CE - Sentencia 11001032500020190073800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Carlos David Romero Cárdenas

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 201 4 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Carlos David Romero Cárdenas.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 201 4 por el

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 201 4 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , dentro del medio de control de

1 En lo que sigue Ugpp.2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 54001-33-33-001-2013-0001200 (01), que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta , por medio del cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Carlos David Romero Cárdenas contra la Ugpp y se ordenó incluir todo lo devengado en el último año de servicio para la reliquidación de su pensión.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria de que Carlos David Romero Cárdenas no era acreedor de un derecho adquirido amparable en la legislación colombiana y; iii) la orden de reliquidación y pago de la pensión reconocida conforme con las reglas de las sentencias C -168 de 1995, C258 de 2013, SU-230 de 2015, entre otras proferidas por la Corte Constitucional, de conformidad con el inc iso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

conformidad con el inc iso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Carlos David Romero Cárdenas nació el 14 de febrero de 19 60, prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad 2 desde el 11 de diciembre de 1985 hasta el 30 de diciembre de 2007. El último cargo que desempeñó fue el de detective profesional y adquirió el estatus pensional el 20 de diciembre de 2005.

3.2. Mediante la Resolución 6840 del 20 de marzo de 2007 Cajanal le reconoció una pensión de vejez en cuantía de $866.288, efectiva a partir del 1° de febrero de 2006 condicionada al retiro del servicio.

3.3. Con la Resolución UGM 003447 del 5 de agosto de 2011 se reliquidó la pensión en la suma de $1’009.013,69, efectiva a partir del 1° de enero de 2008 condicionada al retiro definitivo del servicio y a través de la Resolución UGM 26405 del 16 de enero de 2012 fue confirmanda esa decisión.

3.4. El 29 de enero de 2013 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3 en contra de la Ugpp con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones por medio de los cuales se le negó la reliquidación de

derecho prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3 en contra de la Ugpp con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones por medio de los cuales se le negó la reliquidación de su pensión. Este asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del

2 En adelante DAS. 3 En lo sucesivo CPACA.3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

Circuito de Cúcuta , el que por medio de la sentencia del 1 3 de febrero de 201 44 accedió a las pretensiones, para lo cual resolvió:

«PRIMERO: ABSTENERSE DE DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 06840 del 20 de marzo de 2007, por las razones expuesta al inicio de la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones UGM 003447 de 2011 y UGM 026405 de 2012, en atención a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento ORDÉNESE a la Nación – CAJANAL EICE en liquidación, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, reliquidar la pensión del demandante, tomando como base el 75% del promedio de todo lo que hubiere devengado el accionante, en el último año de servicios, es decir, el sueldo básico, la prima especial de riesgo, la bonificación

base el 75% del promedio de todo lo que hubiere devengado el accionante, en el último año de servicios, es decir, el sueldo básico, la prima especial de riesgo, la bonificación por servicios prestados, la prima de servic ios, la prima de vacaciones y la prima de navidad (…)» (sic)

3.5. Inconforme con lo decidido, las partes interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , mediante sentencia del 30 de septiembre de 201 4, que confirmó la providencia recurrida.

3.6. Mediante la Resolución RDP 02 9632 del 13 de agosto de 2016 se reliquidó la pensión del demandado , en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cuantía de $1’481.432, efectiva a partir del 1° de enero de 2008.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia del 30 de septiembre de 2014 confirmó la dictada por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, que accedió a las súplicas de la demanda.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

5.1. Carlos David Romero Cárdenas prestó su servicio en el DAS entre el 9 de diciembre de 1985 y el 31 de diciembre de 2007, de manera que fue beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, por lo que era procedente realizar la liquidación de su pensión en la forma que se tenía

4 Cuaderno 4, folios 619 a 628.

régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, por lo que era procedente realizar la liquidación de su pensión en la forma que se tenía

4 Cuaderno 4, folios 619 a 628. 5 Cuaderno 4, folios 641 a 649.4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

establecida en el régimen anterior que le era aplicable esto es los decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 3135 de 1968, con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, incluidos todos los factores que representaran retribución directa al servicio.

5.2. No se halló razón a lo alegado por la Ugpp al señalar que para la liquidación de la prestación sólo debieron tenerse en cuenta los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en atención a la adquisición del estatus el 20 de diciembre de 2005 y el consecuente beneficio del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , pues para la liquidación de la pensión de jubilación le resultaba válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario.

5.3. El DAS le adeudaba a la Ugpp unos aportes para pensión de los factores de salario del demandante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, en cuanto a que el monto de cotización en pensión correspondía en un 75% de la cotización total al empleador y el 25% restante al trabajador, era necesario hacer el descuento de los aportes adeudados a Carlos David Romero Cárdenas.

1993, en cuanto a que el monto de cotización en pensión correspondía en un 75% de la cotización total al empleador y el 25% restante al trabajador, era necesario hacer el descuento de los aportes adeudados a Carlos David Romero Cárdenas.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20036, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la reliquidación de la pensión de vejez no se ajustó a derecho, pues lo procedente era dar una correcta interpretación de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 en cuanto se refieren al IBL y a los factores que debieron haberse incluidos al momento de liquidar la prestación, por lo que las providencias acusadas transgredieron los principios constitucionales al acceder a la reliquidación de la prestación conforme con una interpretación errada de las normas.

6.2. La cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU 427 de 2016 entre otras, lo que constituye una grave afectación a la sostenibilidad financiara del sistema.

7 Cuaderno 1, folios 3 al 9.5

SU 427 de 2016 entre otras, lo que constituye una grave afectación a la sostenibilidad financiara del sistema.

7 Cuaderno 1, folios 3 al 9.5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

1.3 Contestación a la acción especial de revisión

7. Carlos David Romero Cárdenas solicitó declarar infundada la acción especial de revisión, con fundamento en el ejercicio del cargo de detective en actividades de alto riesgo durante 22 años, su vinculación al DAS antes de la vigencia del Decreto 1385 de 1994, lo cual lo hacía beneficiario del régimen de transición previsto en esa norma y de las disposiciones del régimen especial estipulado en los decreto 1047 de 1978, 1848 de 1969, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, sin que se tuviera en cuenta los términos de la Ley 100 de 1993 en el artículo 36, inciso 2.

1.4 El Ministerio Público

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo8, que estableció:

«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

Administrativo8, que estableció:

«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en un término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».

12. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 7

8 En lo que sigue CPACA. 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

de octubre de 201 410 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 4 de octubre de 201811 fue oportuna.

2.3 Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se expidió con vulneración del debido

octubre de 201811 fue oportuna.

2.3 Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? ; y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4 Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 12 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura

debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» , la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.

10 Según el certificado de la secretaria del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta índice 45 de Samai, actuación denominada: 35RECIBE MEMORIAL_55692019RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 45. 11 Cuaderno 1, folio 10, reverso. 12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han

definido los siguientes14:

señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han definido los siguientes14:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entid ades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se

14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

encuadren en dichas causales»15.

William Hernández Gómez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

encuadren en dichas causales»15.

19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.4.2 Régimen pensional de los servidores del DAS que ejercieron funciones establecidas por la ley como actividades de alto riesgo y su ingreso base de liquidación

20. El gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 17, en virtud del cual dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por 20 años, continuos o discontinuos, y hubieran aprobado el curso de formación que esta entidad impartía, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad.

21. Con la expedición del Decreto 1933 del 28 de agosto de 198918 se extendió este beneficio a los empleados del DAS que desarrollaran las funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, en sus diferentes grados y denominaciones, en tanto se indicó que en materia pensional se regirían por las disposiciones del Decreto Ley 1047 de 197819.

22. A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social dispuesto en la Ley 100 de 1993 se unificó el régimen pensional; no obstante, en

pensional se regirían por las disposiciones del Decreto Ley 1047 de 197819.

22. A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social dispuesto en la Ley 100 de 1993 se unificó el régimen pensional; no obstante, en atención a lo dispuesto en el artículo 140 ibidem, sería el gobierno nacional el que definiría «el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos».

15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras. 17 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad» 18 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad» 19 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del

Administrativo de Seguridad» 19 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad. Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto -ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplic ables al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

Además, la norma dispuso que este establecería los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del trabajador y/o el empleador, según cada actividad.

23. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994 20, por el cual clasificó la labor de los detectives del DAS como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición especial21 para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es el 4 de agosto de 1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Sin embargo, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200322 derogó el anterior (el Decreto 1835) y definió una vez más cuáles

Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Sin embargo, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200322 derogó el anterior (el Decreto 1835) y definió una vez más cuáles actividades serían consideradas de alto riesgo, sin incluir al DAS.

24. Empero, la Ley 860 de 2003 23 se ocupó nuevamente de regular la materia y al efecto señaló que «[e]l régimen de pensiones para el personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los artículos 1° y 2° del Decreto 2646 de 1994 o normas que lo modifiquen o adicionen» sería el que allí se define. En tal sentido permitió que los detectives y otros empleados de la aludida entidad, se beneficiaran de un régimen especial que integra el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 199324.

25. Ahora bien, el parágrafo 525 del artículo 2 de la norma aludida previó el régimen de transición aplicable a los detectives del DAS vinculados antes del 3 de agosto de 1994 y con 500 semanas de cotización, a la entrada en vigencia de la norma en mención. Este régimen garantizó el reco nocimiento pensional con las condiciones

20 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos». 21 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo

actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.» 22 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.» 23 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones». 24 Por virtud de lo dispuesto en el artículo 140 al que se hizo alusión en líneas anteriores. 25 «Parágrafo 5°. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas condicion es del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994».10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

contenidas en el Decreto 1835 de 1994».10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)

Demandante: Ugpp

contenidas en el Decreto 1835 de 1994 26, las cuales se pueden resumir en la posibilidad de acceder al beneficio pensional en las condiciones de edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de los Decretos 1047 de 197827 y 1933 de 198928.

26. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022 29, determinó que el ingreso base de liquidación (IBL) para los servidores del DAS que desarrollaron actividades de alto riesgo y que fueron cobijados por el régimen de transición de la Ley 860 de 2003, es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda.

27. Sobre el particular la Sala señaló:

«Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993».

28. Asimismo, en esa oportunidad, la Corporación estableció que « [l]os factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los

el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993».

28. Asimismo, en esa oportunidad, la Corporación estableció que « [l]os factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley».

29. Finalmente, se destaca que las reglas señaladas en esa decisión constituyen un precedente vinculante y obligatorio 30 en la resolución de «todos los casos

26 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos». 27 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad» 28 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad». 29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ -028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014) M.P. William Hernández Gómez. 30 La Corte Constitucional en sentencia C -816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

radicado