CE - Sentencia 11001032500020180101200 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Demandado: Alba Elisa Acosta de Bernal

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía reconocida no excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de decisión 001 por medio de la cual se confirmó la decisión del 30 de noviembre de 201 1 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Alba Elisa Acosta de Bernal.

decisión del 30 de noviembre de 201 1 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Alba Elisa Acosta de Bernal.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de decisión 001 que confirmó y modificó la decisión del 30 de noviembre de 201 1 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán dentro del medio de control de nulidad y

1 En adelante Ugpp2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018) Demandante: Ugpp restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-31-001-2010-00029-01, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Alba Elisa Acosta de Bernal y, en consecuencia, declaró la i) nulidad parcial de la Resolución 00899 del 22 de enero de 2007 proferida por la Caja Nacional de Previsión Social2; ii) la nulidad parcial de la Resolución 52822 del 27 de octubre de 2008 proferida por Cajanal EICE; y la iii) nulidad de la Resolución 10991 del 5 de marzo de 2009 mediante las cuales se ordenó el pago de una pensión de vejez.

por Cajanal EICE; y la iii) nulidad de la Resolución 10991 del 5 de marzo de 2009 mediante las cuales se ordenó el pago de una pensión de vejez.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que Alba Elisa Acosta de Bernal no e ra acreedora d e un derecho adquirido y por tanto, no le asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados en el último año de servicio; ii) la reliquidación y pago de la pensión, según lo dispuesto en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU631 de 2017, T -039 de 2018 y SU -395 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75%, por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Alba Elisa Acosta de Bernal nació el 28 de septiembre de 1950 , prestó s us servicios en el departamento del Quindío desde el 21 de noviembre de 1968 hasta el 27 de febrero de 1973 y en la Dirección Departamental de Salud Cauca desde

servicios en el departamento del Quindío desde el 21 de noviembre de 1968 hasta el 27 de febrero de 1973 y en la Dirección Departamental de Salud Cauca desde el 1º de agosto de 1975 hasta el 30 de marzo de 2007.

3.2. Mediante la Resolución 00899 del 22 de enero de 200 7, Cajanal EICE le reconoció una pensión de vejez, en cuantía de $592.309,50, efectiva a partir del 1º de noviembre de 2005, condicionada al retiro definitivo del servicio.

3.3. A través de la Resolución 5 2822 del 2 7 de octubre de 200 8, Cajanal EICE reliquidó la prestación en cuantía de $ 654.199, efectiva a partir del 1º de abril de 2007.

3.4. Con la Resolución 10991 del 5 de marzo de 200 9, Cajanal EICE negó la reliquidación de la pensión reconocida.

2 En adelante Cajanal EICE.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018)

Demandante: Ugpp

3.5. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad parcial de i) la Resolución 00899 del 22 de enero de 2007 mediante la cual fue reconocida la pensión de vejez; y ii) la Resolución 52822 del 27 de octubre de 2008 a través de la cual fue reliquidada la pensión de vejez y la

mediante la cual fue reconocida la pensión de vejez; y ii) la Resolución 52822 del 27 de octubre de 2008 a través de la cual fue reliquidada la pensión de vejez y la nulidad de la Resolución 10991 del 5 de marzo de 2009, con la cual fue negado el reajuste de la prestación.

3.6. Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, mediante la sentencia del 30 de noviembre de 201 1, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual resolvió:

«PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 00899 del 22 de enero de 2007 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social ‘Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez’ a la señora ALBA ELISA

ACOSTA DE BERNAL […]

SEGUNDO. Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 52822 del 27 de octubre de 2008 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social ‘Por la cual se reliquida una pensión de jubilación por nuevos factores salariales’ a la señora ALBA ELISA ACOSTA

DE BERNAL […]

TERCERO. Declarar la nulidad de la Resolución No. 52822 del 27 de octubre de 2008 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social ‘Por la cual se resuelve un recurso de reposición’ a la señora ALBA ELISA ACOSTA DE BERNAL […]

CUARTO. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, la Caja Nacional de Previsión Social […] deberá:

de reposición’ a la señora ALBA ELISA ACOSTA DE BERNAL […]

CUARTO. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, la Caja Nacional de Previsión Social […] deberá:

1. Expedir el acto administrativo de reliquidación de la pensión de jubilación reconocida […] con el 75% del promedio del salario devengado durante el último año de servicios (31 de marzo de 2006 y 31 de marzo de 2007), para lo cual deberá tomar en cuenta los factores salariales a los que hace referencia la presente providencia y que hayan sido efectivamente devengados por la accionante, tales como: asignación básica, subsidio de alimentación, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de vacaciones, vacaciones, y todo otro factor salarial que haya devengado y se encuentre debidamente acreditado, incluyendo aquellos sobre los cuales no se hayan efectuado aportes, caso en el cual la Entidad podrá descontarlos cuando realice el reconocimiento prestacional»4.

3.7. En c ontra de la anterior providencia Cajanal EICE interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de

3 En adelante CPACA. 4 Samai, gestionar documentos, actuación denominada Anexo notificación del 22_AUTOQUEADMITELAACCION_DDAANEXOS(.rar) NroActua 34.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018) Demandante: Ugpp decisión 001 , mediante sentencia del 19 de diciembre de 201 3, en la que se confirmó y modificó la providencia recurrida en el siguiente sentido:

Demandante: Ugpp decisión 001 , mediante sentencia del 19 de diciembre de 201 3, en la que se confirmó y modificó la providencia recurrida en el siguiente sentido:

«PRIMERO. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del 30 de noviembre de 2011 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán en el sentido de excluir de la orden de reliquidación de la pensión de jubilación del a señora ALBA ELI SA ACOSTA DE BERNAL, la inclusión de lo percibido por concepto de vacaciones y bonificación por recreación, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia del 30 de noviembre de 2011 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán en el sentido que la orden de expedir el acto administrativo de reliquidación de pensión de jubilación reconocida a la demandante bajo los parámetros ahí contenidos, también va dirigida en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP […]

TERCERO. CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia del 30 de noviembre de 2011»5.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 19 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de decisión 001 resolvió el recurso de apelación interpuesto por Cajanal EICE, en la cual confirmó y modificó la decisión del 30 de noviembre de 2011 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, que ordenó la

en la cual confirmó y modificó la decisión del 30 de noviembre de 2011 emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, que ordenó la reliquidación de la pensión de Alba Elisa Acosta de Bernal , sobre el 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el último año de servicio [31 de marzo de 2006 y 31 de marzo de 2007] y modificó los factores reconocidos en cuanto a incluir la asignación básica, subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados y las primas de servicios, de navidad y de vacaciones en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y en concordancia con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20106 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos7:

5.1. Alba Elisa Acosta de Bernal nació el 28 de septiembre de 1950, resultaba beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de

5 Samai, gestionar documentos, actuación denominada Anexo notificación del 22_AUTOQUEADMITELAACCION_DDAANEXOS(.rar) NroActua 34. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000 -2325-000-2006-07506-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 7 Samai, gestionar documentos, actuación denominada Anexo notificación del 22_AUTOQUEADMITELAACCION_DDAANEXOS(.rar) NroActua 34.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018)

Demandante: Ugpp

22_AUTOQUEADMITELAACCION_DDAANEXOS(.rar) NroActua 34.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018) Demandante: Ugpp 1993, toda vez que para el 1º de abril de 1994 contaba con 4 3 años de edad, de manera que le era aplicable el régimen pensional anterior. No obstante, para la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 reformada por la Ley 62 de 1985, esto es el 13 de febrero de 1985, contaba con más 1 3 años 9 meses y 12 días de servicios. En ese sentido, era procedente la reliquidación pensional con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio , en concordancia con el parámetro jurisprudencial proferido el 4 de agosto de 2010.

5.2. La sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado antes mencionada también indicó que la entidad que reconozca la pensión fue habilitada para deducir o hacer descuentos correspondientes respecto de los factores de los cuales no hubieran realizado cotizaciones, motivo por el cual por regla general las asignaciones incluida s en la liquidación serían las que califiquen como factores salariales, es decir asignación básica, auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados y las p rimas de vacaciones, servicios y navidad . Lo contrario ocurrió con la bonificación por recreación y las vacaciones , puesto que no constituyen salario según la sentencia de unificación.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del

constituyen salario según la sentencia de unificación.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

7. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto Alba Elisa Acosta de Bernal no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos ordenados, puesto que, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales indicados, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización

7.1. Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por cuanto la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse ordenado la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en la jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó el IBL de manera expresa del régimen de transición.

8 Folios 3 a 8 del cuaderno 3.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018) Demandante: Ugpp 7.2. Asimismo, se evidenció el pago en exceso producto de la orden de reliquidación de la prestación reconocida, toda vez que fue incrementado en un 19%, esto es en

$235.632,14.

Demandante: Ugpp 7.2. Asimismo, se evidenció el pago en exceso producto de la orden de reliquidación de la prestación reconocida, toda vez que fue incrementado en un 19%, esto es en

$235.632,14.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

8. Alba Elisa Acosta de Bernal no contestó la demanda9.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8.1. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

9 En el índice 49 de Samai, en la actuación denominada Soporte notificación AUTO QUE ADMITE LA A(.pdf) NroActua 49, fue notificada electrónicamente de la admisión de la demanda. 10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias

LA A(.pdf) NroActua 49, fue notificada electrónicamente de la admisión de la demanda. 10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018)

Demandante: Ugpp

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 28 de enero de 201412 y la presente acción fue radicada el 4 de julio de 201813, lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscribe n a establecer lo siguiente: ¿la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de decisión 001 se profirió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido a Alba Elisa Acosta de Bernal excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse

a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido a Alba Elisa Acosta de Bernal excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de vejez en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2014 de la Ley 797 de 200315 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser

12 Índice 57 de Samai, gestión de documentos, actuación denominada 61RECIBEMEMORIAL_20100002900Principal(.pdf) NroActua 57. 13 Índice 1 de Samai. 14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018) Demandante: Ugpp revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura

debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes17:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la

debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018) Demandante: Ugpp iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo

o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»18.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes

20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.

18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018) Demandante: Ugpp 2.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01012-00 (3258-2018) Demandante: Ugpp 2.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

21. Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994 y 30 de junio de 1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente), se estipuló un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció lo

siguiente:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder

mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

22. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si es mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.

23. Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de la transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto de 201021 así se refirió al tema:

«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica

con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica