CE - Sentencia 11001032500020190017400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001032500020190017400 (1068-2019)

Demandante: Héctor Eduardo Castañeda

Demandados: Defensoría del Pueblo

Temas: Proceso de selección de defensores públicos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA ____________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad promovido por el señor Héctor Eduardo Castañeda contra la Defensoría del

Pueblo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 el señor Héctor Eduardo Castañeda, actuando en nombre propio, interpuso demanda en orden a que se anule la Resolución 052 del 14 de enero de 2019, «por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo», y su Anexo «Parámetros para la participación en el proceso de selección de Defensores Públicos».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

de la Defensoría del Pueblo», y su Anexo «Parámetros para la participación en el proceso de selección de Defensores Públicos».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 1, 6, 13, 29, 121, 123 y 209 de la Constitución Política; 23, 25 y 32 de la Ley 80 de 1993; 9 y 28 de la Ley 941 de 2005; 154 y 163 de la Ley 1098 de 2006; 5 de la Ley 1150 de 2007; 3 del Decreto 1542 de 1997; el Decreto 1082 de 2015 y las Resoluciones 938, 1281 y 1131 de 2018, expedidas por la Defensoría del Pueblo.

4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Radica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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1. El acto acusado no determinó la oferta de plazas de defensores públicos a proveer mediante el proceso de selección, discriminadas por regionales, instancias judiciales, categorías, áreas, subáreas y programas.

1. Las referidas plazas solo se relacionaron en el aplicativo de inscripción, por ende, se desconoció que el elemento más importante de una convocatoria es la

instancias judiciales, categorías, áreas, subáreas y programas.

1. Las referidas plazas solo se relacionaron en el aplicativo de inscripción, por ende, se desconoció que el elemento más importante de una convocatoria es la identificación de la oferta de empleos, vacantes o plazas a proveer. Igualmente, se quebrantaron los principios de transparencia, economía y responsabilidad que orientan la contratación pública y la selección objetiva de defensores públicos en los términos del artículo 9 de la Ley 941 de 2005.

1. El proceso de selección demandado debió ajustarse a alguna de las normas que regulan estas actuaciones como las Leyes 201 de 1995 o 909 de 2004 o los Decretos 262 de 2000 y 1227 de 2005.

1. La resolución enjuiciada ni su anexo determinaron la estructura del proceso de selección, en el cual se definieran sus diferentes etapas y el cronograma, sino que aquellas se publicaron en la página web “www.selecciondefensorespublicos.com”. Además, omitió regular los siguientes aspectos: a) fecha de publicación de los resultados de la verificación de requisitos mínimos; b) fecha de publicación de los resultados de las pruebas de conocimientos generales y específicos y de la prueba de competencias comportamentales; c) fechas y los términos para presentar las reclamaciones frente a los resultados de la verificación de requisitos mínimos o a los resultados de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales ; d) indicar si se podía reclamar o interponer recursos contra la conformación de listas finales; e) ciudades en las cuales se aplicarían las pruebas ; f) hora de inicio y finalización de las pruebas.

indicar si se podía reclamar o interponer recursos contra la conformación de listas finales; e) ciudades en las cuales se aplicarían las pruebas ; f) hora de inicio y finalización de las pruebas.

1. El proceso de selección cuestionado no consideró una prueba de valoración de antecedentes, que ponderara la formación académica y la experiencia laboral adicional a los requisitos mínimos exigidos, pese a que ello era fundamental para salvaguardar el derecho a la igualdad.

1. La convocatoria no contó con el tiempo suficiente de divulgación , ya que la Resolución 052 de 2019 fue expedida el 14 de enero de 2019 y publicada el 15 de enero de 2019, mientas que las inscripciones iniciaron el 21 de enero de 2019, es decir, que la divulgación fue solo de 4 días hábiles o 6 calendario. Dicha actuación debió sujetarse al artículo 197 del Decreto 262 de 2000.

1. El anexo de la convocatoria estableció una prueba de conocimientos generales y específicos en el área, sin haberse determinad o las funciones o responsabilidades de un defensor público, ni las competencias comportamentales requeridas. En efecto, tales aspectos no fueron previstos enRadica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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las Leyes 24 de 1992 ,2 941 de 2005 3 o en las Resoluciones 939 4 y 1281 de 2018.5

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las Leyes 24 de 1992 ,2 941 de 2005 3 o en las Resoluciones 939 4 y 1281 de 2018.5

1. El anexo de la convocatoria fue suscrito por el director nacional de Defensoría Pública, lo cual desconoce el a rtículo 28 de la Ley 941 de 2005, en tanto prevé que los requisitos mínimos que deberán cumplir los defensores públicos se establecerán por el defensor del pueblo.

