CE - Sentencia 11001032500020190036400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez

Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil1 y otro2

Tema: Nulidad de los decretos 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 y 4114.010.20.0271 del 1 de junio de 2018 expedidos por el municipio de Santiago de Cali y de los a cuerdos CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017 , CNSC 2018000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC 2018000003606 del 7 de septiembre de 2018 por la CNSC.

Convocatoria 437 de 2017 – Valle del Cauca (municipio Santiago de Cali).

Sentencia de única instancia

Asunto

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la demanda de nulidad interpuesta por Dinecrty Andrés Aranda Jiménez en contra de los decretos 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 y 4114.010.20.0271 del 1 de junio

de nulidad interpuesta por Dinecrty Andrés Aranda Jiménez en contra de los decretos 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 y 4114.010.20.0271 del 1 de junio de 2018 expedidos por el municipio de Santiago de Cali y de los acuerdos CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, CNSC 2018000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC 2018000003606 del 7 de septiembre de 2018 por la CNSC.

I. Antecedentes

1.1. La demanda3

1.1.1. Las pretensiones

1. Dinectry Andrés Aranda Jiménez en ejercicio del medio de control de nulidad

1 En adelante CNSC. 2 Municipio de Santiago de Cali , Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios en virtud de la Ley 1933 de 2018. 3 Samai, índice 15.2

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019) Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez previsto en el artículo 13 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo4 acudió a esta jurisdicción en orden a que se declarara

la nulidad de los siguientes actos:

1.1. Decreto 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016, por medio del cual se

Contencioso - Administrativo4 acudió a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:

1.1. Decreto 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016, por medio del cual se adoptó el manual específico de funciones y de competencias laborales de la planta de personal de la administración central del municipio Santiago de Cali.

1.2. Decreto 4114.010.20.0271 del 1 de junio de 2018, por el cual se modificó y adicionó el manual específico de funciones y de competencias laborales antes mencionado.

1.3. En subsidio, la nulidad del Acuerdo CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, «[p]or el cual se establec[ieron] las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Santiago de Cali, “Proceso de Selección No. 437 de 2017 – Valle del Cauca”». Asimismo, de los Acuerdos CNSC 2018000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC 2018000003606 del 7 de septiembre de 2018 que lo modificaron y adicionaron.

1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

2. Como tales se señalaron los artículos 46 de la Ley 909 de 2004; 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015; en su concepto, porque:

3. El alcalde del municipio de Santiago de Cali expidió el Decreto 411.0.20.0673

2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015; en su concepto, porque:

3. El alcalde del municipio de Santiago de Cali expidió el Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016, por el cual se adoptó el manual específico de funciones

de la planta central. Sin embargo:

3.1. No se basó en justificaciones o estudios técnicos para adoptar el manual específico de funciones el 6 de diciembre de 2016 ni su adición y modificación. Aunque el primer acto fue motivado por razones de modernización de la administración y el segundo se fundó en la norma, ambos infringieron el ordenamiento jurídico al no cumplir con la justificación técnica para su expedición.

3.2. No tuvo en cuenta los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general para adoptar el manual de funciones ni su adición y modificación. Tampoco se basó en las metodologías de diseño organizacional y ocupacional respecto de los 3 aspectos previstos en el artículo 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, en razón a que no se realizaron los estudios técnicos.

4 En adelante CPACA.3

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez

4. Tanto este como los actos que lo modificaron y adicionaron fueron expedidos sin la justificación o estudios técnicos que demostraran las necesidades de realizar

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez

4. Tanto este como los actos que lo modificaron y adicionaron fueron expedidos sin la justificación o estudios técnicos que demostraran las necesidades de realizar los cambios de perfiles y funciones de los diferentes empleos, por lo tanto, solo contaron con criterios subjetivos sin cumplir con los lineamientos objetivos previstos en «la ley».

5. Según el reporte de avisos de los procesos de contratación publicado en la página web del municipio, el último contrato se suscribió con la UT 5 FCC – Racionalizar. Se contrat ó un estudio técnico de cargas laborales, perfilación de cargos e implementación del manual de funciones en septiembre de 2014 . El extremo final del negocio era el 31 de diciembre de 2014, pero tuvo 2 prórrogas.

6. Los estudios técnicos realizados en 2015 fueron la base para el manual de funciones plasmado en el Decreto 411.0.20.1221 del 31 de diciembre de 2015, el cual fue derogado con el Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016.

7. Con el Decreto 411.010.20.0271 del 1 de junio de 2018 se actualizó el manual de funciones; sin embargo, la entidad no contó con la justificación o estudios técnicos que exigía «la ley».

