CE - Sentencia 11001032500020190019400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00194-00 (1288-2019)1.

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Demandada: Henry López López.

Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 14 de enero de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Tema: Reliquidación pensión de jubilación.

Decisión: Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia del Catorce ( 14) de Enero de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A; a través de la cual, se confirmó la sentencia del Cinco (5) de Junio de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito de Bogotá; providencias judiciales que , accedieron parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor Henry López López.

Bogotá; providencias judiciales que , accedieron parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor Henry López López.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende , se infirme la sentencia del Catorce (14) de Enero de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A; a través de la cual, se confirmó la sentencia del Cinco (5) de

1 Expediente híbrido. 2 Folios 1 a 15 del expediente físico.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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Junio de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito de Bogotá , dentro del proceso identificado con radicado No. 11001-33-35018-2013-00449-01 y, en su lugar, se declare que el señor Henry López López , con relación a la liquidación de la pensión, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana , adicionalmente, que se ordene la reliquidación de la pensión que percibe, conforme a las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario enlistados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995,

36 de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario enlistados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU -230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017, SU-023 de 2018, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, el señor Henry López López , nació el Dieciséis (16) de Marzo de Mil Novecientos Cincuenta y Uno (1951), adquirió el estatus jurídico de pensionado el Dieciséis (16) de Marzo de Dos Mil Seis (2006), y prestó sus servicios para el Ministerio de la Protección Social , desde el Veinte (20) de Agosto de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979) hasta el Treinta (30) de Enero de Dos Mil Siete (2007), ocupando como último cargo, el de inspector del trabajo.

Asimismo, expresó que, fue retirado del servicio, mediante Resolución 119 del Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Siete (2007), a partir de 31 de la misma calenda3.

A través de Resolución No. 55181 del Veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil Seis (2006)4, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal -, le reconoció una pensión de jubilación al señor Henry López López, liquidada con el 75% del promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de servicios , conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de Un Millón Ciento Cincuenta Mil Ciento Sesenta

lo cotizado en los últimos 10 años de servicios , conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de Un Millón Ciento Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos con Setenta y Dos Centavos ($1.150.169,72), condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio, para disfrutar de la pensión.

Señaló que, mediante Resolución 5350 del Catorce (14) de Febrero de Dos Mil Ocho (2008)5, la extinta Cajanal , negó una solicitud de reliquidación de la pensión de vejez presentada por el demandado. Inconforme con tal decisión , el demandado interpuso recursos de reposición y apelación en contra de este acto administrativo.

3 Folio 65, expediente físico. 4 Folios 43 a 45, expediente físico. 5 Folios 68 a 70, expediente físico.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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Por Resolución No. 3684 del Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Nueve (2009)6, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el demandado , en contra de la Resolución 5350, reliquidando la pensión de vejez, con el 75% del promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de servicios, entre el Primer o (1º) de Febrero de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) y el Treinta (30) de Enero de Dos Mil Siete (2007), en cuantía de Un Millón Doscientos Quince Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos con

Novecientos Noventa y Siete (1997) y el Treinta (30) de Enero de Dos Mil Siete (2007), en cuantía de Un Millón Doscientos Quince Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos con Treinta y Un Centavos ($1.215.867,31), efectiva a partir del Primero (1º) de Febrero de Dos Mil Siete (2007).

La entidad actora, a través de las Resoluciones RDP 3455 del Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Doce (2012)7 y RDP 13515 del Veintinueve (29) de Octubre de Dos Mil Doce (2012)8, negó una solicitud de reajuste pensional que presentó el señor López López y confirmó su decisión ante un recurso de apelación interpuesto por el interesado, al considerar improcedente la reliquidación de la pensión, con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, la indexación de la mesada pensional y el pago de intereses moratorios, porque los factores computables para la liquidación de la pensión, son los enlistados en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, además que, al estar correctamente liquidada la mesada no procede indexación ni intereses.

Afirmó que, el demandado interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a obtener la reliquidación de su pensión, la cual le correspondió por reparto , al Juzgado Noveno (09) Administrativo del Circuito de Bogotá, siendo radicada bajo el No. 11001-33-35-0018-2013-00449-00.

En el precitado proceso judicial, se dictó sentencia el Cinco (5) d e Junio de Dos Mil

Bogotá, siendo radicada bajo el No. 11001-33-35-0018-2013-00449-00.

En el precitado proceso judicial, se dictó sentencia el Cinco (5) d e Junio de Dos Mil Catorce (2014)9, accediendo parcialmente a las pretensiones y, ordenó la reliquidación de la prestación pensional, teniendo en cuenta el 75% del promedio del salario devengado en el último año de servicios, comprendido entre el Primero (1º) de Febrero de Dos Mil Seis (2006) y el Treinta y Uno (31) de Enero de Dos Mil Cinco (2005), que lo integran, además de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, las doceavas partes de las primas de servicios, de navidad y vacacione s; previo descuento de los valores correspondientes a los aportes no efectuados para la pensión, en la proporción correspondiente al trabajador.

6 Folios 80 reverso a 83, expediente físico. 7 Folios 397 a 400, expediente físico. 8 Folios 161 a 164, expediente físico. 9 Folios 104 reverso a 116, expediente físico.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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Contra la anterior sentencia, se presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administ rativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del Veintitrés (23) de Julio de Dos Mil Quince (2015 )10, en la que se revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

sentencia del Veintitrés (23) de Julio de Dos Mil Quince (2015 )10, en la que se revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En contra de la anterior sentencia, se interpuso una acción de tutela, la cual, fue tramitada ante esta Corporación y, en la que se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictar una sentencia de reemplazo, teniendo en cuenta la postura jurisprudencial de la Sección Segunda, sobre la cuantificación de las pensiones del régimen de transición.

Ante la orden de amparo constitucional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dictó sentencia del Catorce (14) de Enero de Dos Mil Dieciséis (2016) 11, por medio de la cual, se confirmó la sentencia del Cinco (5) de Junio de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Bogotá.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia de Catorce (14) de Enero de Dos Mil Dieciséis (2016) 12, confirmó la sentencia de primer grado, sin condena en costas.

Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que, el demandante percibió durante el último año de servicios, además de la asignación básica y la bonificación por servicios, las primas de vacaciones y navidad, y estuvo cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , lo anterior, conllevó a aplicar

las primas de vacaciones y navidad, y estuvo cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , lo anterior, conllevó a aplicar integralmente la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, la Ley 33 de 1985, producto de lo cual, correspondía liquidar la mesada del señor López , con el promedio de todos los ingresos laborales que percibió durante el último año de servicios.

En tal sentido indicó que, no compartía los planteamientos de la entidad entonces demandada, relativos a la aplicación de las reglas de liquidación de la pensión previstas en la Ley 100 de 1993, y a que la sentencia del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), no tiene la naturaleza de sentencia de unificación jurisprudencial, pues, con ella,

10 Folios 135 reverso a 143, expediente físico. 11 Folios 92 a 97, expediente físico. 12 Folios 92 a 97, expediente físico.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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se cumplió el propósito de unificar la jurisprudencia , con respecto a los factores a tener en cuenta en la base de la liquidaci ón pensional, de los reconocimientos efectuados al amparo de la Ley 33 de 1985, conforme establece el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente cerró la argumentación señalando que , no se aplicó el criterio de la Corte Constitucional sobre el particular, por cuanto, esta Corporación en fallo de tutela del Doce (12) de Noviembre de Dos Mil Quince (2015), ordenó el reajuste pensional con la inclusión

Constitucional sobre el particular, por cuanto, esta Corporación en fallo de tutela del Doce (12) de Noviembre de Dos Mil Quince (2015), ordenó el reajuste pensional con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicios.

1.3. Causales de revisión invocadas.

Si bien, en las pretensiones de la demanda, se invocó únicamente la causal señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para sustentar la pretensión de la acción especial de revisión, en el acápite denominado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN – DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN -», la UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales: a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del mismo precepto, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables ».

En cuanto a la violación al debido proceso, aduce la parte actora que , la sentencia recurrida ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la ley; desconoce el sometimiento a la Ley y constituye un irrespeto al interés general, ordenando el aumento de una mesada pensional injustificadamente. También se vulnera el componente del debido proceso, referido al respeto por las formas propias de cada juicio, junto con las normas que regulan el cálculo de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición, así como, la interpretación sistemática que sobre tales normas ha fijado la

debido proceso, referido al respeto por las formas propias de cada juicio, junto con las normas que regulan el cálculo de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición, así como, la interpretación sistemática que sobre tales normas ha fijado la Corte Constitucional13 y el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, adujo que , el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hizo una diferenciación entre los conceptos «Ingreso Base de Liquidación» y «Monto», siendo el primero, el periodo sobre el cual debe liquidarse la prestación sujeta al régimen de transición, mientras que , el segundo, se refiere a la tasa de reemplazo que rige y que debe tomarse del régimen anterior, con

13 Reglas de interpretación jurisprudencial fijadas por la Corte Constitucional, en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018; en virtud de las cuales el IBL debe ser el establecido en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21, ambos, de la Ley 100 de 1993; así como, los factores salariales son los consagrados en el Decreto 1158 de 1994.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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la finalidad de señalar que, las pensiones de los beneficiarios de régimen de transición deben liquidarse con las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,

Accionado: Henry López López

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la finalidad de señalar que, las pensiones de los beneficiarios de régimen de transición deben liquidarse con las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del régimen anterior, pero con los factores salariales descritos en el Decreto 1158 de 1994.

Sostuvo que, la postura reiterada de la Corte Constitucional fue acogida, mediante sentencia de unificación, por esta Corporación en sentencia del Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), con lo cual, en la actualidad, tanto la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado, se han decantado por una postura en la que, la cuantificación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición pensional, se debe realizar conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las normas concordantes, de tal modo que, la l iquidación de la mesada del demandado con la inclusión del 75% de todo lo devengado durante el último año de servicios, comporta una afectación grave a la sostenibilidad financiera del sistema, puesto que, se incrementa el valor de la mesada pensional en un 14.81% de manera injustificada.

1.4. Auto admisorio.

Por medio de providencia del Once (11) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), se admitió la acción especial de revisión14.

1.5. Contestación de la demanda de revisión.

El auto que admitió la acción especial, fue notificada a la parte demandada el 9 de agosto de 202415, quien, dentro del término otorgado, guardó silencio16.

1.5. Contestación de la demanda de revisión.

El auto que admitió la acción especial, fue notificada a la parte demandada el 9 de agosto de 202415, quien, dentro del término otorgado, guardó silencio16.

1.6. Concepto del Ministerio Público.

El agente del Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

14 Expediente digital, Samai, índice 00021. 15 Samai, índice 27. 16 Constancia de ello se dejó en el auto que decretó pruebas, sin manifestación alguna, como se observa en el expediente digital índice 00032 de Samai.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 17 y 20 de la Ley 797 de 2003 18, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)19.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia del Catorce (14) de Enero de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, quedó ejecutoriada el Tres (3) de Febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), conforme certificó el secretario d el Juzgado (18)

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, quedó ejecutoriada el Tres (3) de Febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), conforme certificó el secretario d el Juzgado (18) Dieciocho Administrativo de Bogotá 20, la demanda fue presentada el Veintiocho (28) de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019 )21, esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Catorce (14) de Enero de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional del demandado, fue obtenido con violación del debido proceso, y/o si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fond os de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan

17 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Admi nistrativos conocerán las

público o de fond os de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan

17 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Admi nistrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 18 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 19 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 20 Folio 143 reverso, expediente físico. 21 Folio 15, expediente físico.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para e l recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales

conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para e l recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material22 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»23.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo , so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia d el Consejo de Estado ha precisado que , la

utilizarse este medio impugnativo , so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia d el Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de

22 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco

Suárez Vargas.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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instrumentos extraordinarios24.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite25 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 26, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 27», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial28.

pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 27», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial28.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos , que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconoc imiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado29:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 25 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas

de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 25 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 26 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui gene ris” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales

novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui gene ris” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisió n en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 27 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le o torgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Ra d. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 1288-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad

Accionante: UGPP

Accionado: Henry López López

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el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revi sión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 30 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición»31.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición