CE - Sentencia 11001032500020190063000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00630-00 (4787-2019)1.

Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Demandada : Heidi Cristina Guerrero Mejía Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 23 de abril de 2015, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de l Atlántico. Causal regulada en los literales a y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia del Veintitrés (23) de abril de Dos Mil Quince (2015), proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó parcialmente el fallo del Veintidós (22) de marzo de Dos Mil Trece (2013), emitido por el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Descongestión de Barranquilla , que accedi ó a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por la señora Heidi Cristina Guerrero Mejía.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por la señora Heidi Cristina Guerrero Mejía.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirmen las sentencias del veintitrés (23) de abril de Dos Mil Quince (2015), proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del

1 Expediente físico 2 Folios 320-331Número Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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Atlántico, que confirmó parcialmente el fallo del veintidós (22) de marzo de Dos Mil Trece (2013), emitido por el Juzgado Sexto (6) Administrativo de descongestión de Barranquilla, dictadas dentro del expediente radicado No. 08001-33-31-002-2012-00047-00 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende que:

Se declare que la señora Heidy Cristina Guerrero Mejía , no es titular de un derecho adquirido respecto de la liquidación de su mesada pensional, susceptible de amparo por el ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, se ordene la reliquidación y pago de la pensión que actualmente percibe, tomando como ingreso base de liquidación las directrices previstas en el inciso tercero del artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994 , de

directrices previstas en el inciso tercero del artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994 , de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 , SU-395 de 2017 , SU-631 de 2017, T -039 de 2018 , fijando como monto o tasa de remplazo el 75% previsto en el Decreto 546 de 1971 , sin sobrepasar el tope máximo pensional de 25 SMMLV.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que , la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E, con Resolución No. 00572 del veinte (20) de enero de Dos Mil Nueve (2009), reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez de la señora Guerrero Mejía, liquidando la prestación con el setenta y cinco ( 75%) del promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, en cuantía de ($8.431.215.09), efectiva a partir del primero (1) de mayo de Dos Mil Siete (2007)3.

Por medio de Resolución No. UGM 001686 del veintidós (22) de julio de Dos Mil Once (2011), la extinta Cajanal en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto (4) Laboral del Circuito de Barranquilla, reliquidó la pensión con el setenta y cinco (75%) de la asignación más elevada en el último año de servicio, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de diciembre de 2010 , en cuantía de ($12.875.000), efectiva a partir del

(75%) de la asignación más elevada en el último año de servicio, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de diciembre de 2010 , en cuantía de ($12.875.000), efectiva a partir del primero (1) de noviembre de Dos Mil Diez (2010), condicionada al retiro definitivo.

La señora Heidi Cristina Guerreo , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la legalidad de los citados actos administrativos.

3 Pagina 104 cuaderno principalNúmero Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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El Juzgado Sexto (6) Administrativo de descongestión de Barranquilla, en sentencia del veintidós (22) de marzo de Dos Mil Trece (2013), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo: (i) declarar la nulidad parcial de las resoluciones demandadas; (ii) como consecuencia de la nulidad decr etada, ordenó la reliquidación sobre el setenta y cinco (75%) de los factores devengados en el último año de servicio, incluyendo la totalidad de l as acreencias que constituyen salario, como por ejemplo la prima especial de servicio.

La anterior d ecisión, fue confirmada parcialmente por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del veintitrés (23) de abril de Dos Mil Quince (2015) , en la cual, ordenó adicionar los descuentos de ley sobre los factores salariales objeto de reliquidación pensional si no se hubieren descontados.

En cumplimiento de las decisiones judiciales objeto de revisión, la subdirectora de

Dos Mil Quince (2015) , en la cual, ordenó adicionar los descuentos de ley sobre los factores salariales objeto de reliquidación pensional si no se hubieren descontados.

En cumplimiento de las decisiones judiciales objeto de revisión, la subdirectora de determinación de derechos pensionales de la UGPP, reliquidó la pensión de la causante a través de la Resoluciones RDP 00 2628 del veintinueve (29) de enero de Dos Mil Diecinueve (2019 )4, fijando el monto de la mesada pensional en $19.531.050, con efectividad a partir del veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018).

1.2. Sentencia objeto de revisión.

La Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico , mediante sentencia del veintitrés (23) de abril de Dos Mil Quince (2015), confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, al considerar que, el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, precisó que el monto de la mesada pensional sí debía liquidarse sobre el setenta y cinco (75%) del promedio de la asignación más alta durante el último año de servicio, suscitando con ello la inclusión de todos los ingresos que recibió y que tuvieran el carácter remunerativo del servicio. Sin embargo, debía aplicarse los descuentos de ley sobre los factores salariales objeto de reliquidación pensional.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente5:

«PRIMERO: Adiciónese la sentencia del 22 de marzo de 2013, adicionada por providencia de 26 de junio de 2013, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo en Descongestión del Circuito

4 Pagina 171-174 cuaderno principal

de junio de 2013, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo en Descongestión del Circuito

4 Pagina 171-174 cuaderno principal 5 Folios 222-237 cuaderno No. 2Número Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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de Barranquilla, en el entendido de ordenar a la demandada aplicar los descuentos de ley sobre los factores salariales objeto de la reliquidación pensional si no se hubieren descontados, en virtud del principio de protección al erario público y se tengan en c uenta los efectos de la sentencia C-258-2013.

SEGUNDO: Confírmese la sentencia en todas sus demás partes.

TERCERO: Sin costas en esta instancia»

De acuerdo a lo anterior, se destaca que el fallo de primera instancia del veintidós (22) de marzo de Dos Mil Trece (2013), dictado por el Juzgado sexto (6) Administrativo de descongestión de Barranquilla , accedió a las pretensiones de la demanda , en los siguientes términos6:

Determinó que , la señora Heidi Cristina Guerrero , se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; en consecuencia, su mesada pensional debía reliquidarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971 estatuto especial para los servidores de la Rama Judicial , tomando como base el setenta y cinco (75%) sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio . Dentro de dichos factores debían incluirse , además de la asignación básica mensual, todas las asignaciones que no se hubieren sumado.

setenta y cinco (75%) sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio . Dentro de dichos factores debían incluirse , además de la asignación básica mensual, todas las asignaciones que no se hubieren sumado.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARARSE no probadas las excepciones de indebida conformación del litisconsorcio por pasiva - necesidad de vincular al empleador (Rama Judicial del poder público) y al FOPEP, inexistencia de la obligación, buena fe y de prescripción de las mesadas.

SEGUNDO: DECLARESE la nulidad parcial de la Resolución No. 00572 del 20 de enero de 2009 y la Resolución No. UGM 001686 d el 22 de julio de 2011, en razón de que se reliquide la pensión de jubilación en un monto igual al 75% del salario mensual más alto devengado en el último año de servicios , este es el año 2011, incluyendo los factores salariales que no se hayan hecho.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se orden ará a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de esta providencia y se deducirán las sumas que esta haya pagado en cumplimiento del ac to administrativo que reconoció la pensión de jubilación y se descontarán los valores

6 Pagina 215-221 cuaderno No. 2Número Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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correspondientes a los aportes no efectuados para la pensión.

CUARTO: Abstenerse de condenar en costas […]»

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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correspondientes a los aportes no efectuados para la pensión.

CUARTO: Abstenerse de condenar en costas […]»

1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP, invocó las causales de revisión establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a), que dispuso la procedencia del recurso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b), según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión procura, incurre en las causales citadas, toda vez que, al aplicar la disposición normativa , fue interpretada contrariando el precedente constitucional C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU427 de 2016; SU210 de 2017; SU -395 de 2017 ; SU -631 de 2017, y T -039 de 2018, al ordenar la reliquidación con el ingreso base de liquidación , con el 75% del equivalente a la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios , y la inclusión de todos los factores salariales , en aplicación del Decreto 546 de 1971 y Decreto 1158 de 1994 , lo cual, constituye una grave afectación al equilibrio económico del sistema pensional, al aumentar injustificadamente la mesada.

Afirma que, se vulneró el debido proceso con el reajuste pensional ordenado en favor de

Decreto 1158 de 1994 , lo cual, constituye una grave afectación al equilibrio económico del sistema pensional, al aumentar injustificadamente la mesada.

Afirma que, se vulneró el debido proceso con el reajuste pensional ordenado en favor de la demandante, toda vez que, tal prestación debió liquidarse con base en las directrices fijadas en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como , los factores salariales con incidencia pensional , determinados en el Decreto 1158 de 1994. A la par de la vulnerac ión al debido proceso, estimó que la cuantía liquidada de la mesada pensional, desatiende las reglas jurisprudenciales aplicables, en el entendido que, la postura unificada de la Corte Constitucional, propendió por garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, partiendo del propósito genuino del aludido sistema, dirigido a unificar los distintos sistemas dispersos, a fin de no cometer los errores del pasado, que llevaron a la desfinanciación del sistema.

En definitiva, a su juicio, el régimen aplicable para la determinación del IBL es el señalado en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, los últimos 10 años de servicio sin que en ningún caso pueda super el tope de los 25 SMMLV.Número Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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1.4. Contestación de la demanda de revisión7

El auto admisorio de la acció n, fue notificado personalmente a la señora Heidi Cristina

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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1.4. Contestación de la demanda de revisión7

El auto admisorio de la acció n, fue notificado personalmente a la señora Heidi Cristina Guerrero Mejía, el Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)8.

1.5. Contestación de la demanda de revisión.

Mediante apoderado, la señora Heidi Cristina Guerreo Mejía contestó la demanda 9, oponiéndose a las pretensiones, con fundamento en que , al momento en que fueron proferidas las sentencias del Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Barranquilla y del Tribunal Administrat ivo del Atlántico, existía un precedente judicial consolidado según el cual , los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Procuraduría cobijados por el régimen de transición , tenían derecho a la aplicación integral del Decreto 546 de 1971. Ello im plicaba no solo edad y tiempo de servicio, sino también que, la pensión debía liquidarse con el 75% del salario más alto del último año de servicio. Esta interpretación estaba respaldada por jurisprudencia vigente, posiciones de las partes y pronunciamiento s de la Procuraduría, e incluso fue reiterada por la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. En consecuencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente en afirmar que no procede el recurso extraordinario de revisión, cuando las sentencias cuestionadas se fundamentaron en precedentes vigentes para la época en que fueron emitidas. Por ello, no hay lugar a revocar las decisiones acusadas. Además, consideró que, en un escenario hipotético de revocatoria, recobrarían vigencia

se fundamentaron en precedentes vigentes para la época en que fueron emitidas. Por ello, no hay lugar a revocar las decisiones acusadas. Además, consideró que, en un escenario hipotético de revocatoria, recobrarían vigencia las resoluciones pensionales No. 0572 de 2009 y UGM 001686 de 2011, cuya nulidad ya fue decidida y que tampoco pueden ser demandadas por haber vencido los términos. Dichas resoluciones, al igual que la RDP 002628 de 2019 —que sigue vigente — reconocieron la pensión con el 75% del ingreso más alto del último año y con el límite de 25 salarios mínimos, por lo que no existiría efecto práctico favorable para el actor. Finalmente, en virtud del principio de buena fe, no procede ordenar reintegros de sumas pagadas. La beneficiaria actuó ajustada al debido proceso, solicitó su pensión conforme

7 Samai, índice 24 8 Expediente digital – índice 000 – archivo PDF 027RECIBEMEMORIAL_RESPUESTAALDESPACHOC. 9 Samai, Índice 30Número Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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a los requisitos legales y jurisprudenciales vigentes, y las decisiones se adopt aron siguiendo el precedente existente. Tampoco se ha demostrado la veracidad de las cifras alegadas por la parte demandante respecto a supuestas sumas a reintegrar. 1.6. Ministerio Público10.

El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, y dejar incólume la sentencia objeto de reproche, al considerar que el Tribunal no podía

1.6. Ministerio Público10.

El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, y dejar incólume la sentencia objeto de reproche, al considerar que el Tribunal no podía aplicar las reglas y subreglas fijadas en la Sentencia de Unificación de 2018 , para establecer el IBL de la señora Guerrero Mejía con fundamento en el promedio de los últimos diez años cotizados, ni los lineamientos unificados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015 , al no estar vigentes para la ép oca en que se dictó el fallo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 11 y 20 de la Ley 797 de 2003 12, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación , contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201913.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada fue notificada el 13 de mayo de 201514, y la demanda fue presentada el 2 de septiembre de 201915, razón por la cual , no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

10 Samai, índice 28 11 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»

10 Samai, índice 28 11 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 12 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 14 Samia, índice 9 15 Pagina 9reversosello de recibido en la sección segunda del Consejo de EstadoNúmero Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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Corresponde a la Sala de Subsección establecer , si la sentencia del veintitrés (23) de abril de Dos Mil Quince (2015), emitida por la Sala de descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material16 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad

o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material16 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»17.

16 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suár ez Vargas.Número Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna

valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios18.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite19 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 20, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 21», t al como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial22.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,

exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 19 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una

novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “su i generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de r evisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 21 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisió n le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentenci a de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Heidi Cristina Guerrero Mejía

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Así las cosas y conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos , que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública , la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas

las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos , que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública , la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

En efec to, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado23:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección

produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 24 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 25.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-201900728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 4787-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Hei