8. Por medio del Acuerdo CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017 la CNSC y el municipio acordaron desarrollar el concurso de méritos 437 de 2017 para proveer definitivamente los empleos vacantes a través de la OPEC 6. No obstante, ello se adelantó con base en el Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre

para proveer definitivamente los empleos vacantes a través de la OPEC 6. No obstante, ello se adelantó con base en el Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 que no cumplía con los requisitos legales.

9. La CNSC realizó 2 modificaciones a las reglas del concurso después de la apertura de la etapa de inscripciones. Ello, para adecuar la OPEC según las modificaciones que se realizaron al manual de funciones por medio del Decreto 4112.010.20-0271 del 1 de junio de 2018, «estando en contravía de la ley que prohib[ía] dichas actuaciones en la mencionada etapa del proceso de selección».

10. Tanto el municipio como la CNSC omitieron dar cumplimiento al Decreto 815 de 2018, respecto de la aplicación de las reglas para adelantar los procesos de selección con las competencias vigentes al momento de la convocatoria, en tanto las adecuaron con base en el Decreto 4112.10.20.0271 del 1 de junio de 2018.

1.2. Medida cautelar7

11. En auto del 27 de septiembre de 2023 se negó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos demandados.

5 Unión Temporal. 6 Oferta Pública de Empleos de Carrera. 7 Samai, índice 30.4

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez

1.3. Contestación de la demanda

12. La CNSC y el municipio de Santiago de Cali se opusieron a las pretensiones de

la demanda, con sustento en lo siguiente:

1.3.1. Comisión Nacional del Servicio Civil8

13. Aunque los actos acusados en las pretensiones principales no eran de su competencia, debía precisarse que (i) en curso de la convocatoria 437 de 2017 se expidieron los acuerdos 20171000000346 del 28 de noviembre del 2017 , 20181000001166 y 20181000003606 del 15 de junio y 7 de septiembre de 2018 y 20191000002196 del 12 de marzo de 2019 ; (ii) suscribió con la Universidad Francisco de Paula Santander el contrato de prestación de servicios 652 de 2018; y (iii) el actor no se inscribió a ningún empleo en modalidad abierto.

14. El fundamento para atacar la legalidad del concurso se contrajo a los actos que contenían el manual de funciones. No había pretensión particular que estuviera relacionada con la CNSC , pues lo relacionado con esos actos concernían exclusivamente a la entidad territorial.

15. En virtud del principio de buena fe, la entidad dictó los acuerdos de convocatoria con sustento en la OPEC reportada y cargada por la entidad , por lo tanto, la información allí contenida era de exclusiva responsabilidad de la entidad nominadora. La comisión no tenía competencia ni injerencia en la adopción,

con sustento en la OPEC reportada y cargada por la entidad , por lo tanto, la información allí contenida era de exclusiva responsabilidad de la entidad nominadora. La comisión no tenía competencia ni injerencia en la adopción, modificación, actualización o derogatoria de los manuales de funciones, comoquiera que eran expedidos por cada entidad.

16. El municipio, al momento de definir la OPEC, optó por establecer los requisitos de estudio y experiencia que debían cumplir quienes decidieran participar en el concurso de méritos. Por lo tanto, se convirtió en una carga que asumieron los aspirantes para concursar.

17. Se debían declarar probadas las siguientes excepciones:

17.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva: no existía vínculo obligacional de la administración respecto de los «administrados» por el manejo del personal de planta y el proceso de nombramiento de los servidores públicos.

17.2. Inexistencia de causales de nulidad en el acto administrativo : de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Política , una de las funciones de la CNSC es convocar los concursos de méritos para ofertar las vacantes de empleo público que

8 Samai, índice 23.5

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019) Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez existan en una entidad. En consecuencia, los actos expedidos con ocasión de la Convocatoria 437 de 2017 se ajustaron al ordenamiento jurídico.

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez existan en una entidad. En consecuencia, los actos expedidos con ocasión de la Convocatoria 437 de 2017 se ajustaron al ordenamiento jurídico.

17.3. Cumplimiento de un deber legal: la entidad actuó en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, en condición de responsable de la administración de la carrera administrativa. Además, se surtió el proceso de planeación reglado que permitió el diseño de la convocatoria y la expedición del acuerdo regulatorio en cumplimiento de las órdenes legales. Para ello, se acreditó la participación de la entidad nominadora desde el reporte de las ofertas públicas de empleos de carre ra, la emisión de los registros presupuestales y las mesas de trabajo que permitió fijar los lineamientos de la convocatoria.

17.4. Buena fe y presunción de legalidad: aun en el «remoto evento» en el que «el acto administrativo proferido sea previamente anulado [...], tal decisión sería irrelevante, teniendo en cuenta que tendría efectos estrictamente hacia el futuro o ex nunc».

1.3.2. Municipio de Santiago de Cali9

18. El municipio suscribió el contrato 4122.026-1.332-2014 con el objeto de realizar el diagnóstico de las cargas laborales, diseño y perfilación de cargos e implementación del manual de funciones de acuerdo con el modelo de operación por procesos . Esto quería decir que la entidad «venía preparándose» técnica y jurídicamente para el proceso de reforma administrativa y, por lo tanto, se cumplió con toda la normativa vigente.

19. Por las propuestas recibidas de las diferentes organizaciones sindicales se

jurídicamente para el proceso de reforma administrativa y, por lo tanto, se cumplió con toda la normativa vigente.

19. Por las propuestas recibidas de las diferentes organizaciones sindicales se realizó una revisión respecto del requisito de educación y experiencia y se concluyó que el manual de funciones de 2016 era competitivo en las condiciones y requerimientos, pero no en el requisito de experiencia que era débil, por lo tanto, fue modificado.

20. El manual de funciones se construyó de acuerdo con la nueva estructura de la entidad, la planta de personal existente, la categoría de la entidad y el propósito principal de cada empleo. Una vez divulgado, se presentaron algunas peticiones y, por tal razón, se asignaron 2 mesas de trabajo.

21. El demandante no precisó su calidad en la demanda ni cuál era el cargo al que aspiraba para determinar que el manual de funciones no cumplía con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Además, sí efectuó los estudios técnicos para su adopción, en tanto realizó el diagnóstico de las cargas laborales, diseño y perfilación de cargos.

22. Tampoco se demostraron las razones por las cuales el manual de funciones

9 Samai, índice 24.6

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019) Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez vulneró los derechos del actor . No existía sustentación sobre el objeto de la pretensión, los fundamentos de derecho, la titularidad del derecho ni la presentación

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez vulneró los derechos del actor . No existía sustentación sobre el objeto de la pretensión, los fundamentos de derecho, la titularidad del derecho ni la presentación de los documentos o argumentos con los que se probaran el perjuicio alegado.

23. Se debían declarar probadas las excepciones de «inexistencia de responsabilidad a cargo del municipio hoy categorizado como distrito especial de Santiago de Cali», «inexistencia del derecho del demandante», «inexistencia en la violación de las normas» e «inepta demanda». Esta última porque no se sustentó el concepto de la violación.

1.4. Decisión sobre excepciones previas10

24. En proveído del 4 de marzo de 2024 se declararon no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inepta demanda, por las siguientes

razones:

25. Falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la CNSC: en la demanda sí se pretendió la anulación de los actos expedidos por dicha entidad, esto es los acuerdos CNSC-2017000000256 del 28 de noviembre de 2017 y CNSC20171000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC20171000003606 del 7 de septiembre de 2018, es decir que sí existía una relación directa entre su actuar y la pretensión de la demanda, lo cual le otorgaba la calidad de parte pasiva en el proceso. A la par, el hecho de que también se hubi era solicitado la anulación de actos proferidos por el municipio de Santiago de Cali y que ante una eventual nulidad se afectara la validez de los que expidió, no significaba que la comisión no debiera asistir al proceso en calidad de demandada.

actos proferidos por el municipio de Santiago de Cali y que ante una eventual nulidad se afectara la validez de los que expidió, no significaba que la comisión no debiera asistir al proceso en calidad de demandada.

26. Inepta demanda propuesta por el municipio de Santiago de Cali: al revisar la demanda se pudo constatar que el actor sí identificó las normas que consideró vulneradas al expedirse los decretos 411.0.20.0673 de 2016 y 4112.010.20.0271 de 2018 y alegó que el manual de funciones se estableció sin la previa realización de los estudios técnicos exigidos en los artículos 46 de la Ley 909 de 2004, 2.2.12.1 y 2.2.12.2 del Decreto 1083 de 2015. Además, respecto de los acuerdos expedidos por la CNSC se anotó que se sustentaron en aquellos actos «ilegales» y que modificaron las reglas del concurso luego de que se diera apertura a la etapa de inscripciones. En consecuencia, sí se cumplió con el requisito previsto en el artículo 162.4 del CPACA.

27. Frente a las demás excepciones, esto es «inexistencia de causales de nulidad en el acto administrativo», «cumplimiento de un deber legal», «buena fe» y «presunción de legalidad», así como las de «inexistencia de responsabilidad a cargo del municipio hoy categorizado como distrito especial de Santiago de Cali» , «inexistencia de derecho del demandante» e «inexistencia en la violación de las normas» no tenían la naturaleza de previas, sino que constituían argumentos de fondo que debían ser resueltas en la

10 Samai, índice 35.7

demandante» e «inexistencia en la violación de las normas» no tenían la naturaleza de previas, sino que constituían argumentos de fondo que debían ser resueltas en la

10 Samai, índice 35.7

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez sentencia.

1.5. Trámite de sentencia anticipada11

28. En auto del 30 de mayo de 2024 se resolvió: (i) incorporar las pruebas aportadas con la demanda y sus contestaciones, así como correr el traslado de estas; (ii) fijar el litigio; y (iii) correr traslado por el término de 10 días a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

29. El litigio se fijó en los siguientes términos: «¿si los Decretos 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 y 4112.010.20.0271 del 1 de junio de 2018, expedidos por el municipio de Santiago de Cali y los Acuerdos CNSC -2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, CNSC-20171000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC20171000003606 del 7 de septiembre de 2018, proferidos por la CNSC, debe anularse por haber sido expedida con infracción de las normas en que debía fundarse?».

septiembre de 2018, proferidos por la CNSC, debe anularse por haber sido expedida con infracción de las normas en que debía fundarse?».

1.6. Alegatos de conclusión

30. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión en los siguientes términos:

1.6.1. Comisión Nacional del Servicio Civil

31. A la entidad no se le asignó la función de intervenir en la creación de plantas de personal, manuales de funciones y competencias, ni en la elaboración de perfiles para ocupar cargos, pues eran competencias exclusivas de cada entidad pública.

32. El manual de funciones no fue modificado después del inicio de las inscripciones, por lo tanto, los acuerdos expedidos se ajustaron a las normas vigentes. Asimismo, se demostró que el proceso se realizó de acuerdo con el que estaba vigente, convocado con las OPEC reportadas por el nominador a través de la plataforma SIMO y con las respectivas comunicaciones a todos los interesados.

1.6.2. Municipio de Santiago de Cali12

33. El manual de funciones con el cual se adelantó el concurso de méritos cumplió con los requisitos y protocolos. Además, de acuerdo con la lista de elegibles, el municipio realizó los nombramientos y posesión en estricto orden de elegibilidad , los cuales fueron «cumplidos al 100%, encontrándose cerrada por haber pasado los dos (2) años de vigencia de las listas de elegibles, indicando así, la [CNSC] que para dicha convocatoria ya no ha[bía] autorización para el uso de listas».

34. El Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 se publicó en el boletín

11 Samai, índice 40. 12 Samai, índice 44.8

34. El Decreto 411.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 se publicó en el boletín

11 Samai, índice 40. 12 Samai, índice 44.8

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019) Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez oficial 198 del 23 de diciembre de 2016 y fue modificado en lo relativo al requisito de experiencia de acuerdo con las nuevas tecnologías, avances en la forma de hacer el trabajo, la oferta laboral, la modernización de la entidad y la armonización de los procesos con las reparticiones administrativas creadas en virtud del artículo 147 del Decreto 411.020.0516 de 2016 y del modelo de operación por procesos.

35. Lo anterior fue resultado del contrato 4122.026.1.332 -2014, cuyo objeto era «realizar el diagnóstico de cargas laborales, diseño y perfilación de cargos, implementación del manual de funciones de acuerdo al modelo de operación por procesos [...]» y, después de las 2 pr órrogas, finalizó el 31 de diciembre de 2014. Este fue el instrumento técnico para la implementación de la reforma administrativa y la adopción del manual de funciones , por lo tanto, el Decreto 411.010.20.0271 del 1 de junio de 2018 cumplió con los postulados del Decreto 815 de 2018.

36. El Acuerdo CNSC 20171000000256 del 28 de noviembre de 2017 estableció

2018 cumplió con los postulados del Decreto 815 de 2018.

36. El Acuerdo CNSC 20171000000256 del 28 de noviembre de 2017 estableció que era procedente realizar modificaciones hasta antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, por lo tanto, fue legal la modificación adoptada en el Acuerdo 20181000001166 del 15 de junio de 2018 relacionado con la OPEC «que pasó de 305 empleos y 1634 vacantes a 303 empleos y 1664 vacantes», en tanto se dio antes del aviso informativo del 27 de junio de 2018, en el cual se informó que las fechas para dicha etapa eran del 16 de julio al 14 de septiembre de 2018, plazo que fue ampliado del 10 al 28 de septiembre del mismo año.

