CE - Sentencia 11001032500020180097500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Demandado: Carlos Hugues Daza Rodríguez

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía reconocida no excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por l a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 contra la sentencia proferida el 16 de octubre de 201 3 por el Tribunal Administrativo del Magdalena2, por medio de la cual se confirmó la decisión del 23 de mayo de 201 2 emitida por el Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Santa Marta que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Irene Labarces Maestre.

de mayo de 201 2 emitida por el Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Santa Marta que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Irene Labarces Maestre.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó que se infirmaran las sentencias proferidas el 16 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Magdalena y 23 de ma yo de 201 2 por el Juzgado 5

1 En adelante la Ugpp. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 47001-33-31-005-2011-00052-00; actor: Irene Labarces Maestre, demandado: Cajanal E.I.C.E.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018) Demandante: Ugpp Administrativo del Circuito de Santa Marta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47001-33-31-005-2011-00052-00, en cuyas decisiones se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Irene Labarces Maestre y, en consecuencia, fue declarada la nulidad parcial de las Resoluciones 41976 del 23 de agosto de 2006 y 55816 del 3 de diciembre de 2007, emitidas por la Caja Nacional de Previsión Social EICE 3, por medio de las cuales fue reconocida y reliquidada una pensión de jubilación a favor de la demandante.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que Carlos

emitidas por la Caja Nacional de Previsión Social EICE 3, por medio de las cuales fue reconocida y reliquidada una pensión de jubilación a favor de la demandante.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que Carlos Hugues Daza Rodríguez, en calidad de beneficiario de la prestación reconocida a Irene Labarces Maestre, no era acreedor de un derecho adquirido y por tanto, no le asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados en el último año de servicio; ii) la reliquidación y pago de la pensión, según lo dispuesto en las sentencia s C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018, y en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidos por la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75%, por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Irene Labarces Maestre nació el 4 de mayo de 1950 y laboró en el departamento del Magdalena entre el 21 de julio de 1969 y el 25 de noviembre de 1975, en la

3.1. Irene Labarces Maestre nació el 4 de mayo de 1950 y laboró en el departamento del Magdalena entre el 21 de julio de 1969 y el 25 de noviembre de 1975, en la Contraloría General de la República entre el 19 de septiembre de 1977 y el 25 de julio de 1980, en la Beneficencia del Magdalena entre el 9 de diciembre de 1986 y el 18 de agosto de 1987, en la Contraloría Distrital de Santa Marta entre el 19 de octubre 1987 y el 13 de diciembre de 1988 y la Contraloría Distrital de Codazzi entre el 25 de mayo de 1989 y el 30 de diciembre de 2006.

3.2. Mediante la Resolución 41976 del 2 3 de agosto de 200 6, Cajanal EICE 4 le reconoció una pensión de vejez, por $394.882, efectiva a partir del 1º de junio de 2005, condicionada al retiro definitivo del servicio. El 3 de diciembre de 2007, a través de la Resolución 55816 fue reliquidada la prestación, por $433.700, efectiva a partir del 1º de enero de 2007, con igual condición.

3 En adelante Cajanal EICE. 4 Actualmente la Ugpp.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018)

Demandante: Ugpp

3.3. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo5, en orden a que se declarara su nulid ad, por cuanto,

3.3. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo5, en orden a que se declarara su nulid ad, por cuanto, a su juicio, Cajanal EICE aplicó el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de 1985, para determinar la cuantía de su pensión, es decir, no incluyó la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

3.4. El Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta en sentencia del 23 de mayo de 2012, declaró la nulidad parcial de las resoluciones 41976 del 23 de agosto de 2006 y 55816 del 3 de diciembre de 2007 y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a Irene Cecilia Labarces Maestre con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio.

3.5. Contra la anterior providencia fue interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de l Magdalena, mediante sentencia del 16 de octubre de 2013, en la que se confirmó la providencia recurrida, cuya ejecutoria fue el 8 de noviembre de 2013.

3.6. Mediante la Resolución RDP 1068 del 15 de enero de 201 4, la entidad dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión de jubilación de la solicitante sobre el 75% de los factores salariales devengados

cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión de jubilación de la solicitante sobre el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior al retiro definitivo del servicio, en cuantía de $742.898, efectiva a partir del 1º de enero de 2007, pero con efectos fiscales desde el 10 de marzo de 2008.

3.7. A través de la Resolución RDP 015946 del 22 de mayo de 2014 fue reconocida una pensión de sobrevivientes a favor de Carlos Hugues Daza Rodríguez con ocasión del fallecimiento de Irene Cecilia Labarces Maestre, a partir del 21 de noviembre de 2013, día siguiente al deceso.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 16 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió el recurso de apelación interpuesto por Cajanal EICE, en la cual confirmó la decisión del 23 de mayo de 201 2 emitida por el Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Santa Marta, que declaró la nulidad parcial de las resoluciones 41976

5 En adelante CCA.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018) Demandante: Ugpp del 23 de agosto de 2006 y 55816 del 3 de diciembre de 2007 y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión de Irene Cecilia Labarces Maestre, sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio (entre el 1º de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006) , además

75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio (entre el 1º de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006) , además de los factores como el auxilios de alimento y de transporte y las primas de servicios y de navidad, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y en concordancia con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20106 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos7:

5.1. Irene Cecilia Labarces nació el 5 de abril de 1950, el 21 de julio de 1969 inició labores, de manera que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de 35 años de edad, por tanto, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem y, en consecuencia, podía acceder al beneficio pensional con los requisitos de la Ley 33 de 1985, esto es con el 75% de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

5.2. Según la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, para el reconocimiento de la prestación era válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban la base de liquidación, de modo que el monto de la pensión se debía establecer con el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio bajo el entendido de que son factores de salario aquellas sumas que percibió el servidor de manera habitual y periódica como cont raprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

de que son factores de salario aquellas sumas que percibió el servidor de manera habitual y periódica como cont raprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

5.3. El año inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio corresponde al comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 200 6 y los factores devengados fueron los siguientes: i) asignación básica; ii) auxilio alimenticio; iii) bonificación por servicios; iii) primas de servicios, de navidad, de vacaciones; y iv) auxilio de transporte.

5.4. En cuanto a la prescripción, concluyó que el reconocimiento pensional fue el 23 de agosto de 2006, el 3 de diciembre de 2007 fue reliquidada y la demanda fue presentada el 10 de marzo de 2011, de manera que las sumas percibidas antes del 10 de marzo de 2008 se encuentran prescritas.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000 -2325-000-2006-07506-01, M.P. Doctor Victor Hernando Alvarado Ardila. 7 Folios 261 al 285.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018) Demandante: Ugpp 1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto Irene Labarces Maestre no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto Irene Labarces Maestre no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos ordenados, puesto que, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales indicados, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

6.2. Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por cuanto la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse ordenado la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en la jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó el IBL de manera expresa del régimen de transición.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Carlos Hugues Daza Rodríguez no emitió pronunciamiento en esa oportunidad9.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó declarar fundado el recurso e infirmar la sentencia objeto de revisión,

con fundamento en los siguientes argumentos10:

8.1. La sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó reliquidar la pensión de Irene Cecilia Labarces Maestre en cuantía que excede

con fundamento en los siguientes argumentos10:

8.1. La sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó reliquidar la pensión de Irene Cecilia Labarces Maestre en cuantía que excede injustificadamente lo debido de acuerdo con la ley, en perjuicio del erario.

8.2. La pensión reconocida debe ser reliquidada con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado referentes a los factores que se deben incluir en el IBL, tales como las sentencias C -258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-530 de 2015, SU-627 del 2017, T-615 de 2016 y la del

8 Folios 305 al 315. 9 Folios 394 y 395. 10 Folios 373 al 385.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018) Demandante: Ugpp 28 de agosto de 2018 proferida dentro del expediente con radicado 52001 -23-33000-2012-00143-01.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA11.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 8 de noviembre de 201313 y la presente acción fue radicada el 3 de julio de 201814, lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. Los problemas jurídicos

13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿ si la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena se profirió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿ si la cuantía del derecho reconocido a Irene Labarces

11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el

administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 13 Folio 285, reverso. 14 Folio 315, reverso.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018) Demandante: Ugpp Maestre excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2015 de la Ley 797 de 200316 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las

15 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o

este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 16 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018) Demandante: Ugpp cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen17.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes18:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin

17 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin

17 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 18 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018) Demandante: Ugpp legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»19.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación20 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»21.

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

21. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 22, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,

para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

agosto de 2018 22, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

19 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras. 22 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-00975-00 (3221-2018)

Demandante: Ugpp

22. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una

Demandante: Ugpp

22. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma».

23. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional . «[t]ales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la

Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cab alidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables(…)».

24. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualiz