CE - Sentencia 11001032500020190088300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión y Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Blanca Nury Cardona Londoño

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. Vi

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 17 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia2, por medio de la cual se confirmó parcialmente el fallo del 7 de mayo de 201 3 emitido por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Blanca Nury Cardona Londoño.

I. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones3

pretensiones de la demanda presentada por Blanca Nury Cardona Londoño.

I. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones3

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó la revisión de las sentencias del 7 de mayo de 2013 y del 17 de octubre de 2014, proferidas por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-023-2012-00178-01, por medio de las cuales se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Blanca Nury Cardona Londoño contra la Ugpp y se ordenó reliquidar

1 En adelante Ugpp. 2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 05001-33-33-023-2012-00178-01; actor: Blanca Nury Cardona Londoño demandado: Ugpp 3 Páginas 1 a 11 del cuaderno principal.2

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019) Demandante: Ugpp la pensión de vejez con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias

Demandante: Ugpp la pensión de vejez con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria de que Blanca Nury Cardona Londoño no era acreedora de un derecho adquirido y por tanto, no le asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados en el último año de servicio; ii i) la reliquidación y pago de la pensión, según lo dispuesto en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018, y en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidos por la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75%, por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición creado por el Sistema General de Pensiones y no antes.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes 4:

4. Blanca Nury Cardona Londoño nació el 25 de marzo de 1953, prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde el 22 de agosto de 1975

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes 4:

4. Blanca Nury Cardona Londoño nació el 25 de marzo de 1953, prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde el 22 de agosto de 1975 hasta el 30 de junio de 2009 5 y el último cargo que desempeñó fue como

«SECRETARIO 209-06».

5. Adquirió el estatus pensional el 25 de marzo de 2008, sin embargo, s e retiró del servicio a partir del 1 de julio de 2009.

6. Con la Resolución 62512 del 31 de diciembre de 2008 se le reconoció una pensión de vejez en cuantía de $845.783.41 efectiva a partir del 1 de abril de 2008.

7. La Ugpp a través de la Resolución PAP18563 del 12 de octubre de 2010 le reliquidó la pensión de vejez en cuantía de $927.547 efectiva a partir del 1 de julio de 2009.

8. El Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín mediante fallo del 7 de

mayo de 2013 resolvió:

«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución No. PAP 018563 del 12 de octubre de 2010 proferida por la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en liquidación por medio del cual se reguló paralelamente una pensión mensual vitalicia de vejez, a la señora BLANCA NURY CARDONA LONDOÑO.

4 Ibidem. 55 En adelante DAS.3

en liquidación por medio del cual se reguló paralelamente una pensión mensual vitalicia de vejez, a la señora BLANCA NURY CARDONA LONDOÑO.

4 Ibidem. 55 En adelante DAS.3

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019)

Demandante: Ugpp

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión y a título de restablecimiento del derecho, deberá la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE en liquidación, liquidar la pensión vitalicia de vejez de la señora BLANCA NURY CARDONA LONDOÑO teniendo en cu enta lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, que determina los factores que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión, incluyendo la asignación básica, los incrementos por antigüedad, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, el subsidio alimentario, el auxilio transporte, prima de navidad, los gastos de representación. Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión dentro o fuera del país por un periodo no inferior a 180 días y prima de vacaciones. También incluirán en esta aplicación del precedente jurisprudencial enunciado la denominada prima de riesgo. La liquidación y pago de las mesadas halladas se actualizará n conforme a la fórmula expuesta de la parte motiva de esta providencia. También la entidad tendrá en cuenta la prescripción trienal de las mesadas y el que la actora se retiró el 1 julio de de 2009.

halladas se actualizará n conforme a la fórmula expuesta de la parte motiva de esta providencia. También la entidad tendrá en cuenta la prescripción trienal de las mesadas y el que la actora se retiró el 1 julio de de 2009.

TERCERO: La Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE liquidación deberá reliquidar de la pensión jubilación reconocida a favor actora a partir del 1 de julio de 2009, incluyendo como factor salarial la prima de riesgo conforme a las sentencias referenciadas, del Consejo Estado.

CUARTO: Las sumas adeudadas devengarán intereses comerciales dentro del término establecido en el artículo 192 del CPACA y moratorios a partir del vencimiento del mismo.

QUINTO: La entidad demandada deberá hacer la compensación de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena en esta providencia – en valores actualizados - y sobre los cuales no se hayan efectuado deducciones seguridad social.

SEXTO: No se condena costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 CPACA.»

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante fallo del 17 de octubre de 2014 confirmó parcialmente la sentencia antes mencionada, así:

«PRIMERO.- CONFIRMAR los numerales primero, cuarto, quinto y sexto de la sentencia proferida el 7 de mayo de 2013 por la Juez Veintitrés Administrativa de Oralidad del Circuito de Medellín

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia objeto de recurso de apelación, el cual quedará así:

proferida el 7 de mayo de 2013 por la Juez Veintitrés Administrativa de Oralidad del Circuito de Medellín

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia objeto de recurso de apelación, el cual quedará así:

"SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión y a título de restablecimiento del derecho, deberá la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, liquidar la pensión vitalicia de vejez de la señora BLANCA NURY CARDONA LONDOÑO teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, que determina los factores que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión, incluyendo la asignación básica, los incrementos por antigüedad, bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, el subsidio se alimentación, auxilio de transporte, Ia prima de navidad, los gastos de representación, los viáticos que reciban los funcionarios en comisión dentro o fuera del país por un periodo no inferior a 180 días y Ia prima de vacaciones, a partir del 1° de julio do 2009.

Sobre los nuevos factores a tener en cuenta para el reconocimiento de Ia pensión de vejez4

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019) Demandante: Ugpp reconocida a Ia señora BLANCA NURY CARDONA LONDOÑO, Ia UGPP deberá realizar

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019) Demandante: Ugpp reconocida a Ia señora BLANCA NURY CARDONA LONDOÑO, Ia UGPP deberá realizar todos los descuentos por concepto d e aportes obligatorios para el Sistema General d e Seguridad Social en Salud. Realizadas dichas deducciones, la entidad demandada deberá pagar a la señora CARDONA LONDOÑO las diferencias causadas, que resulten de la reliquidación, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia."

TERCERO. REVOCAR el numeral tercero del fallo recurrido.

CUARTO. CONDENAR en costas a la parte demandada […]»

10. En cumplimiento del anterior fallo la Ugpp profirió la Resolución RDP 38455 del 21 de septiembre de 2015, a través de la cual se reliquidó la pensión de vejez de la demandada en cuantía de $1.129.169, efectiva a partir del 1 de julio de 2009.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

11. En sentencia del 17 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp y confirmó parcialmente la decisión del 7 de mayo de 2013 emitida por el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín que accedió a las súplicas de la demanda.

12. Para tal efecto, se pronunció en estos términos6:

12.1. Blanca Nury Cardona Londoño nació el 25 de marzo de 1953, de manera que

12. Para tal efecto, se pronunció en estos términos6:

12.1. Blanca Nury Cardona Londoño nació el 25 de marzo de 1953, de manera que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 35 años de edad, por tanto, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem.

12.2. De acuerdo con el precedente del Consejo de Estado7 no era admisible aplicar por un lado la Ley 33 de 1985 para establecer la edad y el tiempo de servicios pero para efectos del cálculo del ingreso base liquidación aplicar lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que tal circunstancia transgredía los principio s de seguridad jurídica y de inescindibilidad normativa, que imposibilitaban la aplicación parcial de distintas normas y la elección de las disposiciones más convenientes de cada régimen.

12.3. La demandante tenía derecho a acceder a la pensión de vejez contenida en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 y a los factores salariales dispuestos en el artículo 18 de este último, por lo que se le debía reconocer el 75% del promedio mensual de los factores salariales devengados durante el último año de servicios «anterior al reconocimiento de la pensión, sin incluir la prima de riesgo.»

12.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado rectificó su posición al admitir que en

6 Folios 151 a 158. 7 Sentencia del 21 de septiembre de 2000. Expediente 470.99. MP Nicolás Pájaro Peñaranda.

12.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado rectificó su posición al admitir que en

6 Folios 151 a 158. 7 Sentencia del 21 de septiembre de 2000. Expediente 470.99. MP Nicolás Pájaro Peñaranda. Sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. Expediente. 0112 -2009. MP. Víctor Alvarado Ardila.5

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019) Demandante: Ugpp razón al carácter salarial de esta prima especial de los detectives , criminalísticos y conductores del DAS, se hicieron acreedores a que se incluyera esta prima en la liquidación de la pensión de jubilación, en consecuencia, comoquiera que Blanca Nury Cardona Londoño no se desempeñó como detective, ni como criminalístico, ni conductor del extinto DAS, sino como « SECRETARIO 309 -06» no resultaba procedente reconocer la prima de riesgo como factor salarial para efectos de establecer el ingreso base de cotización y liquidación de su pensión.

12.5. Sobre la suma que se ordenó reconocer a la demandante por concepto de las diferencias que se ocasionaran de la reliquidación de su pensión de vejez, se debía descontar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema General de Pensiones.

1.2. Las causales de revisión invocadas

13. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del

descontar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema General de Pensiones.

1.2. Las causales de revisión invocadas

13. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

14. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto Blanca Nury Cardona Londoño no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos ordenados, puesto que, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del IBL y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización , correspondientes a los recibidos en los últimos 10 años.

15. Se configuró la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por cuanto la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, y al haberse ordenado la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en la jurisprudencia.

1.2.1. Contestación de la acción especial de revisión

16. Blanca Nury Cardona Londoño no emitió pronunciamiento en esa oportunidad9.

1.2.2. Concepto del Ministerio Público

17. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto

.

2. Consideraciones

8 Folios 305 al 315. 9 Samai, índice 26.6

17. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto

.

2. Consideraciones

8 Folios 305 al 315. 9 Samai, índice 26.6

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019)

Demandante: Ugpp

2.1. Competencia

18. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

19. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 11, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

21. En el caso bajo examen la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 7 de noviembre de 2014 y la presente acción fue radicada el 7 de noviembre de 2019, lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. Problema jurídico

de noviembre de 2014 y la presente acción fue radicada el 7 de noviembre de 2019, lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. Problema jurídico

22. Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia se expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido a la demandada excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».7

artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».7

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019) Demandante: Ugpp 2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2012 de la Ley 797 de 200313 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

24. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

25. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

26. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica

cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

26. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o

en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.8

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019)

Demandante: Ugpp

definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el

del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

27. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que « las

legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

27. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que « las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»16.

28. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación17 han admitido

15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.9

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019) Demandante: Ugpp expresamente que la U gpp está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las c uales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

29. Por lo que, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

30. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicio.

31. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

32. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación

discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00883-00 (6368-2019) Demandante: Ugpp No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,