CE - Sentencia 11001032500020190042900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Simple Radicación: 11001-03-25-000-2019-00429-00 (3152-2019)

Demandante: Mateo Daza Atehortúa

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura1

Temas: Potestad del CSJ para reglamentar la carrera judicial en los aspectos no previstos por el legislador. Traslado de servidor judicial

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, procede a proferir la siguiente sentencia de única instancia en el proceso de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1. Mateo Daza Atehortúa presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad en orden a que se anulara parcialmente el Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales, específicamente, el inciso 5 del artículo 17.

1.1.1. El acto administrativo acusado

2. El tenor literal de la disposición administrativa acusada es el siguiente:

«ACUERDO PCSJA17-10754

Septiembre 18 de 2017

1.1.1. El acto administrativo acusado

2. El tenor literal de la disposición administrativa acusada es el siguiente:

«ACUERDO PCSJA17-10754

Septiembre 18 de 2017

“Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia”

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 85 numerales 17, 22 y 24; 134 y 152 numeral 6 de la ley 270 de 1996, modificada por la Ley 771 de 2002 y de conformidad con lo aprobado en la sesión del 24 de agosto de 2017,

1 En lo sucesivo CSJ2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)

Demandante: Mateo Daza Atehortúa

ACUERDA:

(…)

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Término y Competencia para la solicitud de traslado: Los servidores judiciales en carrera, deberán presentar por escrito, las correspondientes solicitudes de traslado como servidor de carrera, salud y razones del servicio, dentro d e los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, de conformidad con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o los Consejos Seccionales, según corresponda, a través de la página web de la Ra ma Judicial www.ramajudicial.gov.co, salvo lo dispuesto en el artículo vigesimotercero del presente acuerdo que trata sobre la publicación de las vacantes en el mes de enero.

corresponda, a través de la página web de la Ra ma Judicial www.ramajudicial.gov.co, salvo lo dispuesto en el artículo vigesimotercero del presente acuerdo que trata sobre la publicación de las vacantes en el mes de enero.

Las solicitudes de traslados recíprocos y de seguridad, podrán presentarse en cualquier momento siempre que se alleguen todos los requisitos exigidos.

Las solicitudes de traslado presentadas por magistrados de tribunal, de salas jurisdiccionales disciplinarias o comisiones seccionales de disciplina judicial y de consejo seccionales con excepción de las de seguridad, deberán dirigirse y presentarse ante l a Unidad de Administración de la Carrera Judicial para el respectivo trámite y concepto ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Cuando se trate de servidores judiciales cuyas sedes estén adscritas a un mismo Consejo Seccional de la Judicatura, la solicitud de traslado como servidor de carrera, de salud y recíprocos deberá allegarse en el mismo término referido en los artículos anteriores, ante el consejo seccional, para el correspondiente concepto.

Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá observarse para la expedición de concepto favorable de traslado, la especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó en propiedad, salvo para escribientes y citadores, quienes no estarán sujetos a dichas limitaciones » (sic) [se resalta]

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales se señalaron los artículos 256 numeral 1, de la Constitución política; 85 numeral 17 y 134 de la Ley 270 de 1996; y 1 de la Ley 771 de 2002.

3. Como tales se señalaron los artículos 256 numeral 1, de la Constitución política; 85 numeral 17 y 134 de la Ley 270 de 1996; y 1 de la Ley 771 de 2002.

4. En el concepto de violación el demandante alegó que el CSJ al expedir el inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 desconoció las normas en las que debía fundarse y excedió su facultad reglamentaria. En tal sentido, manifestó2:

4.1. El CSJ tiene potestad reglamentaria para dictar normas necesarias para el funcionamiento de la administración de justicia, pero no para regular aspectos generales ni crear, modificar o derogar normas legales, pues ello es una facultad exclusiva del legislador. En el caso concreto, desconoció la Constitución y la ley al establecer 2 requisitos adicionales no previstos en la Ley 270 de 1996 para el traslado de empleados judiciales de carrera, esto es la especialidad y la jurisdicción.

4.2. La Ley 270 de 1996 regula de manera taxativa los sujetos, requisitos, ámbito y causales para dichos traslados. Sobre el particular el artículo 134 ejusdem establece 3 condiciones para que, en determinado caso, el servidor pueda solicitar el traslado, siempre y cuando entre el cargo que ocupa en propiedad y el cargo al

2 Índice 18 de Samai, expediente digital, archivo «ED_C01_01 DEMANDA Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18»3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)

Demandante: Mateo Daza Atehortúa

18»3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019) Demandante: Mateo Daza Atehortúa cual aspira ser trasladado, además de encontrarse en vacancia definitiva, exista afinidad de funciones, identidad de categoría, e identidad de requisitos.

4.3. Por consiguiente, el CSJ al establecer que además de los requisitos establecidos en la ley para la expedición del concepto favorable de traslado se deben observar la identidad de especialidad y de jurisdicción impuso unas condiciones o limitaciones adicionales que no fueron previstas por el legislador, con lo cual se configuraron los 2 cargos alegados.

1.2. Contestación a la demanda

5. El CSJ se opuso a la prosperidad de la demanda, con los siguientes

argumentos3:

5.1. El Acuerdo PCSJA17 -10754 del 18 de septiembre de 2017 «[p]or el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia », fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, asignadas al CSJ por la Constitución en los artículos 256 y 257, y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en el artículo 85 para adelantar y reglamentar las convocatorias a los concursos de méritos. En ese sentido, el aparte demandado no es un a modificación del artículo 134 de la ley estatutaria, sino un desarrollo de su contenido.

5.2. Así pues, la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 le confieren al CSJ la facultad exclusiva, directa y autónoma de dictar reglamentos para garantizar el

estatutaria, sino un desarrollo de su contenido.

5.2. Así pues, la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 le confieren al CSJ la facultad exclusiva, directa y autónoma de dictar reglamentos para garantizar el adecuado funcionamiento y organización de la administración de justicia 4. Esta potestad, de regulación y reglamentación administrativa le permite desarrollar aspectos no previstos por el legislador, siempre dentro de los límites constitucionales y legales para hacer eficaz el funcionamiento de la administración de justicia, la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se surtan en los despachos judiciales.

5.3. En ese marco, se incluye la reglamentación de la carrera judicial dentro de cuyo ámbito se encuentra el aspecto relativo al traslado de los servidores judiciales. Regulación que corresponde a requisitos y procedimientos mínimos de organización administrativa que recogen los principios y posiciones señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-295 de 2002, en la que se estudió la exequibilidad de la Ley 771 de 2002 y se determinó que ante las solicitudes de traslado para una vacante definitiva, deberán existir elementos objetivos para la selección del servidor que podrá ser beneficiado con el traslado, basados en las condiciones de ingreso a la carrera judicial y en los resultados de las evaluaciones en el desempeño de la función de cada uno de los solicitantes, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley Estatutaria.

5.4. Propuso como « excepción de mérito» la « inexistencia de infracción de las

función de cada uno de los solicitantes, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley Estatutaria.

5.4. Propuso como « excepción de mérito» la « inexistencia de infracción de las disposiciones en que debían fundarse, en tanto los actos administrativos demandados

3 Índice 13 de Samai. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 15 abril de 2004, numero interno 565-99, del 31 de marzo de 2016, Radicado: 110010325000201500010600 (0238-2015); del 6 de julio de 2015, radicado: 1100103255000201301524 00 (3914-2013)4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019) Demandante: Mateo Daza Atehortúa fueron expedidos de acuerdo al ordenamiento legal vigente».

1.3. Decisión sobre excepciones previas

6. A través del auto del 10 de noviembre de 2023 se estudió la excepción propuesta por el CSJ denominada «inexistencia de infracción de las disposiciones en que debían fundarse, en tanto los actos administrativos demandados fueron expedidos de acuerdo al ordenamiento legal vigente » y se concluyó que esta no constituía un verdadero medio exceptivo, comoquiera que su contenido no encuadraba dentro de los eventos señalados en los artículos 100 del CGP y 175 del CPACA, en tanto, se trataba de un argumento de fondo para defender la legalidad del acto administrativo censurado, el cual debía ser estudiado en la sentencia5.

1.4. Trámite de Sentencia anticipada

7. Con auto del 20 de marzo de 2024 se impartió el trámite de sentencia

censurado, el cual debía ser estudiado en la sentencia5.

1.4. Trámite de Sentencia anticipada

7. Con auto del 20 de marzo de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada. Con esa finalidad, se pronunció sobre la incorporación de las pruebas aportadas por las partes; se fijó el litigio; y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. El problema jurídico que habría de resolverse en la sentencia de fondo se delimitó así: «¿si el Acuerdo PCSJA17 -10754 del 8 de septiembre de 2017 fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse y con extralimitación de la facultad reglamentaria del CSJ?»6.

1.5. Alegatos de conclusión

8. En esta oportunidad 7, el CSJ reiteró los planteamientos expuestos en la contestación de la demanda, relativos a su competencia para expedir los reglamentos necesarios que garanticen el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, dentro de los cuales se incluye la regulación sobre el

traslado de servidores pertenecientes a la carrera judicial.

9. De igual forma, señaló que esta corporación ya había emitido pronunciamiento previo sobre la materia 8, en la que concluyó que no se había excedido la potestad reglamentaria al supeditar el traslado a que los cargos de origen y destino correspondieran a igual jurisdicción y especialidad. Tal conclusión se adoptó al examinar el inciso 5 del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312 del 16 de marzo de 2012, que modificó el Acuerdo PSAA10 -6837 del 17 de marzo de 2010,

se adoptó al examinar el inciso 5 del artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312 del 16 de marzo de 2012, que modificó el Acuerdo PSAA10 -6837 del 17 de marzo de 2010, el cual, si bien constituy ó un acto distinto al ahora demandado, contenía una disposición idéntica y fue objeto de demanda bajo iguales argumentos.

10. Alegó que, si bien el acuerdo antes mencionado y el ahora demandado son diferentes, reproducen la disposición acusada y, por lo tanto, es procedente declarar la existencia de cosa juzgada, tal y como ocurrió en otra demanda en la que se cuestionó la legalidad del inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17 -10754 del 18 de septiembre de 2017 que replicó el inciso 5 del artículo 3 del Acuerdo PSAA129312 del 16 de marzo de 2012 y que fue objeto de estudio a través de la sentencia

5 Índice 19 de Samai. 6 Índice 24 de Samai. 7 Índice 29 de Samai. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado 11001 -03-25-000-2016-00260-00 (1475 -2016), C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019) Demandante: Mateo Daza Atehortúa del 9 de septiembre de 2021, en la que se determinó que «no obstante tratarse de actos administrativos jurídicos distintos, el contenido de la norma es el mismo por lo que comparten identidad en la materia reglamentada»9.

del 9 de septiembre de 2021, en la que se determinó que «no obstante tratarse de actos administrativos jurídicos distintos, el contenido de la norma es el mismo por lo que comparten identidad en la materia reglamentada»9.

1.4. El Ministerio Público

11. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó se accediera a las pretensiones de la demanda en el entendido que las expresiones «especialidad y jurisdicción» contenidas en el artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017 constituyen restricciones no previstas por el artículo 134 de la Ley 270 de 1996. Lo anterior con fundamento en que el traslado hace parte del derecho al trabajo en condic iones dignas y justas, y las exigencias de especialidad y jurisdicción limitan esa posibilidad a los empleados a quienes deben aplicárseles los criterios de afinidad, funciones y categoría los cuales puede cumplir con mayor facilidad.

12. Además, « afinidad no significa igualdad, sino aproximación a parecer, a semejanza, a similitud, por ello al establecer como criterio de traslado la especialidad y la jurisdicción se lleva la situación de traslado a la noción de igualdad (…) lo cual limita la posibilidad de sortear situaciones de vida que aparezcan y den a quien la experimenta una salida para solucionar su situación laboral siempre que haya condiciones para esos efectos pues no puede llegarse a la afectación de otros derechos».

2. Consideraciones

2.1. Competencia

13. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde

pues no puede llegarse a la afectación de otros derechos».

2. Consideraciones

2.1. Competencia

13. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos expedidos po r las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de especialidad, los artículos 1310, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201911 señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. El problema jurídico

14. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver el siguiente interrogante ¿el inciso 5 del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17 -10754 del 18 de septiembre de 2017 fue expedido con desconocimiento de los artículos 256.1 y 257.3; 85, numeral 17 y 134 de la Ley 270 de 1996; y 1 de la Ley 771 de 2002 y con extralimitación de la potestad reglamentaria del CSJ al incluir que para obtener el concepto favorable de traslado para los cargos de los servidores judiciales se

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

el concepto favorable de traslado para los cargos de los servidores judiciales se

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado: 11001 -03-25-000-2019-00487-00 (3550-2019), C.P. César Palomino Cortés 10 Reglamento interno del Consejo de Estado. 11 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019) Demandante: Mateo Daza Atehortúa deben observar los criterios de especialidad y jurisdicción al cual se vinculó quien lo solicita?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La potestad constitucional y legal del CSJ para administrar y reglamentar la Carrera Judicial

15. El artículo 125 de la Constitución Política dispone que, a excepción de los empleos de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y demás disposiciones legales, la regla general es que los empleos en los órganos

y entidades del Estado son de carrera. Esto supone que el ingreso, permanencia y retiro de los cargos está enmarcado en el principio constitucional del mérito, según el cual es determinante la idoneidad, capacidad y calidad de los sujetos, la cual debe ser evaluada por c riterios objetivo y en tanto cumplan con los requisitos y condiciones que fije la ley.

el cual es determinante la idoneidad, capacidad y calidad de los sujetos, la cual debe ser evaluada por c riterios objetivo y en tanto cumplan con los requisitos y condiciones que fije la ley.

16. En desarrollo de lo anterior, se crearon algunos sistemas especiales de

carrera, como es el caso de la Rama Judicial del poder público. Así, los artículos 256.1 y 257.3 constitucional le asignaron al CSJ las funciones de «administrar la carrera judicial» y «dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia , los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales , en los aspectos no previstos por el legislador» [se resalta].

17. En desarrollo de los anteriores mandatos constitucionales, el legislador expidió la Ley 270 de 199612 que en sus artículos 75, 85 y 174 establece:

«Artículo 85. Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: (…)

17. Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley.

(…)

22. Reglamentar la carrera judicial.

(…)

Artículo 174. La Carrera Judicial será administrada por las Salas Administrativas de los Consejos Superior o Seccionales de la Judicatura, con la participación de las Corporaciones Judiciales y de los Jueces de la República en los términos de la presente ley y los reglamentos».

18. En ese sentido, se tiene que la Constitución y la ley le otorgan al CSJ las

funciones de administrar y reglamentar la carrera judicial, esto es dictar los

ley y los reglamentos».

18. En ese sentido, se tiene que la Constitución y la ley le otorgan al CSJ las

funciones de administrar y reglamentar la carrera judicial, esto es dictar los reglamentos necesarios para que el ejercicio de administrar tal carrera, así como su funcionamiento, sea eficaz y acorde con las normas constitucionales y con sujeción a lo previsto por el legislador.

12 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)

Demandante: Mateo Daza Atehortúa

19. Esta competencia se enmarca en lo que la Corte Constitucional ha denominado «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales »13. Sobre el particular, en la sentencia C-805 de 200114 se señaló:

«El constituyente de 1991 introdujo respecto de ciertas materias y para determinados órganos un sistema de reglamentación especial. Se trata de ámbitos de regulación, que por expreso mandato de la Constitución se asignan a otros órganos constitucionales, a l margen de la potestad reglamentaria del Presidente. Tal es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, órgano al cual, de acuerdo con el artículo 257 de la Constitución, le corresponde, con sujeción a la ley ‘Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, e n los aspectos no previstos por el legislador’».

distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, e n los aspectos no previstos por el legislador’».

20. Asimismo, a través de la Sentencia C-384 de 200315, la Corte Constitucional reiteró la anterior argumentación y señaló que la potestad reglamentaria, entendida como la facultad de expedir normas administrativas de carácter general, orientadas a regular la actividad de los particulares y a servir de fundamento para la actuación de las autoridades públicas, le corresponde, de manera general y principal, al presidente de la República.

21. No obstante, precisó que la Constitución establece de forma excepcional un régimen especial de reglamentación para determinadas materias y órganos constitucionales, independiente de la potestad reglamentaria atribuida al presidente de la República, entre ellos, al Consejo Superior de la Judicatura16, la Junta Directiva del Banco de la República17, el Consejo Nacional Electoral18 y la Contraloría General de la República19. En similar sentido se pronunció en la sentencia C-307 de 200420:

«en materia de potestad reglamentaria existe una cláusula general de competencia en cabeza del presidente de la República, pero la Constitución ha previsto, de manera excepcional, facultades de reglamentación en otros órganos constitucionales.

Esas facultades especiales de reglamentación, ha dicho la Corte, encuentran su fundamento en la autonomía constitucional que tienen ciertos órganos, y están limitadas, materialmente, por el contenido de la función a cuyo desarrollo autónomo atienden y, formalmente, por las previsiones que la Constitución haya hecho sobre el particular.

fundamento en la autonomía constitucional que tienen ciertos órganos, y están limitadas, materialmente, por el contenido de la función a cuyo desarrollo autónomo atienden y, formalmente, por las previsiones que la Constitución haya hecho sobre el particular.

Desde esta perspectiva formal, la potestad reglamentaria que constitucionalmente tienen asignada ciertos órganos constitucionales se limita a aquellos ámbitos expresamente mencionados en la Constitución , sin que por consiguiente, respecto

13 Así se refirió la Corte a esta competencia en la sentencia SU-539 de 2012. 14 Por medio de la cual se resolvieron las «Objeciones Presidenciales» al Proyecto de Ley N° 182/99 Senado y 004/00 Cámara «Por medio de la cual se dictan normas sobre el uso de los alcoholes carburantes, se crean estímulos para su producción, comercializaci ón y consumo, y se establece una contribución parafiscal y se dictan otras disposiciones». 15 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 598 de 2000, «por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la contratación estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUP R, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.». 16 Artículo 257, numeral 3 constitucional. 17 Artículo 371, inciso 2 de la Constitución. 18 Artículo 265, numeral 9 constitucional. 19 Artículo 268, numerales 1 y 12. 20 Revisión constitucional del Proyecto de Ley número 081/02 Senado y 228/03 Cámara «Por medio

18 Artículo 265, numeral 9 constitucional. 19 Artículo 268, numerales 1 y 12. 20 Revisión constitucional del Proyecto de Ley número 081/02 Senado y 228/03 Cámara «Por medio de la cual se establece un mecanismo de inscripción y votación para garantizar el libre ejercicio de este derecho en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Nacional».8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019) Demandante: Mateo Daza Atehortúa de determinadas materias sea posible afirmar la concurrencia de dos competencias reglamentarias, la general propia del Presidente de la República y la especial, que sin estar expresamente atribuida, se derivaría del carácter autónomo del órgano que la ejerce. De acuerdo con la Constitución las competencias reglamentarias especiales son aquellas expresamente conferidas por la Constitución y por fuera de ese ámbito, la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes corresponde al presidente de la República» (sic) [se resalta]

22. En esa medida, la potestad reglamentaria de los órganos constitucionales, dentro de la cual se encuentra la atribución constitucional asignada al CSJ de dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, siempre que la ley no lo haya hecho, se trata de una «facultad normativa directa»21, y que constituye una «potestad de regulación autónomamente conferida por la Carta»22. Es decir, una atribución constitucional especial, que le permite a ciertos órganos expedir reglamentos autónomos en forma directa y permanente.

23. En concordancia con lo anterior, en la Sentencia SU -539 de 2012 la Corte

la Carta»22. Es decir, una atribución constitucional especial, que le permite a ciertos órganos expedir reglamentos autónomos en forma directa y permanente.

23. En concordancia con lo anterior, en la Sentencia SU -539 de 2012 la Corte determinó que las funciones del CSJ, particularmente aquella relativa a su facultad

de reglamentar la carrera judicial, ejercida con fundamento en la libertad de configuración, debía atender a los siguientes «límites»:

«Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Conse jo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del legislador”23.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su actividad

reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada cargo» (sic) [se resalta].

21 Sentencia C-350 de 1997 a través de la cual la Corte Constitucional resolvió una acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 (parcial), 2, 8, 10 (parcial), 11 (parcial), 13 (parcial), 16 (parcial), 20 (parcial), 21 (parcial), 25, 26, 28 (parcial) de la Ley 335 de 1996, «Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones». Como obiter dicta precisó que «Por lo anterior, no es aceptable, en el caso sub-examine, la tesis de la actora, en el sentido de que la función de la CNTV es una “función desligada de la ley”, una función “constitucional normativa” que dicho organismo puede ejercer sin que medie la actividad legislativa, como si lo es, por ejemplo, la facultad normativa directa de la cual goza el Banco de la República, que le permite “...regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”, según lo dispone el artículo 371 C.P.; o la función que el Constituyente le otorgó al Consejo

goza el Banco de la República, que le permite “...regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”, según lo dispone el artículo 371 C.P.; o la función que el Constituyente le otorgó al Consejo Superior de la Judicatura a través del artículo 257-3 superior, para que, cuando no lo haya hecho el legislador, éste pueda “...dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, lo relacionado con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador». 22 Sentencia C-917 de 2002 23 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58 de 1994 (Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00429-00(3152-2019)

Demandante: Mateo Daza Atehortúa

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