CE - Sentencia 11001032500020180176600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 11001032500020180176600 (6367-2018)1.

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionado : Emilson Palacios Lozano.

Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 2 9 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Causal regulada en el literal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia de Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 2, que revocó la decisión de primera instancia dictada el Veintidós (22) de febrero de Dos Mil Trece (2013) , por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cali y, en su lugar, accedió a las súplicas de la demanda instaurada en ejercicio del medio de c ontrol de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Emilson Palacios Lozano.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión3.

demanda instaurada en ejercicio del medio de c ontrol de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Emilson Palacios Lozano.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión3.

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia de Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que

1 Expediente hibrido. 2 Sala de decisión integrada por los magistrados: Carlos Eduardo Sevilla Cadavid, Melba Giraldo Londoño y Carlos Eduardo Chávez Zúñiga. 3 Folios 190 a 202, expediente físico, cuaderno No. 2.Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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revocó la decisión de primera instancia dictada el Veintidós (22) de febrero de Dos Mil Trece (2013), por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cali, dictada dentro del expediente radicado 76001-33-31-703-2011-00087-01 y, en su lugar, se declare que el señor Emilson Palacios Lozano, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, ordenándose la reliquidación de la pensión que recibe, teniendo como ingreso base de liquidación lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los

ingreso base de liquidación lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU427 de 2016; SU-210 de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que el señor Emilson Palacios Lozano, nació el Veintiséis (26) de octubre de Mil Novecientos Cincuenta y Ocho (1958), a quien mediante Resolución No. 15770 del Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Cinco (2005) , le fue reconocida una pensión de vejez, en cuantía de Un Millón Ochocientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos con Noventa centavos ($1.805.252,90), efectiva a partir del Primero (1) de diciembre de Dos Mil Tres (2003), condicionada al retiro definitivo del servicio.

Que el demandando solicitó la reliquidación de su pensión, petición resuelt a de forma negativa a través de la Resolución No. 58560 del Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Diez (2010). Posteriormente, mediante auto No. PAP 005846 del Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Diez ( 2010) se le informó al actor que Cajanal hab ía perdido competencia para resolver su solicitud, hasta tanto se tomara una decisión en sede judicial.

noviembre de Dos Mil Diez ( 2010) se le informó al actor que Cajanal hab ía perdido competencia para resolver su solicitud, hasta tanto se tomara una decisión en sede judicial.

Afirma la parte actora que, el demandado incoó demanda en ejercicio del medio de control de acción de nulidad y restablecimiento del derecho pidiendo la reliquidación pensional, de la cual conoció el Juzgado Tercero Administrativo en Descongestión de Cali, quien emitió sentencia el Veintidós (22) de febrero de Dos Mil Trece (2013), declarando probada de oficio la excepción de inepta demanda y, en consecuencia, se inhibió de proferir decisión de fondo.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conoció en segunda instancia del proceso incoado por el aquí demandado, Corporación que profirió sentencia elNúmero Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), revocando la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró la nulidad del acto ficto o presunto demandado que surgió ante la no respuesta a una petición incoada el Doce (12) de julio de Dos Mil Doce (2012) y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a CAJANAL a reliquidar la pensión del señor Palacios Lozano teniendo en cuenta como ingreso base de la liquidación (IBL) la bonificación de junio, la prima de vacaciones, la bonificac ión de diciembre y la prima de antigüedad; asimismo, ordenó el pago de las diferencias generadas y el ajuste de la mesada pensional.

la bonificación de junio, la prima de vacaciones, la bonificac ión de diciembre y la prima de antigüedad; asimismo, ordenó el pago de las diferencias generadas y el ajuste de la mesada pensional.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013) 4, revocó el fallo inhibitorio de primera instancia 5 y, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

«REVÓQUESE la sentencia No. 022 del 22 de febrero de 2013 proferida por el Juzgad o Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, con la cual dicho Despacho se inhibió para fallar de fondo el presente asunto. En su lugar:

PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del acto ficto o presunto originado del silencio administrativo negativo frente a la petición elevada por el actor el 12 de julio de 2010.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESELE a la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación que reliquide la pensión de EMILSON PALACIOS LOZANO, e incluya en la base de liquidación no solo el salario básico y la bonificación por servicios prestados, sino también la bonificación de junio, la prima de vacaciones, la bonificación de diciembre y la prima de antigüedad; rubros todos que se computarán en los montos devengados entre el 01 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2006, lapso que comprendió el último año de servicios presentados por el actor.

que se computarán en los montos devengados entre el 01 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2006, lapso que comprendió el último año de servicios presentados por el actor.

TERCERO: CONDÉNESE a la accionada a cancelar al demandante las diferencias de las mesadas que resulten entre la reliquidación en los términos aquí ordenados y lo que se le canceló por virtud de la liquidación inicial.

Las diferencias resultantes deberán s er ajustadas en su valor con aplicación de la fórmula explicada en la parte motiva del presente proveído.

CUARTO: DECLÁRENSE prescitas las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 12 de julio de 2007, por virtud de la prescripción trienal ordenada por el artículo 1 02 del Decreto 1848 de 1969.

