CE - Sentencia 11001032500020190100800 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2019-01008-00 (6722-2019)1.

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionada : María del Pilar Rico Linares.

Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –

Sección Segunda – Subsección E Sala de Descongestión. Causal regulada en los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la sentencia del Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E - Sala de Descongestión ; mediante la cual, se confirmó parcialmente el fallo del Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), dictado por el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito de Bogotá en Descongestión , providencias judiciales que accedieron a las súplicas de la demanda, dentro del proceso de nulidad y

Primero (1º) Administrativo del Circuito de Bogotá en Descongestión , providencias judiciales que accedieron a las súplicas de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por la señora María del Pilar Rico Linares.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión , prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende que se infirme la sentencia del Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de

1 Expediente hibrido. 2 Folio 1 a 10, expediente físico.Número Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E - Sala de Descongestión, mediante la cual, confirmó parcialmente el fallo del Treinta (30) de Noviembre d e Dos Mil Doce (2012), dictado por el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito de Bogotá en Descongestión, dentro del expediente identificado con radicado 11001-33-31-011-201200049-01 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias y se declare que, la señora María del Pilar Rico Linares, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana.

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la reliquidación de la pensión de la

señora María del Pilar Rico Linares, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana.

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la reliquidación de la pensión de la demandada teniendo como ingreso base de liquidación (IBL) lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994 ; así como, una tasa de reemplazo del 75%, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU427 de 2016; SU210 de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, la señora María del Pilar Rico Linares nació el Ocho (8) de Agosto de Mil Novecientos Sesenta y Tres (1963) y que prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, desde el Dieciséis (16) de Octubre de Mi l Novecientos Ochenta y Cuatro (1984 ), hasta el Treinta (30) de Diciembre de Dos Mil Diez (2010), en el cargo de detective especializado.

Agregó que, la extinta Cajanal mediante Resolución 008773 del Once (11) de Agosto de Dos Mil Diez (2010 )3, reconoció una pensión de vejez a la señora María del Pilar Rico Linares, a partir del Primero (1º) de Julio de Dos Mil Nueve (2009 ), en cuantía de Un

Dos Mil Diez (2010 )3, reconoció una pensión de vejez a la señora María del Pilar Rico Linares, a partir del Primero (1º) de Julio de Dos Mil Nueve (2009 ), en cuantía de Un Millón Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta Pesos con Noventa y Cinco centavos ($1.084.370,95), condicionado a demostrar el retiro definitivo del servicio.

Posteriormente, mediante Resolución UGM 020950 del Diecinueve (19) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012) 4, la extinta Cajanal , reliquidó la pensión de la demandada, en un monto de Un Millón Ciento Treinta y Un Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos ($1.131.288), efectiva a partir del Primero (1º) de Enero de Dos Mil Once (2011).

3 Folios 101 a 104, expediente digital. 4 Folios 129 a 131, expediente digital.Número Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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Señala que, el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito de Bogotá en Descongestión, mediante sentencia del Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012)5, declaró la nulidad de la Resolución UGM 020950, ordenó a CAJANAL reliquidar la pensión de la demandada, teniendo en cuenta el 75% de l promedio de todo lo devengado durante el último año de prestación de servicios , esto es, desde el Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Diez ( 2010) hasta el Treinta y Uno ( 31) de agosto de

devengado durante el último año de prestación de servicios , esto es, desde el Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Diez ( 2010) hasta el Treinta y Uno ( 31) de agosto de (2011), incluyendo los factores salariales señalados en el Decreto 1933 de 1989, así: asignación básica, doceava parte de la bonificación por servicios prestados, doceava parte de la prima de servicios, doceava parte de la prima de navidad y doceava parte de la prima de vacaciones, previo el correspondiente descuento, por los factores sobre los cuales no se hubieren hecho aportes al sistema pensional.

Esta decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E - Sala de Descongestión, en providencia de Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014) 6, la cual, simplemente adicionó como factor computable para la liquidación de la pensión, la prima de riesgo, que no había sido incluida en la orden de reajuste, dictada en primera instancia.

Indicó que, el anterior fallo quedó ejecutoriado el Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014)7.

Finalmente agregó que, dando cumplimiento al fallo precitado , la entidad demandante , mediante Resolución RDP 007530 del Veinticinco (25) de Febrero de Dos Mil Quince (2015)8, reliquidó la pensión de vejez de la señora María del Pilar Rico Linares, elevando la cuantía a Un Millón Novecientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Nueve Pesos ($1.956.809), a partir del Primero (1º) de Enero de Dos Mil Once (2011).

la cuantía a Un Millón Novecientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Nueve Pesos ($1.956.809), a partir del Primero (1º) de Enero de Dos Mil Once (2011).

1.2. Sentencias objeto de revisión.

El Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito de Bogotá en Descongestión , mediante sentencia del Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la extinta Cajanal , reliquidar la pensión de la demandada, teniendo en cuenta el 75% de todo lo devengado durante el último año de

5 Folios 166 reverso a 176, expediente digital. 6 Folios 176 reverso a 184, expediente digital. 7 Folio 162, expediente digital. 8 Folios 152 a 156, expediente digital.Número Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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prestación de servicios (del 31 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2011) 9.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E – Sala de Descongestión, mediante sentencia del Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), modificó parcialmente la decisión de primera instancia, para incluir en la liquidación de la mesada pensional, la prima de riesgo10.

Precisó el Tribunal que, en el caso de la demand ante, el régimen pensional que debía aplicarse, era el previsto para los dactiloscopistas y detectives del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS -, o mejor, el establecido en los Decreto s 1047 de

Precisó el Tribunal que, en el caso de la demand ante, el régimen pensional que debía aplicarse, era el previsto para los dactiloscopistas y detectives del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS -, o mejor, el establecido en los Decreto s 1047 de 1978 y 1933 de 1989, asimismo, explicó que , tales normas no fijaron una regla para determinar la cuantía de la pensión, con tal fin, debe acudirse al artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, junto con la inclusión de los factores salariales enlistados en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.

Por consiguiente, explicó que, a la luz de la postura reiterada de esta Corporación , respecto a la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 199311, la pensión de la demandante debía ser liquidada, teniendo en cuenta el 75% de todos los componentes de salario devengados durante el último año de servicios; previo el descuento correspondiente, por los factores sobre los cuales no se hubieran hecho aportes al sistema pensional.

Lo anterior, reiteró la postura del Juez de primera instancia, pero el debate en segunda instancia se centró en la inclusión en la liquidación de la prestación económica, denominada prima de riesgo, la cual, el Tribunal consideró debía ser incluida, con base en el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 12 y la sentencia del Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Diez (2010), de esta Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del conejero Gustavo Gómez Aranguren, en el

de Dos Mil Diez (2010), de esta Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del conejero Gustavo Gómez Aranguren, en el expediente 568-2008 y la sentencia de unificación del Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), que reiteraron la noción de salario, como remuneración habitual y periódica, que sirve de contraprestación por los servicios que presta la trabajadora o el trabajador.

9 Folios 166 reverso a 176, expediente digital. 10 Folios 176 reverso a 184, expediente digital. 11 Consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010.

Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Expediente: 2500232500020060750901. 12 Artículo 73. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinc o por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin.Número Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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1.3. Causales de revisión invocadas.

Si bien, en las pretensiones de la demanda se invocó únicamente la causal señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para sustentar la pretensión de la acción especial de revisión, en el acápite denominado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN –

el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para sustentar la pretensión de la acción especial de revisión, en el acápite denominado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN – DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN -», la UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales: a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del mismo precepto, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto al citado literal a) adujo que, la sentencia cuya revisión solicita violó el debido proceso por cuanto; «[…] la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante en los términos ordenados en estas no le corresponde, pues lo correcto es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación, por lo anterior se considera que el fallo acusado transgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, inciso 2° y 124 de la Carta Política».

Y más adelante manifestó: «[…] en cuanto al IBL se debe aplicar la norma general que es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, de allí que la pensión de vejez se debe liquidar con el promedio de lo establecido en los últimos 10 años de servicio incluyendo únicamente los factores taxativamente contemplados en el

21 de la Ley 100 de 1993, de allí que la pensión de vejez se debe liquidar con el promedio de lo establecido en los últimos 10 años de servicio incluyendo únicamente los factores taxativamente contemplados en el decreto reglamentario 1157 de 1994; pese a estar esto acreditado, los jueces de conocimiento se apartaron de lo establecido normativa y jurisprudencialmente accediendo a realizar la reliquidación en el trámite judicial, conllevando a la violación del debido proceso en el caso concreto, por lo que resulta necesario declarar probada la causal invocada y revocar la decisión recurrida».

Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, adujo que , el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hizo una diferenciación entre los conceptos «Ingreso Base de Liquidación» y «Monto», siendo el primero, el periodo sobre el cual debe liquidarse la prestación sujeta al régimen de transición, mientras que, el segundo, se refiere a la tasa de reemplazo que rige y que debe tomarse del régimen an terior. Partiendo de lo expuesto, señaló que, las pensiones de los beneficiarios de régimen de transición deben liquidarse con las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y mo nto del régimen anterior, pero con los factores salariales descritos en el Decreto 1158 de 1994.

Igualmente, aseguró que, las «[…] sentencias objeto de revisión, incurren en la causal antes referidaNúmero Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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toda vez que al momento de aplicar una disposición normativa e interpretarla en contrariedad a las disposiciones normativas y al precedente constitucional, ordenado reliquidar la pensión de vejez por cumplir con los requisitos del régimen de transición establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 d e la señora (SIC) MARIA DEL PILARRICO LINARES, aplicando el ingreso base de liquidación el 75% del promedio devengado el último año de servicios, con la inclusión de los factores salariales en aplicación a lo dispuesto en Decreto 1047 de 1978, desconoce la normatividad y el precedente constitucional antes referido, constituyendo así en una grave afectación a la sostenibilidad financiera del sistema toda vez que contribuye a aumentar para el caso concreto en un 42.19% la mesada pensional de la causante sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello». (Negrillas del texto)

1.4. Trámite procesal.

La acción especial de revisión fue presentada ante esta Corporación el Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019 )13; posteriormente, admitida mediante auto del Seis (6) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024)14 y notificada personalmente a la señora María del Pilar Rico Linares el Treinta y Uno (31) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024)15.

1.5. Contestación de la demanda de revisión16.

Mediante escrito allegado el Dieciocho (18) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),

(2024)15.

1.5. Contestación de la demanda de revisión16.

Mediante escrito allegado el Dieciocho (18) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), la señora María del Pilar Rico Linares , por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda de revisión.

Como primer argumento de defensa, el apoderado expresó que, lo que pretende la UGPP con la acción extraordinaria, es reabrir el debate que se resolvió en primera y segunda instancia, sin respaldo jurídico, ni probatorio. En ese entendido, señaló que, nunca existió duda frente al régimen pensional al que pertenecía la señora Rico Linares, tanto es así que, se le reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación, luego de validar el cumplimiento del único requisito objetivo previsto por el Decreto 1047 de 1978, 1835 de 1994 ,1933 de 1989 y demás normas concordantes y complementarias.

Planteó que , la demandante no fue beneficiaria del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que, lo fue del régimen de transición

13 Sello de secretaría, visible a folio 10 del expediente físico. 14 Expediente digital – índice 00019 de Samai. 15 Expediente digital - Índice 00031 de Samai – archivo PDF 31RECIBEMEMORIAL_DespachoC_010ActaNotificacionP. 16 Expediente digital - Índice 00034 de Samai – archivo PDF 034_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONMPRL18.Número Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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del Decreto 1835 de 1994, con el cumplimiento de las exigencias previstas por el Decreto 1047 de 1978, en concordancia por el Decreto 1933 de 1989 y el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, de tal suerte que, no tienen ningún ánimo de prosperidad los argumentos de la acción especial de revisión, por desatender las reglas de liquidación previstas para el régimen de transición pensional, cuando realmente, aquellas reglas no eran aplicables al caso de la demandada.

De otro lado, planteó que, la presente acción especial de revisión se soportó en una línea jurisprudencial sobreviniente a la decisión judicial que ordenó el reajuste pensional de la demandada, asimismo, planteó que tampoco se ha demostrado que, la expedición de las sentencias expuestas y reconocidas como fuente de derecho, tengan efectos retroactivos para anular o invalidar fallos debidamente ejecutoriados , mucho menos que , realmente fuera aplicables al caso de la demandante, pues, la primera de las sentencias que integra la línea jurisprudencial, la sentencia C -258 de 2013, estaba dirigida al régimen especial de pensión de los congresistas.

Finalmente, adujo que , la acción especial de revisión cuenta con unas finalidades especiales, por las cuales , no puede ser empleada como intento de revivir el debate probatorio que se dio en el proceso, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal.

1.6 Ministerio Público.

No emitió concepto alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

probatorio que se dio en el proceso, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal.

1.6 Ministerio Público.

No emitió concepto alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201918.

17 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 18 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».Número Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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2.2. Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna , toda vez que, la sentencia revisada fue proferida el Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E - Sala de Descongestión, y quedó ejecutoria el Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014)19; por su parte, la acción especial de revisión fue radicado el Diez (10) de Diciembre de Dos

Descongestión, y quedó ejecutoria el Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014)19; por su parte, la acción especial de revisión fue radicado el Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019)20, concluyéndose que no fue superado el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala , establecer si la sentencia del Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E Sala de Descongestión, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y/o, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de d inero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de

pública la obligación de cubrir sumas periódicas de d inero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de H acienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

19 Folio 247 del expediente físico, cuaderno No. 2. 20 Sello de secretaría, visible a folio 10 del expediente físico.Número Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Dicha acción, está orientada a restablecer la justicia material 21 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al

jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»22.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica qu e se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia de l Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos , no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios23.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

21 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 6722-2019.

Accionante: UGPP.

Accionado: María del Pilar Rico Linares.

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que el trámite24 […] pues esta acción especial “tiene un ca rácter sui generis25, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 26», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial27.

2.4.1. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias

• Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado28:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente;

24 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena

procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 25 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario d e revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas p