CE - Sentencia 11001032500020180123700 de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte Referencia: Acción especial de revisión

Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literales a) y b). Subtema 1: naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2 : análisis del reconocimiento y liquidación de la pensión. Régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971 ; IBL.

Subtema 3: debido proceso y conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo debido de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de

de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 23 de agosto de 2017, que confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Mariela del Carmen Castañed a de Belmonte, conforme al Decreto 546 de 1971.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por Tribunal Administrativo del Magdalena el 23 de agosto de 2017, por medio de la cual confirmó la providencia de primera instancia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte, bajo el régimen del Decreto 546 de 1971, en una cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, comprendido entre el 12 de enero de 2013 y el 12 de enero de 2014, con la inclusión de todos los factores salariales. La entidad demandante sustenta la acción especial en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque considera que la prestación fue liquidada con desconocimiento de la normativa aplicable y del precedente de la Corte Constitucional que determinó el alcance de la transición prevista en el artículo 36 de la

del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque considera que la prestación fue liquidada con desconocimiento de la normativa aplicable y del precedente de la Corte Constitucional que determinó el alcance de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte, por conducto de apoderado judicial, presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones RDP 028749 del 22 de septiembre de 2014 y RDP 001699 del 19 de enero de 2015, expedidas por la UGPP, por las cuales negó la petición de la reliquidación de la pensión de jubilación presentada el 10 de junio de 2014.

2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión judicial objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución RDP 032857 del 22 de julio de 2013, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte en el último año de servicio, comprendido entre el

de la pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución RDP 032857 del 22 de julio de 2013, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte en el último año de servicio, comprendido entre el 12 de enero de 2013 y el 12 de enero de 2014, así como del promedio de la asignación salarial correspondiente a dicho periodo.

3. El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, mediante sentencia dictada el 7 de marzo de 2017, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación de la demandante en cuantía equivalente «al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios desde el momento que le fue reconocida dicha pensión conforme a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 (…) de la reliquidación que haga la entidad, deberá descontar los valores correspondientes a cotización que debió realizar la actora, en caso de no haberse cotizado sobre la totalidad del ingreso líquido»1.

4. Al sustentar la decisión, el juzgado consideró que la señora Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y adquirió el estatus jurídico antes de la expedición de la sentencia C-258 de 2013, por lo cual dicho precedente no le era aplicable. Advirtió, además, que para el reconocimiento pensional de la demandante y la correspondiente determinación del IBL, se aplicó el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, condicionado al retiro definitivo del servicio, el cual

pensional de la demandante y la correspondiente determinación del IBL, se aplicó el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, condicionado al retiro definitivo del servicio, el cual se produjo el 12 de enero de 2014. En ese orden, estimó que la demandante tenía derecho a la reliquidación de la pensión conforme a los parámetros previstos en el citado decreto, es decir, con la inclusión de todos los factores devengados en el último año, en cuantía equivalente al 75%.

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la decisión anterior, mediante sentencia del 23 de agosto de 2017, al considerar que la actora era beneficiaria del régimen de transición, ya que para el momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años. Además, estimó que la sentencia C-258 de 2013 no era aplicable al caso, porque esa decisión analizó únicamente el régimen especial de magistrados de altas cortes y congresistas. Estimó que la tesis aplicable era la del Consejo de Estado, «en ponencia reciente de fecha 16 de junio de 2016»2, conforme con la cual el IBL de los servidores judiciales cobijados por el régimen de transición, se calcula

1 Samai, índice 65, archivo «202411081zi(.zip)» expediente digital, págs. 205 y 206. 2 Samai, índice 65, archivo «202411081zi(.zip)» expediente digital, pág. 175Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 según lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, por resultar más favorable.

6. De acuerdo con lo anterior , concluyó que debía liquidarse la pensión de jubilación de la señora Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada durante su último año de servicio e inclusión de todos los factores salariales que percibió en ese periodo.

