CE - Sentencia 11001032500020180177600 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001032500020180177600 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).
Radicado : 11001-03-25-000-2018-01776-00 (6482-2018)1.
Accionante : Pensiones de Antioquia.
Accionado : Luis Fernando de Jesús Arboleda.
Trámite : Acción especial de revisión.
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 1º de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Decisión : Sentencia de única instancia.
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia , contra la sentencia del Primero (1º) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral , que confirmó la sentencia del Primero (1º) de Noviembre de Dos Mil Once (2011), proferida por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo en Descongestión de Medellín; por medio de la cual, se accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor Luis Fernando de Jesús Arboleda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda de acción especial de revisión2.
instaurada por el señor Luis Fernando de Jesús Arboleda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda de acción especial de revisión2.
Pensiones de Antioquia formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia del Primero (1º) de Octubre de Dos Mil Trece (2013) , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral, que confirmó la decisión del Primero (1º) de Noviembre de Dos Mil Once (2011) , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo en
1 Expediente hibrido. 2 Folios 39 a 43, del expediente físico.Número Interno: 6482-2018
Accionante: Pensiones de Antioquia
Accionada: Luis Fernando de Jesús Arboleda
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Descongestión de Medellín , dictadas dentro del expediente con radicado 05001-33-31004-2011-00081-01 para que, en su lugar, se revoque la sentencia de segunda instancia y, se declare que, al señor Luis Fernando de Jesús Arboleda, no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez.
Como sustento fáctico de sus pretensiones, refirió que, mediante Resolución 000080, del 4 de marzo de 2009, Pensiones de Antioquia, le reconoció al señor Luis Fernando de Jesús Arboleda pensión de vejez, como beneficiario del régimen de transición, establecido en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; fijando el IBL solo
Jesús Arboleda pensión de vejez, como beneficiario del régimen de transición, establecido en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; fijando el IBL solo con los factores salariales por los cuales se cotizó, en armonía con los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995.
Señaló que, inconforme con la decisión anterior, el demandado, sol icitó la reliquidación de su pensión de vejez, con el promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios; la cual, fue resuelta en forma desfavorable, por medio de Resolución 000372 del 20 de agosto de 2010, insistiendo en q ue, en el IBL pensional, entran solo los factores salariales por los cuales se cotizó, de conformidad con los Decretos 1158 de 1994, 1068 de 1995 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
Precisó que, el señor Luis Fernando de Jesús Arboleda, impetró demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho , la cual, fue conocida en primera instancia por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo en Descongestión de Medellín, bajo el radicado 05 -001-33-31-004-2011-00081-01, quien, mediante sentencia del Primero (1°) de Noviembre de Dos Mil Once (2011), declaró la nulidad parcial de la Resolución 000080, del Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Nueve (2009), por la cual, se reconoció la pensión de jubilación al precitado; y, total, de la Resolución 00372, del Veinte (20) de
000080, del Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Nueve (2009), por la cual, se reconoció la pensión de jubilación al precitado; y, total, de la Resolución 00372, del Veinte (20) de Agosto de Dos Mil Diez (2010) que negó la reliquidación de su reconocimiento pensional; además, como restablecimiento del derecho, dispuso que, Pensiones de Antioquía reliquidaría la pensión con el salario promedio de lo devengado el último año de servicios, incluyendo los factores salariales de creación territorial, con fundamento en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Adujo que, Pensiones de Antioquia, en el término legal, apeló la sentencia de primera instancia, la cual , fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala de Descongestión, Subsección Laboral, mediante sentencia del Primero (1°) de Octubre deNúmero Interno: 6482-2018
Accionante: Pensiones de Antioquia
Accionada: Luis Fernando de Jesús Arboleda
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Dos Mil Trece (2013), aplicando el precedente del Consejo de Estado , contenido en la Sentencia de Unificación del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010).
