CE - Sentencia 11001032500020190016300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00163-00 (1043-2019) Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Accionado : Hernán Rafael Mejía González Trámite : Acción especial de revisión Tema : Revisión de la sentencia proferida el 7 de febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia de 20 de abril de 2012, proferida por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “F”, mediante providencia del 7 de febrero de 201 4, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Hernán Rafael Mejía González.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley

González.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia de 20 de abril de 2012 , proferida por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “F”, mediante providencia del 7 de febrero de 2014, dictada dentro del expediente radicado 11001-33-31-021-2011-00344-01 y, en su lugar, se declare que el señor Hernán Rafael Mejía González en cuanto a la liquidación de su mesada pensional no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislaciónNúmero Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

colombiana y ordene la reliquidación y pago de la mesada pensional adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994 y fijando el monto pensional o tasa de reemplazo del 75% previsto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,

previsto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que el señor Hernán Rafael Mejía González, nació el 24 de octubre de 1945, prestó sus servicios en el Ministerio de la protección Social desde el 4 de octubre de 1985 hasta el 31 de diciembre de 2009, y adquirió su estatus de pensionado el 24 de octubre de 2000.

Señala que el señor Mejía González promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho que le correspondió el radicado 11001-33-31-021-2011-00344-00 y mediante sentencia de 10 de abril de 2012, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio del cual accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó «a la Caja Nacional de Previsión Social en cuanto la administración no realizo la reliquidación de la pensión de jubilación con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios del señor Hernán Rafael Mejía González […]». Decisión confirmada y modificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 7 de febrero de 2014.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 20 de abril de 2012, ordenó «[…] a la Caja Nacional de Previsión

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 20 de abril de 2012, ordenó «[…] a la Caja Nacional de Previsión Social reliquidar la pensión de jubilación del señor Hernán Rafael Mejía González, con el promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio; debe tenerse en cuenta los factores salariales ya r econocidos en la Resolución No. PAP 050798 del 27 de abril de 2011: Asignación Básica, Bonificación por Servicios Prestados; Adicionalmente a ello la Entidad deberá incluir los siguientes: Prima de Servicios, Pima de navidad y prima de vacaciones […].»

Como sustento de la decisión, el aludido Juzgado citó la sentencia de l 4 de agostoNúmero Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

de 2010 del Consejo de Estado Sección Segunda Subsección “A” que sostuvo: «que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensiona], sino que lo mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otro devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios y enseguida agregó:

"Esta decisión encuentra consonancia con la sentenc ia de 9 de julio d 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que a analizar la interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decret o 1045 de 1978, norma que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones — de quienes se les

artículo 45 del Decret o 1045 de 1978, norma que enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías y las pensiones — de quienes se les aplica la Ley 6 de 1945, precisó:

"las normas transcritas señalan unos factores que deben se en tendidos como principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden toma r para poder establecer la base de liquidación"

Así, si bien es cierto que, la norma aplicable en el presente caso es la

Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 de 1985 y no el artículo 45 del Decreto 1045de1978, también lo es que ambas disposiciones tienen como finalidad establecer la Forma como debe liquidarse la pensión de jubilación, por lo cual, teniendo en cuenta los principios, derechos y deberes consagrados por la Constitución Política en materia laboral, es válido otorgar a ambos preceptos normativos alcances similares en lo que respecta al ingre so base de liquidación Pensional».

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 7 febrero de 2014, confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la adicionó en el sentido de indicar que los factores cuya inclusión se ordena deberán ser liquidados en doceavas partes, teniendo en cu enta que se trata de emolumentos que se percibieron de manera fraccionada durante la anualidad anterior al retiro del demandante.

1.3 Causales de revisión invocadas

partes, teniendo en cu enta que se trata de emolumentos que se percibieron de manera fraccionada durante la anualidad anterior al retiro del demandante.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según los cuales procede la revisión de pensiones “a) cuando el reconocimiento se haya hecho con violación del debido proceso” y “b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

Sobre la primera de ellas refirió que la sentencia cuya revisión solicita contrarió la línea jurisprudencial decantada por la Corte Constitucional, en concreto, las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 en las que se precisó que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no fue objeto de transición, ocasionando unNúmero Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

desconocimiento del precedente.

