CE - Sentencia 11001032500020190002900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad simple Radicación: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)

Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

Demandado: Nación, Ministerio del Trabajo

Tema: Naturaleza jurídica de los actos susceptibles de control a través del medio de control de nulidad

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad instaurada por Jairo Benjamín Villegas Arbeláez en contra de la Resolución 000818 del 3 de marzo de 2014, expedida por el Ministerio del Trabajo.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1. En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, Jairo Benjamín Villegas Arbeláez presentó demanda de nulidad contra la Resolución 000810 del 3 de marzo de 2014.

2. Como consecuencia de la anterior solicitó:

«Declarar la nulidad de la omisión reglamentaria y con fundamento en el artículo 187

000810 del 3 de marzo de 2014.

2. Como consecuencia de la anterior solicitó:

«Declarar la nulidad de la omisión reglamentaria y con fundamento en el artículo 187 inciso 3° de la L. 1437/11 “estatuir disposiciones nuevas” del siguiente tenor:

Artículo 12. Registro de los Comités Ejecutivos de las Federaciones y Confederaciones sindicales.

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019) Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez Para efectos de la notificación de constitución de una Federación y Confederación Sindical, o de los cambios totales o parciales en sus Comités Ejecutivos Nacionales o Seccionales, en las respectivas comunicaciones al empleador y al inspector de trabajo o al alcalde, la federación y confederación debe constatar y manifestar expresamente como requisito para la validez legal del registro conforme al artículo 422 del Código Sustantivo del Trabajo, que quienes harán parte de sus comités ejecutivos, son trabajadores miembros activos de una de las organizaciones afiliadas.

Parágrafo. La condición de ser miembro activo de una [de] las organizaciones afiliadas, no se toma en cuenta cuando se compruebe debidamente que el trabajador está amenazado, despedido o perseguido debido a su actividad sindical , lo cual deberá ser declarado por la mayoría absoluta de la asamblea general o congreso que haga la elección». (sic)

1.1.1. El acto demandado

3. El demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución 000810 del

20142, disposición que se transcribe:

elección». (sic)

1.1.1. El acto demandado

3. El demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución 000810 del

20142, disposición que se transcribe:

«EL MINISTRO DEL TRABAJO,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial, de las conferidas en los numerales 2, 5, 11 y 15 del artículo 6º del Decreto Nro. 4108 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 39 de la Constitución establece el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir sindicatos y asociaciones, sin intervención del Estado y, reconoce a los representantes sindicales el fuero y demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

Que el referido precepto constitucional, en cuanto a la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales, establece el marco en que se deben desarrollar, ya que los sujeta al orden legal y los principios democráticos.

Que el artículo 8º del Convenio 87 de la OIT dispone, que al ejercer los derechos que se les reconocen en ese convenio, los trabajadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.

Que el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de 1990, señala que toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica.

Que el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo sindicato de

hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica.

Que el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de

2 Por la cual se establece el trámite interno para el registro sindical de organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado.3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019) Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez Trabajo y Seguridad Social - hoy Ministerio del Trabajo - para lo cual, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará ante esta entidad solicitud escrita de inscripción en el registro sindical acomp añada de los documentos señalados en la norma en mención.

Que el artículo 372 del mismo Código, modificado por el artículo 6º de la Ley 584 de 2000 indica, que ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sólo durante la vigencia de esta inscripción.

Que mediante Sentencia C -465 del 9 de julio de 2008, la Corte Constitucional declaró exequible de manera condicionada, el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido de que la inscripción del acta de constitución del sindicato ante el Ministerio cumple exclusivamente funciones de publicidad.

RESUELVE:

exequible de manera condicionada, el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido de que la inscripción del acta de constitución del sindicato ante el Ministerio cumple exclusivamente funciones de publicidad.

RESUELVE:

Artículo1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el procedimiento interno del registro sindical de las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado en virtud de lo establecido en los artículos 364 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 2. Definición [de] registro sindical. El registro sindical es el trámite administrativo mediante el cual el Ministerio del Trabajo inscribe a la organización sindical en el kárdex correspondiente, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la Constitución y la ley.

Artículo 3. Fines del registro sindical. El registro sindical cumple fines de publicidad, al tiempo que habilita la actuación de las organizaciones sindicales conforme lo establecido en sus propios estatutos, una vez materializada la inscripción respectiva.

Artículo 4. Requisitos para proceder al registro sindical. De conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará ante este Ministerio, solicitud escrita de inscripción en el registro sindical, acompañándola de los siguientes documentos:

a) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad; b) Copia del acta de elección de la junta directiva, suscrita por los asistentes con indicación de sus documentos de identidad;

a) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad; b) Copia del acta de elección de la junta directiva, suscrita por los asistentes con indicación de sus documentos de identidad; c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos; d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la junta directiva; e) Nómina de la junta directiva, con indicación de sus documentos de identidad; f) Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad.

Artículo 5º. Adopción de formatos de registro sindical. Adóptense los formatos de las constancias de inscripción del acta de constitución de una organización sindical (A1), de depósito de reforma de estatutos (A2), de depósito de junta directiva (A3) y de4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019) Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez modificación de juntas directivas de una organización sindical (A4), que hacen parte integral de la presente resolución, los cuales deberán utilizar a partir de la fecha las

Direcciones Territoriales.

Artículo 6º. Causas para negar la inscripción en el registro sindical. De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, son causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:

1. Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución y la ley, y

causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:

1. Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución y la ley, y

2. Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley.

Parágrafo. En el evento que el funcionario competente evidencie la presencia de una de estas causales, se dejará constancia de los hechos que fundamentan la negativa en los formularios de depósito.

Artículo 7º. Publicación. El acto administrativo por el cual se inscriba en el registro una organización sindical, deberá ser publicado por cuenta de esta, una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Un ejemplar del diario deberá ser depositado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes en el Registro Sindical, a cargo del Grupo de Archivo Sindical de este Ministerio.

Artículo 8. Efectos jurídicos de la inscripción. Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio del Trabajo y sólo durante la vigencia de esta inscripción, cumpliendo este registro funciones exclusivas de publicidad, conforme lo señalado en Sentencia C -465 de 2008.

Artículo 9. Inexistencia de control previo por parte de las autoridades administrativas del trabajo. Los funcionarios de este Ministerio no efectuarán control previo respecto de las actas de asamblea de constitución de las organizaciones sindicales, ni sobre el contenido de las solicitudes de reforma de estatutos o de juntas directivas y por tanto,

trabajo. Los funcionarios de este Ministerio no efectuarán control previo respecto de las actas de asamblea de constitución de las organizaciones sindicales, ni sobre el contenido de las solicitudes de reforma de estatutos o de juntas directivas y por tanto, no se realizarán observaciones ni solicitudes de modificación.

En los casos en que se evidencie la existencia de alguna de las causales para negar la inscripción, se debe dejar la anotación respectiva dentro de los formatos de depósito, sin emitir juicios de valor sobre los documentos entregados por los peticionarios.

Artículo 10. Registro de novedades. El Grupo de Archivo Sindical podrá registrar, a solicitud de los interesados, las novedades presentadas en la última asamblea celebrada por la organización sindical que para tal efecto sea depositada en dicha dependencia.

Artículo 11. Registro de directivas sindicales. Para efecto de la notificación de constitución de un sindicato o de los cambios totales o parciales en las juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales, en las respectivas comunicaciones al empleador y al inspector del trabajo o alcalde, el sindicato debe constatar y manifestar expresamente, que quienes harán parte de las mencionadas juntas o comités no ocupan cargos directivos o de representación en otros sindicatos. Se exceptúan los cargos directivos o de representación en federaciones y confederaciones.5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019) Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 39 de la Constitución Política; y 353.1, 356, 358, 359, 363, 364, 365, 383 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo 3. Asimismo, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo4.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. La resolución demandada «anunci[ó]» que establecería el trámite interno para el registro sindical de primer, segundo y tercer grado , sin embargo « solo reguló lo relacionado con las organizaciones sindicales de primer grado o sindicatos ». Con esta «omisión reglamentaria» se omitió «cumplir un deber específico impuesto, anunciado por la misma resolución».

