CE - Sentencia 11001032500020190051400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001032500020190051400 (3881-2019)

Demandante: Dora María Rodríguez Tobar

Demandado: Nación – Comisión Nacional del Servicio Civil y otro

Tema: Concurso de méritos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro de l proceso de nulidad promovido por la señora Dora María Rodríguez Tobar contra la Nación – Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Ministerio de Defensa – Policía

Nacional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA,1 la señora Dora María Rodríguez Tobar solicitó que se anule el Acuerdo CNSC – 20191000002366 del 14 de marzo de 2019, proferido por la CNSC y la Policía Nacional, «por medio del cual se modifica el artículo 11 del Acuerdo No. 20181000009066 del 19 de diciembre de 2018, a través del cual se establecieron las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva

Policía Nacional, «por medio del cual se modifica el artículo 11 del Acuerdo No. 20181000009066 del 19 de diciembre de 2018, a través del cual se establecieron las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la Dirección General de la Policía Nacional, Proceso de Selección No. 632 de 2018 – Sector Defensa».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 11, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; y 16 de la Ley 909 de 2004.

4. Al desarrollar el concepto de violación, la actora planteó los siguientes

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.Radicado: 11001032500020190051400 (3881 -2019)

Demandante: Dora María Rodríguez Tobar

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cargos:

1. El artículo 16 de la Ley 909 de 2004 preceptúa que debe conformarse una comisión de personal para realizar las convocatorias a concurso de méritos; sin embargo, para el momento en que se expidió el acuerdo enjuiciado, no se había integrado adecuadamente la comisión de personal de la Policía Nacional para que velara por el correcto desarrollo del proceso de selección, ya que solamente fue elegida por los empleados nombrados en provisionalidad, pese a que también

integrado adecuadamente la comisión de personal de la Policía Nacional para que velara por el correcto desarrollo del proceso de selección, ya que solamente fue elegida por los empleados nombrados en provisionalidad, pese a que también debían tenerse en cuenta los de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y temporales.

1. De acuerdo con la Ley 1033 de 2006 y los Decretos 91 y 92 de 2007, la administración tenía 2 años para realizar el concurso encaminado a proveer los empleos del personal no uniformado del sector defensa; sin embargo, este deber se cumplió 12 años después de lo previsto, lo cual desprotegió a las personas que venían desempeñando esos empleos en provisionalidad, quienes, en caso de no superar el concurso, encontrarían limitaciones para acceder al mercado laboral debido a que exceden los 45 años de edad e incluso han perdido su capacidad laboral por accidentes y enfermedades originadas en la difícil, delicada y demandante labor que desempeñan.

1. Conforme a los derechos al trabajo, dignidad humana, seguridad social; el principio de solidaridad y el artículo 6 de la Ley 1033 de 2006, el Ministerio de Defensa Nacional debe salvaguardar los derechos adquiridos de sus empleados no uniformados y «adoptar los mecanismos de estabilidad laboral reforzada a cada uno de los servidores públicos que no logren pasar la prueba de concurso de méritos».

1. El despido de los servidores nombrados en provisionalidad «constituye un crimen de lesa humanidad debido a que [sic] tortura sicológica para ellos, pues desde el momento en que se escuchó sobre el tema en mención muchos de ellos han enfermado psicológicamente debido a la presión dirigida por los altos mandos

crimen de lesa humanidad debido a que [sic] tortura sicológica para ellos, pues desde el momento en que se escuchó sobre el tema en mención muchos de ellos han enfermado psicológicamente debido a la presión dirigida por los altos mandos del Ministerio de Defensa Nacional».

1.2. Contestación de la demanda

5. El Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

1. El acto acusado se ajustó a la legalidad, la actora no demostró cuáles derechos particulares fueron afectados y, en todo caso, el medio de control de simple nulidad no sería el idóneo para proteger intereses privados.

1. Si la accionante consideraba que el acuerdo demandado incumplió la normativa superior, debió interponer una acción de cumplimiento.Radicado: 11001032500020190051400 (3881 -2019)

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1. La actora alegó la vulneración a derechos fundamentales, por lo que ella y demás interesados debieron promover la correspondiente acción de tutela.

1. Se propone la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida individualización y/o inexistencia de los actos administrativos demandados e indebida escogencia del medio de control.

6. La CNSC solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por las

siguientes razones:

1. La actora se limitó a esgrimir argumentos generales y efectuar reproches

indebida escogencia del medio de control.

6. La CNSC solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por las

siguientes razones:

1. La actora se limitó a esgrimir argumentos generales y efectuar reproches aislados sobre las consecuencias del concurso para el personal vinculado en provisionalidad, es decir, que no es posible identificar un cargo claro de nulidad contra el acuerdo demandado.

1. El acuerdo cuestionado se expidió en uso de las facultades constitucionales y legales previstas en el artículo 130 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, los Decretos Leyes 91 y 92 de 2007 y con sujeción a la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional en las sentencias C-753 de 2008 у С-211 de 2007.

1. La parte accionada no quebrantó los derechos de los servidores provisionales ni de aquellos que son sujetos de especial protección, pues prima el ingreso al servicio público por el sistema del mérito. Además, el concurso respetó el derecho a la igualdad , ya que se trató de un concurso abierto y en ningún momento se adoptaron medidas que pudieran afectar a dicho personal.

1. Tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento según el cual el concurso afecta a los empleados vinculados en provisionalidad, ya que «los presuntos afectados pueden en forma individual presentar las demandas administrativas en ejercicio del medio de c ontrol de nulidad y restablecimiento del derecho, atacando el acto administrativo que los desvincula, o incluso, acudir a la acción de tutela con el fin de lograr el amparo de su derechos fundamentales, pero no argüir por el medio descrito en el artículo 1 37 del C.P.A.C.A., puedan impedir

acción de tutela con el fin de lograr el amparo de su derechos fundamentales, pero no argüir por el medio descrito en el artículo 1 37 del C.P.A.C.A., puedan impedir que se adelantar un concurso de méritos para proveer de manera definitiva novecientas cincuenta y siete (957) vacantes del sector defensa - Dirección General de la Policía Nacional de Colombia».

1. El hecho de que la comisión de personal no se haya conformado en el tiempo que sugiere la demandante no invalida el certamen, ya que aquella podía integrarse en cualquier tiempo. Además, «la atenta lectura del artículo 16 no conduce a la interpretación realizada por la parte actora, en el sentido de señalar que dichos comités solamente pueden estar integrados por personal vinculado como provisional».Radicado: 11001032500020190051400 (3881 -2019)

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II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

7. Por auto del 19 de junio de 2020 , se admitió la demanda. Luego, mediante providencia de 14 de septiembre de 2022 , se negó la solicitud de medida cautelar presentada por la actora.

8. Mediante auto del 24 de mayo de 2023, el despacho evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA. En consecuencia, dispuso: a) negar las excepciones de ineptitud sustantiva de la

8. Mediante auto del 24 de mayo de 2023, el despacho evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA. En consecuencia, dispuso: a) negar las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda «por indebida individualización y/o inexistencia de los actos administrativos demandados» e «indebida escogencia de la acción» ; b) prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; c) resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

9. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se abstuvo de presentar alegatos de conclusión. La demandante y la CNSC reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso . Se aclara que l a actora agregó otros razonamientos, a los cuales se hará referencia más adelante.

2.3. Ministerio Público

10. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Cuestión previa

11. La demandante en su escrito de alegatos de conclusión agregó argumentos distintos a los expuestos en el libero introductorio, a saber:

1. El concurso de méritos enjuiciado se convocó y desarrolló sin conformar la comisión de personal prevista en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004.

distintos a los expuestos en el libero introductorio, a saber:

1. El concurso de méritos enjuiciado se convocó y desarrolló sin conformar la comisión de personal prevista en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004.

1. No se conformó la comisión asesora y de seguimiento de que trata el artículo 7 de la Ley 1033 de 2006.Radicado: 11001032500020190051400 (3881 -2019)

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1. El artículo 24 del Decreto 91 de 2007 dispuso que el desarrollo, evaluación y calificación del curso o concurso debía hacerlo la Universidad Militar Nueva Granada y los Centros de Educación Superior, Formación y Capacitación del Sector Defensa; sin embargo , la CNSC «adelantó dichos aspectos anunciando licitación con universidades diferentes a las establecidas en el decreto ley».

1. La CNSC no tuvo en cuenta que en el 2005 se habían vendido los derechos de participación (pines), pero ese concurso no se llevó a cabo, por lo que dichos pagos debieron tenerse en cuenta para el certamen convocado en 2018.

1. El «sector defensa» elaboró un manual de funciones que perjudicó a muchos de los empleados, pues «no tuvieron la capacitación de las funciones que les colocaron». Además, «las funciones convocadas no son las funciones que vienen desarrollando» e incluso los «cargos han sido ofertados en ciudades diferentes a las ciudades reales de servicio». Estas situaciones condujeron a que los servidores

colocaron». Además, «las funciones convocadas no son las funciones que vienen desarrollando» e incluso los «cargos han sido ofertados en ciudades diferentes a las ciudades reales de servicio». Estas situaciones condujeron a que los servidores fueran inadmitidos o perdieran las pruebas realizadas en el concurso.

12. Ahora bien, ninguno de los citados argumentos fue expuesto por la actora en su escrito inicial de demanda. En efecto, los reparos ii) a v) resultan completamente novedosos al debate y el i), si bien se refiere a la comisión de personal a la que aludió la accionante desde un principio, la nueva argumentación tampoco es congruente con el libelo introductorio, pues este se encaminó a reprochar que sí se conformó una comisión de personal para el desarrollo del certamen, pero que fue elegida exclusivamente por servidores provisionales y no se permitió la participación de empleados de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales o temporales, mientras que en los alegatos de conclusión se afirma que tal comisión nunca se conformó.

13. En consecuencia, la Sala se abstendrá de estudiar estos nuevos motivos de inconformidad contra el acto acusado, en aras de garantizar el debido proceso de la parte accionada. Al respecto, esta corporación ha sostenido que no es procedente que en el escrito de alegatos de conclusión «se propongan cargos o hechos nuevos sobre los cuales el demandado no tuvo la oportunidad de controvertir o la posibilidad material de presentar sus razones en contra».2

3.2. Presentación del caso y metodología de decisión

14. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo CNSC –

material de presentar sus razones en contra».2

3.2. Presentación del caso y metodología de decisión

14. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo CNSC – 20191000002366 del 14 de marzo de 2019, modificatorio del Acuerdo 20181000009066 del 19 de diciembre de 2018, está viciado de nulidad por violación al ordenamiento constitucional y legal en que debía fundarse.

2 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de marzo de 2025, radicado 47001 -23-33-000-202300299-01 (Principal). Ver también la sentencia del 26 de septiembre de 2024, radicado 25000 23 41 000 2015 01323 01.Radicado: 11001032500020190051400 (3881 -2019)

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15. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos

relevantes: i) texto del acto acusado; ii) generalidades del sistema de carrera administrativa; iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.

3.3. Texto del acto demandado

16. Es pertinente recordar que , mediante auto del 24 de mayo de 2023 , este despacho, negó la excepción de ineptitud de la demanda por indebida individualización y/o inexistencia de los actos administrativos demandados, bajo el entendido de que en este caso se acusó el acto que modificó el «Acuerdo inicial que

despacho, negó la excepción de ineptitud de la demanda por indebida individualización y/o inexistencia de los actos administrativos demandados, bajo el entendido de que en este caso se acusó el acto que modificó el «Acuerdo inicial que fijó las reglas o directrices del concurso de mérito, lo cual supone la existencia de un acto definitivo apto de ser enjuiciado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo», por ende, «es claro que para el sub examine el acto administrativo demandado se encuentra individualizado de manera correcta, pues lo que pretende la señora Rodríguez Tovar es que se realice un estudio minucioso de legalidad para determinar si con la expedición del Acuerdo 20191000002366 del 14 de marzo de 2019, que modificó el Acuerdo 20191000009066 del 19 de diciembre de 2018, se infringieron normas legales y constitucionales».

17. En otras palabras, se consideró que estaba integrada la proposición jurídica completa, ya que, al demandarse el acto modificatorio de la convocatoria a concurso de méritos, también se encontraba acusada aquella. Además, la parte accionada se pronunció frente a todos los cargos de nulidad endilgados al proceso de selección, es decir, que tampoco se afectó su derecho de contradicción y defensa.

18. En consecuencia, a continuación, se hará referencia a ambos actos, con la aclaración de que no se transcribirán integralmente en razón a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su contenido, por lo cual solo se citarán los apartes relevantes a esta causa, cuyo tenor es el siguiente:

«ACUERDO No. CNSC - 20181000009066 DEL 19-12-2018

no se demandaron aspectos específicos de su contenido, por lo cual solo se citarán los apartes relevantes a esta causa, cuyo tenor es el siguiente:

«ACUERDO No. CNSC - 20181000009066 DEL 19-12-2018

"Por el cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONA L, "Proceso de Selección No. 632 de 2018 - Sector Defensa".

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, los Decretos 091 y 092 de 2007, lo resuelto por la Corte Constitucional en las Sentencias C-753 de 2008, C-211 del 2007 y,

CONSIDERANDO QUE:

[…]

ACUERDA: CAPÍTULO IRadicado: 11001032500020190051400 (3881 -2019)

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DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°. PROCESO DE SELECCIÓN. Adelantar el concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (957) vacantes pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la planta de personal de la

proveer de manera definitiva NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (957) vacantes pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la planta de personal de la DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL, que se identificará como "Proceso de Selección No. 632 de 2018 - Sector Defensa".

ARTÍCULO 2°. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (957) vacantes, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la planta de personal de la DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL, estará bajo la directa responsabilidad de la CNSC, que, en virtud de sus competencias legales, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del proceso de selección con la Universidad Militar Nueva Granada o con los Centros de Educación Superior, Formación y Capacitación del Sector Defensa, o podrá contratar con firmas especializadas en procesos de selección, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 84, 85 y 89 del Decreto Ley 091 de 2007, así como lo establecido en la Sentencia C-753 de 2008. […]

ARTÍCULO 3°. ENTIDAD PARTICIPANTE. El concurso abierto de méritos se desarrollará para proveer las vacantes previstas en el artículo 1° del presente Acuerdo, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la planta de personal de la DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL y que corresponden a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, de conformidad con las vacantes definitivas que la entidad reportó a la CNSC y que se encuentran de manera detallada en el artículo 11° del presente Acuerdo. […]

Asistencial, de conformidad con las vacantes definitivas que la entidad reportó a la CNSC y que se encuentran de manera detallada en el artículo 11° del presente Acuerdo. […] ACUERDO No. CNSC - 20191000002366 DEL 14-03-2019

"Por el cual se modifica el artículo 11 del Acuerdo No. 20181000009066 del 19 de diciembre de 2018, a través del cual se establecieron las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, Proceso de Selección No. 632 de 2018Sector Defensa"

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,

[…]

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 11 del Acuerdo No. 20181000009066 del 19 de diciembre de 2018, el cual quedará así:

ARTÍCULO 11°.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC-, de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL objeto del presente proceso de selección, que se convocan por este Concurso abierto de méritos son: […]

ARTÍCULO 2º.- La anterior modificación, no afecta en su contenido los demás artículos del Acuerdo No. 20181000009066 del 19 de diciembre de 2018».

3.4. Generalidades del sistema de carrera administrativa

19. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general,

los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción

3.4. Generalidades del sistema de carrera administrativa

19. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general,

los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y lo s demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que losRadicado: 11001032500020190051400 (3881 -2019)

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funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

20. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el servicio público.

21. A su turno, en lo que atañe al sub lite, la Ley 1033 de 2006 estableció un

régimen de Carrera Especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

22. El artículo 10 ibidem implementó unas medidas tendientes a proteger a los empleados que para el momento de su expedición se encontraban vinculados a la administración, con miras a mejorar su posición en los procesos de selección y

22. El artículo 10 ibidem implementó unas medidas tendientes a proteger a los empleados que para el momento de su expedición se encontraban vinculados a la administración, con miras a mejorar su posición en los procesos de selección y reforzar su estabilidad laboral. Al respecto, se previó que: i) los servidores quedarían relevados de presentar las pruebas cuando se inscribieran a un empleo perteneciente al mismo nivel jerárquico del cargo que vienen desempeñando ; y ii) su experiencia debía evaluarse como una prueba más dentro del proceso y tendría mayor valor a la experiencia relacionada con las funciones del cargo para el cual aspiraban.

23. Sin embargo, mediante la Sentencia C-211 de 2007, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las anteriores previsiones, con fundamento en los

siguientes razonamientos:

«Todas las pruebas de conocimientos generales o específicos, de aptitudes en las cuales el concursante demuestra lo que sabe y de lo que es capaz y que puede ser útil para el desempeño del cargo, arroja unos resultados que no sólo deben ser tenidos en cuenta para eliminar a los que no alcanzan a obtener un puntaje mínimo, sino que per se conducen a una clasificación de los concursantes según las calificaciones obtenidas, las cuales revelan el mayor o menor grado de conocimientos, aptitudes y méritos que cada uno de ellos posee respecto de los otros. Esta graduación según la calificación obtenida en la prueba es un indicador de mayor o menor mérito, que no puede ser simplemente desechada. Ciertamente, el no tener en cuenta tal clasificación o gradación de resultados a la hora de conformar la lista de elegibles y en este caso además no per mitir que en el caso de los

mayor o menor mérito, que no puede ser simplemente desechada. Ciertamente, el no tener en cuenta tal clasificación o gradación de resultados a la hora de conformar la lista de elegibles y en este caso además no per mitir que en el caso de los concursantes vinculados a la administración ella se mida siquiera, contradice claramente el propósito constitucional perseguido con la implantación de la carrera administrativa, cual es el de vincular como servidores públicos a los más capaces. […] De todo lo anterior se desprende que el inciso acusado incumple por lo menos tres de los presupuestos a que ha hecho referencia la jurisprudencia para descartar que una regulación legal de concursos de carrera administrativa vulneren la Constitución por desconocimiento del principio del mérito a saber i) “si no se derivan de las normas que regulan la carrera, condiciones de desigualdad que impidan la determinaciónRadicado: 11001032500020190051400 (3881 -2019)

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objetiva del mérito de cada concursante”: en el presente caso es claro que ante la exclusión de los concursantes que se encuentran ya vinculados a la administración no hay posibilidad de una evaluación objetiva sobre sus méritos, aptitudes y calidades pues las mismas no son objeto de examen (ii) “si no se incluyen ítems de evaluación cuya aplicación proceda sólo para algunos concursantes y no para todos”: en el presente caso es claro que en eso consiste precisamente la desigualdad reprochada por los d emandantes; (iii) “si no se disponen criterios de selección que

evaluación cuya aplicación proceda sólo para algunos concursantes y no para todos”: en el presente caso es claro que en eso consiste precisamente la desigualdad reprochada por los d emandantes; (iii) “si no se disponen criterios de selección que evalúen la idoneidad frente a ciertas actividades específicas o técnicas, en condiciones desiguales entre los aspirantes vinculados a la entidad y los no vinculados”: en el presente caso es claro que se establecen condiciones desiguales para evaluar la idoneidad de los aspirantes frente a los ítems que evalúa la prueba básica entre quienes se encuentran vinculados a la administración en carrera y en provisionalidad y quienes no lo están. […] Así ha de reiterarse que i) en materia de concursos el reconocimiento de factores que sólo sean aplicables a unos concursantes y a otros no, como criterio de selección, resulta desproporcionado incluso frente al derecho al reconocimiento e incentivo laboral a que tienen todos los trabajadores 3, ii) junto con los concursos cerrados “quedaron también proscritas aquellas formas de evaluación de los aspirantes en donde se establecen requisitos que aplican para unos aspirantes pero no para otros. Esto es consecuencia lógica de la declaratoria de inc onstitucionalidad de los concursos cerrados por excluir de la posibilidad de participación en ellos a algunas personas, pues de nada serviría permitir que todas las personas que cumplen con los requisitos del cargo participen en el concurso para su provisi ón, si a todas no se les evalúa igual”4 iii) “(T)odos los aspirantes deben concursar en igualdad de condiciones aún respecto de quienes ocupan los cargos en provisionalidad, los que por tal condición no pueden ser tratados con privilegios o ventajas, así como tampoco con

evalúa igual”4 iii) “(T)odos los aspirantes deben concursar en igualdad de condiciones aún respecto de quienes ocupan los cargos en provisionalidad, los que por tal condición no pueden ser tratados con privilegios o ventajas, así como tampoco con desventajas, en relación con el cargo que ocupan y al cual aspiran. Por lo tanto, todos los requisitos y acreditaciones para el concurso deben exigirse en condiciones de igualdad para todos los aspirantes. […] iv) Establecer, como uno de los aspectos de evaluación, la experiencia relacionada directamente con las funciones del cargo y la evaluación del desempeño, implica tomar como parámetro de evaluación una medida discriminatoria con aquellos ciudadanos que no pertenecen a la carrera administrativa o que perteneciendo a ella no han desempeñado el cargo a proveer. En consecuencia, se está vulnerando la posibilidad de que los ciudadanos accedan al desempeño de cargos públicos en condiciones de igualdad, derechos de raigambre Constitucional establecidos en los Arts. 13 y 40 numeral 7.»5

24. En el citado pronunciamiento, la Corte Constitucional enfatizó en la importancia que reviste el principio del mérito para la provisión de los cargos oficiales, por lo que no es posible hacer exoneraciones para algunos aspirantes respecto de los requisitos para el desempeño de los empleos, eximirlos de las pruebas a aplicar en los procesos de selección y, en general, establecer medidas que privilegien a unos concursantes frente a otros, pues ello resulta violatorio del derecho a la igualdad de oportunidades para el acceso al empleo público.

3 Ver sentencia C-1265/05, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Ver sentencia C-1265/05, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

derecho a la igualdad de oportunidades para el acceso al empleo público.

3 Ver sentencia C-1265/05, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Ver sentencia C-1265/05, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Sentencia C-046/04, M.P. Jaime