CE - Sentencia 11001032500020180156000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2018-01560-00 (5112-2018) (AER)

Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección SocialUGPP Demandado: María Leticia Molano de Jiménez Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 Presupuestos de configuración

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032 presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 7 de octubre de 201 4, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15693333170220110012300-01

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda3

2. El señor Hugo Jiménez Vega, por intermedio de apoderado, instauró demanda

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda3

2. El señor Hugo Jiménez Vega, por intermedio de apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo contra la UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y

condenas:

• La nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resoluciones PAP

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-0056100(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 El recurso se presentó el 2 de agosto de 2018(f. 271 del cuaderno 1 del expediente) de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 3 De acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia visibles a folios 86 y 166 del cuaderno 1 del expediente.Radicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018) (REV)

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2 013886 de 16 de septiembre de 2010, mediante la cual Cajanal resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 15252 de 22 de octubre de 2009 y ordenó revocar esta decisión y reliquidar la pensión del señor Hugo Jiménez Vega elevándola a la suma de $957.286 , a partir del 29 de diciembre de 2008.

• Para restablecer el derecho, solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios y, en consecuencia, se ordene a la demandada a pagar las diferencias adeudadas con los correspondientes ajustes a valor en los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

1.1.2 Hechos relevantes.

3. El señor Hugo Jiménez Vega nació el 13 de marzo de 194 5. Prestó sus servicios en la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia en el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 1972 y el 28 de agosto de 2008, fecha en la cual se retiró efectivamente del servicio.

4. Mediante Resolución 36931 de 8 de noviembre de 2005, Cajanal le reconoció y ordenó el pago de la pensión, en cuantía de $732.325 efectiva a partir del 1. ° de enero de 2004, condicionada al retiro efectivo del servicio. Dicha pensión fue

y ordenó el pago de la pensión, en cuantía de $732.325 efectiva a partir del 1. ° de enero de 2004, condicionada al retiro efectivo del servicio. Dicha pensión fue reconocida aplicando la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y el Decreto 01 de 1984, y liquidó sobre lo devengado 1. ° de abril de 1994 hasta el 30 de diciembre de 2003.

5. El señor Jiménez Vega solicitó a Cajanal la reliquidación de su pensión de jubilación, que fue resuelta a través de Resolución 1542 de 22 de octubre de 2009, que negó dicha solicitud por estimar que las normas aplicables al caso son la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

6. Contra la anterior decisión el interesado interpuso recurso de reposición en donde señaló que no se tuvo en cuenta el nuevo tiempo de servicio ni los factores devengados. Mediante Resolución PAD 013886 de 16 de septiembre de 2010 , CAJANAL d ecidió el recurso y ordenó reliquidar la pensión en cuantía de $ 957.286 a partir de 29 de diciembre de 2008 , para lo cual tuvo en cuenta los factores del Decreto 1158 de 1994.Radicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018)

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3 2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

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3 2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Como disposiciones vulneradas, adujo el demandante Hugo Jiménez Vega que los actos acusados desconocen los artículos 2. °, 6. °, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; los artículos 5 de la Ley 4. ° de 1966; 36 de la Ley 100 de 1993; las Leyes 57 de 1887; 33 y 62 de 1985; y los Decretos 1743 de 1966 y 1045 de 1978.

8. Como concepto de violación señaló que las Resoluciones demandadas fueron expedidas con falsa motivación, pues desconocen el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , de acuerdo con el cual tiene derecho a que se reliquide su pensión de vejez de conformidad con lo contemplado en la Ley 33 de 1985, es decir, del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios y con inclusión de todos factores salariales percibidos durante dicho periodo, lo anterior, en atención al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en la se ntencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

2.1.4. Sentencia de primera instancia 4

9. El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Santa Rosa de Viterbo , mediante providencia de 23 de febrero de 2012, declaró la nulidad parcial de los actos acusados y concedió las súplicas de la demanda.

Rosa de Viterbo , mediante providencia de 23 de febrero de 2012, declaró la nulidad parcial de los actos acusados y concedió las súplicas de la demanda.

10. Para tal efecto, señaló que el demandante era beneficiari o del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, de acuerdo con dicha disposición, la liquidación debió efectuarse de conformidad con la Ley 33 de 1985 , es decir, en cuantía del 75 % de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, lo anterior, en atención al precedente contenido en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.

11. En consecuencia, ordenó a la UGPP a reliquidar la pensión teniendo en cuenta además de la asignación básica, el sueldo adicional por encargo, la bonificación por servicios prestados, y las primas de antigüedad, técnica , de vacaciones, y de navidad.

12. Indicó que en el presente asunto no operó la prescripción de las mesadas lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante se retiró del servicio el 28 de diciembre de 2008 y la solicitud de reliquidación se radicó el 29 de abril de 2011.

4 Folio 273 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.Radicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018) (REV)

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13. Finalmente, autorizó a la entidad demandada a realizar los descuentos sobre los factores sobre los cuales no se hubiesen realizado aportes a pensión y ordenó la indexación de las sumas adeudadas de conformidad con el artículo 178 del

CCA.

2.1.5. Recurso de apelación 5

14. Inconforme con la anterior decisión, el demandante - señor Hugo Jiménez Vegainterpuso recurso de apelación, en el que indicó que la pensión debió reliquidarse teniendo en cuenta, además de los factores reconocidos, la prima de servicios, pues se encuentra demostrado que dicho factor fue devengado por el causante durante el último año de servicios.

15. Sostuvo que, de acuerdo con la sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010, la misma constituye factor salarial , pues fue devengada de manera periódica, tal como lo certificó el pagador de la Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia.

