CE - Sentencia 11001032500020180157200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2018-01572-00 (5127-2018)1.

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionado : Héctor Alfonso Torres Agudelo Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío.

Causal regulada en el literal a y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGP P, contra las sentencias del Treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío que confirmó parcialmente el fallo del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012), emitido por el Juzgado Primero Administrativo de descongestión del circuito judicial de Armenia, que accedi eron a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , instaurada por el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , instaurada por el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme n las sentencias del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012), proferida por el Juzgado Primero Administrativo de descongestión

1 Expediente hibrido. 2 Folios 176 a 185, expediente físico, cuaderno 1.Número Interno: 5127-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

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del circuito judicial de Armenia, confirmada parcialmente mediante fallo del Treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013) , dictadas dentro del expediente radicado No. 63001-33-31-002-2012-00202 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende que:

Se declare que el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo, en relación con la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana y se ordene la reliquidación y pago de la pensión que recibe , adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la citada normatividad y, los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la citada normatividad y, los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995; C-258 de 2013, SU230 de 2015 y SU427 de 2016; SU-210 de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017 y autos 326 de 2014 y auto 229 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo, nació el doce (12) de noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro (1954).

A través de Resolución No. 23272 del Trece (13) de octubre de Dos Mil (2000), CAJANAL reconoció pensión de vejez al señor Torres Agudelo, en cuantía de Cuatrocientos Quince Mil Ciento Sesenta y Siete pesos Con Ochenta y Siete centavos ($415.167,87), efectiva a partir del primero (1) de Julio de Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999).

Por medio de Resolución No.24639 del veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Uno (2001), se reliquidó la pensión de vejez, por retiro definitivo, elevando el valor de la mesada , a Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco pesos ($465.255.99).

A través de la resolución No. 111444 del doce (12) de marzo de Dos Mil Ocho (2008), se negó la reliquidación de la pensión de vejez.

A través de la resolución No. 111444 del doce (12) de marzo de Dos Mil Ocho (2008), se negó la reliquidación de la pensión de vejez.

El demandad o inconforme con la anterior decisión inició proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que correspondió al Juzgado Primero de Descongestión de Armenia, que mediante sentencia del veinti cuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012), declaró la nulidad del acto demandado y ordenó la reliquidación sobre el 75% de losNúmero Interno: 5127-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

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factores devengados en el último año de servicio conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Decisión confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Quindío, con providencia de Treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), en la cual, ordenó modificar el ordinal segundo y tercero, en punto a excluir de la base de liquidación pensional el concepto de prima de riesgo, el subsidio familiar y la indemnización por vacaciones a partir del Nueve (09) de Abril de Dos Mil Nueve (2009) en atención a la prescripción trienal.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo de Quindío, mediante sentencia de treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013) , confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, al considerar que, en la liquidación de la pensión del señor Torres Agudelo no se debía tener en cuenta, los conceptos de prima de riesgo, el subsidio familiar y la indemnización

de Dos Mil Trece (2013) , confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, al considerar que, en la liquidación de la pensión del señor Torres Agudelo no se debía tener en cuenta, los conceptos de prima de riesgo, el subsidio familiar y la indemnización por vacaciones, pues , no constituían factor salarial . Modificando el ordinal segundo y tercero del fallo proferido el Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012)3:

«PRIMERO: CONFIRMARSE, la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012) por el juzgado primero administrativo de descongestión del circuito de Armenia (Q), que accedió a las pretensiones de la demanda, MODIFICANDO sus numerales segundo y tercero en el sentido de precisar que la reliquidación y pago en ellos ordenados se realizará excluyendo de los factores requeridos por el actor la prima de riesgo, el subsidio familiar y la indemnización por vacaciones respecto de las mesadas cau sadas a partir del 09 de abril de 2009, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Autorizase a la UGPP el descuento de aportes que no hubieran sido efectuados con destino al Sistema de Seguridad Social de los valores resultantes de la condena impuesta». ( Resaltado por fuera de texto)

En efecto, el fallo de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:4

El juzgado determinó que el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo, se encontraba cobijado

3 Folios 127-136, cuaderno principal 4 El Juzgado Primero Administrativo en Descongestión del circuito judicial de Armenia, mediante sentencia de Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce

3 Folios 127-136, cuaderno principal 4 El Juzgado Primero Administrativo en Descongestión del circuito judicial de Armenia, mediante sentencia de Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012)3, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:Número Interno: 5127-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

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por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, su mesada debía reliquidarse conforme a lo establecido en la Ley 32 de 1986 , teniendo como base el 75% sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, como: asignación básica, sobresueldo, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de riesgo, subsidio familiar, bonificación de servicios, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad . Siendo procedente reliquidar la pensión de jubilación, desde la fecha en que el actor le fue reconocida la mesada.

A su vez, al haber radicado ante Cajanal petición de reliquidación pensional el Siete (7) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), interrumpió el termino de prescripción, por lo tanto, el pago de las diferencias de los valores reconocidos s ería a partir del Siete (07) de noviembre de Dos Mil Tres (2003).

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declárese la nulidad de la Resolución No. 11144 del 12 de marzo de 2008, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, empresa Industrial y Comercial del Estado

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declárese la nulidad de la Resolución No. 11144 del 12 de marzo de 2008, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, empresa Industrial y Comercial del Estado hoy en la Liquidación, “ por la cual se niega una reliquidación de una pensión de vejez”

SEGUNDO: Condénese a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.I.C.E - EN LIQUIDACIÓN a reconocer , a favor del demandante, las diferencias de la s mesadas pensionales por la inclusión de todos los factores salariales percibidos por el actor, valores que deberán ser pagados debidamente indexados, con efectos fiscales a partir del 07 de noviembre de 2003.

TERCERO: Ordenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E EN LIQUIDACIÓN, incluir en nómina de pensionados el mayor valor que deberá ser reconocido desde la fecha en que el actor adquirió su pensión, y la diferencia en el pago de las mesadas será pagada desde el 07 de noviembre de 2003, en virtud a la prescripción trienal (art . 488 del C.S. del T, 151 del C. de P. L y 41 del Decreto 3135 de 1968) , con la aplicación de las fórmulas referenciadas en la parte motiva de este fallo. […]»

1.3. Causales de revisión invocadas.

En principio, aunque en las pretensiones de la demanda no se menciona la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el apartado «Concepto de violación» sí se hace referencia a ella, por lo tanto, la Sala infiere que la UGPP la propone como causal

literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el apartado «Concepto de violación» sí se hace referencia a ella, por lo tanto, la Sala infiere que la UGPP la propone como causal de revisión. En efecto, manifiesta que: «pues la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante en los términos ordenados en estas no le corresponde, pues lo corr ecto es que tuviera en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la ley 100 de 1993, respecto del IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación, por lo anterior se considera que el fallo acusado trasgrede los principiosNúmero Interno: 5127-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Héctor Alfonso Torres Agudelo

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superiores de legalidad consagrados en los artículo 1,2,6,29, 121, 132 inciso 3 y 124 de la carta política5».

Por otra parte, La UGPP invocó la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión solicita ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legislación, pues , es claro que de acuerdo con las sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210

establecido por la legislación, pues , es claro que de acuerdo con las sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, auto 229 de 2017 y T-039 de 2018, el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición, de manera que, una correcta aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , impone liquidar la pensión del señor Torres Agudelo con los aportes efectuados durante los últimos 10 años de servicio y los factores de salario establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

1.4. Contestación de la demanda de revisión.

El auto admisorio de la acción, fue notificado personalmente al señor Héctor Alfonso Torres Agudelo el Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)6, quien, dentro del término otorgado, guardó silencio

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 7 y 20 de la Ley 797 de 2003 8, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación , contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199.

2.2. Oportunidad.

5 pagina 179 del expediente 6 Samai, índice 50. Actuación del tribunal de origen samai índice 10.

80 de 12 de marzo de 20199.

2.2. Oportunidad.

5 pagina 179 del expediente 6 Samai, índice 50. Actuación del tribunal de origen samai índice 10. 7 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 8 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.Número Interno: 5127-2018

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La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada fue notificada el Siete (7) de noviembre de Dos Mil trece (2013)10, cobró ejecutoria el 15 de ese mismo mes y año y la demanda fue presentada el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)11, razón por la cual , no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer , si la sentencia del Treinta y uno (31)

establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer , si la sentencia del Treinta y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Tribunal Administrativo de Quindío , está incurso en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

10 Pagina 117 del cuaderno principal 11 Pagina 186 reversosello de recibido en la sección segunda del Consejo de EstadoNúmero Interno: 5127-2018

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material12 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»13.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios14.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 15 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis16, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso

12 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.

generis16, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso

12 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suár ez Vargas. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 d e febrero de 2013, exp. 15001 -0315-000-01027-00. 15 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas pr ocesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a con cluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo

de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001 -03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C -835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contr a los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraor dinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Número Interno: 5127-2018

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extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia17», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial18.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Así las cosas y conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos , que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública , la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

En efecto , en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado19:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa

administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en

17 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001 -03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014 -02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 1100103-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 5127-2018

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relación con los núcleos esenciales que lo componen» 20 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 21.

2.4.3. Régimen pensional especial del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Penitenciario y Carcelario-INPEC La norma general en materia pensional aplicable a los empleados públicos antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 era la Ley 33 de 1985. No obstante, el artículo 1° de dicha ley precisó que no quedarían sujetos a su régimen general aquellos empleados oficiales que, por la naturaleza de sus funciones, justificaran una excepción determinada expresamente por la ley, ni quienes gozaran de un régimen especial de pensiones. En este contexto, el legislador expidió la Ley 32 de 1986, mediante la cual, se adoptó el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del INPEC. El artículo 96 de dicha ley estableció que, los miembros de este gremio tendrían derecho a pensión al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos, sin consideración a la edad. Posteriormente, el Decreto 407 de 1994 , creó el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, pero no definió el monto ni la base de liquidación de las pensiones. Sin embargo, el artículo 114 de la Ley 32 de 1986 dispuso que: «En los aspectos no previstos en esta Ley o en sus decretos reglamentarios, a los miembros

monto ni la base de liquidación de las pensiones. Sin embargo, el artículo 114 de la Ley 32 de 1986 dispuso que: «En los aspectos no previstos en esta Ley o en sus decretos reglamentarios, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se les aplicarán las normas vigentes para los empleados públicos nacionales»

Por tanto, para determinar el monto y la base de liquidación de las pensiones de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, debe acudirse a la Ley 4 de 1966 , cuyo artículo 4° señaló: «A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensu al obtenido en el último año de servicios».

En consecuencia, al tratarse de un régimen especial de naturaleza exceptuada, los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, como el señor Héctor Alfonso Torres Agudelo, están sujetos a la aplicación de las disposiciones especiales vigentes al

20 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 5127-2018

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momento de la consolidación de su derecho. Ello, además, considerando que el mencionado funcionario era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que , resultan aplicables las normas anteriores a dicha ley en materia de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión. 2.4.4. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, a partir de las cuales , se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controver