1.2. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Cuarto (4°) Administrativo en Descongestión de Medellín, mediante sentencia del Primero (1°) de Noviembre de Dos Mil Once (2011) 3, accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad (i) parcial de la Resolución 0000080 del Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Nueve (2009), en lo atinente al monto y los fa ctores salariales
la demanda, declarando la nulidad (i) parcial de la Resolución 0000080 del Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Nueve (2009), en lo atinente al monto y los fa ctores salariales reconocidos para liquidar tal prestación; y (ii) total de la Resolución 00372 del 20 de agosto de 2010, que negó la reliquidación de la pensión de vejez; como consecuencia de la declaratoria de nulidad, ordenó a Pensiones de Antioquia a reliquidar la prestación, con la inclusión en la base de liquidación, del promedio de los factores salariales devengados, durante el último año de servicios (sueldo básico, incentivo por antigüedad, viáticos por comisión, subsidio de transporte, prima de v ida cara, prima de navidad y prima de vacaciones), es decir, del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Ocho (2008), hasta el (26) de Noviembre de Dos Mil Nueve (2009), en un monto del 75%.
Como sustento de la decisión, argumentó que, el demandante, se e ncontraba cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en ese entendido, su mesada pensional debía liquidarse conforme con lo establecido en la Ley 33 de 1985, es decir, con el 75% del promedio de los salarios dev engados en el último año de servicios, al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos.
También expuso que, en los términos dispuestos por la jurisprudencia de esta Corporación, del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), debían incluirse en el IBL
discontinuos.
También expuso que, en los términos dispuestos por la jurisprudencia de esta Corporación, del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), debían incluirse en el IBL para liquidar la mesada pensional, la asignación básica mensual y todas las sumas que habitual y periódicamente recibió el servidor, como retribución de sus servicios, incluso las de «[…] origen Ordenanzal […]», excepto los excluidos expresamente por la ley.
1.3. Sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del Primero (1°) de Octubre
3 Folios 15 a 27, expediente físico.Número Interno: 6482-2018
Accionante: Pensiones de Antioquia
Accionada: Luis Fernando de Jesús Arboleda
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de Dos Mil Trece (2013) 4, confirmó la de primer grado, que fue proferida por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo en Descongestión de Medellín , el Primero (1°) de Noviembre de (2011); tal decisión se fundamentó en que el demandado es beneficiario de régimen de transición , establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, su reconocimiento pensional se debe hacer en los términos dispuestos en la Ley 33 de 1985.
Precisó que, acorde con la jurisprudencia de unificación de esta Corporación, del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), el señor Luis Fernando de Jesús Arboleda, tiene derecho a la liquidación de la pensión de jubilación, con el promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, es decir, entre el 27 de
derecho a la liquidación de la pensión de jubilación, con el promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, es decir, entre el 27 de noviembre de 2008 al 27 de noviembre de 2009, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año.
Además, aclaró, «[…] que deben ser incluidos en dicha reliquidación, únicamente los factores salariales de creación legal, devengados entre el 27 de noviembre de 2008 y el 27 de noviembre de 2009 […]», en consecuencia, no era viable incluir en la liquidación del señor Luis Fernando de Jesús Arboleda «[…] la prima de vida cara, ni bonificación por recreación e incentivo por antigüedad, porque se tiene que estas no son de creación legal […]». No obstante, confirmó en su totalidad la decisión de primer grado.
1.4. Causales de revisión invocadas.
Pensiones de Antioquia, invocó las causales de revisión establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a), que dispus o la procedencia del recurso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso »; y b), según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
Respecto de la primera causal , adujo que, la sentencia cuya revisión procura, «violó el debido proceso» , porque desconoce el precedente jurisprudencial de la Corte
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
Respecto de la primera causal , adujo que, la sentencia cuya revisión procura, «violó el debido proceso» , porque desconoce el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado en la sentencia C -258 del Siete (7) de Mayo de Dos Mil Trece (2013), configurándose la existencia de una vía de hecho de una decisión judicial y, además, la trasgresión del principio de supremacía constitucional.
4 Folios 28 a 37, expediente físico.Número Interno: 6482-2018
Accionante: Pensiones de Antioquia
Accionada: Luis Fernando de Jesús Arboleda
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Precisó que, si bien el Tribunal Administrativo de Antioquia , aplicó el precedente del Consejo de Estado, contenido en la sentencia de unificación del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), sobre el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, la Corte Constitucio nal, desde la sentencia C -168 de 1995, indicó que las personas serían beneficiarias del régimen de transición , si cumplían las condiciones de edad, tiempo de servicio o semanas de cotización pero , respecto de las demás condiciones del derecho pensional, es decir, el IBL, se ceñiría a la Ley general de pensiones; enfatizando que, con la sentencia C -258 del Siete (7) de Mayo de Dos Mil Trece (2013), el Órgano de Cierre Constitucional determinó, entre otros, que «el Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición» , por lo que, es evidente que su
Trece (2013), el Órgano de Cierre Constitucional determinó, entre otros, que «el Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición» , por lo que, es evidente que su inobservancia, configura la existencia de una vía de hecho en la decisión judicial respecto de la cual se pretende la revisión.
En lo rel ativo a la segunda causal, argument ó que, la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, excedió la cuantía de la pensión del señor Luis Fernando de Jesús Arboleda, ya que, de acuerdo a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y, el Acto Legislativo 01 de 2005, en la liquidación del IBL se deben tener en cuenta solo los factores salariales por los cuales se efectuaron cotizaciones a seguridad social en pensión.
Adujo que, durante la relación laboral del demandado, el empleador, le efectuó las cotizaciones a Pensiones de Antioquia, con fundamento en los Decretos 1158 de 1994 y, 1068 de 1995, que establecieron los factores que constituyen el salario mensual base de los servidores públicos para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones.
Insistió en que , la cuantía liquidada de la mesada pensional desatiende las reglas jurisprudenciales aplicables, en el entendido que , la postura unificada de la Corte Constitucional, propendió por garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, partiendo del propósito genuino del aludido sistema: unificar los distintos regímenes dispersos, a fin de no cometer los errores del pasado que llevaron a la desfinanciación de aquel.
pensional, partiendo del propósito genuino del aludido sistema: unificar los distintos regímenes dispersos, a fin de no cometer los errores del pasado que llevaron a la desfinanciación de aquel.
Enfatizó que, una vez reliquidada la pensión de vejez, como consecuencia de la condena del Tribunal Administrativo de Antioquia, la mesada pensional del demandado fue de Tres Millones Doscientos Veinte Mil Doscientos Treinta y Dos pesos ($3.220.232), resultando una diferencia de Seiscientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro pesosNúmero Interno: 6482-2018
Accionante: Pensiones de Antioquia
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($695.354), lo que equivale a un aumento del 27.54% en el valor de la asignación, que finalmente repercute negativamente en las finanzas del fon do común, que constituye el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Pensiones de Antioquia.
En concreto, si bien, en el hecho quinto (5º) de la demanda, la entidad recurrente se refiere a los factores salariales de orden territorial que fueron incluidos en la sentencia de primera instancia, lo cierto es que, entre los fundamentos del cargo de la causal b) de la Ley 797 de 2003, exclusivamente se refiere a la omisión, por parte del juez de instancia, de aplicar los precedentes juris prudenciales de la Corte Constitucional y, con ello, los factores salariales establecidos en los Decretos 1158 de 1994 y, 1068 de 1995, que establecieron los factores que constituyen el salario mensual base de los servidores
factores salariales establecidos en los Decretos 1158 de 1994 y, 1068 de 1995, que establecieron los factores que constituyen el salario mensual base de los servidores públicos para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones; sin desarrollar otros argumentos.
1.5. Contestación de la demanda de revisión.
El auto admisorio de la acción , fue notificado personalmente al señor Luis Fernando de Jesús Arboleda, el Nueve (9) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024) 5, el cual, por intermedio de apoderado judicial, presentó escrito de contestación el Diez (10) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024) 6, con el que se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión propuesto por la entidad accionante, por cuanto, en su criterio, en el caso de la referencia no se configuran las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; además, se pronunció respecto de los hechos, en el sentido que del primero (1°) al séptimo (7°) son ciertos y, en lo relativo al octavo (8°), se atiene a lo que se pruebe en el proceso.
Adujo que, las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001333100420110008101, fueron respetuosas del debido proceso, ya que, se desarroll aron a través de la jurisdicción correspondiente y juez competente, acogiendo las garantías en todas las actuaciones adelantadas, facilitando el derecho de defensa y contradicción, aplicando e interpretando las normas legales del régimen de transición pensional que regulan el caso, con la valoración correspondiente
competente, acogiendo las garantías en todas las actuaciones adelantadas, facilitando el derecho de defensa y contradicción, aplicando e interpretando las normas legales del régimen de transición pensional que regulan el caso, con la valoración correspondiente de las prue bas allegadas al proceso, lo que dio origen a unas decisiones razonables,
5 Expediente digital – índice 00021. 6 Expediente digital – índice 00018.Número Interno: 6482-2018
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sustentadas y fundamentada s en concordancia con los criterios jurisprudenciales dispuestos en la materia por esta Corporación, mediante la Sentencia de Unificación del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010).
Enfatizó que, la cuantía del derecho reconocido no excedió a lo dispuesto por la ley, ya que, se aplicaron las normas de transición pensional pertinentes al caso, las cuales amparan al beneficiario de la asignación, en armonía con los criterios jurisprudenciales que, al momento de la consolidación y reclamación del derecho estaban vigentes, esto, bajo el principio de favorabilidad.
Precisó que, con las decisiones judiciales, no se está ocasionando empobrecimiento a la administración, ni se está desfinanciado el sistema pensional, como lo indica la entidad recurrente, por el contrario, insiste en que , el derecho reconocido obedece al cumplimiento de los requisitos legales y , consecuentemente, su pago no va en menoscabo de las finanzas del fondo común , que constituye el régimen de prima media administrado por Pensiones de Antioquia.
cumplimiento de los requisitos legales y , consecuentemente, su pago no va en menoscabo de las finanzas del fondo común , que constituye el régimen de prima media administrado por Pensiones de Antioquia.
Destacó que, para el momento de la expedición de la sentencia objeto de revisión, se acogieron los criterios fijados por esta Corporación, en el sentido que la Ley 33 de 1985 solo comprende una lista enunciativa de los factores de salario a tener en cuenta para liquidar pensiones, por lo que, debía entenderse en armonía con lo dicho en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, la cual, comprende una lista enunciativa, más amplia , de los factores que debían tenerse en cuenta para la liquidación de pensiones reconocidas bajo el amparo de la referida Ley 33 de 1985 , y que, además, fue considerada en el estudio realizado en la sentencia de unificación del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), que fundamentó la decisión del A -quem.
Concluyó que, es acreedor de un derecho pensional adquirido legalmente , y sin abuso alguno, amparado por las normas legales del régimen de transición pensional y , por los precedentes jurisprudenciales de esta Corporación, los cuales, fueron aplicados al caso, en el momento en que se configuró y reclamó la reliquidación de su pensión , que fue concedida judicialmente.
1.6. Ministerio Público.
No emitió concepto.Número Interno: 6482-2018
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 7 y 20 de la Ley 797 de 2003 8, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación , contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199.
2.2. Oportunidad.
La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada fue proferida el Primero (1°) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección Laboral , quedó ejecutoriada el Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Trece (2013)10, razón por la cual, el término para interponerlo , corrió entre el Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Trece (2013) y el Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018), mientras que el recurso extraordinario de revisión fue radicado el Diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018) ante la secretaría de esta Corporación 11, razón por la cual , no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.
2.3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala de Subsección , establecer si, la sentencia del Primero (1°) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
2.3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala de Subsección , establecer si, la sentencia del Primero (1°) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b), del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional del demandante, fue obtenido con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida , excedió lo preceptuado por la ley.
7 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 8 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 10 Folio 329 del expediente digitalizado 05001-33-31-004-2011-00081-00, visible en el índice 00009 del expediente digital. 11 Sello visible en el reverso del folio 43 del expediente físico.Número Interno: 6482-2018
Accionante: Pensiones de Antioquia
Accionada: Luis Fernando de Jesús Arboleda
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2.4. Marco normativo y jurisprudencial.
Accionante: Pensiones de Antioquia
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2.4. Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas pe riódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de din ero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hac ienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y, además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material12 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»13.
Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
12 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.Número Interno: 6482-2018
Accionante: Pensiones de Antioquia
Accionada: Luis Fernando de Jesús Arboleda
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Suárez Vargas.Número Interno: 6482-2018
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valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.
De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios14.
Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite15 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 16, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 17», t al como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial18.
2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.
Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias
- Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.
Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 15 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes e tapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 17 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad .
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 6482-2018
Accionante: Pensiones de Antioquia
Accionada: Luis Fernando de Jesús Arb
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