16. En ese sentido solicitó que se modificara la decisión de primera instancia.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión.6

17. El Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Descongestión, dictó sentencia de segunda instancia el 7 de octubre de 2014, en la cual, modificó la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa Rosa de Viterbo de 23 de febrero de 2012 con los siguientes argumentos:

de segunda instancia el 7 de octubre de 2014, en la cual, modificó la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa Rosa de Viterbo de 23 de febrero de 2012 con los siguientes argumentos:

18. Como fundamento de su decisión invocó la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y, con base en ella señaló que la interpretación que debía darse a la Ley 33 de 1985, es que ella no contiene una lista taxativa de factores a tener en cuenta en la liquidación pensional, y, por tanto, debe entenderse como salario para efectos de la misma todo aquello que recibe el empleado como contraprestación directa por el servicio.

19. Estimó en consecuencia, que la liquidación de la pensión de l señor Hugo Jiménez Vega se debía realizar con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios , incluyendo como factores salariales, la asignación básica, el sueldo adicional por encargo, la bonificación por servicios

5 De acuerdo con la sentencia de segunda instancia visible a folio 165 del cuaderno 1 del expediente. 6Folios 165 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.Radicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018) (REV)

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5 y las primas de antigüedad, técnica, de vacaciones y de navidad, como lo señaló

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5 y las primas de antigüedad, técnica, de vacaciones y de navidad, como lo señaló el a quo, y además, la prima de servicios, pues de acuerdo con las sentencias de 4 de marzo de 2010 y de 4 de agosto de 2010 proferidas por el Consejo de Estado, esta constituye factor salarial para efectos de liquidar la pensión.

2.1.7. La acción especial de revisión. 7

20. La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de

naturaleza pública y especialmente:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

21. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

(i) Revocar la sentencia de 7 de octubre de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Descongestión, dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Hugo Jiménez Vega contra Cajanal (Hoy UGPP), radicado 15693-3331-002-2011-00123-01 que confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo de 23 de febrero de 2012.

15693-3331-002-2011-00123-01 que confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo de 23 de febrero de 2012.

(ii) Declarar que la señora María Leticia Molano de Jiménez en calidad de beneficiaria de la prestación económica reconocida a Hugo Jiménez Vega, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido y en su lugar, ordenar la reliquidación de la pensión de conformidad con las sentencias, C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017, , SU - 395 de 2017, SU -631 de 2017, T -039 de 2018 y los autos 229 de 2017 y 326 de 2014; esto es, teniendo como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores determinados en el Decreto 1158 de 1994.

7 Folios 260 y s.s. del cuaderno 1 del expediente.Radicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018) (REV)

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22. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP sostuvo que el señor Hugo Jiménez Vega no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda

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22. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP sostuvo que el señor Hugo Jiménez Vega no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores de cotización establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994.

23. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU631 de 2017 y T-039 de 2018.

24. Adicionalmente, señaló que la mesada obtenida como resultado de la reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo de Boyacá- Sala de Descongestión ascendía a $ 2.003.113 y en realidad debería corresponder a $1.509.819, es decir, con un aumento del 32.67%, con lo cual estimó que se estaba causando un detrimento patrimonial al tesoro público.

2.1.8. Contestación

25. La señora María Leticia Molano de Jiménez fue notificada personalmente de la admisión de la acción de revisión el 30 de enero de 2023, como se advierte en el índice 42 de SAMAI y posteriormente, a solicitud de la demandada se reenvió

la admisión de la acción de revisión el 30 de enero de 2023, como se advierte en el índice 42 de SAMAI y posteriormente, a solicitud de la demandada se reenvió copia del expediente el 1 de febrero de 2023.8

26. A través de escrito radicado el 6 de febrero de 20239 se allegó poder conferido por la señora María Leticia Molano de Jiménez al Dr . Jaime Alberto Rodríguez García para actuar en el presente asunto, sin embargo, no contestó la demanda.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Ad ministrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo

8 Índice 47 de Samai. 9 Índice 48 de SamaiRadicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018) (REV)

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7 de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.2. Oportunidad

28. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el

7 de 2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.2. Oportunidad

28. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia C -835 de 2003 10, declaró la inexequibilidad de

dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

29. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

30. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su

jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes

10 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]»

dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).Radicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018) (REV)

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8 del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

31. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 7 de octubre de 201 411 y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 19 de octubre de 2018.12

3.3. Problema jurídico

32. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 7 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Descongestión incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación del señor Hugo Jiménez Vega ( posteriormente sustituida a la señora María Leticia Molano de Jiménez ) con el 75% del promedio de los salarios devengados

señor Hugo Jiménez Vega ( posteriormente sustituida a la señora María Leticia Molano de Jiménez ) con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante dicho periodo, es decir, la asignación básica, el sueldo adicional por encargo, la bonificación por servicios y las primas de antigüedad, técnica, de vacaciones, de navidad y de servicios.

33. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas, relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

34. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 13 (antes artículo

11Folio 165 y siguientes del cuaderno 1 del expediente. 12 Folio 323 del cuaderno 1del expediente. 13 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.Radicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018)

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9 188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 14, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

35. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente como una acción especial15, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció

contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente como una acción especial15, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cua lquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia16 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado 17, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

36. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 18 facultó al Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015),

rechazada. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “ acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduríapara promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala). 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado:

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273 -2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA. 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-.

Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de revisión. 18 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especialesRadicado : 11001 -03 -25 -000 -2018 -01560 -00 (5112 -2018)

(REV)

Accionante : UGPP

835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de

www.consejodeestado.gov.co

10 Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

37. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009 19 el Gobierno Nacional delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

38. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

39. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición.

40.En este caso, la UGPP cuestiona la