De otra parte, manifestó que la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se configuró porque la sentencia que ordenó el ajuste pensional afectaba negativamente las finanzas del fondo común que constituía el régimen de prima media administrado por la UGPP, toda vez que la cuantía reconocida excedió lo debido de acuerdo con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 que son las

afectaba negativamente las finanzas del fondo común que constituía el régimen de prima media administrado por la UGPP, toda vez que la cuantía reconocida excedió lo debido de acuerdo con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 que son las normas legalmente aplicables al caso de conformidad con las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

1.4 Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio de la acción fue notificado personalmente al señor Hernán Rafael Mejía González el 6 de agosto de 2024, quien, mediante escrito se opuso a las pretensiones de la acción de revisión.

En síntes is, manifestó que «[…] las sentencias cuestionadas fueron proferidas acatando el precedente jurisprudencial unificado de la Sección Segunda del Consejo de Estado contenido en la Sentencia del 4 de agosto de 2010, ponente H.C. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, por tanto, se ajustan al ordenamiento jurídico y deben mantenerse incólumes, ya que la jurisprudencia que profiere este órgano de cierre es vinculante para resolver los conflictos cuya competencia está atribuida a esta jurisdicción, por la Constitución y la Ley».

1. 5. Ministerio Público.

El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 CompetenciaNúmero Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 1 y 20 de la Ley 797 de 2003 2, en

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 1 y 20 de la Ley 797 de 2003 2, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20193.

2.2 Oportunidad

La acción especial de revisión del presente asunto resulta oportuna, toda vez que la sentencia objeto de revisión fue proferida el 7 de febrero de 20144, fue notificada el 26 de febrero 20145, quedó ejecutoriada el 5 de marzo de 20146 y la demanda fue pres entada el 25 de febrero de 2019 7, razón por la cual no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección debe establecer si la sentencia de l 7 de febrero de 2014 por el Tribunal de Cundinamarca está incursa en la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondo s de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud

1 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 2 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 3 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 4 Cuaderno 3 folio 488 reverso - 502. 5 Fl. 338 reverso cuaderno 2. 6 Fl. 338 reverso cuaderno 2. 7 Folio 11 vuelto cuaderno principal.Número Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio

7 Folio 11 vuelto cuaderno principal.Número Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material8 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»9.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valorac iones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios10.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de

8 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero

Francisco Suárez Vargas. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 11 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis12, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecut oriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia13», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial14.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia “ cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión No. 22, en sentencia del 5 de febrero de 2019, consideró:

“Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el recurso, debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición, específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición, específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garant ía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso co mprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente;

1. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuació n judicial o administrativa; y Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produ zca

11 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-0211000]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 110 01-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinar io de revisión. Ver: Sala Plena.

Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 12 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C -835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.

Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 13 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,

Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 13 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”15.

La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del debido proceso , es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material, como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material, como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir, cuando la sentencia reconoce una pre stación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, SU-230 de 2015, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga. Y porque, además, el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no fue objeto de transición.

No obstante lo anterior, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la

liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no fue objeto de transición.

No obstante lo anterior, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que impone un análisis más detallado y cuidadoso.

15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo “empleado oficial” que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de “una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas con arreglo a las cuales res ulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los siguientes términos:

“Artículo 36. -Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez,

pensión, el legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los siguientes términos:

“Artículo 36. -Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en c incuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de ve jez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiem po que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la

variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]”.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 201016, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que “la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2006-7509-01.Número Interno: 1043-2019

Demandante: UGPP

Demandada: Hernán Rafael Mejía González

conceptos devengados por el trabajador durante el último a ño de prestación de servicios”.

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230 de 2015, en la cual la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el

de 2015, en la cual la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de mon to por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa solo fue superada hasta la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 201817, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Colegiatura modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes t