CE - Sentencia 11001032500020180168300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2018-01683-00 (5736-2018)1.

Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Demandado Sucesora Procesal : José Bernardo Posada María Isabel Posada Ducuara2

Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de l Huila.

Causal regulada en los literales a y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia del Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), proferida por la Sala Quinta de decisión escritural del Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó parcialmente el fallo del siete (7) de diciembre de Dos Mil Once (2011), emitido por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de Neiva, que accedi ó a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor José Bernardo Posada (q.e.p.d).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión3.

restablecimiento del derecho, instaurada por el señor José Bernardo Posada (q.e.p.d).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión3.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirmen las sentencias del veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), proferida por la Sala Quinta de decisión escritural del Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó parcialmente el fallo del siete (7) de diciembre de

1 Expediente hibrido. 2 Samai, índice 30. 3 Folios 320-331Número Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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Dos Mil Once (2011), emitido por el J uzgado Quinto Administrativo de Neiva, dictadas dentro del expediente radicado No. 41001-33-31-005-2007-00153-00 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende que:

Se declare que el señor José Bernardo Posada , no es titular de un derecho adquirido respecto de la liquidaci ón de su mesada pensional, susceptible de amparo por el ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, se ordene la reliquidación y pago de la pensión que actualmente percibe, tomando como ingreso base de liquidación las directrices previstas en el inciso tercero del artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de

de la pensión que actualmente percibe, tomando como ingreso base de liquidación las directrices previstas en el inciso tercero del artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994 , de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, auto 236 de 2014, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016; SU-210 de 2017; auto 229 de 2017, SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017, T-039 de 2018.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que , la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E, con Resolución No. 14830 del seis (6) de junio de dos mil uno ( 2001), reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez al señor Bernardo Posada, en cuantía de ($470.382,92), efectiva a partir del primero (1) de enero de Dos Mil Uno (2001)4.

Por medio de Resolución No.18379 del quince (15) de julio de Dos Mil Dos (2002), CAJANAL, reliquidó la pensión de vejez, elevando el valor de la mesada, a ($522.797,04), efectiva a partir del primero (1) de enero de Dos Mil Uno (2001). La prestación liquidada, tuvo en cuenta el setenta y cinco (75%) del promedio devengado en el tiempo que le hiciera falta entre el 1 de abril de 1994 al 30 de diciembre de 2001, incluyendo los factores de asignación básica, bonificación de servicios prestados y sobresueldo5.

hiciera falta entre el 1 de abril de 1994 al 30 de diciembre de 2001, incluyendo los factores de asignación básica, bonificación de servicios prestados y sobresueldo5.

Precisó que, mediante resolución No. 34508 del veintisiete (27) de octubre de Dos Mil Cinco (2005), se negó la reliquidación de la pensión de vejez 6. Decisión que fue confirmada con la Resolución No. 9525 del treinta (30) de diciembre de Dos Mil Cinco (2005). En consecuencia, e l señor José Bernardo Posada , en ejercicio del medio de

4 Pagina 57-58 5 Pagina 69-71 6 Pagina 81-83. Se advierte que las sentencias objeto de revisión de forma errada precisaron que la resolución No.34508 era de fecha 12 de octubre de 2005.Número Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la legalidad de los citados actos administrativos.

El Juzgado Quinto (5) Administrativo de Neiva, en sentencia del siete (7) de diciembre de Dos Mil Once (2011), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo: (i) declarar la nulidad de las resoluciones demandadas ; (ii) como consecuencia de la nulidad decretada, ordenó la reliquidación sobre el setenta y cinco (75%) de los factores devengados en el último año de servicio, por concepto de prima de navidad, auxilio de transporte, auxilio de alimentación y vacaciones , prima de riesgo y subsidio familiar.

(75%) de los factores devengados en el último año de servicio, por concepto de prima de navidad, auxilio de transporte, auxilio de alimentación y vacaciones , prima de riesgo y subsidio familiar.

Inconforme con la decisión, la entidad interpuso recurso de apelación y cuestionó los factores reconocidos con el argumento que, únicamente tenía derecho a la liquidación de la asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica cuando constituya factor salarial, primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando tengan carácter salarial, remuneración por trabajo dominical o festivo, remuneración por trabajo suplementario u horas extras, trabajo en jornada nocturna y bonificación por servicios prestados.

La Sala Quinta del Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia de veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), resolvió el recurso de alzada y confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, ordenando modificar el ordinal segundo, tercero y cuarto, en punto, a los factores salariales y la fecha de prescripción.

