CE - Sentencia 11001032500020190019100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicado: 11001-03-25-000-2019-00191-00 (1162-2019)

Demandante: Luis Felipe Güecha Medina

Demandada: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Temas:

Legalidad del acto administrativo que contiene el registro de elegibles.

Sentencia de única instancia

ASUNTO

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1. Luís Felipe Güecha Medina presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución PCSJSR18-1 del 12 de enero de 2018 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura por medio de la cual « se conforma[ro]n los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama

Judicial».

Superior de la Judicatura por medio de la cual « se conforma[ro]n los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

1.1.1. Fundamentos fácticos

2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

1 Índice 17, Samai.Folios 1 a 9 del expediente [Folios 3 a 11 del archivo PDF]. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00191 00 (1162-2019)

Demandante: Luis Felipe Guecha Median

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. Mediante el Acuerdo No. PSAA13 -9939 del 25 de junio de 2013 , la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. El acuerdo fijó los requisitos generales que todos los aspirantes debían cumplir, entre los que incluyó el no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad.

2.2. Mónica Lizbeth Palacios Grozo se inscribió al concurso para el cargo de juez penal municipal y fue admitida, según se registró en el anexo de la Resolución

CIRES14-8.

2.3. Durante el desarrollo del proceso concursal, Mónica Lizbeth Palacios Grozo fue sancionada disciplinariamente con la suspensión de la profesión de abogado en dos trámites sancionatorios identificados con los radicados 2012 - 091201 y

2.3. Durante el desarrollo del proceso concursal, Mónica Lizbeth Palacios Grozo fue sancionada disciplinariamente con la suspensión de la profesión de abogado en dos trámites sancionatorios identificados con los radicados 2012 - 091201 y 2014-06701. En el primero, se le impuso la sanción desde el 11 de noviembre de 2015 hasta el 10 de noviembre de 2016. En el segundo , desde el 25 de mayo hasta el 24 de mayo de 2016.

2.4. Lo anterior significó que sobre la concursante sobrevino una inhabilidad que le impedía seguir en el concurso. No obstante, continuó con su participación y superó etapas importantes como la prueba de conocimientos y quedó inscrita en el Registro Nacional de Elegibles determinado en la Resolución PCSJSR18-1 del 12 de enero de 2018.

2.5. En febrero de 2019 el Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Norte de Santander, informó sobre la vacancia del Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Arauca. Mónica Lizbeth Palacios Grozo aspiró a esa vacante, pese a la inhabilidad sob reviniente que sobre ella recayó durante el proceso de selección.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales, se señalaron los artículos 162, numeral 4, 164 y 165 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013 que regló el proceso de selección.

4. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto acusado estaba viciado de nulidad, puesto que se expidió con infracción de las normas en que debía

de selección.

4. En cuanto al concepto de violación, expuso que el acto acusado estaba viciado de nulidad, puesto que se expidió con infracción de las normas en que debía fundarse «por un ERROR INDUCIDO o engaño a quien produjo el acto administrativo»

(sic) por lo siguiente:

4.1. Las reglas que fijaron los artículos 162 y 164, numeral 4, de la Ley 270 de 1996 para determinar el ingreso a la carrera judicial de los funcionarios de la Rama Judicial se desconocieron porque Mónica Lizbeth Palacios Grozo estaba inhabilitada para concursar como consecuencia de las sanciones disciplinarias que se le impusieron, por lo que debió « separarse de forma automática de ese proceso de selección ». Sin embargo, ella no informó tal asunto a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

4.2. El acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013 exigía de manera obligatoria no estar incurso en inhabilidad e incompatibilidad para participar en el concurso de méritos. En ese sentido, Mónica Lizbeth Palacios Grozo «[…] al no comunicar3

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Demandante: Luis Felipe Guecha Median

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la Oficina de Carrera proceso de selección produjo una lesión a la normatividad que regula esta clase de selección y por este medio no clásico se hizo acreedora de la conformación de la lista de elegibles con una haz de igualdad de quienes si se

a la Oficina de Carrera proceso de selección produjo una lesión a la normatividad que regula esta clase de selección y por este medio no clásico se hizo acreedora de la conformación de la lista de elegibles con una haz de igualdad de quienes si se comportaron el respeto al ordenamiento jurídico […]» (sic).

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura3

5. La entidad contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con fundamento

en las siguientes razones:

5.1. Para el momento de su inscripción, Mónica Lizbeth Palacios Grozo acreditó que no estaba incursa en causal alguna de inhabilidad ni de incompatibilidad de conformidad con el Acuerdo de Convocatoria PSAA13 -9939 de 25 de junio de 2013.

5.2. El Consejo Superior de la Judicatura expidió el acto administrativo demandado en cumplimiento de la facultad que le otorg aron los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y 85, 162, 164 y 174 de la Ley 270 de 1996 para administrar y reglamentar la carrera judicial. Asimismo, lo profirió en virtud del Acuerdo PSAA13-9939 de 2013 que convocó al concurso de méritos. Por lo tanto, la entidad actuó con competencia.

5.3. Según el Acuerdo PSAA13 -9939 de 2013 [artículo 3] la verificación de la existencia de inhabilidades debía hacerse en el momento de la inscripción al concurso de méritos.

5.4. La Resolución PCSJSR18 -1 de 12 de enero de 2018 no desconoció las

existencia de inhabilidades debía hacerse en el momento de la inscripción al concurso de méritos.

5.4. La Resolución PCSJSR18 -1 de 12 de enero de 2018 no desconoció las reglas de la convocatoria al incluir en el registro de eligibles a Mónica Lizbeth Palacios Grozo, puesto que cuando esta se inscribió al concurso de méritos «[…] señaló “no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad”, fecha para la cual de conformidad con los hechos y pruebas aportadas no se registraba sanción disciplinaria alguna […]».

5.5. En lo que respecta al nombramiento, posesión y confirmación en el cargo de juez la facultad e ra exclusiva del nominador, según lo reglado en los artículos 131.7, 133, 167 y 175.1 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 8 del Acuerdo 4536 de 2008 y luego de agotado el procedimiento previsto en los artículos 4, 5 y 6 de este último, el cual se cumplió en el presente caso.

5.6. Por lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca nombró en propiedad a Mónica Palacios Grozo mediante la Resolución 204 de 11 de octubre de 2018 en el cargo de juez segundo penal municipal para adolescentes de Arauca. Sin embargo, revocó el nombramiento con la Resolución 230 de l 11 de noviembre de 2018 porque aquella guardó silencio y no aceptó la designación.

5.7. Tal autoridad la nombró de nuevo en igual cargo con la Resolución 079 del 26 de abril de 2019. No obstante, Mónica Palacios Grozo « radicó oficio el 6 de mayo

5.7. Tal autoridad la nombró de nuevo en igual cargo con la Resolución 079 del 26 de abril de 2019. No obstante, Mónica Palacios Grozo « radicó oficio el 6 de mayo de 2019 mediante el cual manifestó expresamente declinar su postulación para el cargo

3 índice 9, Samai.4

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00191 00 (1162-2019)

Demandante: Luis Felipe Guecha Median

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Arauca ». Por tal razón, el tribunal revocó el nombramiento mediante la Resolución 087 de 9 de mayo de 2019.

5.8. En consideración a que Mónica Palacios Grozo no aceptó ninguna designación en el presente caso se configuró la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo en los términos del artículo 91.2 del CPACA. En ese orden, al dejar de producir efectos jurídicos el acto demandado se produjo la «carencia de objeto por sustracción de materia, pues las causas que originaron el ejercicio de medio de control desaparecieron».

1.2.2. Mónica Palacios Grozo 4

6. Mónica Palacios Grozo contestó la demanda , se opuso a las pretensiones y

expuso las siguientes razones de defensa:

6.1. El acto administrativo demandado no e ra general, por el contrario, e ra particular por ser el que determinó el número de personas que aprobaron y serían

expuso las siguientes razones de defensa:

6.1. El acto administrativo demandado no e ra general, por el contrario, e ra particular por ser el que determinó el número de personas que aprobaron y serían nombradas. Así lo indicó la jurisprudencia e n el «fallo 01304 de 2019 » de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

6.2. Las sanciones fueron impuestas y se ejecutaron después de la fecha de la inscripción en el concurso de méritos y terminaron sus efectos antes de la publicación del registro de elegibles. Así, la primera suspensión de la profesión transcurrió entre el 11 de noviembre de 2015 y el 10 de noviembre de 2016 y la segunda, se cumplió del 25 de mayo de 2016 al 24 de noviembre de ese año, mientras que la inscripción ocurrió entre el 2 y el 12 de julio de 2013 y el registro de elegibles data del 12 de enero de 2018.

6.3. Por lo anterior , carecía de sentido lo expu esto en la demanda porque la inhabilidad sobreviniente solo podía configurarse si se encontraba en ejercicio del cargo e impedía que se siga ocupando. En el caso particular, al momento de la inscripción se presentó el certificado de antecedentes disciplinarios y la manifestación de no estar incursa en inhabilidad para participar, circunstancia que se validó con la continuidad en el proceso de selección y posterior incorporación en la lista de elegibles.

6.4. A ello se sumó que las causales de inhabilidad se reglaron de manera taxativa en el artículo 150 de la Ley 270 de 1996 y su interpretación debía ser restrictiva. De acuerdo con tal norma solo existía inhabilidad en los eventos en que la

6.4. A ello se sumó que las causales de inhabilidad se reglaron de manera taxativa en el artículo 150 de la Ley 270 de 1996 y su interpretación debía ser restrictiva. De acuerdo con tal norma solo existía inhabilidad en los eventos en que la suspensión se enc ontrara vigente. Así, «[p]ara el caso de la inscripción de los concursos de mérito, deberá encontrarse suspendido al momento de su inscripción; para el caso del nombramiento, y para su posesión, deberá igualmente, estar suspendido para dicho momento […]».

6.5. Además, para aplicar la inhabilidad sobreviniente «[…] se tendrá que verificar que el servidor al cual se le pretende aplicar la inhabilidad, se encuentre en el ejercicio de sus funciones, y concomitantemente sea objeto de una sanción disciplinaria vigente y consistente en suspensión del ejercicio profesional o de la exclusión de la misma […]».

4 índice 14, Samai.5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.6. Los argumentos anteriores se replicaron para sustentar la excepción denominada « inexistencia de la causal de inhabilidad sobreviniente ». No obstante, Mónica Palacios Grozo agregó que declinó su nombramiento como juez penal municipal para adolescentes con función de control de garantías cuando fue nombrada con la Resolución 079 del 26 de abril de 2019 y que aquel se

obstante, Mónica Palacios Grozo agregó que declinó su nombramiento como juez penal municipal para adolescentes con función de control de garantías cuando fue nombrada con la Resolución 079 del 26 de abril de 2019 y que aquel se revocó con la Resolución 089 del 9 de mayo de 2019. Todo lo cual significó que nunca tomó posesión del empleo y, por ende, no podía configurarse la inhabilidad sobreviviente porque no ejerció sus funciones.

1.3. Trámite del proceso

7. Mediante a uto del 4 de marzo de 2024 5 se ad optó el trámite para proferir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al encontrarse acreditado que en el caso presente se trata un asunto de puro derecho. De este modo, se incorporaron al proceso las pruebas documentales allegadas, se dispuso su traslado en los términos del artículo 110 del CGP y se fijó el litigio de

la siguiente manera:

«El problema jurídico a resolver en el sub lite consiste en determinar ¿si la Resolución PCSJSR18 del 12 de enero de 2018, proferida el CSJ «(p)or la cual se conforman los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial»; en lo atinente a la inclusión de Mónica Lisbeth Palacios Grozo, debe anularse por haber sido expedida con infracción de las normas en que debía fundarse?»

8. En la providencia también se ordenó correr traslado por el término de 10 días para que las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal oportunidad procesal intervinieron los siguientes sujetos procesales:

8. En la providencia también se ordenó correr traslado por el término de 10 días para que las partes presentaran los alegatos de conclusión. Dentro de tal oportunidad procesal intervinieron los siguientes sujetos procesales:

8.1. La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura se ratificó en todos los argumentos expuestos en la contestación de la demanda sin agregar alguno nuevo6.

8.2. Mónica Palacios Grozo reiteró los argumentos que expuso en defensa de la legalidad de la resolución enjuiciada en la contestación a la demanda7.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

9. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 13 8, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo

5 Índice 113, Samai. 6 Índice 25, Samai. 7 Índice 24, Samai. 8 Reglamento interno del Consejo de Estado.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2019 9 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Cuestión previa

10. Antes de abordar el fondo del asunto se debe analizar al alegato de Mónica Lisbeth Palacios Grozo según el cual el acto administrativo demandado es particular por ser el que determinó el número de personas que aprobaron el concurso y van a ser nombradas.

11. Frente al particular, se debe precisar que el estudio respecto del acto administrativo demandado procede a través del medio de control de simple nulidad en la medida en que el artículo 137 del CPACA lo permite. Ciertamente, la norma prescribe en su numeral 1 que es viable su presentación para solicitar la nulidad de actos administrativos de contenido particular «[c]uando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero […]».

12. En el presente caso, la Resolución PCSJSR18-1 fue expedida el 12 de enero de 2018 y se notificó por 5 días entre el 15 y el 19 de ese mes y año. En ese orden, su vigencia finalizaba el 19 de enero de 2022, por cuanto el artículo 165 de la Ley 270 de 1996 determinó un periodo de 4 años para su ejecución . Así también se estableció en el cronograma del concurso de méritos publicado en la página web de la Rama Judicial10.

de la Ley 270 de 1996 determinó un periodo de 4 años para su ejecución . Así también se estableció en el cronograma del concurso de méritos publicado en la página web de la Rama Judicial10.

13. Ahora, aunque para fecha de presentación de la demanda, 6 de marzo de 2019, el registro de elegibles estaba vigente, lo cierto es que actualmente no lo está, por lo que de declararse la nulidad pedida no se derivaría restablecimiento de derecho alguno. En este punto , cabe precisar que el estudio de la legalidad del acto enjuiciado no conllevaría la afectación de los derechos subjetivos consolidados en cabeza de quienes ocuparon la lista de elegibles y ya fueron nombrados. Ello porque el pleito gira en torno a la indebida inclusión en el registro de elegibles de Mónica Lisbeth Palacios Grozo, de lo cual no se sigue una afectación a derechos de otros participantes del concurso de méritos que estén nombrados quienes a la fecha de esta providencia ya tienen su situación jurídica consolidada.

14. Además, si bien el acto administrativo demandado al perder su vigencia carece de fuerza ejecutoria, ello no implica la inviabilidad de estudiar el presente proceso, puesto que tal fenómeno jurídico solo trae como efectos la pérdida de sus consecuencias hacia el futuro 11 y no representa un juicio de legalidad sobre

9 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90». 10 https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrerajudicial/cronograma.

se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90». 10 https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrerajudicial/cronograma. 11 En relación con la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos y, específicamente, por su decaimiento la jurisprudencia ha dicho sobre sus efectos los siguiente: « No sobra añadir a lo anterior, que como quiera que la norma anteriormente trascrita no hace la distinción entre actos administrativos de carácter general y particular, ha de entenderse que el decaimiento se predica de ambos, lo cual significa que los actos administrativos de contenido impersonal y abstracto así como los creadores de situación individuales y concretas, éstos dejan de7

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00191 00 (1162-2019)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sus elementos. En ese sentido, para que la resolución desaparezca del ordenamiento jurídico es necesario demandar su nulidad y que en el proceso se desvirtué su presunción de legalidad y declare aquel la, si se advierte que su validez está afectada por alguno de los vicios indicados en el inciso 2.° del artículo 137 del CPACA.

15. A ello se suma que la finalidad del presente proceso es salvaguardar la integridad del ordenamiento jurídico y, en caso de proceder la nulidad del acto demandado, de restablecerlo en abstracto para que en futuros concursos de

15. A ello se suma que la finalidad del presente proceso es salvaguardar la integridad del ordenamiento jurídico y, en caso de proceder la nulidad del acto demandado, de restablecerlo en abstracto para que en futuros concursos de méritos se evite incurrir en las irregularidades que resulten demostradas y, por ende, se garantice en debida forma el principio del mérito como pilar fundamental

para acceder a la carrera administrativa judicial. De ahí la importancia del pronunciamiento por parte de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

16. Así las cosas, la Sala procede a efectuar el estudio de legalidad de la Resolución PCSJSR18-1 del 12 de enero de 2018.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con la fijación del litigio realizada en auto del 4 de marzo de 2024 el problema jurídico se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿la Resolución PCSJSR18 del 12 de enero de 2018, proferida por el CSJ «(p)or la cual se conforman los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial»; en lo atinente a la inclusión de Mónica Lisbeth Palacios Grozo, debe anularse por haber sido expedida con infracción de las normas en que debía fundarse?

2.3.1. La carrera administrativa para los funcionarios de la Rama Judicial. Vigencia y efectos en el tiempo del registro nacional de elegibles

18. Por mandato del artículo 125 de la Constitución Política la carrera administrativa es la regla general para la vinculación laboral con el Estado y su fin es garantizar que al servicio público ingresen las personas más idóneas y

18. Por mandato del artículo 125 de la Constitución Política la carrera administrativa es la regla general para la vinculación laboral con el Estado y su fin es garantizar que al servicio público ingresen las personas más idóneas y eficaces. Por ello, es el m érito y la capacidad del funcionario para ejercer sus funciones lo que determina el ingreso, permanencia y retiro del servicio 12. La

carrera es un principio constitucional13 que permite seleccionar el más apto para el desarrollo de funciones públicas, materializa los principios de eficiencia y eficacia, garantiza la igualdad para acceder al ejercicio público y la estabilidad laboral de los servidores14.

19. En ese orden, el concurso de méritos es el instrumento válido de selección que debe aplicarse para garantizar que el ingreso, la permanencia y el ascenso

producir efectos jurídicos hacia futuro ». (Resalta la Sala). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil catorce (2014). Radicación núm.: 11001 -03-25-0002005-00166-01. Actor: Sindicato Nacional de Trabajadores de las Gaseosas, Refrescos y Alimentos Relacionados con la Industria –SINTIGALy otros. 12: Corte Constitucional, Sentencia C-315 de 2007. 13 Sentencia C-553 de 2010. En la sentencia C -563 de 2000 se indicó al respecto que «… en el estado social de derecho la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base axiológico-jurídica

estado social de derecho la carrera administrativa constituye un principio constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base axiológico-jurídica de interpretación, cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional». 14 Sentencia C-588 de 2009.8

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00191 00 (1162-2019)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de los servidores públicos esté fundado en criterios objetivos. Lo es porque en él se evalúan las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos15, por lo que elimina la posibilidad de que la elección obedezca a favoritismos o caprichos del nominador16.

20. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 256 de la Constitución

Política y 85 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la carrera de la Rama Judicial es administrada por el Consejo Superior de la Judicatura. En tal virtud le compete a ese órgano expedir la convocatoria que va a regir el concurso de méritos y fijar en ella los requisitos mínimos de experiencia y capacitación para los participantes, fijar el contenido y procedimiento de las etapas, conformar el registro de elegibles y d esignar o enviar las listas respectivas para que los nominadores provean los empleos vacantes con fundamento en estas, de acuerdo con el orden de elegibilidad allí previsto (artículos 161 a 167 ibidem17).

21. El registro de elegibles constituye un acto administrativo particular que crea

nominadores provean los empleos vacantes con fundamento en estas, de acuerdo con el orden de elegibilidad allí previsto (artículos 161 a 167 ibidem17).

21. El registro de elegibles constituye un acto administrativo particular que crea derechos respecto de las personas que la integran. Su fin es determinar el orden en el que proceden los nombramientos en los empleos vacantes de quienes superaron el concurso de méritos de forma descendente por puntaje. Es un acto administrativo condición y para la Rama Judicial su vigencia es de cuatro (4) años por mandato del artículo 165 ibidem18. Su conformación «[…] materializa el principio del mérito del artículo 125 de la Constitución, en la medida en que con él, la

administración debe proveer los cargos de carrera que se encuentren vacantes»19.

2.3.2. La convocatoria dentro del concurso de méritos de la Rama Judicial. Fuerza vinculante

22. El artículo 164 de la Ley 270 de 1996 determinó las reglas básicas que debe regir el concurso de méritos dentro de la Rama Judicial. La norma preceptuaba lo siguiente antes de la modificación introducida por el artículo 81 de La Ley 2430

de 2024:

«[…] Artículo 164. Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inc lusión en el Registro de Elegibles y se fijará su ubicación en el mismo.

Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:

15 Corte Constitucional, sentencia C.1122 de 2005.

Elegibles y se fijará su ubicación en el mismo.

Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:

15 Corte Constitucional, sentencia C.1122 de 2005. 16 sentencia C-901 de 2008. 17 En la Sentencia SU-539 de 2012 se explicó que de acuerdo con el artículo 257 Constitucional «(i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del legislador». 18 El término de vigencia fue fijado de manera inicial en el artículo 165. La modificación que se hizo de este por el artículo 82 de la Ley 2430 de 2024 lo mantuvo. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de septiembre de 2018, Radicado: 11001 -03-25-000-2013-01304-00(3319-13). Actor: Comisión Nacional Del Servicio Civil, Miryam Leonor Riaño Coy y Piedad Milena Aguilar Sanjur.9

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1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen.

2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.

3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa […]». (Destaca la Sala).

23. Como se advierte, la convocatoria es la que fija las reglas de todo el concurso de méritos. Es el acto administrativo en el que se determinan las condiciones para participar, los requisitos y tiempos de inscripción, los cargos ofertados, l as condiciones de estudio y de experiencia para ocuparlos, los modos de evaluación y puntajes 20 y demás pasos necesarios para garantizar dentro del proceso de selección el principio del mérito.

condiciones de estudio y de experiencia para ocuparlos, los modos de evaluación y puntajes 20 y demás pasos necesarios para garantizar dentro del proceso de selección el principio del mérito.

24. La jurispru