5.2. Por lo anterior, el acto objeto de control «se reputa incompleto » puesto que no reguló «un ingrediente o condición esencial, necesaria para completar y armonizar integralmente la Resolución 000810/14 y evitar una desigualdad negativa entre organizaciones sindicales “de primer, segundo y tercer grado” dado que se cumplió al regular las organizaciones sindicales de “primer grado” , [...] pero se dejó en el vacío, sin regular, a las organizaciones sindicales de “segundo y tercer grado”».

5.3. La «omisión reglamentaria» se configuró a partir del artículo 11 del acto, toda vez que «ha debido reglamentar y omitió hacerlo, mediante un artículo 12, nuevo, sobre el

5.3. La «omisión reglamentaria» se configuró a partir del artículo 11 del acto, toda vez que «ha debido reglamentar y omitió hacerlo, mediante un artículo 12, nuevo, sobre el registro de los comités ejecutivos de las federaciones y confederaciones sindicales».

1.2. Trámite procesal

6. Mediante auto del 7 de marzo de 2019 se admitió la demanda, se ordenó la notificación a las partes e intervinientes5 y se dispuso informar a la comunidad de la existencia del proceso6. Asimismo, en providencia de esa fecha, se corrió traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante7, la cual fue negada a través de la providencia del 25 de julio de 2022.

3 En adelante CST. 4 En adelante OIT. 5 En esta providencia se ordenó vincular a las federaciones y confederaciones sindicales inscritas en el Ministerio del Trabajo, de conformidad con la información reportada en la página web de esa cartera. 6 Folios 23 a 26 7 Folio 7 del cuaderno de medidas cautelares.6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)

Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

1.2.1. Contestación

7. El Ministerio del Trabajo contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones con

fundamento en las siguientes razones:

7.1. En cuanto al desconocimiento del artículo 422 del CST, por la supuesta omisión en la «regulación relativa al establecimiento de un requisito para la validez legal del registro de organizaciones sindicales de segundo y tercer grado», esa cartera ministerial no tiene

7.1. En cuanto al desconocimiento del artículo 422 del CST, por la supuesta omisión en la «regulación relativa al establecimiento de un requisito para la validez legal del registro de organizaciones sindicales de segundo y tercer grado», esa cartera ministerial no tiene la competencia para efectos de adelantar control de legalidad s obre la creación de esas organizaciones o el trámite de depósito que estas deben efectuar. «Así como tampoco de la integración o validez del registro de los comités directivos de las organizaciones sindicales de segundo o tercer grado».

7.2. En relación con la omisión de regulación del registro para las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado , con el acto acusado se estableció una reglamentación interna para efectos del trámite de registro sindical « determinando que un único trámite o procedimiento es suficiente para el registro de los 3 diferentes tipos de grados de organizaciones sindicales », de conformidad con sus competencias legales y constitucionales y las disposiciones del CST.

7.3. No es cierto que se esté «frente a una exclusión negativa», puesto que el no incluir la «reglamentación pedida por el demandante en el sugerido artículo 12, solo genera en cabeza del Ministerio del Trabajo el cumplimiento de su obligación de no ejercer injerencia o control previo de legalidad frente a la constitución y/o registro de organizaciones sindicales de todo grado».

7.4. Adicionalmente, la resolución de la que se pretende la declaratoria de nulidad se fundó en las normas que le otorgan a la entidad la competencia para adelantar el procedimiento de registro.

7.5. Propuso como excepciones previas: i) «legalidad y plena validez de los actos

fundó en las normas que le otorgan a la entidad la competencia para adelantar el procedimiento de registro.

7.5. Propuso como excepciones previas: i) «legalidad y plena validez de los actos administrativos demandados»; ii) «cumplimiento del deber legal por parte del Ministerio del Trabajo»; e iii) innominada o genérica.

1.2.2. Intervención coadyuvante

8. Mediante auto del 27 de mayo de 2022, Alonso Caicedo Montaño fue aceptado como coadyuvante, quien manifestó que «coadyuva en forma íntegra las razones de hecho y de derecho » tendientes a la nulidad de la Resolución 00810 de 2014, proferida por el Ministerio del Trabajo.

8 Folios 40 a 45.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)

Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez 1.3. Sentencia anticipada

9. Mediante auto del 5 de marzo de 2024 se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del numeral 1 del artículo

182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se adoptaron medidas para dictar sentencia anticipada, se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para los alegatos finales y se fijó el litigio en la siguiente forma:

«La demanda y sus contestaciones muestran que el problema jurídico a resolver en el presente asunto se circunscribe a determinar: ¿si la Resolución 810 del 3 de marzo de

el litigio en la siguiente forma:

«La demanda y sus contestaciones muestran que el problema jurídico a resolver en el presente asunto se circunscribe a determinar: ¿si la Resolución 810 del 3 de marzo de 2014 incurrió en omisión reglamentaria, al no regular los comités ejecutivos de los sindicatos de las federaciones y confederaciones, es decir de segundo y tercer grado, y desconoció lo previsto en los artículos 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425 y 426 del Código Sustantivo del Trabajo y el derecho a la igualdad de los sindicatos de las federaciones y confederaciones?».

1.4. Alegatos de conclusión

1.4.1. Parte demandante

10. Manifestó que se remitía a las razones de hecho y de derecho expuestas en el escrito contentivo de la demanda.

1.4.2. Parte demandada

11. No se pronunció en esta etapa procesal.

1.5. El Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. Previo a estudiar el pr oblema jurídico planteado en el auto del 5 de marzo de 2024, esta Subsección debe establecer si la Resolución 000818 del 3 de marzo de 2014, expedida por el Ministerio del Trabajo, contiene un acto administrativo y como consecuencia puede ser objeto de control a través del medio de control de nulidad.

14. Por lo anterior y de acuerdo con la fijación del litigio establecido en el sub judice, los problemas jurídicos se circunscriben a definir:8

consecuencia puede ser objeto de control a través del medio de control de nulidad.

14. Por lo anterior y de acuerdo con la fijación del litigio establecido en el sub judice, los problemas jurídicos se circunscriben a definir:8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019) Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez 14.1. ¿Si la Resolución 000818 del 3 de marzo de 2014, expedida por el Ministerio del Trabajo , contiene un acto administrativo susceptible del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA?

14.2. Y si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa ¿si la Resolución 810 del 3 de marzo de 2014 incurrió en omisión reglamentaria, al no regular los comités ejecutivos de los sindicatos de las federaciones y confederaciones, es decir de segundo y tercer grado, y desconoció lo previsto en los artículos 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425 y 426 del Código Sustantivo del Trabajo y el derecho a la igualdad de los sindicatos de las federaciones y confederaciones?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre las características de existencia de los actos administrativos susceptibles de control a través del medio de control de nulidad

15. El artículo 137 del CPACA establece que «[t]oda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general», asimismo, excepcionalmente «podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular » cuando: i) de la pretensión de nulidad no se

medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general», asimismo, excepcionalmente «podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular » cuando: i) de la pretensión de nulidad no se persiga un restablecimiento del derecho; ii) se trate de recuperar bienes de uso público; iii) los efectos nocivos del acto afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico; y iv) lo autorice expresamente la ley.

16. Asimismo, la pretensión de nulidad deberá sustentarse en la causal genérica por infracción de las normas en que debería fundarse , esto es , i) por falta de competencia de la autoridad; ii) por expedición irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; iii) por falsa motivación; o iv) por abuso o desviación del poder.

17. En ese orden , el objetiv o de este es propender por la preservación del ordenamiento jurídico y la materialización d el principio de legalidad ; e n otras palabras, es ejercer un control de legalidad en abstracto de los actos administrativos expedidos por la administración.

18. De los apartes normativos transcritos se advierte que el medio de control de nulidad contiene la pretensión de corrección de un acto administrativo, en tendido este como la declaración unilateral de la voluntad de la administración pública o de un particular, efectuada en ejercicio de la función pública administrativa otorgada por la Constitución o la ley, capaz de producir efectos jurídicos directos o definitivos, es decir, el mecanismo con el cual la adminis tración crea, modifica o extingue una situación jurídica determinada.9

por la Constitución o la ley, capaz de producir efectos jurídicos directos o definitivos, es decir, el mecanismo con el cual la adminis tración crea, modifica o extingue una situación jurídica determinada.9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019)

Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez

19. Las múltiples manifestaciones de la actividad de la administración pública han hecho que la jurisdicción y la doctrina delimitaran conceptualmente el acto administrativo con el fin de determinar la susceptibilidad de su control de legalidad por vía judicia l. En ese orden hay diferentes tipos de actos a saber: los primeros, denominados actos preparatorio y de trámite, por medio de los cuales, si bien la administración no resuelve el fondo de la controversia, sí impulsa la actuación administrativa a fin de llevarla hasta su culminación 9; el segundo, correspondiente al acto definitivo, esto es aquel que resuelve o decide directa o indirectamente el fondo de un asunto o hacen imposible continuar la actuación; y el tercero, que ha sido previsto como acto de ejecución, a través del cual la administración se limita a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa.

20. Valga la pena precisar que, respecto de este último tipo de actos, esta Corporación de manera reiterada 10 ha determinado que, por si solos, no son enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo, comoquiera que haría nugatorio el principio de cosa juzgada material 11, máxime en atención a que cualquiera fuere la forma en que se manifieste, dicho acto no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna.

haría nugatorio el principio de cosa juzgada material 11, máxime en atención a que cualquiera fuere la forma en que se manifieste, dicho acto no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna.

21. Con el fin de precisar cuáles son los actos de la administración que pueden ser objeto de control por esta jurisdicción, a través de los diferentes medios de control establecidos en el respectivo estatuto procesal , se destacan las siguientes

definiciones del acto administrativo:

21.1. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado 12 «es toda manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos . En consonancia con esta

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 1997, expediente 3762, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. 10 Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de agosto de 1991, expediente CE-SEC3-EXP1191-N5934, M.P. Julio césar Uribe Acosta; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente 4598, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz;

De la Sección Segunda, sentencias del 27 de septiembre de 2007, expediente 25000 -23-25-0001999-03741-01 (7392-05), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; del 5 de junio de 2014, expediente 11001-03-25-000-2011-00015-00 (0044-11), M.P. Bertha lucía Ramírez de Páez; del 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-25-000-2003-01124-02 (1712-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 4 de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-02 (1717-2009), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. De la Corte Constitucional, sentencias T -446 de 2013, T -153 de 2015, T -464 de 2015 y T -228 de 2016 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 23 de enero de 2020. Radicación 25000-23-42-000-2013-04019-01(3927-15) 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020.

Radicación: 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18).10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00029-00 (0091-2019) Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez definición, se han identificado las siguientes características del acto administrativo: i) Constituye una declaración unilateral de voluntad. ii) Se expide en ejercicio de la función

Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez definición, se han identificado las siguientes características del acto administrativo: i) Constituye una declaración unilateral de voluntad. ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad estatal o de particulares. iii) Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante». iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los derechos u obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito» [se resalta].

21.2. La Corte Constitucional , también lo ha definido como « la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados» [se resalta].

21.3. Y, finalmente la doctrina ha señalado que se trata de «[l]a manifestación unilateral de la voluntad administrativa, a través de cualquier rama del poder público, o de los particulares, que tiene por finalidad crear, modificar o extinguir una situación jurídica13» [se resalta].

22. Así las cosas, tanto la jurisprudencia como la doctrina han entendido el acto administrativo como la manifestación de la voluntad de la administración o de particulares en ejercicio de funciones públicas, expresa o presunta , que produce efectos jurídicos de carácter general o particular . Es decir que la voluntad y los

administrativo como la manifestación de la voluntad de la administración o de particulares en ejercicio de funciones públicas, expresa o presunta , que produce efectos jurídicos de carácter general o particular . Es decir que la voluntad y los efectos en tanto crea, modifica o extingue un a situación jurídica, se tornan en requisitos sin los cuales no se puede hablar de su existencia.

23. En este punto, se encuentra pertinente la precisión que frente a la existencia,

validez y eficacia ha expuesto la doctrina14:

«[…] En los actos administrativos se distinguen los presupuestos de existencia, los presupuestos de validez y los presupuestos de eficacia final. Los presupuestos de existencia son aquellas exigencias sin las cuales el acto no se configura como tal y por ende no surge a la vida jurídica. Los presupuestos de validez son aquellas condiciones de un acto