CE - Sentencia 11001032500020180123600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Manuela Torres Alvear

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. Cuantía reconocida no excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se confirmó parcialmente y se modificó la decisión del 14 de diciembre de 2016 emitida por el Juzgado S éptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Manuela Torres Alvear.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

Circuito de Santa Marta que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Manuela Torres Alvear.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que confirmó parcialmente la decisión del 14 de diciembre de 2016 emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47001-33-33-007-2014-00022-01, que accedió parcialmente

1 En adelante UGPP.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018) Demandante: Ugpp a las pretensiones de la demanda presentada por Manuela Torres Alvear y, en consecuencia, declaró la i) nulidad parcial de la Resolución 56520 del 28 de octubre de 2006, por medio del cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez; ii) nulidad absoluta de la Resolución UGM 055312 del 3 de septiembre de 2012, mediante la cual fue reliquidada la prestación; iii) nulidad parcial de la Resolución 004035 del 20 de junio de 2012, por medio de la cual fue reliquidada la pensión; iv) la nulidad absoluta de las resoluciones RDP 07273 del 18 de febrero

Resolución 004035 del 20 de junio de 2012, por medio de la cual fue reliquidada la pensión; iv) la nulidad absoluta de las resoluciones RDP 07273 del 18 de febrero de 2013 y 18949 del 25 de abril de 2013 a través de las cuales fue negada la solicitud de reliquidación de reliquidación de la prestación.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que Manuela Torres Alvear no era acreedora de un derecho adquirido y por tanto, no le asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados en el último año de servicio; ii) la reliquidación y pago de la pensión, según lo dispuesto en las sentencias C -258 de 2013 , SU-230 de 2015, SU -023 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75%, por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Manuela Torres Alvear nació el 16 de marzo de 1951 y trabajó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar2 durante el período comprendido entre el 1° de julio de 1973 y el 6 de abril de 2006.

3.2. Mediante la Resolución 56520 del 28 de octubre de 2006, la Caja Nacional de

Colombiano de Bienestar Familiar2 durante el período comprendido entre el 1° de julio de 1973 y el 6 de abril de 2006.

3.2. Mediante la Resolución 56520 del 28 de octubre de 2006, la Caja Nacional de Previsión Social EICE3 le reconoció una pensión de vejez, con el 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años, en cuantía de $ 717.259,53, efectiva a partir del 7 de abril de 2006, condicionada al retiro del servicio.

3.3. A partir del 1º de enero de 2012, fue aceptada la renuncia al cargo de técnico administrativo código 3124, grado 9.

3.4. Con ocasión del retiro definitivo del servicio, la prestación fue reliquidada con la Resolución 004035 del 20 de junio de 20 12, con el 75% del promedio de lo

2 En adelante el ICBF. 3 En adelante Cajanal.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018) Demandante: Ugpp devengado en los últimos 10 años , en cuantía a $907.822, efectiva a partir del 1° de enero de 2012.

3.5. A través de la Resolución UGM 055312 del 3 de septiembre de 2012 fue modificada la decisión 56520 del 28 de octubre de 2006, en el sentido de reliquidar la pensión de vejez en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la tasa de reemplazo del 79.37% del promedio de lo percibido durante

la pensión de vejez en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la tasa de reemplazo del 79.37% del promedio de lo percibido durante los últimos 10 años, es decir entre el 6 de marzo de 2001 y el 5 de marzo de 2011, en cuantía $960.771, efectiva a partir del 1º de enero de 2012.

3.6. El 22 de octubre de 201 2, fue solicitada la reliquidación de la prestación y mediante la Resolución RDP 007273 del 18 de febrero de 2013 la entidad resolvió desfavorablemente.

3.7. Contra la anterior decisión presentó el recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera negativa con la Resolución RDP 018949 del 25 de abril de 2013.

3.8. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo4, en orden a que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones 56520 del 28 de octubre de 2006, UGM 055312 del 3 de septiembre de 2012, RDP 04035 del 20 de junio de 2012, RDP 07273 del 18 de febrero de 2013 y la RDP 018949 del 25 de abril de 2013, con el fin de que se reliquidara la pensión con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio.

3.9. El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, mediante la sentencia del 14 de diciembre de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,

devengado en el último año de servicio.

3.9. El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, mediante la sentencia del 14 de diciembre de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual resolvió:

«Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad parcial y absoluta y a título de restablecimiento del derecho, se ordenará la reliquidación de la pensión de vejez de la actora teniendo en consideración el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio devengado durante el último año de servicios, con inclusión de todos los factores salariales, en especial bonificación de servicios, subsidio de alimentación, 2.5% de Estímulo de ahora, prima de vacaciones, bonificación 1er semestre y bonificación 2do semestre y al pago de las diferencias causadas desde el 22 de octubre de 2009 hasta nuestros días, por aplicación del fenómeno prescriptivo […] PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución Nº 56520 del 28 de octubre

4 En adelante CPACA.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018) Demandante: Ugpp de 2006, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a la señora MANUELA TORRES ALVEAR, la nulidad absoluta de la Resolución UGM 055312 del 3 de septiembre de 2012, que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Nº 56520 del 28 de octubre de 2006, la nulidad parcial de la

055312 del 3 de septiembre de 2012, que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Nº 56520 del 28 de octubre de 2006, la nulidad parcial de la Resolución 004035 del 20 de junio de 2012, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez […] la nulidad absoluta de la Resolución RDP 007273 del 18 de febrero de 2013, mediante la cual la UGPP negó la reliquidación de la pensión […] la nulidad absoluta de la Resolución Nº 018949 del 25 de abril de 2013, mediante la cual se resuelve un recurso de apelación contra la Resolución Nº RDP 007273 del 18 de febrero de 2013.

SEGUNDO: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la […] UGPP reliquidar la pensión […] con inclusión dentro del ingreso base de liquidación de los factores correspondientes a la reliquidación del derecho pensional reconocido, incluyendo esta vez los factores inobservados, esto es, bonificación por servicios prestados, subsidio de alimentación, 2.5% de estímulo al ahorro, prima de vacaciones, bonificación 1er Semestre y Bonificación 2do Semestre […]»5.

3.10. En contra de la anterior providencia la Ugpp interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2017, en la que se confirmó la providencia recurrida, pero modificó el ordinal segundo con fundamento en lo siguiente:

«Sea pertinente aquí hacer mención en el recurso de apelación, si en la liquidación de la prestación periódica de la señora Torres Alvear ha de tenerse en cuenta los

modificó el ordinal segundo con fundamento en lo siguiente:

«Sea pertinente aquí hacer mención en el recurso de apelación, si en la liquidación de la prestación periódica de la señora Torres Alvear ha de tenerse en cuenta los conceptos de estímulo al ahorro y las bonificaciones de primer y segundo semestre.

El criterio jurisprudencial en sede de unificación proferido por el Consejo de Estado sobre la materia señala de manera enfática que es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

Siguiendo esa línea jurisprudencial, es claro que ambos conceptos salariales han de ser aplicados en la liquidación prestacional de la pensión de vejez, pues cumplen con los presupuestos delineados en la sentencia proferida en sede de unificación por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto es, fueron percibidas de manera habitual y periódica por la accionante como contraprestación de sus servicios […]

En lo que respecta a la inobservancia de los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad y legalidad en materia de seguridad social, advierte el Tribunal que en la parte resolutiva el juez en primera instancia no hizo relación a descontarse los aportes

5 Cuaderno 1 páginas 152 a 163.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018) Demandante: Ugpp correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal, motivo por el cual se modificará el numeral

Demandante: Ugpp correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal, motivo por el cual se modificará el numeral segundo de la sentencia apelada, incluyendo esa orden»6.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 20 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de l Magdalena resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp, en la cual confirmó parcialmente la decisión del 26 de enero de 2017 emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta , que ordenó la reliquidación de la pensión de Manuela Torres Alvear, sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio (1º de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011), de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y en concordancia con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20107 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos8:

5.1. Manuela Torres Alvear trabajó en el ICBF durante el periodo comprendido entre el 1º de julio de 1973 y el 31 de diciembre de 2011, en el cual percibió salario básico, bonificación por servicios, subsidio de alimentación, 2.5% estímulo al ahorro, prima de vacaciones y las bonifi caciones primer semestre y segundo semestre. Además, para la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [1º de abril de 1994], contaba con más de 20 años de servicios y más de 40 años

ahorro, prima de vacaciones y las bonifi caciones primer semestre y segundo semestre. Además, para la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [1º de abril de 1994], contaba con más de 20 años de servicios y más de 40 años de edad, de manera que resultaba benefi ciara del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y le asistía derecho a la liquidación de su prestación con todos los factores y demás conceptos percibidos con ocasión del ejercicio de su labor durante el último año de servicio.

5.2. Los actos demandados excluyeron de la liquidación de la prestación los factores como bonificación por servicios, subsidio de alimentación, 2.5% estímulo al ahorro, prima de vacaciones y las bonificaciones primer y segundo semestre, lo cual no resultaba viable según las consideraciones del nuevo lineamiento jurisprudencial proferido por el Consejo de Estado, de manera la entidad previsional deberá incluirlas en la reliquidación de la prestación.

5.3. En la parte resolutiva de la providencia objetada el juez no mencionó el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales incluidos en

6 Cuaderno 1 páginas 164 a 170. 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000 -2325-000-2006-07506-01, M.P. Doctor Victor Hernando Alvarado Ardila. 8 Cuaderno 1 páginas 164 a 1706.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018) Demandante: Ugpp esta oportunidad, motivo por el cual se modificará la decisión en el sentido de incluir esa orden.

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018) Demandante: Ugpp esta oportunidad, motivo por el cual se modificará la decisión en el sentido de incluir esa orden.

1.2. La causal de revisión invocada

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos9:

6.1. Manuela Torres Alvear no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos ordenados, puesto que, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales indicados, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización y la jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó el IBL de manera expresa del régimen de transición.

6.2. Asimismo, se evidenció el pago en exceso producto de la orden de reliquidación de la prestación reconocida, toda vez que fue incrementado en un 22.32%, esto es en $295.686, cifra que en los pagos de los últimos 3 años fue calculado en $11’480.477.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Manuela Torres Alvear no contestó la demanda10.

1.4. Concepto del Ministerio Público

7.1. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión

1.4. Concepto del Ministerio Público

7.1. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA11.

9 Folios 185 al 209. 10 En el índice 36 de Samai, en la actuación denominada Soporte notificación Auto que ordena noti(.pdf) NroActua 36, fue notificada electrónicamente de la admisión de la demanda . 11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018)

Demandante: Ugpp

9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 17 de

partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 17 de octubre de 2017 13 y la presente acción fue radicada el 2 de agosto de 201814, lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. El problema jurídico

12. Se circunscribe n a establecer lo siguiente: ¿la sentencia del Tribunal Administrativo de Magdalena está inmersa en la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , comoquiera que la cuantía del derecho reconocido a Manuela Torres Alvear excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 13 Folio 171. 14 Folio 214 reverso.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018)

Demandante: Ugpp

13 Folio 171. 14 Folio 214 reverso.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018)

Demandante: Ugpp

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2015 de la Ley 797 de 200316 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

14. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

15. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen17.

16. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes18:

15 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han definido los siguientes18:

15 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 16 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 17 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 17 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 18 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018)

Demandante: Ugpp

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados

debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

17. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»19.

entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»19.

18. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación20 han admitido

Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez. 19 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018) Demandante: Ugpp expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término

20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»21.

2.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

20. Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994 y 30 de junio de 1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente), se estipuló un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció lo

siguiente:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62

para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.11

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01236-00 (4206-2018)

Demandante: Ugpp

21. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si es mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.

22. Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de la transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto de 201022 así se refirió al tema:

22. A