2.2. Solicitud de revisión especial

7. El apoderado de la UGPP presentó una solicitud de revisión en ejercicio de la acción especial establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 23 de agosto de 2017, que confirmó la sentencia di ctada por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta el 7 de marzo de 2017, para que se revoque y, en su lugar, se ordene lo

siguiente3:

(i) Declarar que la liquidación de la mesada pensional no constituye un derecho adquirido para Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte, por lo tanto, resulta viable ordenar que se calcule el IBL conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU -395 de 2017, SU - 631 de 2017, y T -039 de

en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU -395 de 2017, SU - 631 de 2017, y T -039 de 2018, así como en auto 229 de 2017, dictados por la Corte Constitucional; (ii) ordenar a la UGPP que reliquide la pensión reconocida a la señora Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo previsto en el artículo 21 de dicha normativa y el Decreto 1158 de 1 994, esto es, con «los factores base de cotización taxativamente determinados», en una cuantía equivalente al 75% de los últimos 10 años de servicio.

8. Al sustentar la solicitud de revisión, la UGPP afirmó que se configura la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , porque la reliquidación pensional ordenada a favor de Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte viola el debido proceso al no ajustarse al fundamento legal que rige la prestación pensional y comprometer dineros públicos . Indicó que lo correcto era que se atendiera a lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, respecto del IBL y factores a tenerse en cuenta para liquidar la prestación.

9. Adujo que la providencia mediante la cual se le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación reconocida a Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte también incurre en la causal prevista en el liberal b), pues el desconocimiento legal

9. Adujo que la providencia mediante la cual se le ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación reconocida a Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte también incurre en la causal prevista en el liberal b), pues el desconocimiento legal referido generó la aplicación indebida del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque si bien este beneficio permite el reconocimiento de la pensión conforme al régimen pensional anterior, que para el caso correspondía al Decreto 546 de 1971, su aplicación se limita a la edad, el tiempo de servicio y la tasa de remplazo. El IBL, por su parte, debe corresponder al 75% del promedio de lo devengado durante los 10 años de servicio anteriores a la adquisición del derecho o el tiempo que hiciera falta para adquirirlo, y conforme a los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

3 Samai, índice 65, archivo «202411081zi(.zip)» expediente digital, págs. 296 a 297.Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

10. Por lo anterior, la entidad actora consideró que la determinación del IBL en los términos señalados en la sentencia objeto de revisión confiere ventajas irrazonables, relacionadas con el incremento de su prestación en un 142%, lo que a su vez genera

10. Por lo anterior, la entidad actora consideró que la determinación del IBL en los términos señalados en la sentencia objeto de revisión confiere ventajas irrazonables, relacionadas con el incremento de su prestación en un 142%, lo que a su vez genera «un grave detrimento del erario»4 y constituye un abuso palmario del derecho.

2.3. Trámite de la acción especial de revisión

11. Esta corporación, mediante auto del 29 de octubre de 2019, admitió la demanda interpuesta por la UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 23 de agosto de 2017, y ordenó la notificación personal del auto a la pensionada Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte y al agente del Ministerio Público5.

12. Por medio de auto del 17 de junio de 2020, el despacho requirió a la UGPP para que notificara a la señora Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte6.

13. Mediante auto del 21 de mayo de 2021, el despacho libró despacho comisorio al Tribunal Administrativo del Magdalena para que, a costa de la UGPP, notificara a Mariela del Carmen Castañeda. Dicha notificación se cumplió el 1 de febrero de 2022, mediante envío por correo electrónico7.

14. El despacho sustanciador, por auto del 28 de agosto de 2024, abrió el proceso a pruebas; incorporó al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena para que remitiera el expediente de nuli dad y restablecimiento del derecho que dio origen a la acción de

a pruebas; incorporó al expediente los documentos aportados con la demanda de revisión; requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena para que remitiera el expediente de nuli dad y restablecimiento del derecho que dio origen a la acción de revisión; aceptó la renuncia de la apoderada de la UGPP y requirió a esa entidad para que constituyera nuevo apoderado, y corrió traslado de las pruebas conforme con el artículo 110 del CGP8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)9, por cuanto este mecanismo se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario que se interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales

Administrativos.

4 Samai, índice 65, archivo «202411081zi(.zip)» expediente digital, págs. Folio. 309. 5 Samai, índice 12. 6 Samai, índice 18. 7 Samai, índices 24 y 49 archivo «37(…)05informesecretariot». 8 Samai, índice 57. 9 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión cont ra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo

la decisión. De los recursos de revisión cont ra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003).Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión

16. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo 25110 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

17. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia secretarial expedida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, que la sentencia objeto de revisión dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 23 de agosto de 2017, cobró ejecutoria el 5 de septiembre del mismo año. Ahora, como la demanda de revisión fue radicada el 22 de agosto de 2018, se entiende que el ejercicio de la acción especial fue oportuno11.

de 2017, cobró ejecutoria el 5 de septiembre del mismo año. Ahora, como la demanda de revisión fue radicada el 22 de agosto de 2018, se entiende que el ejercicio de la acción especial fue oportuno11.

3.3. Legitimación para la causa

18. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación, quienes pueden ejercerla con el propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que « impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza» , con sustento en dos causales. La primera, establecida en el literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

19. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a entidades públicas del orden nacional.

20. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -258 de 2013, legitimó a diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de

entidades públicas del orden nacional.

20. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C -258 de 2013, legitimó a diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia , frente a la aplicación del régimen pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

10 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. (…) En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a p artir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

11 Samai, índice 001.Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

21. Asimismo, la sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016 precisó que la UGPP, como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho

como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse antes de que la UGPP asumiera las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, esto es, del 12 de junio de 2013, «en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal».

22. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por activa para ejercer la acción de revisión especial , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisión, dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.

23. Mariela del Carmen Castañeda de Belmonte se encuentra legitimad a para la causa por pasiva, dado que actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la providencia objeto de la acción especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 23 de agosto de 2017, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a su favor.

3.4. Problemas jurídicos

24. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión especial presentada por la UGPP, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 23 de agosto de 2017, la Subsección se ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en las causales previstas en los literales a y b

especial presentada por la UGPP, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 23 de agosto de 2017, la Subsección se ocupará de establecer si la decisión judicial incurrió en las causales previstas en los literales a y b del artículo 20 de la ley 797 de 2003, a partir de la respuesta a los siguientes problemas:

25. ¿La reliquidación pensional ordenada mediante la sentencia objeto de revisión vulneró el debido proceso al fundamentarse en una interpretación presuntamente errónea de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, que determinan el ingreso base de liquidación de la pensión?

26. ¿El IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de la pensionada , excede lo legalmente debido al determinar el cálculo con el 75% de la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio, conforme a lo dispuesto en el régimen especial aplicable a los servidores de la Rama Judicial previsto en el Decreto 546 de 1971?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que imponen el pago de pensiones

27. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o deRadicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 fondos de naturaleza pública 12, mediante un mecanismo judicial que la Corte Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»13.

28. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones irregularmente» como las providencias que reconocen «montos que no corresponden a la ley», con el propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia» y/o «evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos pensionales reconocidos de manera irregular o por re liquidaciones que exceden lo debido de acuerdo con la ley14.

29. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto debido de acuerdo con la ley , constituyen una garantía para la defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la seguridad social en pensiones15.

30. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al

797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

31. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos 248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión16 que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa juzgada17.

32. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la

12 Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. // La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o

Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. // La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extraj udicial. //La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables (apartes subrayados declarados inexequibles mediante sentencia C835-2003). 13 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003. 14 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala Cuarta Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV). 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV). 17 CPACA, artículo 250.Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

17 CPACA, artículo 250.Radicación: 11001-03-25-000-2018-01237-00 (4207-2018)

Demandante: UGPP

Demandado: Mariela del Carmen Casteñeda de Belmonte

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA18, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas previstas en la ley 19, «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada»20.

33. En este orden, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»21.

34. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado22 ha considerado que la acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:

1. Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:

1. Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de naturaleza pública; ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA; iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social23; iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha sido concedida con violación al debido proceso (literal a) y/ o cuando la liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)24.

18 C