CE - Sentencia 11001032500020190076400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00764-00 (5729-2019)1

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Demandada: María Eudocia Gutiérrez de Benito Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2014, por el Tribunal Administrativo de l Meta.

Causales reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Tema: Reliquidación pensión de jubilación.

Decisión: Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta ; a través de la cual , se confirmó la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio ; que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por la señora María Eudocia Gutiérrez de Benito.

I. ANTECEDENTES

pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por la señora María Eudocia Gutiérrez de Benito.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende, se infirme la sentencia del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta ; a través de la cual , se confirmó la sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio , dictadas dentro del proceso con radicado No. 50001-33-33-005-2012-00154-01 y, en su lugar, se declare que la señora

1 Expediente híbrido. 2 Folios 1 a 10 del expediente físico.Número Interno: 5729-2019

Accionante: UGPP

Accionado: María Eudocia Gutiérrez de Benito

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María Eudocia Gutiérrez de Benito, frente a la liquidación de la pensión, no es acreedora de un derecho adquirido , amparable por la legislación colombiana , y se ordene la reliquidación y pago de la pensión que percibe, conforme a las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario enlistados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427

taxativamente en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.

Como sustento fáctico de sus pretensiones , señaló que, la señora María Eudocia Gutiérrez de Benito, nació el Tres (3) de Diciembre de Mil Novecientos Cuarenta y nueve (1949), prestó sus servicios al municipio de Villavicencio , desde el Dos (2) de Mayo de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978), hasta el Treinta (30) de Enero de Dos Mil Seis (2006), desempeñando el cargo de auxiliar de servicios.

Relacionó que, mediante Resolución No. 045380 del Veintisiete (27) de Diciembre de Dos Mil cinco (2005), CAJANAL EICE hoy liquidada, ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a la señora María Eudocia Gutiérrez de Benito , en cuantía de Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos ($358.000), efectiva a partir del Primero (1) de Mayo de Dos Mil Cuatro (2004), condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.

Con Resolución No. 46607 del Trece (13) de Septiembre de Dos Mil Seis (2006), la Extinta CAJANAL, reliquid ó la pensión de vejez de la hoy demandada, elevando la cuantía a Cuatrocientos Ocho mil Pesos ($408.000), efectiva a partir del 01 de febrero de

Extinta CAJANAL, reliquid ó la pensión de vejez de la hoy demandada, elevando la cuantía a Cuatrocientos Ocho mil Pesos ($408.000), efectiva a partir del 01 de febrero de 2006.

Por Resolución No. UGM 051771 del Once ( 11) de julio de dos Mil Doce ( 2012), CAJANAL negó la reliquidación de la pensión de vejez a la interesada. Igual decisión se adoptó en Resolución No RDP 012493 del Treinta ( 30) de Marzo de Dos Mil Quince (2015), al requerir la reliquidación pensional, en cumplimiento al fallo de Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Trece (2013), proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Villavicencio, confirmado por el Tribunal Administrativo del Meta, el Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce ( 2014); negativa que se fundamentó, en no acreditar la documentación requerida para acatar la orden judicial impartida. Adujo que, la decisión fue confirmada al resolver el recurso de apelación, sin embargo, no señaló el acto administrativo que resolvió el recurso.Número Interno: 5729-2019

Accionante: UGPP

Accionado: María Eudocia Gutiérrez de Benito

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Indicó que, en sentencia del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Trece (2013), el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, ordenó la reliquidación pensional de la entonces demandante, decisión confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo Oral del Meta, el Siete (7) de Octubre de dos Mil Catorce (2014).

pensional de la entonces demandante, decisión confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo Oral del Meta, el Siete (7) de Octubre de dos Mil Catorce (2014).

Afirmó que, mediante Resolución No. RDP 023183 del Veintidós (22) de Junio de dos Mil Dieciséis ( 2016), la UGPP , resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. RDP 004325 del Tres (3) de Febrero de la misma anualidad, revocando dicho acto administrativo, y dando cumplimiento a la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, el Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Trece (2013), confirmado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), que ordenó reliquidar la pensión de vejez de la señora Gutiérrez de Benito, elevando la cuantía a la suma de Seiscientos Sesenta Mil Ochocientos Un Pesos ($ 660.801), efectiva a partir del Primero (1) de Febrero de Dos Mil Seis (2006), pero con efectos fiscales a partir del Siete (7) de Noviembre de Dos Mil Ocho (2008), por prescripción trienal.

Finalmente manifestó que, mediante Resolución No. RDP 042672 del Diez ( 10) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis ( 2016), la Unidad modific ó la Resolución RDP 023183 del Veintitrés ( 23) de Junio de Dos Mil Dieciséis ( 2016), en su artículo décimo, para reportar a la Subdirección Financiera, las costas y agencias en derecho a cargo de la UGPP.

1.2. Sentencia de primera instancia.

reportar a la Subdirección Financiera, las costas y agencias en derecho a cargo de la UGPP.

1.2. Sentencia de primera instancia.

El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Villavicencio, mediante sentencia del Diecinueve (19) de septiembre de dos Mil Trece (2013) 3, en la audiencia inicial, accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

«PRIMERO: NEGAR las excepciones de FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR, AUSENCIA DE APORTES EN CUANTO A LOS FACTORES QUE SOLICITA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO y PRESCRIPCIÓN propuestas por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución O 04538d del 27 de diciembre de 2005, mediante la cual la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. (hoy UGPP), reconoció la pensión de jubilación a la señora MARÍA EUDOGIA GUTIERREZ DE BENITO, sin tener en cuenta todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios.

3 Folios 275 a 280, expediente físico.Número Interno: 5729-2019

Accionante: UGPP

Accionado: María Eudocia Gutiérrez de Benito

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TERCERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 046607 del 13 de septiembre de 2006, mediante la cual la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. (hoy UGPP), reliquido la pensión de vejez de la MARÍA EUDOCIA

septiembre de 2006, mediante la cual la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. (hoy UGPP), reliquido la pensión de vejez de la MARÍA EUDOCIA GUTIERREZ DE BENITO, por retiro definitivo, sin tener en cuenta todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios.

CUARTO: DECLARAR la nulidad total de la Resolución UGM 051771 del 11 de julio de 2012, mediante la cual la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E I.C.E. (hoy UGPP), negó la reliquidación de la pensión de vejez de la (sic) MARÍA EUDOCIA

GUTIERREZ DE BENITO.

QUINTO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPPque a título de restablecimiento del derecho, reconozca la pensión de jubilación a la señora EUDOCIA GUTIERREZ DE BENITO, identificada con C.C.

No. 41.670.075 de Bogotá, a partir del 7 de noviembre de 2008, por prescripción trienal, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, es decir, el periodo comprendido entre el del 31 de enero de 2005, al 31 de enero de 2006, y para tal efecto deberá incluir como factores salariales la asignación básica, primas de vacaciones, navidad, servicios, alimentación y transporte, con la aplicación de los ajustes que correspondan de conformidad con la Ley. De la condena se descontará lo que corresponde por concepto de aportes a los factores salariales que son reconocidos en este fallo.

aplicación de los ajustes que correspondan de conformidad con la Ley. De la condena se descontará lo que corresponde por concepto de aportes a los factores salariales que son reconocidos en este fallo.

SEXTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP - a que CANCELE a la señora EUDOCIA GUTIERREZ DE BENITO, las diferencias que resulten de la reliquidación con sus respectivos reajustes a partir, del 7 de noviembre de 2008, por prescripción trienal.

Las sumas que resulten a favor de la actora se ajustarán, tomando como base el IPC tal como lo ordena el inciso 4º del artículo 187 del CPAGA y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tal como lo prevé el artículo 192 del C.P. A.C.A.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por Secretaría y para tal efecto debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 393 del C.P.C.

OCTAVO: FIJAR como agencias en derecho la suma de $636.000 a cargo de la parte demandada.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones.»

El fundamento de la decisión adoptada, partió del hecho que, la demandante, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 15 años de servicio, lo que la hacía beneficiaria de la transición dispuesta en esta norma, debiendo aplicarse la Ley 33 de 1985, tanto en edad, tiempo de servicios, como en el monto de la pensión, incluyendo

hacía beneficiaria de la transición dispuesta en esta norma, debiendo aplicarse la Ley 33 de 1985, tanto en edad, tiempo de servicios, como en el monto de la pensión, incluyendo los factores salariales dispuestos en la norma aplicable, en amparo del principio de inescindibilidad de la ley y de acuerdo con la sentencia de Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010).

Bajo tales razonamientos, concluyó que la liquidación de la pensión de jubilación en este evento, correspondía al 75% de los factores salariales denominados, sueldo básico,Número Interno: 5729-2019

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Accionado: María Eudocia Gutiérrez de Benito

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prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicio, prima de alimentación y prima de transporte, devengados durante el último año de servicios, esto es, entre el Treinta y Uno (31) de Enero de Dos Mil Cinco (2005) y el Treinta y Uno de Enero de Dos Mil Seis (2006).

Enfatizó que, en el reconocimiento pensional, se desconoció el régimen jurídico que rige la pensión, por solo tener en cuenta la asignación básica para definir el monto pensional, disponiendo la reliquidación.

Finalmente, declaró prescritas las mesadas anteriores al Siete (7) de Noviembre de Dos Mil Ocho (2008), en razón a que la solicitud se efectuó en la misma data del año 2011; disponiendo adicionalmente, los descuentos sobre de aportes, frente a los factores que no se hubieren efectuado.

1.3. Sentencia objeto de revisión.

disponiendo adicionalmente, los descuentos sobre de aportes, frente a los factores que no se hubieren efectuado.

1.3. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014) 4, confirmó la sentencia de primer grado , condenando en costas a la demandada.

Como sustento de su decisión, señaló que, conforme a la Sentencia de Tres (3) de Febrero de Dos Mil Once, proferida por esta Corporación, en el expediente con radicado 25000-23-25-000-2007-01044-1, a la demandante le era aplicable el régimen de transición, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, correspondi entes a la asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de alimentación y prima de transporte, al encontrarse acreditados en el proceso.

También avaló la prescripción dispuesta p or la primera instancia , partiendo de la fecha de reclamación de la reliquidación pensional.

1.4. Causales de revisión invocadas.

Si bien, en las pretensiones de la demanda, se invocó únicamente la causal señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al sustentar la pretensión de la acción

4 Folios 280 a 285, expediente físico.Número Interno: 5729-2019

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de revisión, en el acápite denominado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN – DEMOSTRACIÓN DE LA

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de revisión, en el acápite denominado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN – DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN -», la UGPP invocó las causales de revisión establecida s en los literales: a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del mismo precepto, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto a la violación al debido proceso, aduce la parte actora que , la reliquidación pensional ordenada, no le corresponde a la demandada, porque lo correcto es que se tuvieran en cuenta los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, respecto del IBL y factores para liquidar la prestación, por lo que, las decisiones transgreden los principios superiores de legalidad, consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123 inciso 2° y 124 de la Constitución Política ; dado el irrespeto del interés general, sobreponiendo infundadamente el particular, en contravía de la ley y la jurisprudencia, atentando de manera flagrante contra los principios, derechos y deberes de los ciudadanos y asegurando el incumplimiento de los deberes sociales a cargo del Estado, al comprometer recursos públicos con una causa ilegítima, en perjuicio de los demás asociados.

Adicionalmente indicó, que el compromiso de dineros públicos sin sustento constitucional

comprometer recursos públicos con una causa ilegítima, en perjuicio de los demás asociados.

Adicionalmente indicó, que el compromiso de dineros públicos sin sustento constitucional o legal para ello, puede conllevar a que los funcionarios judiciales que así lo dispusieron, se vean inmersos en investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, porque la no rma constitucional les impone, estarse al ejercicio de las funciones que le son propias.

Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la consideró estructurada, por haberse accedido a la reliquidación pensional , en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Indicó que la transición que ampara a la señora Gutiérrez de Benito, aplica para la edad, tiempo y monto, pero, el ingreso base de liquidación, corresponde al 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años, o en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, tal como fue reconocida inicialmente por la extinta CAJANAL.

Consideró errónea la interpretación de los operadores judiciales, respecto del ingreso base de liquidación, porque en su criterio, se sustenta en una norma inexistente, porque la demandante no adquirió el derecho con anterioridad al Primero (1) de Abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), fecha de entrada en vigencia del Sistema GeneralNúmero Interno: 5729-2019

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de Pensiones, sino con posterioridad.

Accionante: UGPP

Accionado: María Eudocia Gutiérrez de Benito

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de Pensiones, sino con posterioridad.

Hizo una diferenciación entre los conceptos «Ingreso Base de Liquidación» y «Monto», siendo el primero, el periodo sobre el cual debe liquidarse la prestación sujeta al régimen de transición, mientras que, el segundo se refiere a la tasa de reemplazo que rige y que debe tomarse del régimen anterior , considerando que, debe tomarse el primero, a partir del efecto útil de las reglas de la Ley 100 de 1993, porque de lo contrario, no tendría sentido la redacción del inciso 3 del artículo 36 del precepto legal.

Luego de explicar la finalidad del régimen de transición, concluyó que la interpretación adoptada por las corporaciones judiciales, aunque resulta posible formalmente, en realidad contraviene postulados de rango constitucional, conduciendo a resultados desproporcionados, porque viola los criterios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, permitiendo la inyección de más subsidios pensionales por parte del Estado, para el pago de pensiones gobernadas por el régimen de transición.

Precisó que, la reliquidación pensional se otorgó contrariando el precedente fijado por la Corte Constitucional sobre la materia, en las sentencias: C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, así como en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017; los cuales, disponen las reglas para liquidar el ingreso base de liquidación, en el marco de las pensiones del

y T-039 de 2018, así como en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017; los cuales, disponen las reglas para liquidar el ingreso base de liquidación, en el marco de las pensiones del régimen de transición, por lo que, desconocerlas, implica que se incurra en un defecto sustantivo o material, que afecta la sostenibilidad financiera de las pensiones.

Enfatizó que, la liquidación de la mesada de la demandada, con la inclusión del 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el último año de servicios , comporta una afectación grave a la sostenibilidad financiera del sistema, puesto que, se incrementa el valor de la mesada pensional en un 0.30% de manera injustificada.

Concretó la configuración de un abuso del derecho, ante la mal interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el desconocimiento de los precedentes vinculantes de la Corte Constitucional respecto de la forma de liquidar el IBL, que dan cuenta del reconocimiento prestacional irregular, por lo que las decisiones judiciales no pueden mantenerse incólumes.Número Interno: 5729-2019

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Accionado: María Eudocia Gutiérrez de Benito

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1.5. Auto admisorio.

En providencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), se admitió la acción de revisión5.

1.6. Contestación de la demanda de revisión.

El auto que admitió la acción especial, fue notificado a la parte demandada el tres (3) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro ( 2024)6, quien, dentro del término otorgado, guard ó silencio7.

El auto que admitió la acción especial, fue notificado a la parte demandada el tres (3) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro ( 2024)6, quien, dentro del término otorgado, guard ó silencio7.

1.7. Concepto del Ministerio Público.

El agente del Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 8 y 20 de la Ley 797 de 2003 9, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)10.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, quedó ejecutoriada el Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014) , conforme certificó la secretaria del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio11, la demanda fue presentada el Once (11) de Octubre de Dos Mil Dieciocho

5 Expediente físico, cuaderno A, folios 312 y 313. 6 Samai, índice 00026. 7 Constancia de ello se dejó en el auto que decretó pruebas, sin manifestación alguna, como se observa en el expediente digital índice 00032 de Samai.

6 Samai, índice 00026. 7 Constancia de ello se dejó en el auto que decretó pruebas, sin manifestación alguna, como se observa en el expediente digital índice 00032 de Samai. 8 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 9 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 11 Sello sin folio, expediente físico, primera hoja de cuaderno 2.Número Interno: 5729-2019

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(2018)12, esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, s i el beneficio pensional de la demandada, fue obtenido con violación del debido proceso , y/o s i la cuantía de la pensión reconocida , excedió lo preceptuado en la ley.

797 de 2003, esto es, s i el beneficio pensional de la demandada, fue obtenido con violación del debido proceso , y/o s i la cuantía de la pensión reconocida , excedió lo preceptuado en la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judi ciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto

consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

12 Folio 15, expediente físico.Número Interno: 5729-2019

Accionante: UGPP

Accionado: María Eudocia Gutiérrez de Benito

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Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material13 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los pri ncipios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»14.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperid ad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo , so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la

utilizarse este medio impugnativo , so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios15.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite16 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 17, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 18», tal como el análisis que sobre su

13 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,

Suárez Vargas. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 16 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.

17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos ( 2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 18 Esta Corporación ha destacado que las particula