QUINTO: AUTORÍCESE a la entidad demandada para que de la condena impuesta efectúe el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya realizado la deducción legal. […]»

En primer lugar, estableció que el Auto No. PAP 005846 del Veinticuatro (24) de

4 Folios 129 a 135 del expediente físico, cuaderno No. 2. 5 Mediante sentencia del 22 de febrero de 2013, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Descongestión de Cali, declaró probada de oficio, la excepción de inepta demanda al considerar que, el acto administrativo demandado no era ficto, como quiera que la entidad

demandada emitió el Auto No. PAP 005846 del 24 de noviembre de 2010, dando respuesta a la petición elevada por el accionante el 12 de julio de 2012.Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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noviembre de Dos Mil Diez (2010), expedido por Cajanal en liquidación, por el cual, el juzgado de primera instancia consideró inepta la demanda, no era susceptible de juicio de nulidad comoquiera que, no resolvió de fondo sobre el derecho reclamado por el actor, además que , no contenía elementos decisorios propios de una determinación administrativa (que creara, modificara o extinguiera una situación jurídica particular y concreta aun cuando hubiera sido notificado); sumado a ello, no existía prueba que permitiera tener certeza que el demandante conocía de s u existencia antes de la presentación de la demanda. En virtud de ello , procedió a estudiar de fondo el asunto , teniendo como demandado el acto ficto presunto negativo ante la no respuesta a la petición elevada por el señor Palacios Lozano tendiente a obtener la reliquidación pensional.

En lo que respecta a la reliquidación de la pensión del señor Palacios Lozano, argumentó que, al encontrarse cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su régimen pensional era el establecido en las leyes 33 y 62 de 1985; por tanto, su mesada pensional debía liquidarse teniendo en cuenta los factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es, entre el Primero (1) de agosto de Dos

por tanto, su mesada pensional debía liquidarse teniendo en cuenta los factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es, entre el Primero (1) de agosto de Dos Mil Cinco ( 2005) y el Treinta y Uno ( 31) de julio de Dos Mil Seis ( 2006), conforme lo establecido por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010).

Sostuvo el Tribunal que, la entidad demandada al momento de liquidar la pensión del allí demandante no tuvo en cuenta la totalidad de lo percibido por el beneficiario durante el último año de servicios, quien además del salario básico y la bonificación por servicios prestados que formaron parte del IBL, había también devengado la bonificación de junio, la prima de vacaciones, la bonificación de diciembre y la prima de antigüedad, los cuales, deben ser parte del aludido IBL; no obstante, aclaró que la bonificación por recreación no sería base de la liquidación dado que no es un factor salarial.

Finalmente, el Tribunal dispuso el pago de las diferencias pensionales a partir del Doce (12) de julio de Dos Mil Siete (2007) por prescripción; así como, autorizó a la demandada descontar los aportes pensionales respectivos sobre los factores que deben formar parte del IBL y sobre los cuales no se haya efectuado deducción legal.

1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) 20 de la Ley 797Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto a la violación al debido proceso, a duce la parte actora que la sentencia recurrida ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la ley; desatiende las disposiciones de las sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018; en virtud de las cuales, el IBL debe ser el establecido en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 , ambos, de la Ley 100 de 1993 ; así como , los factores salariales son los consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, reiteró que, la cuantía de la mesada pensional fijada en virtud del fallo objeto de esta acción, es contraria a las reglas jurisprudenciales que regulan la materia.

Expuso que, si bien el señor Palacios Lozano es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en virtud de aquel se le aplica las disposiciones de la Ley 33 de

Expuso que, si bien el señor Palacios Lozano es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en virtud de aquel se le aplica las disposiciones de la Ley 33 de 1985 pero solo en cuanto a la edad, tiempo y monto de la pensión; sin embargo , el IBL es el contenido en la Ley 100 de 1993, est o es, el salario promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años, o, el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho desde la entrada en vigencia de la citada ley y hasta que adquiera el estatus de pensionado; además, los factores salariales a tener en cuenta son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994; no hacerlo de esa manera, genera detrimento y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional.

Indicó que, al dar cumplimiento al fallo del Tribunal se generó un incremento del 26% en la mesada pensional, sin justificación legal, afectando con ello los recursos públicos que sirven de base para financiar las pensiones.

1.4. Auto admisorio6.

El despacho sustanciador por medio del auto del Primero (1) de junio de Dos Mil Veintitrés

6 Índice 00038 de Samai.Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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(2023), admitió la acción especial de revisión.

1.5. Contestación de la demanda de revisión7.

El señor Emilson Palacio s Lozano, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda incoada en su contra, oponiéndose a las pretensiones al considerar que, no

1.5. Contestación de la demanda de revisión7.

El señor Emilson Palacio s Lozano, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda incoada en su contra, oponiéndose a las pretensiones al considerar que, no existe fundamentación jurídica para que proceda el presente recurso extraordinario.

1.6. Ministerio Público.

No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 8 y 20 de la Ley 797 de 2003 9, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna , toda vez que, la sentencia revisada fue proferida Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ; habiendo quedado ejecutoriada el Catorce (14) de enero de Dos Mil Catorce (2014) 11; el presente recurso extraordinario de revisión fue radicado el Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018) ante la Secretaría de esta Corporación12; por tanto, no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

7 Índice 00046 de Samai. 8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»

7 Índice 00046 de Samai. 8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado», modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 11 Folio 137 del expediente físico, cuaderno No. 2. 12 Sello visible en el anverso del folio 190 del expediente físico, cuaderno No. 2.Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la sentencia del Veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional del demandante fue obtenido con violación del debido proces o y /o si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

obtenido con violación del debido proces o y /o si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo c on sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material13 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía

13 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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reconocida excede lo ordenado por la ley»14.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que, la

utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios15.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, « que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite16 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis17, dado que, más allá que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia18», tal como el análisis que sobre su configurac ión realiza el juez de esta acción especial19.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,

Suárez Vargas. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 16 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.

en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 18 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier nat uraleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado20:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y

elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 21 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 22.

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-201900728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

22 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 6367-2018

Accionante: UGPP

Accionada: Emilson Palacios Lozano

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2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que , el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación

100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que impone un análisis más de