CE - Sentencia 11001032500020180130200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado: 11001032500020180130200 (4279-2018)1

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP) Accionado: José Alfredo Adames Palacios Trámite: Revisión de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Causal regulada en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Tema: Reliquidación pensión de jubilación Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia del Veintinueve ( 29) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D; a través de la cual , se confirmó la sentencia del Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017 ), emitida por el Juzgado Noveno (09) Administrativo del Circuito de Bogotá ; providencias judiciales que accedieron parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Jose Alfredo Adames Palacios.

I. ANTECEDENTES

parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Jose Alfredo Adames Palacios.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia del Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D; a través de la cual , se confirmó la sentencia del

1 Expediente híbrido. 2 Folios 120 a 153.Número Interno: 4279-2018

Accionante: UGPP

Accionado: José Alfredo Adames Palacios

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Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), emitida por el Juzgado Noveno (09) Administrativo del Circuito de Bogotá, dictadas dentro del proceso con radicado No. 11001-33-35-009-2015-00509-02 y, en su lugar, se declare que el señor José Alfredo Adames Palacios, con relación a la liquidación de la pensión, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana y se ordene la reliquidación de la pensión que recibe conforme a las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168

36 de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que , el señor José Alfredo Adames Palacios, nació el Diecinueve (19) de agosto de Mil Novecientos Cincuenta y Dos (1952), adquirió el estatus jurídico de pensionado el Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil Siete (2007), y prestó sus servicios a l Ministerio de Relaciones Exteriores desde el Diez (10) de Mayo de Mil Novecientos Setenta y Nueve ( 1979) hasta el Cuatro (4) de Febrero de Dos Mil Cuatro (2004).

Asimismo, expresa que, a través de Resolución No. 20506 de Catorce (14) de mayo de Dos Mil Ocho ( 2008)3, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, le reconoció una pensión de jubilación al demandante en cuantía de Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cincuenta y Cinco pesos con Tres centavos ($754.055.03), efectiva a partir del Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil Siete (2007).

Señaló que, mediante las resoluciones Nos. UGM 0373314 del Ocho ( 8) de Marzo de Dos Mil Doce (2012)4 y RDP 009887 del Trece (13) de marzo de Dos Mil Quince (2015)5,

Señaló que, mediante las resoluciones Nos. UGM 0373314 del Ocho ( 8) de Marzo de Dos Mil Doce (2012)4 y RDP 009887 del Trece (13) de marzo de Dos Mil Quince (2015)5, se negaron las solicitudes de reliquidación de la pensión de vejez presentadas por el actor.

Indicó que, contra la Resolución No. RDP 009887 de Trece (13) de marzo de Dos Mil Quince (2015), el demandado interpuso recurso de apelación el día Primero (1) de abril de Dos Mil Quince (2015) , habiendo sido desatado a través de la Resolución No. RDP 021248 de 27 de mayo de 20156, confirmando el acto administrativo recurrido.

3 Folios 43 a 45. 4 Folios 70 a 71. 5 Folios 81 a 83. 6 Folios 84 a 86.Número Interno: 4279-2018

Accionante: UGPP

Accionado: José Alfredo Adames Palacios

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Afirmó que, el demandado interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con miras a obtener la reliquidación de su pensión, la cual, le correspondió por reparto al Juzgado Noveno (09) Administrativo del Circuito de Bogotá, siendo radicada bajo el No. 11001-33-35-009-2015-00509-00, proceso en el cual se dictó sentencia el Veinticuatro ( 24) de febrero de Dos Mil Diecisiete ( 2017)7, accediendo parcialmente a las pretensiones y ordenó la reliquidación de la prestación

cual se dictó sentencia el Veinticuatro ( 24) de febrero de Dos Mil Diecisiete ( 2017)7, accediendo parcialmente a las pretensiones y ordenó la reliquidación de la prestación teniendo en cuenta el 75% del promedio de todo lo devengado durante el último año de servicios, comprendido entre el Cuatro (4) de Febrero de Dos Mil Tres (2003) y el Cuatro (4) de febrero de Dos Mil Cuatro ( 2004), siendo estos: asignación básica y bonificación por servicios prestados (ya incluidos); así como, el subsidio de alimentación y una doceava de las primas de navidad, vacaciones y servicios; salario que debía ser indexado a corte del Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil S iete (2007), en que adquirió el allí demandante el estatus jurídico de pensionado.

Contra la anterior sentencia se presentó recurso de apelación, el cual, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , mediante sentencia del Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017)8, confirmando parcialmente la anterior decisión , permaneciendo incólume la orden de reliquidación pensional en los términos ante s descritos, modificando solo lo referente al pago de aportes pensionales sobre los factores que no hayan sido objeto de tal deducción durante los últimos cinco años de su vida laboral.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia de Veintinueve ( 29) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete ( 2017)9, confirmó

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia de Veintinueve ( 29) de Septiembre de Dos Mil Diecisiete ( 2017)9, confirmó parcialmente la sentencia de primer grado , salvo el inciso tercero del artículo sexto, el cual modificó de la siguiente manera:

[…] SEXTO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP reliquidar la pensión de vejez de la cual es titular el señor JOSE ALFREDO ADEMES PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.174.780 de Bogotá, con el 75% del promedio que se entiende mensual, de los factores de salario devengados durante el último año de servicios; comprendido entre el 04 de febrero de 2003 y el 04 de febrero de 2004; incluyendo como partidas computables computables (sic) además de la asignación básica y la bonificación por servicio prestados (ya incluidos) los valores percibidos por concepto de subsidio de alimentación, prima de servicios (1/12), prima de vacaciones (1/12) y prima de navidad (1/12), observando que los factores salariales que se causan anualme nte deben incluirse en la

7 Folios 102 a 112. 8 Folios 113 a 119. 9 Ibid.Número Interno: 4279-2018

Accionante: UGPP

Accionado: José Alfredo Adames Palacios

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proporción mensual.

