CE - Sentencia 11001032500020190068400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00684-00 (5327-2019)

Demandante : Pensiones de Antioquia Demandada : María del Carmen Gómez Durango Medio de control : Acción especial de revisión

Tema

Decisión

:

: Revisión de la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2015 , por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 Sentencia que resuelve la acción especial de revisión

La Sala decide la acción especial de revisión presentada por Pensiones de Antioquia contra la sentencia de 26 de noviembre de 2015 , dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito de Medellín , el 11 de septie mbre de 2014 , en cuanto accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora María del Carmen Gómez Durango.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión

El 2 0 de septiembre de 2019 1, Pensiones de Antioquia formuló la acción especial de

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión

El 2 0 de septiembre de 2019 1, Pensiones de Antioquia formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-030-2013-00365-01, para que, en su lugar, se revoque la mencionada sentencia, y se declare que a la señora María del Carmen Gómez Durango no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez.

1 Folios 1 a 5 expediente físico.Número Interno: 5327-2019

Demandante: Pensiones de Antioquia

Demandada: María del Carmen Gómez Durango

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Como sustento fáctico de sus pretensiones 2, refi rió que la señora María del Carmen Gómez Durango prestó sus servicios al departamento de Antioquia entre el 24 de diciembre de 1987 y el 26 de noviembre de 2009. A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la demandada tenía más de 35 años de edad y 15 años de servicio, por tanto, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el inciso primero d el artículo 36 ibidem, y, en consecuencia, su pensión se regía por la Ley 33 de 1985.

Asimismo, expresó que, a través de Resolución No. 00527 del 6 de noviembre de 2009,

ibidem, y, en consecuencia, su pensión se regía por la Ley 33 de 1985.

Asimismo, expresó que, a través de Resolución No. 00527 del 6 de noviembre de 2009, la entidad Pensiones de Antioquia le reconoció una pensión de vejez con fundamento en los artículos 21, 33, 34, 272 y 278 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la Ley 797 de 2003, liquidada con el 79,50% sobre el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicios, en cuantía de $ 757.398, efectiva a part ir del 27 de noviembre de 2009.

Señaló que , previo agotamiento del procedimiento administrativo, la demandada promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho3 a la que le correspondió el radicado 05001-33-33-030-2013-00365-00, para que se ordenara a Pensiones de Antioquia reajustar su pensión con el 75% de todos los factores de salario devengados en el último año de servicio, incluyendo, además de su asignación básica mensual “la prima de navidad, la prima de vida cara, el inc entivo por antigüedad, la prima de vacaciones, el subsidio de alimentación y el subsidio de transporte”.

Manifestó que el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito de Medellín , mediante fallo estimatorio de las pretensiones del 11 de septiembre de 2014 , ordenó reliquidar el valor de la mesada pensional de vejez de la señora María del Carmen Gómez Durango con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, con la inclusión de los factores salariales de origen legal, tales como subsidio de transporte,

valor de la mesada pensional de vejez de la señora María del Carmen Gómez Durango con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, con la inclusión de los factores salariales de origen legal, tales como subsidio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad, subsidio de alimentación, entre otros.

1.2. Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 26 de noviembre de 20154, confirmó parcialmente la de primer grado del 11 de septiembre de 2014 proferida

2 Los hechos que se mencionan fueron tomados de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 3 Prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1435 de 2011, en la actualidad esta acción corresponde al medio de control del mismo nombre consagro en el artículo 138 del CPACA. 4 Folios 88 a 107.Número Interno: 5327-2019

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por el Juzgado Treinta (30) Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín , en el sentido de ratificar la orden de reajuste de la pensión de la accionada, con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios; sin embargo, revocó el numeral séptimo de la sentencia al considerar que no era acertado aplicar el fenómeno de la prescripción, y adicionó el fallo recurrido así:

“DÉCIMO CUARTO: La pensión reliquidada será ajustada desde la fecha en que la demandante MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ DURANGO, adquirió el status de pensionada, de acuerdo con lo

“DÉCIMO CUARTO: La pensión reliquidada será ajustada desde la fecha en que la demandante MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ DURANGO, adquirió el status de pensionada, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de esta sentencia, hasta la fecha de ejecutoria de la misma y de manera mensual (…)”.

Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó:

“(…) Pensiones de Antioquia, dentro del trámite de pensión de vejez de la señora MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ DURANGO, lo que hace es aplicarle dos (2) regímenes a la demandante, lo cual resulta incorrecto teniendo en cuenta que por principio de inescindibilidad de la norma se debe aplicar un solo régimen y de manera completa, ya que no es posible aplicar en lo favorable una norma y en lo desfavorable otra. Además, se hace necesario que a la actora se le aplique el régimen que más le favorezca en su totalidad y n o por partes, teniendo en cuenta que no es viable el desmembramiento de una norma para tomar aspectos legales que uno u otro régimen ofrezca , es decir, no se pueden escoger las que se quieran de uno y de otro”.

Adicionalmente, concluyó:

“(…) la Sala acog erá en su integridad la jurisprudencia del Consejo de Estado, que de antaño se viene aplicando en materia de régimen prestacional de los empleados y trabajadores oficiales, a quienes en virtud de hallarse en el régimen de transición, se les aplica la Ley 3 3 de 1985, norma que ha de aplicarse en forma íntegra, en razón del principio de inescindibilidad, sin que se acuda a la normatividad general que contempla lo atinente al Ingreso Base de Cotización (Ley 100 de

que ha de aplicarse en forma íntegra, en razón del principio de inescindibilidad, sin que se acuda a la normatividad general que contempla lo atinente al Ingreso Base de Cotización (Ley 100 de 1993)”.

1.3. Causales de revisión invocadas

Pensiones de Antioquia invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según l os cuales procede la revisión de pensiones “a) cuando el reconocimiento se haya hecho con violación del debido proceso” y “b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

Sobre la primera de ellas refirió que la sentencia cuya revisión solicita contrarió la línea jurisprudencial decantada por la Corte Constitucional, en concreto, las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 en las que se precisó que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no fue objeto de transición, ocasionando un desconocimiento del precedente.Número Interno: 5327-2019

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De otra parte, manifestó que la cau sal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se configuró porque la sentencia que ordenó el ajuste pensional afecta ba negativamente las finanzas del fondo común que constitu ía el régimen de prima media administrado por Pensiones de Antioquia, toda vez que la cuantía reconocida excedió lo

797 de 2003 se configuró porque la sentencia que ordenó el ajuste pensional afecta ba negativamente las finanzas del fondo común que constitu ía el régimen de prima media administrado por Pensiones de Antioquia, toda vez que la cuantía reconocida excedió lo debido de acuerdo con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 que son las normas legalmente aplicables al caso de conformidad con las sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

1.4. Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio de la acción fue notificado personalmente a la demandada el 11 de septiembre de 20245, de acuerdo con el despacho comisorio diligenciado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Dentro del término otorgado, la parte accionada guardó silencio6.

1.5. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no emitió concepto7.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 8 y 20 de la Ley 797 de 2003 9, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.

5 Índice 15 Samai. 6 Por auto del 12 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador del proceso resolvió, tener por no contestado el recurso

extraordinario de revisión por la señora María Del Carmen Gómez Durango, Folio145 expediente físico. Índice 20 del aplicativo Samai. 7 Folio 144, informe secretarial que da cuenta de la notificación al Ministerio Publico y paso a Despacho sin pronunciamiento d el mismo. 8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos cono cerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]». 9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]». 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».Número Interno: 5327-2019

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2.2. Oportunidad

La acción especial de revisión del presente asunto resulta oportuna, toda vez que la sentencia objeto de revisión fue proferida el 26 de noviembre de 201511, fue notificada el 1º de diciembre siguiente 12 y quedó ejecutoriada el 16 de diciembre de 2015 13 y la demanda fue present ada el 20 de septiembre de 2019 14, razón por la cual no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico

La Sala de Subsección debe establecer si la sentencia de 26 de noviembre de 2015 ,

superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico

La Sala de Subsección debe establecer si la sentencia de 26 de noviembre de 2015 , emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si fue expedida con violación del debido proceso y si la cuantía de la pensión reconocida a la accionada excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

11 Folio 88. 12 Fl. 302 c. ppal. 13 Fl. 125 vto. c. ppal. 14 Folio 5 vuelto.Número Interno: 5327-2019

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”15

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material16 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que “solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley”17.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrantar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrantar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnatura lizaría la función de los instrumentos extraordinarios18.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión No. 25 de esta Colegiatura , en sentencia del 4 de junio de 2019, “que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite19 […] pues esta acción especial “tiene

15 “Artículo declarado EXEQUIBLE, con respecto a los cargos formulados y “bajo los supuestos reseñados en el numeral 5 de las consideraciones y fundamentos de esta sentencia”, salvo los apartes tachados que se declaran INEXEQUIBLES, por la Corte

15 “Artículo declarado EXEQUIBLE, con respecto a los cargos formulados y “bajo los supuestos reseñados en el numeral 5 de las consideraciones y fundamentos de esta sentencia”, salvo los apartes tachados que se declaran INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-835-03 de 23 de septiembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería”. 16 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 19 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,Número Interno: 5327-2019

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un carácter sui generis 20, dado que, más allá que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 21”, tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial22.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Esta causal dispuso que se puede solicitar la revisión de una sentencia “cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.

Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión No. 22, en sentencia del 5 de febrero de 2019, consideró:

“Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el recurso, debe aportar los elementos sobre los cu ales estructura su petición, específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

aportar los elementos sobre los cu ales estructura su petición, específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental cuya violación da lugar a la configuración de la causal.

Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridadlibertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente;

1. El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem ”23.

La Sala considera que, para la configuración de esta causal de revisión, la demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del debido proceso , es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que

en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.

en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias si no también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 21 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 5327-2019

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componen este derecho, sin que sea d able proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material, como fin legítimo de esta acción especial de revisión.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de ac uerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables ”, es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se

sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, SU-230 de 2015, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga. Y porque, además, el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no fue objeto de transición.

No obstante lo anterior , el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 d e la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo “empleado oficial” que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de “una pensión mensual vitaliciaNúmero Interno: 5327-2019

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años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de “una pensión mensual vitaliciaNúmero Interno: 5327-2019

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de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los siguientes términos:

“Artículo 36.-Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotiz ados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante t odo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos . […]”.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 201024, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que “la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el

salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”.

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU -230 de 2015, en la cual la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el ingreso base de

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2006-7509-01.Número Interno: 5327-2019

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liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa solo fue superada hasta la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial de 28