CE - Sentencia 11001032500020190082000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00820-00 (5940-2019) Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Accionada : Martha Beatriz Ortega Granadillo Trámite : Acción Especial de Revisión (artículo 20 de la Ley 797 de 2003) causal literal b Tema : Reliquidación de pensión de jubilación, conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985

Procede la Sala a decidir la Acción Especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en contra de la sentencia del Diez (10) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual, confirmó parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha el Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirmen las sentencias del Diez (10) de agosto

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirmen las sentencias del Diez (10) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha del veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias , y, declare que , la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, no tiene derecho a que su pensión de vejez sea reliquidada con la totalidad de factores salariales devengados durante el último año de servicios y se ordene la reliquidación y pago de la pensión que recibe, adoptando como ingresoNº Interno: 5940-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

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base de liquidación, las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la citada normatividad y, los f actores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995; C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU-395 de 2017.

Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte demandante.

Refirió que, la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, nació el Treinta (30) de julio

de 2015, SU-395 de 2017.

Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte demandante.

Refirió que, la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, nació el Treinta (30) de julio de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco (1955) y prestó sus servicios en el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar desde el Primero (1) de octubre de Mil Novecientos Setenta y Seis (1976) al Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Tres (2003).

CAJANAL a través de la Resolución UGM 015727 del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Once (2011), reconoció la pensión de veje z a la señora Ortega Granadillo, con el 75% del promedio devengado a partir del Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) al Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Tres (2003), en cuantía de Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Se tenta y Cinco pesos $784.575, efectiva a partir del Treinta (30) de julio de Dos Mil Diez (2010), condicionada al retiro del servicio.

A través de las Resolución RDP 021040 del 26 de diciembre de 2012, y RDP 32546 de 27 de octubre de 2014, Cajanal le negó a la señora Ortega la reli uidación de la pensión.

Precisó que, la señora Ortega Granadillo instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de CAJANAL, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones anteriormente mencionadas, que le negaron la reliquidación de la pensión.

restablecimiento del derecho en contra de CAJANAL, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones anteriormente mencionadas, que le negaron la reliquidación de la pensión.

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, el veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016) “anuló los actos administrativos y condenando a la UGPP, a reliquidar la pensió n en el 75% de todos los factores salarialesNº Interno: 5940-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

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devengados durante el último año de servicios, 31/3/2002 al 31/3/2003.” , Decisión confirmada “parcialmente” por el Tribunal Administrativo de la Guajira, en providencia del diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Con Resolución RDP 35761 del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), la UGPP dio cumplimiento a lo ordenado en las decisiones judiciales , reliquidando la pensión de vejez a favor de la señora Ortega Granadillo, con el 75% en cuantía de Un Millón Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cinco pesos $ 1.253.255,oo, efectiva a partir del Treinta (30) de julio de Dos Mil Diez (2010) por prescripción trienal.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, mediante sentencia del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) , accedió a las

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, mediante sentencia del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) , accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

El juzgado consideró que , la entidad demandada debe reliquidar la pensión de jubilación que le fue reconocida a la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al retiro del servicio, esto es, la asignación básica, subsidio de alimentación, incentivo de antigüedad, prima semestral, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación especial, prima de navidad.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo por la Caja Nacional de Previsión Social “CAJANAL” contenido en la (sic) Resoluciones No. UGM 015727 del 31 de octubre de 2011; por la cual se reconoció la pensión de jubilación a la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo; y la total de de (sic) la Resolución No. RDP 021040 del 26 de diciembre de 2012, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP” mediante la cual se negó la reliquidación de la pensión.

De igual forma la nulidad del acto ficto o presunto de la no contestación de la petición interpuesta por la accionante el 15 de julio de 2014, por medio de la cual se solicitó el

cual se negó la reliquidación de la pensión.

De igual forma la nulidad del acto ficto o presunto de la no contestación de la petición interpuesta por la accionante el 15 de julio de 2014, por medio de la cual se solicitó el reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de s obrevivientes con la inclusión de todos los factores salariales devengados por su causante (sic) durante el último año de prestación de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parteNº Interno: 5940-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

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motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento CONDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP”, a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, te niendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al retiro efectivo del servicio, es decir, desde el 31 de marzo de 2002 al 31 de marzo de 2003.

TERCERO: CONDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP” a cancelar las diferencias de las mesadas entre lo que se ha venido pagando por concepto de la pensión de jubilación reconocida mediante Resolución No. UGM 015727 de fecha 31 de octubre de 2011 y la reliquidación aquí ordenada debidamente indexada.

III. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

jubilación reconocida mediante Resolución No. UGM 015727 de fecha 31 de octubre de 2011 y la reliquidación aquí ordenada debidamente indexada.

III. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de La Guajira, con sentencia del Diez (10) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha del veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y agregó un nuevo párrafo al ordinal segundo (2°) de la sentenc ia, ordenando “excluir lo s factores salariales provenientes de normas locales, conforme las motivaciones precedentes”

El Tribunal luego de comprobar que la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y la aplicación del régimen previsto por la ley 33 de 1985, hizo alusión que los actos demandados están viciados de nulidad, toda vez que, los valores pagados a la demandante son inferiores a aquellos que arroja la liqu idación con todos los factores.

De acuerdo con la certificación salarial de la demandante consta los factores que sirvieron de base para los aportes de la pensión durante el año anterior al servicio de Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Dos (2002) a Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Tres (2003), que se establecieron tales como: la asignación básica mensual, subsidio de alimentación, incentivo de antigüedad, prima semestral, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación especial por

marzo de Dos Mil Tres (2003), que se establecieron tales como: la asignación básica mensual, subsidio de alimentación, incentivo de antigüedad, prima semestral, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación especial por recreación, prima de navidad y recargos nocturnos y festivos, los cuales deben incluirse para efectos de liquidar la pensión.Nº Interno: 5940-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

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Por lo anterior, hace referencia a la sentencia de unificación del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010) proferida por la sección Segunda del Consejo de Estado radicado 25000 -23-25-000-2006-07509 (0112 -09), para explicar el principio de sostenibilidad financiera de pensiones y por ello, “ordenará que de aquellos factores que no se tuvieron en cuenta para realizar aportes al Sistema General de Pensiones, pero que si se ordenan incluir en la liquidación de la pensión en primera instancia, se hicieran los descuentos respectivos, aspectos de confirmación (…)”

IV. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso acción especial de revisión 1, el Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), contra la anterior providencia, con fundamento en la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones: b) «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»,

Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones: b) «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»,

Aduce que , la sentencia cuya revisión solicita , ordenó un ajuste pensiona l q ue excede lo establecido por la legislación, pues es claro que de acuerdo con las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU631 de 2017 , debe adoptarse como ingreso base de cotización las direc trices fijadas en el inciso 3° del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, toda vez que, los factores salariales se debe aplicar únicamente los contenidos en el Decreto 1158 de 1994 y teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hacía falta para adquirir la pensión o 10 años.

V. TRÁMITE PROCESAL

4.1 Admisión del recurso. Mediante auto de l Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), se admitió la acción especial de revisión y se ordenó la notificación a la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo.

1Folios 1-10 del cuaderno principal núm. 2.Nº Interno: 5940-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

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4.2. Contestación de la demanda de revisión.

La demandada se opuso a las pretensiones de la acción de revisión, por cuanto, las

Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

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4.2. Contestación de la demanda de revisión.

La demandada se opuso a las pretensiones de la acción de revisión, por cuanto, las decisiones judiciales están debidamente sustentadas en los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables al momento del debate, además, tiene derecho a la reliquidación de la pensión de veje z con los factores salariales devengados el último año de servicios conforme lo ordena el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

4.3. Ministerio Público.

No emitió concepto.

VI. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 2 y 20 de la Ley 797 de 2003 3, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20194.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia quedó ejecutoriada el Veintidós (22) de enero de Dos mil Quince 5; la demanda fue presentada el Catorce (14) de enero de Dos mil Veinte (2020) 6, razón por la cual , no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»

2 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 3 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 4 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 5 De conformidad con la certifica ción expedida por el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, visible a folio 448 del cuaderno 3, expediente físico 6 Folio 1, cuaderno 1 expediente físico. E índice 1 del aplicativo SamaiNº Interno: 5940-2019

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2.3 Problema jurídico

Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si la sentencia del Diez (10) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017) , proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, se encuentra inmersa en el supuesto fáctico previsto en el literal b ) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como causal de revisión invocadas por la UGPP.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cu brir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad S ocial, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material7 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y

aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material7 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este

7 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.Nº Interno: 5940-2019

Demandante: UGPP

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caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»8.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, convertir esta vía en u na tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de los instrumentos extraordinarios9.

alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, convertir esta vía en u na tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de los instrumentos extraordinarios9.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), « que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite10 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 11, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 10 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado

10 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Ra d. 11001-03-15-000-2013-0211000]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001 -03-15-000-2012-01776-00 (REV)] . MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.

Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 11 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C -835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de rev isión en el CCA – hoy en el CPACA –.

sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de rev isión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Nº Interno: 5940-2019

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entidad propia12», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial13.

2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 -.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corres ponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y C-168 de 1995, a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues , aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues , aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que, impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

12 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de

2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Nº Interno: 5940-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

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Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los siguientes términos:

«ARTICULO.36.-Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, s erá el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los t rabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. (…)»

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010)14, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual , dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación

destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230 de 2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el ingreso bas e de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2006-7509-01.Nº Interno: 5940-2019

Demandante: UGPP

Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

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régimen anterior, sobre el ingr eso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que solo que fue superada hasta la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial de Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)15, en la cual, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Colegiatura modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes t