el Tribunal Administrativo de Atlántico, dentro del ex pediente con radicado 08001-23-31-006-2002-1490-00 y, se declare que, a la señora Emelina del Carmen Rodado Mercado, no le asiste derecho a que se reliquide su pensión gracia con la inclusión del promedio de todos los factores salariales devengados en el a ño anterior a su retiro definitivo del servicio, especialmente que, no debieron ser incluidos dentro de

1 Expediente hibrido. 2 Folios 416 a 444 del expediente físico.Número Interno: 3108-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

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la liquidación los factores salariales denominados prima de servicios y prima de navidad, devengados entre el Quince (15) de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) y el Catorce (14) de Octubre de Dos Mil (2000).

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que, la señora Emelina d el Carmen Rodado Mercado nació el Diecisiete (17) de Noviembre de Mil Novecientos Cuarenta y Tres (1943), ade más, prestó sus servicios a la docencia oficial, en el departamento de Atlántico, desde el Nueve (9) de Marzo de Mil Novecientos Sesenta y Dos (1962) hasta el Veintiocho (28) de Agosto de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), así como, del Veintiséis (26) de Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) al Treinta (30) de

el Veintiocho (28) de Agosto de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), así como, del Veintiséis (26) de Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Uno (1981) al Treinta (30) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).

A través de Resolución 16614 del Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Uno (2001), CAJANAL reliquidó la pensión gracia de la señora Emelina del Carmen Rodado Mercado, por retiro definitivo del servicio docente, en cuantía de Un Millón Trescientos Noventa Mil Un Pesos con Veinticinco Centavos ($1.390.001,25), efectiva a partir del Dos (2) de Octubre de Dos Mil (2000).

La demandante, a través de su apoderado, interpuso recurso de apelación en contra del aludido acto administrativo.

El recurso de apelación se decidió mediante Resolución 6217 del Veintiocho (28) de Diciembre de Dos Mil Uno (2001), se reliquidó la prestación, en cuantía de Un Millón Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos Doce Pesos con Noventa Centavos ($1.491.212,90), efectiva a partir del Dos (2) de Octubre de Dos Mil (2000).

La demandante interpuso acción de tutela, para procurar la reliquidación de su pensión gracia, la cual, correspondió al Juzgado Treinta y Uno (31) Penal del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que accedió al amparo constitucional, por sentencia del Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Tres (2003), de manera transitoria y, sujeto a la pres entación del medio judicial ordinario procedente.

autoridad judicial que accedió al amparo constitucional, por sentencia del Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Tres (2003), de manera transitoria y, sujeto a la pres entación del medio judicial ordinario procedente.

CAJANAL dio cumplimiento a la orden de tutela, en los términos dispuestos en la sentencia.

La señora Rodado Mercado, presentó demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 16614 y 6217, solicitando la reliquidación deNúmero Interno: 3108-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

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su pensión gracia, con la inclusión de todos los factores salariales devengados duran te el último año de servicios, incluyendo las primas de servicios y navidad.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, conoció la referida demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, en sentencia del Seis (6) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), accedió a las pretensiones de la demanda, ordenó la reliquidación de la pensión de la demandante al retiro del servicio definitivo, con la inclusión de las primas de navidad y vacaciones, devengadas durante el último año de servicios, esto es, el comprendido entre el Quince (15) de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) al Catorce (14) de Octubre de Dos Mil (2000). La sentencia quedó ejecutoriada el Siete (7) de Julio de Dos Mil Cinco (2005) 3.

1.2. Sentencia objeto de revisión4.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de Seis (6) de Abril de Dos

Mil Cinco (2005) 3.

1.2. Sentencia objeto de revisión4.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de Seis (6) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), accedió a las pretensiones de la demanda, con base en que, el acto administrativo acusado de nulo, liquidó la pensión gracia reconocida a la señora Emelina del Carmen Rodado Mercado, incluyendo como factores salariales para definir el monto pensional, solamente: la asignación básica y el sobresueldo, dejando por fuera otros factores salariales, que fueron incluidos en la liquidación por orden emitida en el curso de una acción de tutela. Revisado el material probatorio recaudado, estimó que, no lo fueron y debieron ser incluidas dentro de la liquidación de la pensión gracia, las primas de navidad y vacaciones, lo cual, contraviene lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966.

A tal aserto arribó el Tribunal, partiendo de la acepción de salario, que comprende no sólo la asignación básica, sino todas las sumas que habitual y periódicamente retribuyan los servicios prestados por el empleado, que extrajo de la jurisprudencia de esta Corporación sobre el particular. En ese sentido, precisó que, en el caso de la señora Rodado Mercado, las primas de navidad y vacaciones, son componentes de la remuneración habitual y periódica, por lo tanto, deben ser incluidas en el IBL pensional. En esos términos, consideró procedente la reliquidación de la pensión gracia, con el promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, incluyendo las precitadas primas, con los reajustes de valor correspondientes.

consideró procedente la reliquidación de la pensión gracia, con el promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, incluyendo las precitadas primas, con los reajustes de valor correspondientes.

3 Esta sentencia se dictó en primera instancia y no fue objeto de recursos, por lo cual, según constancia expedida por el secre tario del Tribunal Administrativo de Atlántico, quedó debidamente ejecutoriada el Siete (7) de Julio de Dos Mil Cinco (2005), visible a folio 410 reverso del expediente físico. 4 Folios 404 a 410 expediente físico.Número Interno: 3108-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

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1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP invocó las causales de revisión, establecidas en los literales a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) de la misma norma, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión se solicita, excede lo debido de acuerdo con la ley, pues, ordena el reconocimiento y liquidación de la pensión gracia, con el 75% de todo lo devengado en el último año de servicio, siendo que, tal prestación se debe liquidar, con el promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del derecho.

La parte actora puso de presente, las disposiciones de las Leyes 114 de 1913, 24 de

el promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del derecho.

La parte actora puso de presente, las disposiciones de las Leyes 114 de 1913, 24 de 1947, 4.a de 1966, 33 de 1985 y 71 de 1988, junto con las de los Decretos 1743 de 1966, 224 de 1972, con el fin de exponer que, los docentes a quienes se les reconoce una pensión gracia, tienen derecho a que se les liquide tal prestación, con el promedio de lo devengado durante el año anterior a la consolidación del derecho a percibirla, que la misma les sea pagada a partir de ese momento, sin que sea impedimento que permanezcan en el servicio docente oficial. Bajo las anteriores premisas, estima que, no hay lugar a reliquidación de la pensión gracia, cuando se pruebe el retiro definitivo del servicio.

En consecuencia, la liquidación de la prestación debía decretarse, con el promedio de los salarios y demás factores salariales, devengados en el año anterior a la ad quisición del estatus pensional.

1.4. Contestación de la demanda de revisión.

El medio de impugnación fue admitido con auto de Seis ( 6) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)5, notificado a la parte demandada, señora Emelina Rodado Mercado el Cinco (5) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)6, según lo ordenado en auto del Quince (15) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024) 7; no obstante, la demandada guardó silencio.

5 Folio 447 a 449. 6 Expediente digital, índice 00031 de Samai.

Quince (15) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024) 7; no obstante, la demandada guardó silencio.

5 Folio 447 a 449. 6 Expediente digital, índice 00031 de Samai. 7 Expediente digital, índice 00027 de Samai.Número Interno: 3108-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

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1.5. Concepto del Ministerio Público.

El agente del Ministerio Público no emitió concepto, en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 8 y 20 de la Ley 797 de 2003 9, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.

2.2. Oportunidad.

En punto de la oportunidad del recurso extraordinario, se tiene que, la sentencia revisada, fue notificada por edicto, el Veintiocho (28) de Junio de Dos Mil Cinco (2005) 11 y cobró ejecutoria el Siete (7) de Julio de Dos Mil Cinco (2005)12, de tal suerte que, el término de caducidad fijado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, habría corrido entre el Ocho (8) de Julio de Dos Mil Cinco (2005) y el Ocho (8) de Julio de Dos Mil Diez (2010).

No obstante lo anterior, la oportunidad para i nterponer el recurso extraordinario de

(8) de Julio de Dos Mil Cinco (2005) y el Ocho (8) de Julio de Dos Mil Diez (2010).

No obstante lo anterior, la oportunidad para i nterponer el recurso extraordinario de revisión, sustentado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no debe contabiliza rse del modo expuesto en el párrafo anterior, sino que, debe serlo a partir del Doce (12) de Junio de Dos Mil Trece (2013), conforme fue establecido por la Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016 13, bajo esa premisa, el plazo para interponer el presente recurso extraordinario, corrió entre el Trece (13) de Junio de Dos Mil Trece (2013) y el

8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 11 Folio 410 reverso, expediente físico. 12 Folio 410 reverso, expediente físico. 13 « […] 7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para

solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente entender que el plaz o para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013. […] 7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abus o del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal […]». Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-427 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.Número Interno: 3108-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

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Accionante: UGPP

Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

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Trece (13) de Junio de Dos Mil Diecio cho (2018), mientras que la demanda se radicó el Once (11) de Mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), según se observa en el sello de la secretaría de esta Corporación14, razón por la cual, no fue superado el término de 5 años exigido para la interposición de esta acción extraordinaria.

2.3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia de Seis (6) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , está incursa en las causales de revisión, consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandada, fue obtenido con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida, excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obliga ción de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier

público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obliga ción de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y S eguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

14 Folio 444 reverso del expediente físico.Número Interno: 3108-2018

Accionante: UGPP

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material15 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al

jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»16.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para supera r y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio, adelan tado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios17.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión, establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite18 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 19, dado que, más allá de que

15 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 18 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia co n trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez

de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de 2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 19 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generalesNúmero Interno: 3108-2018

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pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 20», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial21.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contorno s fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado22:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa

administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garant ía de non bis in ídem.»

y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 20 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Ra d. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 3108-2018

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Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

Accionante: UGPP

Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

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Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo compon en»23 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 24.

2.4.3. Alcance de la causal invocada por la entidad recurrente - literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal invocada es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone que: «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables », es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación, por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala advierte que, lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tengan la legitimación para accionar contra una sentencia judicial ya ejecutoriada, que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación peri ódica, cuyo monto o cuantía, excede a lo legalmente previsto, buscando restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio financiero.

2.5. Caso concreto.

previsto, buscando restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio financiero.

2.5. Caso concreto.

Debe primero indicarse que, en el acápite de la demanda denominado pretensiones, la parte actora hizo alusión a las causales establecidas en los Literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; sin embargo, en el acápite titulado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN – DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN» del libelo introductorio, sólo se hizo alusión a la causal prevista en el literal b) de la disposición en cita, de tal manera que, no son claros los motivos por los cuales, se pregona que hubo la violación al debido proceso, toda vez que, su argumentación giró en torno a la indebida liquidación de la pensión gracia.

No se argumenta la ausencia de competencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, para asumir en primera instancia, el conocimiento del proceso en cuestión, la desatención a las reglas procesales que orientan el procedimiento contencioso administrativo, la

23 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-201900728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 3108-2018

Accionante: UGPP

Accionado: Emelina del Carmen Rodado Mercado

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pretermisión de algún término u otra falencia procedimental, con trascendencia

Accionante: UGPP

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pretermisión de algún término u otra falencia procedimental, con trascendencia sustancial. No se evidencia la violación a los derechos de audi encia, defensa o contradicción de la entidad, la ausencia de motivación de la decisión u otra circunstancia que permita evidenciar una lesión al núcleo esencial del debido proceso.

La parte demandante no formuló reparos constitutivos de una eventual tras gresión al derecho fundamental al debido proceso, en la que pudiera haber incurrido el mencionado Tribunal, sino que, se enfoca en hacer un recuento normativo, y la interpretación del mismo, encaminado a discutir, la manera como debe ser integrado el ingre so base de liquidación de la pensión gracia, reconocida a la hoy demandada, razón por la cual, se considera que la demanda de revisión, no desarrolló en debida forma la configuración de la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 d e 2003; ante tal circunstancia, no se accede a esta causal de revisión, dado, se insiste, el incumplimiento del deber procesal, de motivar su solicitud por parte del recurrente.

Decantado hasta este punto, es menester concentrarse en determinar si se mate rializa la causal b) del artículo Ley 797 de 2003, como se argumenta en la demanda.

Descendiendo al sub lite, se tiene que la UGPP pretende se inf