CE - Sentencia 11001032500020190049100 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00491-00 (3656-2019) Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP)1

Accionada : Ana Lucia Riveros González Trámite : Acción especial de revisión Tema : Revisión de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la Sentencia de 23 de agosto de 2018 , dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito de Bogotá, el 29 de septiembre de 2017, en cuanto accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Ana Lucía Riveros González.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

derecho instaurada por la señora Ana Lucía Riveros González.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia proferida el 23 de agosto de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente con radicado 11001-33-35-029-2013-00347-00, en su lugar, se revoque la sentencia del 29 de septiembre de 2017 , dictada por el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá , y se declare

1 En adelante UGPP.Número Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

2

que a la señora Ana Lucía Riveros no le asiste el derecho a la liquidación ordenada en los fallos objeto del recurso, esto es con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que la señora Ana Lucía R iveros González nació el 2 de febrero de 1949 , adquirió el estatus jurídico de pensionada el 1 de octubre de 2003, prestó sus servicios a la DIAN desde el 27 de agosto de 1973 hasta el 30 de junio de 2008, y tuvo como último cargo el denominado técnico en ingresos públicos.

Asimismo, expresó que a través de la Resolución 9160 de 30 de abril de 2004, la entonces Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal le reconoció una pensión de jubilación con

públicos.

Asimismo, expresó que a través de la Resolución 9160 de 30 de abril de 2004, la entonces Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal le reconoció una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985, en cuantía de $666.957.68, efectiva a partir del 1º de agosto de 2004. Por medio de la Resolución 43602 de 2005 Cajanal reliquidó la pensión en cuantía del 84.14% de lo devengado entre el 1º de agosto de 1994 hasta el 30 de julio de 2004.

La UGPP reliquidó la pensión, por medio de la Resolución RDP 006033 de 23 de julio de 2013 de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 en cuantía del 84.17% sobre el IBL del promedio de lo devengado entre el primero de agosto de 1994 hasta el 30 de julio de 2004, con lo que se elevó la cuantía a $799.750, efectiva a partir del 1º de agosto de 2004, con efectos fiscales a partir del 8 de mayo de 2009.

Señaló que previo agotamiento del procedimiento administrativo, la demandada promovió acción de nulidad y restablecimiento 2 a la que le correspondió el radicado 11001 -33-35029-2013-00347-00, para que se ordenara a la UGPP reajustar su pensión con el 75% de todos los factores de salario devengados en el último año de servicio, de acuerdo con la Ley 33 de 1985 y el Decreto ley 3135 de 1985.

Manifestó que el Juzgado 2 9 Administrativo de Bogotá en fallo estimatorio de las

de todos los factores de salario devengados en el último año de servicio, de acuerdo con la Ley 33 de 1985 y el Decreto ley 3135 de 1985.

Manifestó que el Juzgado 2 9 Administrativo de Bogotá en fallo estimatorio de las pretensiones, ordenó reliquidar el valor de la mesada pensional de vejez de la señora Elva Isabel Aponte Sánchez con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, con la inc lusión de todos los factores salariales, tales como asignación básica, bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad, el

2 Prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1435 de 2011, en la actualidad esta acc ión corresponde al medio de control del mismo nombre consagro en el artículo 138 del CPACANúmero Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

3

subsidio de alimentación, el incremento del desempeño grupal, la prima por gestión, el factor nacional, la prima de servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca 3, mediante Sentencia de 23 de agosto de 20184, confirmó parcialmente la de primer grado, y ordenó a la UGPP «reliquidar la pensión de la actora en el equivalente al 75% de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad, el subsidio de alimentación, la prima de vacaciones devengados durante el último año anterior al retiro del servicio es decir, entre

pensión de la actora en el equivalente al 75% de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad, el subsidio de alimentación, la prima de vacaciones devengados durante el último año anterior al retiro del servicio es decir, entre el 1 de agosto de 2003 y el 31 de julio de 2004, con los aju stes legales del caso, de acuerdo con las consideraciones de la presente sentencia, teniendo en cuenta aquellos factores devengados en forma anual deberán ser computadas en su doceava parte. (…)»

Como sustento de la decisión, citó la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 y sostuvo que para la liquidación de la pensión « se deberán tener en cuenta todos los factores devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios, a menos que esté exceptuado en la ley. […]».

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «a) cuando el reconocimiento se haya hecho con violación del debido proceso y b) [c] uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, p acto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que la sentencia cuya revisión solicita contrarió la línea jurisprudencial decantada por la Corte Constitucional, en concreto, las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, C-168 de 1995, SU-395 de 2017, SU 023 de 2018 en las que se precisó que el ingreso

por la Corte Constitucional, en concreto, las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, C-168 de 1995, SU-395 de 2017, SU 023 de 2018 en las que se precisó que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga. Por ello, aplicar el Ingreso Base de Liquidación del 75% del promedio mensual de todos los factores salariales

3 Sección segunda, subsección B 4 Folios 183 a 192Número Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

4

devengados en el último año de servicios desconoce las normas, los precedentes citados y constituye una afectación a la sostenibilidad del sistema.

1.4 Contestación de la demanda de revisión5

El auto admisorio de la acción fue notificado a la demandada el 21 de septiembre de 20246, quien guardó silencio.

1.5 Concepto del Ministerio Público7

El agente del Ministerio Público solicitó declarar infundada la acción de revisión, porque al no discutirse el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Ana Lucia Riveros González, sino su cuantía, los argumentos descritos en el re curso extraordinario de revisión no guardan relación con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Además la causal del literal b) está constituida como una herramienta que permite corregir

extraordinario de revisión no guardan relación con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Además la causal del literal b) está constituida como una herramienta que permite corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso o afectando el mismo Sistema de Pensiones, para el caso bajo examen no se configura porque, de una parte, la extinta CAJANAL le reconoció una pensión de vejez a la señora Riveros González bajo el régimen de las Leyes 33 y 62 de 1985, por ser beneficiaria de régimen de transición le era aplicable el marco jurídico anterior, en el cual se encontraba consagrada expresamente la liquidación del último año de servicio y de otra parte, al estar la prestación bien ordenada y reliquidada.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 8 y 20 de la Ley 797 de 2003 9, en concordancia con lo

5 Índice 59 6 Folio 437 7 Folio 415 del expediente, informe secretarial que da cuenta de la notificación al Ministerio Publico y paso a Despacho sin pronunciamiento del mismo. 8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser

9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»Número Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

5

previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia revisada fue notificada y cobró ejecutoria el 12 de septiembre de 2018 11 y la demanda fue presentada el 26 de junio de 2019 12, razón por la cual no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección debe establecer si la sentencia de 23 de agosto de 2018, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, está incursa en las causales de revisión consagradas en el literal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si fue expedida con violación del debido proceso y si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 11 Folio 282 Cuaderno proceso ordinario 12 Folio 9 vuelto.Número Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

6

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

6

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material13 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»14.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la

utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnatural izaría la función de los instrumentos extraordinarios15.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la

13 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

7

acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

7

acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite16 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 17, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 18», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial19.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia « cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del 5 de febrero de 2019, consideró:

«Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el recurso, debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición, específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridadlibertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente;

los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente;

16 Esta Corporación ha ind icado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una

novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 18 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

8

1. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho

Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem ”20.

La Sala considera que la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se

que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y C -168 de 1995, a partir de las cuale s se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, s ino que impone un análisis más detallado y cuidadoso.

20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

9

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los servidores públicos se encont raban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55

y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los servidores públicos se encont raban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas con arreglo a las cuales resulta pos ible causar el derecho a devengar una pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los siguientes términos:

«ARTICULO. 36.- Régimen de transición . La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de eda d si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se

será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un ( 1) año para los servidores públicos . […]»

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el 4 deNúmero Interno: 3656-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Ana Lucía Riveros González

10

agosto de 201021, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que

en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU -230 de 2015, en la cual la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que solo fue superada hasta que se expidió la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 201822, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Colegiatura modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

«92. De acuerdo con lo e xpuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas benefic iarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas benefic iarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para

21 Consejo de Estado, Sección