8 Folios 113 a 119. 9 Ibid.Número Interno: 4279-2018

Accionante: UGPP

Accionado: José Alfredo Adames Palacios

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proporción mensual.

Las sumas reconocidas deberán ser actualizadas desde la fecha de retiro 4 de febrero de 2004 a la fecha que adquirió el status (sic) de pensionado, esto es, hasta el 19 de agosto de 2007, con base en el IPC de cada año inmediatamente anterior, en las vigen cias correspondientes entre el 2004 y 2007.

La entidad demandada hará los descuentos correspondientes a los aportes de pensión no efectuados por el trabajador. Para tal efecto, dichos descuentos se realizarán únicamente sobre los nuevos factores que se reconocen en esta sentencia, en relación con los cuales no se hayan efectuado las dedu cciones de ley, durante los últimos cinco (5) años de su vida laboral, esto es, el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 1999 y el 4 de febrero de 2004, por prescri pción extintiva, para lo cual la pasiva deberá realizar la actualización (indexación) con el IPC, aplicando para ello la fórmula adoptada por el H. Consejo de Estado, señalada en las consideraciones de este proveído. […]»

Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que el señor Adames Palacios era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, comoquiera que , para su entrada en vigor contaba con más de 40 años; por tanto, el régimen pensional que lo gobierna es la Ley 33 de 1985, pues, los servicios los prestó al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cargo de auxiliar administrativo grado 16.

entrada en vigor contaba con más de 40 años; por tanto, el régimen pensional que lo gobierna es la Ley 33 de 1985, pues, los servicios los prestó al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cargo de auxiliar administrativo grado 16.

Al ser beneficiario del citado régimen de transición, conforme lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia proferida el Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), para la reliquidación de su pensión se deben tener en cuenta todos los factores salariales que fueron devengados durante el último año. En tal sentido, indicó que, según lo certificado, durante el último año de servicios prestados comprendido del Cuatro (4) de Febrero de Dos Mil Tres (2003) al Cuatro (4) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), el allí demandante devengó, además de los factores ya incluidos, asignación básica y bonificación por servicios prestados ; percibió subsidio de alimentación y las primas de navidad, vacaciones y servicios ; ordenándose, en consecuencia, la reliquidación con base en todos ellos, aclarando que los devengados de forma anual se debía tomar solo una doceava.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó la causal de revisión establecida en los literales a) 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso »; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto a la violación al debido proceso, aduce la parte actora que la sentencia recurrida ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la ley; desatiende lasNúmero Interno: 4279-2018

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Accionado: José Alfredo Adames Palacios

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disposiciones de las sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018; en virtud de las cuales el IBL debe ser el establecido en el inc iso 3 del artículo 36 o en el artículo 21, ambos, de la Ley 100 de 1993; así como, los factores salariales son los consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, reiteró que la cuantía de la mesada pensional fijada en virtud del fallo objeto de esta acción es contraria a las reglas jurisprudenciales que regulan la materia.

Sostuvo que, el IBL aplicable al caso del demandado es el contenido en la Ley 100 de 1993, esto es, el salario promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años o, el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho desde la entrada en vigencia de la

1993, esto es, el salario promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años o, el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho desde la entrada en vigencia de la citada ley y hasta que adquiera el estatus de pensionado; además, los factores salariales a tener en cuenta son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994; no hacerlo de esa manera genera detrimento y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional.

1.4 Auto admisorio

Por medio de providencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) se admitió el recurso extraordinario de revisión y se negó la medida cautelar deprecada10.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

Notificado el auto que admitió el recurso extraordinario, la parte pasiva guardó silencio11.

1.6 Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

10 Expediente digital, Samai, índice 33. 11 Expediente digital, Samai, índice 36-37. Así como, auto de decreto de pruebas, donde se tuvo por no contestada la demanda.Número Interno: 4279-2018

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La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA12 y 20 de la Ley 797 de 2003 13, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201914.

en los artículos 249 del CPACA12 y 20 de la Ley 797 de 2003 13, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201914.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia del Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017 ), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, fue notificada por correo electrónico el Trece (13) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018)15, quedando en consecuencia ejecutoriada al finalizar de aquella data conforme lo establecido en el artículo 203 del CPACA, en su versión original; la demanda fue presentada el Veinticuatro (24) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)16, esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017 ), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional del demandante fue obtenido con violación del debido proceso y/o si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro

12 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 13 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado», modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 15 Expediente físico, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001333500920150050902; fl. 194 16 Folio 153.Número Interno: 4279-2018

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público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier

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público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contral or General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señala do para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material17 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensio nal se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»18.

fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensio nal se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»18.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a l a decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de E stado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de

17 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco

Suárez Vargas.Número Interno: 4279-2018

Accionante: UGPP

Accionado: José Alfredo Adames Palacios

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instrumentos extraordinarios19.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso

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instrumentos extraordinarios19.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 20 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis21, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia22», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial23.

2.4.2 Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta C orporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión

con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado24:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 20 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].

MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 21 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario d e revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 22 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revi sión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Ra d. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 4279-2018

Accionante: UGPP

Accionado: José Alfredo Adames Palacios

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el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relaci ón autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tr es grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección

produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del d erecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 25 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 26.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017, a partir de las cuales , se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel

liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-201900728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 26 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 4279-2018

Accionante: UGPP

Accionado: José Alfredo Adames Palacios

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No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación d e las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que , impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas, con arreglo a las cuales, resulta posible causar el