1. La convocatoria exigió declarar bajo la gravedad de juramento que el domicilio del aspirante corresponde a uno de los municipios que comprende el circuito para el cual se inscribe, lo cual quebranta el derecho a la participación y desconoce que el concurso es abierto y a nivel nacional e impide cambiar la sede de trabajo o ascender de categoría. Además, quebranta el derecho a la igualdad de oportunidades en los términos explicados por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-180 [sic].

1. El proceso de selección vulneró el principio de economía, consagrado en artículo 25 de la Ley 80 de 1993 , así como la Resolución 1131 del 3 de octubre de 2018 6 en tanto dispuso que la Defensoría del Pueblo establecerí a un procedimiento para la selección de los defensores públicos de acuerdo con el mapa judicial colombiano y con base en las necesidades y requerimientos presentados por cada una de las Defensorías del Pueblo Regionales, pero «hasta la fecha NO se conoce un acto administrativo de la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se haya establecido el citado procedimiento», ni se ha elaborado un estudio técnico sobre las necesidades de Defensores Públicos requeridos

la fecha NO se conoce un acto administrativo de la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se haya establecido el citado procedimiento», ni se ha elaborado un estudio técnico sobre las necesidades de Defensores Públicos requeridos para cumplir adecuadamente con la función pública.

1. Los contratos celebrados entre la Defensoría del Pueblo, el DAFP 7 y la Universidad Nacional, para adelantar el proceso de selección cuestionado, desconocieron las reglas de la contratación estatal. Al respecto, se destacan las siguientes falencias: a) publicación extemporánea en el SECOP del «Estudio del Sector Económico» y de los «Estudios Previos»; b) infracción principio de planeación, porque primero se suscribió el contrato y posteriormente fueron elaborados los estudios soportes de dicha contratación; c) se presenta una inconsistencia entre el objeto del Contrato Interadministrativo 386 de 2018 y lo publicado en la página web «www.seleccion defensorespublicos.com» ; d) el contenido del «Estudio del Sector Económico» no se ajusta a lo exigido al artículo

2 Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia. 3 Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública. 4 Por la cual se establecen las categorías, requisitos mínimos y honorarios de los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública y se dictan otras disposiciones. 5 Por la cual se establecen las categorías, requisitos mínimos y honorarios de los defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública en materia laboral, civil y administrativo y se dictan otras disposiciones. 6 Manual de procesos de contratación de la Defensoría Pública.

5 Por la cual se establecen las categorías, requisitos mínimos y honorarios de los defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública en materia laboral, civil y administrativo y se dictan otras disposiciones. 6 Manual de procesos de contratación de la Defensoría Pública. 7 Departamento Administrativo de la Función Pública.Radica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 ; e) en la «Descripción de la Necesidad» de los «Estudios Previos» no se determinaron las plazas de defensores públicos requeridos; e) algunas de las obligaciones del DAFP y de la Universidad Nacional son idénticas y las entidades no se comprometieron a «diseñar, construir y validar la prueba de competencias comportamentales»; f) el estatuto de contratación no exigía la realización de un proceso de selección para celebrar los contratos de servicios profesionales, de manera que el desarrollo de esa actuación generó un gasto innecesario.

1. El proceso de selección enjuiciado desconoció los artículos 154 y 163 de la Ley 1098 de 2006, « por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia» y el artículo 3 del Decreto 1542 de 1997, por que al determinar la oferta de plazas de defensores públicos a proveer no tuvo en cuenta los defensores requeridos para la asunción de la defensa técnica de los niños,

Adolescencia» y el artículo 3 del Decreto 1542 de 1997, por que al determinar la oferta de plazas de defensores públicos a proveer no tuvo en cuenta los defensores requeridos para la asunción de la defensa técnica de los niños, adolescentes o reclusos que carecieran de apoderado.

1.2. Contestación de la demanda

5. La Defensoría del Pueblo se opuso a las pretensiones de la demanda, con

base en los siguientes argumentos:

1. Las normas que rigen el régimen de carrera administrativa en la Defensoría del Pueblo son las contenidas en la Ley 201 de 1995 y el régimen de contratación es el del estatuto general de la contratación pública.

1. La Ley 941 de 2005 dispone que los defensores públicos son «los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2 de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal. Los contratos de prestación de servicios profesionales especializados podrán suscribirse con cláusula de exclusividad y no dará lugar en ningún caso a vinculación laboral con la Institución».

1. Conforme a la Ley 1150 de 2007, la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Colombia suscribieron el contrato interadministrativo 386 de 2018 para desarrollar el proceso de selección de defensores públicos.

1. Los participantes del proceso de selección sabían que no se trataba de un

Nacional de Colombia suscribieron el contrato interadministrativo 386 de 2018 para desarrollar el proceso de selección de defensores públicos.

1. Los participantes del proceso de selección sabían que no se trataba de un concurso de méritos propio de una vinculación legal y reglamentaria, sino que se buscaba atender el principio de selección objetiva. De ahí que tal actuación no debe regirse por la Ley 909 de 2004.Radica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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1. La contratación de los defensores públicos debía contemplar una serie de pasos o itinerario metodológico para suscribir los contratos; máxime si se tiene en cuenta que se recibiría más de una oferta.

6. La Universidad Nacional de Colombia solicitó que se negaran las

pretensiones por las siguientes razones:

1. El Contrato Interadministrativo 386 de 2018 fue debidamente celebrado bajo el mecanismo de contratación directa, el cual «no solo cumple con el principio de transparencia en la medida que se presenta la unión de esfuerzos, experiencias, objeto común para el cumplimiento de los objetivos estatales de dos entidades públicas, respetando la misión y el objeto de cada una, sino que adicionalmente constituye un claro ejemplo de aplicación del principio de economía para el cumplimiento oportuno y eficiente de los fines de la contratación estatal».

1. Los actos acusados se encuentran ajustados a la legalidad, pues aclararon que el proceso de selección no era incompatible con la vinculación de los

cumplimiento oportuno y eficiente de los fines de la contratación estatal».

1. Los actos acusados se encuentran ajustados a la legalidad, pues aclararon que el proceso de selección no era incompatible con la vinculación de los defensores por contrato de prestación de servicios y su propósito era contar con una lista de candidatos óptimos para ejercer tal responsabilidad y las pruebas practicadas se corresponden con la calidad que se espera de ellos.

1. El proceso de selección también fue motivado en el fallo del 25 de junio de 2018, expedido por del Tribunal Administrativo del Cauca,8 que le ordenó a la Defensoría del Pueblo reglamentar los requisitos mínimos que deben acreditar los defensores públicos, en los términos del artículo 26 de la Ley 941 de 2005.

1. El Anexo de la Resolución 052 de 2019 fue suscrito por el director Nacional de Defensoría Pública, en ejercicio de las funciones previstas por el artículo 17 del Decreto 025 de 2014.

II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

7. Por auto del 20 de enero de 2023, se admitió la demanda.

8. Mediante auto del 17 de julio de 2023, se negó la solicitud de medida cautelar presentada por el actor.

9. Por auto del 4 de julio de 2025, el despacho ponente evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de las audiencias inicial y de pruebas, prevista en los artículos 180 y 181 ibidem; b) resolver sobre las pruebas

del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de las audiencias inicial y de pruebas, prevista en los artículos 180 y 181 ibidem; b) resolver sobre las pruebas

8 Expediente 19001-23-33-002-2018-000140-00.Radica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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aportadas y solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

10. La Universidad Nacional de Colombia reiteró los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.

2.3. Ministerio Público

11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Cuestión previa

12. Por escrito del 29 de octubre de 2025, el doctor Juan Camilo morales Trujillo, consejero de Estado integrante de esta Subsección, solicitó ser separado del debate y decisión de este proceso, al considerar que se encuentra incurso en la causal de impedimento señalada en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del

Proceso. Con tales fines expresó:

En el proceso de la referencia actúa como apoderado de la Universidad Nacional de

y decisión de este proceso, al considerar que se encuentra incurso en la causal de impedimento señalada en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso. Con tales fines expresó:

En el proceso de la referencia actúa como apoderado de la Universidad Nacional de Colombia la persona jurídica Morales y Montalvo Abogados Asociados SAS, sociedad representada legalmente por el señor Andrés Felipe Montalvo de la Ossa, a quien conozco y es mi amigo íntimo.

13. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia C -390 de 1993, al analizar la constitucionalidad del artículo 150 de dicho estatuto, precisó que la causal de impedimento consistente en « existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado», correspondía a aquellas clasificadas como subjetivas, esto es, aquellas respecto de las cuales no basta con acreditar el supuesto de hecho c onsagrado en la norma, sino que se exige una valoración argumentada y subjetiva de los dichos que la fundamenten.

14. A su vez, esta corporación ha sostenido que «la existencia de la amistad estrecha o de la enemistad grave entre el Juez y alguna de las partes, su representante o apoderado, es una manifestación que tiene un nivel de credibilidad que se funda en aquello que expresa el operador judicial, pues no es jurídicamente posible, comprobar los niveles de amistad íntima o enemistad grave que un funcionario pueda llegar a sentir por otra persona. Lo anterior, debido a que talesRadica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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funcionario pueda llegar a sentir por otra persona. Lo anterior, debido a que talesRadica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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situaciones se conocen y trascienden el ámbito subjetivo, cuando el Juzgador mediante su afirmación la pone de presente para su examen, sin que sea del caso que su amigo o enemigo, lo ratifique».9

15. De conformidad con las anteriores precisiones, la Sala encuentra acreditado que el señor Andrés Felipe Montalvo de La Ossa es apoderado de la Universidad Nacional; por lo tanto, las razones expuestas por el consejero Juan Camilo Morales Trujillo resultan adecuadas a la causal invocada, teniendo en cuenta que los sentimientos de afecto, derivados de los lazos íntimos de amistad que indicó mantener con el apoderado pueden compromet er su imparcialidad y objetividad al momento de resolver el debate. En consecuencia, se declarará fundada su solicitud y, consecuentemente, se le separará del conocimiento de este asunto.

3.2. Presentación del caso y metodología de decisión

16. En el presente asunto, la Sala examinará si la Resolución 052 del 14 de enero de 2019 y su Anexo están viciados de nulidad por violación a l ordenamiento constitucional y legal en que debían fundarse.

17. Para acometer dicho propósito , se abordarán los siguientes aspectos relevantes: i) texto del acto acusado; ii) generalidades de los defensores públicos;

constitucional y legal en que debían fundarse.

17. Para acometer dicho propósito , se abordarán los siguientes aspectos relevantes: i) texto del acto acusado; ii) generalidades de los defensores públicos; iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.

3.2. Texto del acto demandado

18. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su contenido. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub

lite, cuyo tenor es el siguiente:

«RESOLUCIÓN No. 052

Por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5 del Decreto Ley 025 del año 2014 y, […]

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Dar apertura al proceso de selección de Defensores Públicos de la Defensoría del Pueblo de acuerdo con lo dispuesto en los términos del documento

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 17 de julio de 2014, radicado 11001-03-28-000-2014-00022-00.Radica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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anexo suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública, denominado "parámetros para la participación en el proceso de selección de defensores públicos".

ARTÍCULO 2. El presente proceso de selección de defensores públicos, no se constituye en un concurso de méritos que genere derechos de carrera administrativa o vínculo laboral con la Defensoría del Pueblo.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales, el presente proceso de selección no desnaturaliza la contratación directa de los defensores públicos, cuya vinculación se surte mediante contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con lo establecido en la ley.

ARTÍCULO 3. El proceso de selección de Defensores Públicos, será ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia, en virtud del contrato interadministrativo N° . 386 de 2018 y de acuerdo con los requisitos y términos indicados en el documento Anexo suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública, denominado "parámetros para la participación en el proceso de selección de defensores públicos».

«ANEXO RESOLUCIÓN No. 052 de 2019

PARÁMETROS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

DE DEFENSORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

[…]

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE

SELECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS

[…]

DE DEFENSORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

[…]

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE

SELECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS

[…]

4. Declarar bajo la gravedad de juramento que su domicilio corresponde a uno de los municipios que comprende el circuito para el cual se inscribe.

3.3. Generalidades de los defensores públicos»

19. El artículo 21 de la Ley 24 de 1992 10 dispone que la Defensoría Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública.

20. El artículo 22 ibidem prevé que la Defensoría Pública se prestará por: i) abogados que, como defensores públicos, formen parte de la planta de personal de la entidad; ii) abogados que hayan sido contratados como defensores públicos; iii) estudiantes de los dos últimos años de las facultades de derecho, pertenecientes a los consultorios jurídicos; iv) egresados de las facultades de derecho que escojan la prestación gratuita del servicio como defensor público durante 9 meses como requisito para optar al título de abogado.

10 Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia.Radica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia.Radica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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21. Para lo que atañe al sub lite, la Sala se detendrá en el análisis de la segunda modalidad antes descrita, esto es, la Defensoría Pública que prestan los abogados contratados como defensores públicos.

22. El artículo 26 de la Ley 941 de 2005 11 dispuso que los defensores públicos son los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en su artículo 2,12 de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal.

23. Por su parte, el artículo 28 ibidem indicó que el Defensor del Pueblo establecería mediante reglamento los requisitos mínimos que deberían cumplir los defensores públicos. Además, que los contratos de prestación de servicios profesionales especializados podrían suscribirse con cláusula de ex clusividad y no darían lugar en ningún caso a vinculación laboral con la institución.

24. A su turno, el artículo 9 de la Ley 941 de 2005 prevé que «las personas jurídicas y naturales que contraten con el Sistema Nacional de Defensoría Pública serán escogidas de acuerdo con los principios de transparencia y selección

24. A su turno, el artículo 9 de la Ley 941 de 2005 prevé que «las personas jurídicas y naturales que contraten con el Sistema Nacional de Defensoría Pública serán escogidas de acuerdo con los principios de transparencia y selección objetiva».

3.4. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad

25. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación, le corresponde a la Sala determinar si el acto acusado quebrantó el ordenamiento superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por el accionante, los cuales serán agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.

3.4.1. Reglas del proceso de selección análogas a los concursos de méritos

26. Al revisar el escrito de la demanda , se concluye que uno de los principales reproches del actor radica en que el proceso de selección no se acogió a las reglas que el legislador ha previsto para las convocatorias a concursos públicos. Dentro de

11 Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública. 12 Artículo 2. Cobertura. El Sistema Nacional de Defensoría Pública prestará sus servicios en favor de las personas que por sus condiciones económicas o sociales se encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, por sí mismas, la defensa de sus derechos. También se prestará por las necesidades del proceso previstas en el inciso 2º del artículo 43 de la presente ley, en cuyo caso el imputado o acusado pagará al Sistema la totalidad de los honorarios y gastos causados.

Para los efectos de la presente ley, se entiende por persona en imposibilidad económica, aquella que carece

pagará al Sistema la totalidad de los honorarios y gastos causados.

Para los efectos de la presente ley, se entiende por persona en imposibilidad económica, aquella que carece de recursos suficientes para proveer su defensa técnica y por persona en imposibilidad social, aquella que por discriminación u otra circunstancia excluyente no pueda acceder a un defensor particular.Radica do: 11001032500020190017400 (1068 -2019)

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este reparo se encuentran los siguientes cargos de nulidad:

1. El acto acusado no determinó la oferta de plazas de defensores públicos a proveer mediante el proceso de selección, discriminadas por regionales, instancias judiciales, categorías, áreas, subáreas y programas.

1. Las referidas plazas solo se relacionaron en el aplicativo de inscripción, por ende, se desconoció que el elemento más importante de una convocatoria es la identificación de la oferta de empleos, vacantes o plazas a proveer. Igualmente, se quebrantaron los principios de transparencia, economía y responsabilidad que orientan la contratación pública y la selección objetiva de defensores públicos en los términos del artículo 9 de la Ley 941 de 2005.

1. El proceso de selección demandado debió ajustarse a alguna de las normas que regulan estas actuaciones como las Leyes 201 de 1995 o 909 de 2004 o los Decreto 262 de 2000 y 1227 de 2005.

1. La resolución enjuiciada ni su anexo determinaron la estructura del proceso

que regulan estas actuaciones como las Leyes 201 de 1995 o 909 de 2004 o los Decreto 262 de 2000 y 1227 de 2005.

1. La resolución enjuiciada ni su anexo determinaron la estructura del proceso de selección, en el cual se definieran sus diferentes etapas y el cronograma, sino que aquellas se publicaron en la página web “www.selecciondefensorespublicos.com”. Además, omitió regular los siguientes aspectos: a) fecha de publicación de los resultados de la verificación de requisitos mínimos; b) fecha de publicación de los resultados de las pruebas de conocimientos generales y específicos y de la prueba de compe tencias comportamentales; c) fechas y los términos para presentar las reclamaciones frente a los resultados de la verificación de requisitos mínimos o a los resultados de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales; d) indicar si se podía reclamar o interponer recursos contra la c