1.6.3. Ministerio Público

37. No rindió concepto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

38. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 13 13, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 14 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problema jurídico

13 Reglamento interno del Consejo de Estado.

señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problema jurídico

13 Reglamento interno del Consejo de Estado. 14 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».9

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez

39. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver los

siguientes interrogantes:

39.1. ¿Los decretos 41.0.20.0673 del 6 de diciembre de 2016 y 4114.010.20.0271 del 1 de junio de 2018 se expidieron con infracción de las normas en que debían fundarse porque no se sustentaron en los estudios técnicos y tampoco tuvieron en cuenta los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general?

39.2. ¿Los acuerdos CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, CNSC

tuvieron en cuenta los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general?

39.2. ¿Los acuerdos CNSC – 2017000000256 del 28 de noviembre de 2017, CNSC 2018000001166 del 15 de junio de 2018 y CNSC 2018000003606 del 7 de septiembre de 2018 fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse porque modificaron la convocatoria cuando ya se había iniciado la etapa de inscripciones?

40. Para resolver los anteriores cuestionamientos, se abordará el marco normativo y jurisprudencial y el caso concreto en cada tema.

2.3. Sobre los decretos expedidos por el municipio Santiago de Cali

2.3.1. El manual de funciones y competencias laborales. Marco normativo y jurisprudencial

41. Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos para el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico, con el propósito de materializar los fines del Estado. Este concepto responde a lo que, en materia de función pública, se conoce como planta de personal. Su creación y regulación está n determinadas por las necesidades del servicio y su definición clara permite un diseño de la estructura organizacional a nivel global. Esto, a su vez, permite concretar la cantidad, naturaleza y el contenido funcional de los empleos requeridos, mediante su respectiva clasificación.

42. El fundamento constitucional y legal de los manuales de funciones se encuentra contenido en los artículos 122, inciso 1.º, y 125 [inciso 3] de la Constitución y 19 de la Ley 909 de 2004. De estos contenidos normativos se deduce la importancia y

contenido en los artículos 122, inciso 1.º, y 125 [inciso 3] de la Constitución y 19 de la Ley 909 de 2004. De estos contenidos normativos se deduce la importancia y tracendencia del instrumento jurídico en cuestión que además de estar relacionado con el cumplimiento de los fines estatales tiene la virtualidad de afectar las situaciones particulares y concretas de quienes son designados para el desarrollo de las funciones públicas.10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00364-00 (2469-2019)

Demandante: Dinectry Andrés Aranda Jiménez

43. De ahí que, el manual de funciones y competencias laborales es una herramienta de gestión del empleo que establece las responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo que integra la planta de personal. Igualmente contiene las exigencias de co nocimientos, experiencia y otros aspectos que permitan acreditar las aptitudes y condiciones requeridas para desempeñar las labores encomendadas.

44. Por su parte, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004 se refiere a los cuadros funcionales de empleos como un ejercicio de agrupación de cargos que tengan semejanzas en cuanto a la naturaleza general de sus funciones, responsabilidades, requerimientos de conocimientos y competencias. Esta medida persigue la optimización de la gestión de recurso humano , la posibilidad de llevar a cabo el acceso, el ascenso, la retribución y la capacitación, así como de cubrir plazas de

requerimientos de conocimientos y competencias. Esta medida persigue la optimización de la gestión de recurso humano , la posibilidad de llevar a cabo el acceso, el ascenso, la retribución y la capacitación, así como de cubrir plazas de uno o varios organismos, en función de los requisitos que se exijan.

45. Ahora, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, aplicable a las entidades de la Rama Ejecutiva15, en el artículo 2.2.2.6.1. prevé lo siguiente:

5. «[…] ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas […]»

46. Asimismo, el parágrafo 2 de la norma en mención dispone que el Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría técnica necesaria, además de señalar las pautas e instrucciones para la adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.

Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría técnica necesaria, además de señalar las pautas e instrucciones para la adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.

47. Por su parte, el artículo 2.2.2.6.2. ibidem precisa el contenido mínimo del manual específico de funciones y competencias laborales, al indicar que debe

incluir:

1. La identificación y ubicación del empleo.

2. El contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la descripción de funciones esenciales del empleo.

15 Artículo 2.1.1.2 del Decreto 1083 de 2015.11

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3. Los conocimientos básicos o esenciales.

4. Los requisitos de formación académica y de experiencia.

48. Ahora, en lo relevante al presente asunto, es pertinente señalar que los artículos 2.2.3.5, parágrafo 4, y 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 señalaron la necesidad de ajustar y actualizar los manuales de funciones. En especial, las entidades territoriales debían hacerlo hasta el 1 de junio de 2015. Mientra