En cumplimiento de las decisiones judiciales objeto de revisión, la subdirectora de determinación de derechos pensionales de la UGPP, reliquidó la pensión del causante a través de la Resoluciones RDP 006213 del veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Catorce (2014)7, fijando el monto de la mesada pensional en $ 1.043.037, lo que representó una diferencia de $ 520.239,96, respecto del valor inicialmente reconocido.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del

diferencia de $ 520.239,96, respecto del valor inicialmente reconocido.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013), confirmó parcialmente la decisión

7 Página 245-250Número Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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de primera instancia, al considerar que, en la liquidación de la pensión del señor Bernardo Posada, si bien, el «subsidio familiar y la prima de riesgo» no constituían propiamente factores salariales, debían incluirse en la base de liquidaci ón pensional, de conformidad con lo previsto en el art ículo 73 del Decreto 1848 de 1969, aplicable por remisi ón del art ículo 114 de la Ley 32 de 1986 y del artículo 184 del Decreto 407 de 1997.

No obstante, el Tribunal , modificó los ordinales segundo, tercero y cuarto del fallo proferido el siete (7) de diciembre de dos mil once (2011)8:

«PRIMERO: TENER a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, como la entidad obligada al cumplimiento de la sentencia proferida del presente asunto, en razón de la supresión y liquidación de la entidad demandada Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del 7 de

sentencia proferida del presente asunto, en razón de la supresión y liquidación de la entidad demandada Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del 7 de diciembre de 2011, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva,

los cuales quedarán así:

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales propuesta por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, reliquide la pensión mensual vitalicia por vejez reconocida el señor José Bernardo Posada, con base con (sic) el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicio, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 200 1, en los términos de la ley 32 de 1986 , decreto 407 de 1994, ley 4 de 1966 y decreto 1045 de 1978, teniendo en cuenta todos los factores salariales legales correspondientes a; asignación básica, sobresueldo , auxilio de alimentación, auxilio de transporte, subsidio familiar, prima de riesgo, bonificación por servicios prestados, prima de servicio, prima de navidad y prima de vacaciones de conformidad con la parte motiva de esta providencia efectiva a partir del 1 de enero de 2002. (subrayado fuera de texto)

CUARTO: Como restablecimiento del derecho se dispone:

a) CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL

2002. (subrayado fuera de texto)

CUARTO: Como restablecimiento del derecho se dispone:

a) CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP al pago de las diferencias resultantes entre lo efectivamente percibido por el señor José Bernardo Posada como mesada y la suma que arroje la reliquidación ordenada, a partir del 21 de febrero de 2002, por efectos de la prescripción trienal, previa deducción de los descuentos por aporte de ley por los nuevos factores salariales a considerarse en reliquidación de la pensión de jubilación, sino se hubiese efectuado.[…]»

De acuerdo a lo anterior, se destaca que , el fallo de primera instancia del siete (7) de diciembre de Dos Mil Once (2011), proferido por el Juzgado Quinto (5) Administrativo del

8 Folios 282-290Número Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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Neiva, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , en los siguientes términos9:

Determinó que, el señor José Bernardo Posada, se encontraba amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; en consecuencia , su mesada pensional debía reliquidar se conforme a lo dispuesto en la Ley 32 de 1986 , tomando como base el setenta y cinco (75%) sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio , comprendido entre el primero (1) de enero de

tomando como base el setenta y cinco (75%) sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio , comprendido entre el primero (1) de enero de Dos Mil Uno (2001) y Treinta y uno (31) de diciem bre de Dos Mil Uno (2001). Dentro de dichos factores debían incluirse, además, la asignación básica mensual y el sobresueldo, el subsidio de alimentación, auxilio de transporte, vacaciones y prima de navidad.

A su vez, al haber presentado ante Cajanal la petición de reliquidación pensional el veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Cinco (2005) , se produjo la interrupción del término de prescripción . En consecuencia, se encontraban prescritas las mesadas causadas desde junio de Dos Mil Uno (2001) hasta el Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Dos (2002)

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR NULAS las resoluciones 34508 del 12 de octubre de 2005 (sic) y 9225 del 30 de diciembre de 2005 proferidas por la Caja Nacional de Previsión SocialCAJANAL acorde con las razones indicadas en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente las excepciones de prescripción propuestas por la entidad demandada, correspondiente a la diferencia económica que resulte de la reliquidación de las mesadas pensionales desde junio de 2001 hasta 21 febrero de 2002, conforme a lo motivado.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social EICECAJANAL EN LIQUIDACIÓN que proceda a reliquidar el valor de las mesadas pensionales

conforme a lo motivado.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social EICECAJANAL EN LIQUIDACIÓN que proceda a reliquidar el valor de las mesadas pensionales de jubilación a favor del señor JOSE BERNARDO POSADA, incluyendo el 75% de lo que recibió mensualmente en el año anterior al status pensional (1 de enero de 2001 al 3 1 de diciembre de 2001), por concepto de prima de navidad, auxilio de transporte y auxilio de alimentación y vacaciones, acorde con la certificación salarial aportada como prueba documental a folio 51 del cuaderno anexo.

9 El Juzgado Primero Administrativo en Descongestión del circuito judicial de Armenia, mediante sentencia de Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Doce (2012)3, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:Número Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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CUARTO: CONDENESE a CAJANAL EN LI QUIDACIÓN a pagar al demandante las diferencias entre las sumas de las mesadas pensionales que le ha reconocido y pagado frente a las que le debe reconocer desde el 31 de diciembre de 2001 pero descontando las mesadas prescritas acorde con lo señalado en las consideraciones. […]»

1.3. Causales de revisión invocadas.

En principio, aunque en las pretensiones de la demanda no se menciona la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el apartado «Concepto de violación» sí se

1.3. Causales de revisión invocadas.

En principio, aunque en las pretensiones de la demanda no se menciona la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el apartado «Concepto de violación» sí se hace referencia a ella, por lo tanto, la Sala infiere que la UGPP la propone como causal de revisión. En efecto, manifiesta que: «pues la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilaci ón de la causante en los términos ordenados en estas no le corresponde, pues lo correcto es que tuviera en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la ley 100 de 1993, respecto del IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación, por lo anterior se considera que el fallo acusado trasgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los artículo 1,2,6 y 29 de la carta política10».

Por otra parte, La UGPP invocó la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci ón colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que la sentencia cuya revisión solicita , ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legislación, pues es claro que de acuerdo con las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de

establecido por la legislación, pues es claro que de acuerdo con las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, auto 229 de 2017 y T-039 de 2018, el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición, de manera que, una correcta aplicación del inciso te rcero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 impone liquidar la pensión del señor Bernardo Posada, con los aportes efectuados durante los últimos 10 años de servicio y los factores de salario taxativos establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y aquellos que constituyan factor salario.

1.4. Sucesión procesal11

10 Pagina 323 reverso y 324 11 Samai, índice 24Número Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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Durante la notificaci ón del auto admisorio, la UGPP alleg ó memorial solicitando la sucesión procesal, respecto de la señora María Isabel Posada Ducuara, en su calidad de beneficiaria del se ñor José Bernardo Posada, quien falleci ó el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), según consta en el Registro Civil de Defunción No. 09736001.

Indicó que, mediante Resolución RDP 002692 del ocho (8) de febrero de dos mil veintiuno (2021), la UGPP reconoció a la señora Posada Ducuara, pensión de sobrevivientes con

Indicó que, mediante Resolución RDP 002692 del ocho (8) de febrero de dos mil veintiuno (2021), la UGPP reconoció a la señora Posada Ducuara, pensión de sobrevivientes con un porcentaje del 100%, a partir del veinticinco (25) de julio de dos mil veinte (2020).

Por auto del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) 12, se admitió la sucesión procesal , en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 del Código General del Proceso.

La citada decisión fue notificada a la señora Marial Isabel Posada Ducuara, el nueve (9) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)13 quien, guardó silencio dentro del término otorgado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 14 y 20 de la Ley 797 de 2003 15, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación , contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201916.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia revisada

12 Samai, índice 30 13 Samai, índice 36 14 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 15 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público

secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 15 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».Número Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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fue notificada el 13 de diciembre de 201317, cobró ejecutoria el 19 de ese mismo mes y año y la demanda fue presentada el 9 de noviembre de 201818, razón por la cual, no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), emitida por la Sala Quinta de decisión escritural del Tribunal Administrativo del Huila, está incurso en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

17 Pagina 315

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

17 Pagina 315 18 Pagina 331sello de recibido en la sección segunda del Consejo de EstadoNúmero Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material19 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»20.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específic as y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretext o de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la

utilizarse este medio impugnativo so pretext o de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzga dor se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios21.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite22 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 23, dado que, más allá de que

19 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 22 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 23 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una

novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui gene ris” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisió n en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Número Interno: 5736-2018

Demandante: UGPP

Demandado: José Bernardo Posada

Sucesora Procesal: María Isabel Posada Ducuara

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pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual q ue el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 24», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial25.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Así las cosas y conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan de cretado o decreten reconocimientos , que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública , la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

En efecto , en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos

por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

En efecto , en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Espec ial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado26:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

24 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le o torgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.

24 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le o torgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa ca