CE - Sentencia 11001032500020190095900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintinueve (29) de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00959-00 (6670-2019)1.

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionada : Josefina Melina Gutiérrez Morillo.

Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 26 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B . Causal regulada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGP P, contra las sentencias proferidas el Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017) , por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó parcialmente el fallo del veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Quince (2015), emitido por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , instaurada por la señora Josefina Melina Gutiérrez Morillo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

de nulidad y restablecimiento del derecho , instaurada por la señora Josefina Melina Gutiérrez Morillo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirmen las sentencias del veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Quince (2015), proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

1 Expediente hibrido. 2 Folios 1 a 9, expediente físico, cuaderno 1.Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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Segunda, Subsección B, mediante providencia del Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), dictadas dentro del expediente radicado No. 11001333501620150005900 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias.

Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende que:

Se declare que la señora Josefina Melina Gutiérrez Morillo, en relación con la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor a de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana y se ordene la reliquidación y pago de la pensión que recibe , adoptando como ingreso base de liquidación , las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la citada normatividad y, los

adoptando como ingreso base de liquidación , las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la citada normatividad y, los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995; C-258 de 2013, SU230 de 2015, SU-395 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que la señora Josefina Gutiérrez Morillo, nació el veinticuatro (24) de abril de Mi l Novecientos Cuarenta y Seis (1946) y prestó sus servicios en diversas entidades como: secretaría general de la Gobernación del Magdalena , departamento del Cesar, Instituto Nacional de Fomento municipal INNFOPA, Fondo Nacional Hospitalario y Fondo de Desarrollo Rural Integral DRI.

A través de Resolución No. 026367 del Trece (13) de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), CAJANAL reconoció pensión de vejez a la señora Gutiérrez Morillo, en cuantía de Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cuatro pesos con Setenta y Cuatro centavos ($248.674,74), efectiva a partir del primero (1) de mayo de Dos Mil Novecientos Noventa y Seis (1996).

Por medio de Resolución No.27800 del veintiuno (21) de noviembre de Dos Mil (2000), se reliquidó la pensión de vejez, por retiro definitivo, elevando el valor de la mesada , a Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cinco Mil pesos con Veinte

se reliquidó la pensión de vejez, por retiro definitivo, elevando el valor de la mesada , a Trescientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cinco Mil pesos con Veinte centavos ($399.975,20), efectiva a partir del primero (1) de enero de Dos Mil (2000).

Mediante resoluciones UGM 050735 del Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Doce (2012) y la No. RDP 056357 del trece (13) de diciembre de Dos M il Trece (2013), se negó la reliquidación de la pensión de vejez.Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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Finalmente, la entidad demandante reitera su determinación de no reliquidar la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, a través de Resolución No. ADP 002544 del trece (13) de marzo de Dos Mil Catorce (2014).

La demandada inconforme con la anterior decisión inició proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que correspondió al Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, que mediante sentencia del veintitrés (23) de octubre de Dos Mil Quince (2015), declaró la nulidad del acto demandado y ordenó la reliquidación sobre el 75 % de los factores devengados en el último año de servicio esto es: Treinta y uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998) al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998) al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

Decisión confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con providencia de Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), en la cual, ordenó modificar el ordinal segundo, en punto a excluir de la base de liquidación pensional el concepto de bonificación por recreación.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del veintiséis (26) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017) , confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, al considerar que, en la liquidación de la pensión de la señora Gutiérrez Morillo no se debía tener en cuenta, los conceptos de vacaciones y bonificación recreacional, por no constituir factor salarial y no debían incluirse en el ingreso base de liquidación, modificando el ordinal segundo del fallo de l veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), en el sentido de excluir de la base de liquidación pensional el concepto de bonificación por recreación3.

En efecto, el fallo de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos4:

El juzgado determinó que la señora Josefina Melida Gutiérrez Morillo, laboró al servicio del Estado en diferentes entidades como; Departamento del Magdalena, Departamento

3 Pagina 324-333 cuaderno No. 2

El juzgado determinó que la señora Josefina Melida Gutiérrez Morillo, laboró al servicio del Estado en diferentes entidades como; Departamento del Magdalena, Departamento

3 Pagina 324-333 cuaderno No. 2 4 pagina 361-371, cuaderno No. 2Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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del Cesar, Instituto de Fomento Municipal, Fondo Nacional Hospitalario y Fondo de Desarrollo Rural Integral, desde el Ocho (8) marzo hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999). El último cargo que desempeño fue el de Auxiliar Administrativo código 5120 grado 13, en el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, como lo certificó el coordinador del grupo de gestión integral de entidades liquidadas.

Por lo tanto, y al estar cobijada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su mesada debía reliquidarse conforme a lo establecido en la ley 4 de 1966 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, teniendo como base, el 75% sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio. Siendo procedente la reliquidación desde el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998) al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), incluyendo en la base de liquidación, no solo , la asignación básica y la bonificación por servicios prestados ya incluidas, sino también, subsidio de alimentación,

Nueve (1999), incluyendo en la base de liquidación, no solo , la asignación básica y la bonificación por servicios prestados ya incluidas, sino también, subsidio de alimentación, prima semestral de julio y diciembre, prima de vacaciones y bonificación por recreación.

La reliquidación debió efectuarse a partir del Primero (1°) de Enero de Dos Mil (2000), fecha en la que se hizo efectiva la pensión de retiro; sin embargo, debido a la prescripción trienal aplicable a las diferencias en las mesadas pensionales causadas antes del Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Once (2011), solo podían reclamarse aquellas generadas a partir de esa fecha, considerando que la solicitud de reliquidación fue presentada el Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Catorce (2014).

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Se DECLARA la nulidad de la Resolución No. ADP 002544 del 13 de marzo de 2014, en cuanto la UGPP, negó la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, de acuerdo con los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENE a la UGPP a reliquidar y pagar en forma indexada la pensión de vejez de la señora JOSEFINA MELINA GUTIERREZ MORILLO […] de manera que corresponda al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978[…]».Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

promedio de lo devengado en el último año de servicio de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978[…]».Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP invocó la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que la sentencia cuya revisión solicita ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legislación, pues , es claro que de acuerdo con las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018 el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición, de manera que, una correcta aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 impone liquidar la pensión de la señora Josefina Melina Gutiérrez Morillo con los aportes efectuados durante los últimos 10 años de servicio , o del promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta adquirir el derecho a la prestación, y, los factores de salario establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

1.4. Contestación de la demanda de revisión.

El auto admisorio de la acción, fue notificado personalmente a la señora Josefina Melina

el Decreto 1158 de 1994.

1.4. Contestación de la demanda de revisión.

El auto admisorio de la acción, fue notificado personalmente a la señora Josefina Melina Gutiérrez Morillo el Seis (6) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)5, quien, dentro del término otorgado, guardó silencio

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 6 y 20 de la Ley 797 de 2003 7, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación , contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198.

5 Samai, índice 25. 6 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 7 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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2.2. Oportunidad.

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada fue notificada el Ocho (8) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)9, cobró ejecutoria el 13 de ese mismos mes y año y la demanda fue presentada el Veintiocho (28) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019)10, razón por la cual, no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer , si la sentencia del Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, está incursa en la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la orden de reajuste pensional excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

9 Samai, índice 10 10 Pagina 9 reversosello de recibido en la sección segunda del Consejo de EstadoNúmero Interno: 6670-2019

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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material11 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad

o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material11 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»12.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios13.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala

instrumentos extraordinarios13.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 14 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis15, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso

11 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suár ez Vargas. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 d e febrero de 2013, exp. 15001 -0315-000-01027-00. 14 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas pr ocesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a con cluir que el recurso extraordinario de revisión

constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001 -03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C -835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contr a los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraor dinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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de las sentencias.Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia16», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial17.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, a partir de las cuales , se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación

100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que , impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación , por parte de los servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de b ase para los aportes durante el último año de servicio».

16 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001 -03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.

MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001 -03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014 -02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas, con arreglo a las cuales , resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 18, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual , la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010)19, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están

momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU -230 de 2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sob re el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que, solo fue superada hasta la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial de Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)20, en la cual, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo , modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

18 «ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es deci r, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es deci r, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son muje res o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentre n afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de di ez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DA NE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso ba se para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los traba jadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»

19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112 -2009. Demandante: Luis Mario Velandia.

Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001 -23-33000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.Número Interno: 6670-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Josefina Melina Gutiérrez Morillo

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«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fue