CE - Sentencia 11001032500020190097900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado: 11001032500020190097900 (6691-2019)1

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP) Demandada: Martha Calderón Peñaranda Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2014, por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión. Causal regulada en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Tema: Reliquidación pensión de jubilación Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuest a por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia del Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión; a través de la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del Treinta (30) de Agosto de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Cuarto (04) Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga; providencias judiciales que accedieron parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la s eñora Martha Calderón Peñaranda.

I. ANTECEDENTES

Bucaramanga; providencias judiciales que accedieron parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la s eñora Martha Calderón Peñaranda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia del Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014) , proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión; a través de la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del Treinta (30) de Agosto de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Cuarto (04) Administrativo del

1 Expediente híbrido. 2 Expediente físico, cuaderno 2, folios 1 a 10.Número Interno: 6691-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Calderón Peñaranda

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Circuito Judicial de Bucaramanga , dictadas dentro del proceso con radicado No. 68001333100320120005501 y, en su lugar, se declare que la señora Martha Calderón Peñaranda, con relación a la liquidación de la pensión, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana y se ordene la reliquidación de la pensión que recibe conforme a las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995,

de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que , la señora Martha Calderón Peñaranda, nació el Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos Cincuenta y Tres (1953), prestó sus servicios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN desde el Veinticuatro (24) de mayo de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983) hasta el Treinta (30) de Diciembre de Dos Mil Ocho (2008), y su último cargo desempeñado fue el de Gestor III.

Expuso que, a través de Resolución No. 50126 del Primero (1) de octubre de Dos Mil Ocho (2008)3, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal le reconoció una pensión de vejez a la demandada en cuantía de Un Millón Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Veintiún Pesos ($1.771.721.00), efectiva a partir del Primero (1) de abril de Dos Mil Ocho (2008), quedando condicionada al retiro del servicio.

Señaló que, mediante la Resolución No. PAP 1241 de Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Nueve (2009)4, se negó la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez presentadas por la actora.

Señaló que, mediante la Resolución No. PAP 1241 de Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Nueve (2009)4, se negó la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez presentadas por la actora.

Afirmó que, con fallo de l Treinta (30) de Agosto de Dos Mi Trece (2013)5 el Juzgado Cuarto (04) del Circuito Administrativo de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Calderón Peñaranda y declaró la nulidad de la Resolución No. PAP 001241 del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Nueve (2009), ordenando la reliquidación pensional incluyendo todos los factores salariales devengados el último año.

3 Expediente físico, cuaderno 1, folios 95 a 97. 4 Expediente físico, cuaderno 1, folios 130 vto a 132. 5 Expediente físico, cuaderno 1, folios 145 vto a 153.Número Interno: 6691-2019

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Contra la anterior sentencia se presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, mediante sentencia de l Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Catorce ( 2014)6, confirmando parcialmente la anterior decisión, precisando que la reliquidación pensional debería efectuarse teniendo en cuenta lo devengado durante el último año de servicios comprendido entre el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Siete (2007) al Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Ocho (2008),

cuenta lo devengado durante el último año de servicios comprendido entre el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Siete (2007) al Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Ocho (2008), incluyendo como factores además de los ya tenidos en cuenta, los siguientes: incentivo por desempeño gestión, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios o semestral y referencia a jefatura; además, precisó que en caso de no haberse pagado los aportes de ley sobre aquellos deberían realizarse las compensaciones que h ubiera lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes.

Finalmente, indicó que el fallo quedó ejecutoriado el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004); además que, en cumplimiento del fallo la entidad emitió la Resolución No. RDP 018101 del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Quince (2015) 7, reliquidando la pensión de vejez a favor de la demandada , la cual fue otorgada en cuantía de Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos ($2.577.428.00), efectiva a partir del Primero (1) de enero de Dos Mil Nueve (2009).

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión, mediante sentencia de Trece (13) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014)8, confirmó parcialmente la sentencia de primer grado, salvo el artículo tercero, el cual modificó de la siguiente manera:

«PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga , el treinta (30) de Agosto de dos mil trece (2013), así:

«PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga , el treinta (30) de Agosto de dos mil trece (2013), así:

TERCERO: En consecuencia, la entidad demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP (CAJANAL E.I.C.E) deberá reliquidar la pensión de jubilación concedida a MARTHA CALDERON PEÑARANDA, a partir del 30 de diciembre de 2008, incluyendo todos los conceptos por e lla devengados en el último año de prestación del servicio, comprendido entre el 30 de diciembre de 2007 a 30 de diciembre de 2008, además de los ya reconocidos los siguientes: Incentivo por Desempeño Gestión, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima d e Servicios o semestral y referencia a jefatura. La demandada, en caso de no haberse pagado los aportes de ley, deberá realizar las compensaciones que haya lugar, al momento de pagar las mesadas correspondientes.

SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos, la sentencia de treinta (30) de agosto de dos mil trece […]»

6 Expediente físico, cuaderno 1, folios 139 vto a 145. 7 Expediente físico, cuaderno 1, folios 193 a 196. 8 Expediente físico, cuaderno 1, folios 139 vto a 145.Número Interno: 6691-2019

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Accionado: Martha Calderón Peñaranda

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8 Expediente físico, cuaderno 1, folios 139 vto a 145.Número Interno: 6691-2019

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Accionado: Martha Calderón Peñaranda

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Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que la señora Martha Calderón Peñaranda era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; por tanto, el régimen pensional que la gobierna es la Ley 33 de 1985, pues, los servicios los prestó en el cargo de funcionario de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Al ser beneficiaria del citado régimen de transición, conforme lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia proferida el Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), para la reliquidación de su pensión se deben tener en cuenta todos los factores salariales que fueron devengados durante el último año. En tal sentido indicó que, según lo certificado, durante el último año de servicios prestados comprendido de l Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Siete (2007) al Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Ocho (2008) 9; la demandante percibió la asignación mensual, prima de dirección, referencia a jefaturas, prima de vacaciones, sueldo de vacaciones, factor salarial vacaciones, bonificación por recreación, índice desempeño gestión, índice desempeño grupal, bono extraordinario, factor nacional, prima de servicios, bonificación por servicios, con sus respectivos ajustes.

No obstante lo anterior, precisó que los factores bonificación por recreación , prima de dirección, incentivo por desempeño factor grupal y el factor nacional, no son factor salarial

factor nacional, prima de servicios, bonificación por servicios, con sus respectivos ajustes.

No obstante lo anterior, precisó que los factores bonificación por recreación , prima de dirección, incentivo por desempeño factor grupal y el factor nacional, no son factor salarial y, en consecuencia, no pueden servir de base en la liquidación; lo anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 15 del Decreto 2710 de 2001, artículo 4, 5 y 7 del Decreto 1268 de 1999, respectivamente; en igual sentido, precisó que tampoco son factor salarial el sueldo de vacaciones y factor salarial vacaciones, comoquiera que aquell os corresponden a un descanso remunerado.

Respecto a la prima de vacaciones y de navidad objeto de rec urso de apelación por la parte demandada resaltó que , de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 se les otorgó la categoría de factores salariales y son base para la liquidación de los aportes pensionales; por tanto, deben conformar el ingreso base de la liquidación.

Así las cosas, ordenó la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta los factores salariales que fueron devengados durante el último año por la demandada , esto es, además de los ya incluidos, el incentivo por desempeño gestión, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios o semestral y referencia a jefatura; aclarando que, en caso de no haberse efectuado l os aportes pensionales sobre aquellos, la entidad

9 Expediente físico, cuaderno B, folios 126 vto a 128.Número Interno: 6691-2019

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Accionado: Martha Calderón Peñaranda

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9 Expediente físico, cuaderno B, folios 126 vto a 128.Número Interno: 6691-2019

Accionante: UGPP

Accionado: Martha Calderón Peñaranda

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estaba facultada a realizar los descuentos respectivos.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó la causal de revisión establecida en los literales a) 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso »; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto a la violación al debido proceso, aduce la parte actora que la sentencia recurrida se apartó de lo establecido en la normativa y la jurisprudencia accediendo a realizar la reliquidación de la prestaci ón conforme a una interpretaci ón errada, pues, el IBL debe ser el establecido en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21, ambos, de la Ley 100 de 1993; así como, los factores salariales son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, reiteró que la cuantía de la mesada pensional fijada en virtud del fallo objeto de esta acción es contraria a las reglas jurisprudenciales que regulan la materia.

Sostuvo que, el IBL aplicable al caso de la demandada es el contenido en la Ley 100 de

acción es contraria a las reglas jurisprudenciales que regulan la materia.

Sostuvo que, el IBL aplicable al caso de la demandada es el contenido en la Ley 100 de 1993, esto es, el salario promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años; además, los factores salariales a tener en cuenta son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994; ya que el estatus de pensionada lo a dquirió en vigencia de dicha norma, no hacerlo de esa manera genera detrimento y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional.

En ese sentido, resaltó que, la forma en la que se debe liquidar las pensiones sometidas al régimen de transición, son conforme a las reglas previstas en el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, pero conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como tasa de reemplazo del r égimen anterior, señalando que mediante sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU427 de 2016, SU -210 de 2017, SU - 395 de 2017 y SU -631 de 2017, se ha establecido un preceden te constitucional inequívoco sobre la materia.

Sumado a lo anterior, respecto de la causal en cita, expuso que, aplicar el IBL con el 75%Número Interno: 6691-2019

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Accionado: Martha Calderón Peñaranda

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de lo devengado en el último año de servicios con la inclusi ón de todos los factores salariales en aplicación a lo dispuesto en Ley 33 de 1985, desconoce la normatividad y

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de lo devengado en el último año de servicios con la inclusi ón de todos los factores salariales en aplicación a lo dispuesto en Ley 33 de 1985, desconoce la normatividad y el precedente constitucional antes referido , pues, la pensión de la demandada fue incrementada en un 31.26%, lo cual afectó la sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación legal ni jurisprudencial.

1.4 Auto admisorio

Por medio de providencia del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) se admitió el recurso extraordinario de revisión10.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

Notificado el auto que admitió el recurso extraordinario11, la parte pasiva se pronunció de la demanda de revisión 12 y solicitó mantener incólume la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión , al considerar que, no se configuró ninguna violación al debido proceso ni exceso en la reliquidación.

1.6 Concepto del Ministerio Público13

El agente del Ministerio Público emitió concepto solicitando declarar infundado el recurso, toda vez que, en el caso concreto no se podían aplicar las reglas y subreglas de la sentencia de unificación expedida en el año 2018 por el Consejo de Estado; dado que, el fallo recurrido fue proferido mucho antes de haberse publicado la referida sentencia.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA14 y 20 de la Ley 797 de 2003 15, en concordancia con lo

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA14 y 20 de la Ley 797 de 2003 15, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201916.

10 Expediente digital, Samai, índice 29. 11 Samai, índice 44. 12 Expediente digital, Samai, índice 45. Así como, auto de decreto de pruebas, donde se tuvo por contestada la demanda. 13 Expediente digital, Samai, índice 37. 14 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 15 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cub rir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».Número Interno: 6691-2019

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2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de

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2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión , quedó ejecutoriada el Dos (2) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014) 17; y la demanda fue presentada el Dos (2) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019)18, esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del (13) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional del demandante fue obtenido con violación del debido proceso y/o si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

17 Folio 171. 18 Folio 10 vto.Número Interno: 6691-2019

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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá soli citarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material19 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un

herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»20.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios21.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

19 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 6691-2019

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que el trámite22 […] pues esta acción especial “tiene un carácter su i generis23, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 24», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial25.

2.4.2 Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias

Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciale s que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado26:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se

y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se

22 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una inst ancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la senten cia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 1100103-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001 -03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 23 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis”

de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 24 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 20 19; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto

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produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección

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produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derech o al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 27 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 28.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el l iteral b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley

de 2017 y SU -631 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al ampar