CE - Sentencia 11001032500020190102000 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Demandado: Gilma Gómez Rodas

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía reconocida no excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección laboral de descongestión por medio de la cual se confirmó la decisión del 26 de julio de 2013 emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín que accedió parcialmente

Administrativo de Antioquia, Subsección laboral de descongestión por medio de la cual se confirmó la decisión del 26 de julio de 2013 emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Gilma Gómez Rodas.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Antioquia , Subsección laboral de descongestión que confirmó la decisión del 26 de julio de 201 3 emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín dentro del medio de

1 En adelante Ugpp2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019) Demandante: Ugpp control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-31-0052008-00177-01, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Gilma Gómez Rodas y, en consecuencia, declaró la i) nulidad del acto ficto o presunto configurado con ocasión de la solicitud presentada el 30 de agosto de 2007 en la Caja Nacional de Previsión Social 2; ii) la nulidad del acto contenido en la comunicación 8311058-0174 del 7 de marzo de 2008, proferida por

agosto de 2007 en la Caja Nacional de Previsión Social 2; ii) la nulidad del acto contenido en la comunicación 8311058-0174 del 7 de marzo de 2008, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 3; y la iii) nulidad parcial de las resoluciones 7554 del 9 de febrero de 2005 y 49159 del 18 de septiembre 2006 «en lo que hace referencia a los factores salariales y la cuantía de la pensión de la actora, y en consecuencia la parte demandada deberá actualizar la base de liquidación de la pensión de jubilación […] teniendo en cuenta los factores salariales devengados en el último año, siempre y cuando no sean de carácter extra legal».

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que Gilma Gómez Rodas no era acreedora de un derecho adquirido y por tanto, no le asistía derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados en el último año de servicio; ii) la reliquidación y pago de la pensión, según lo dispuesto en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -631 de 2017, T039 de 2018 y SU-395 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75%, por haber

21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75%, por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Gilma Gómez Rodas nació el «31 de diciembre de 1945», prestó sus servicios en el Ministerio de Hacienda desde el 3 de marzo de 1961 hasta el 16 de mayo de 1970 y en la DIAN desde el 1º de febrero de 1977 hasta el 30 de junio de 2005.

3.2. Mediante la Resolución 7554 del 9 de febrero de 2005, Cajanal EICE reconoció una pensión de jubilaci ón, en cuantía de $ 1’010.006, efectiva a partir del 1º de diciembre de 2004, condicionada al retiro definitivo del servicio.

3.3. A través de la Resolución 49159 del 21 de septiembre de 2006, Cajanal EICE reliquidó la prestación en cuantía de $1’125.998, efectiva a partir del 1º de julio de

2 En adelante Cajanal EICE. 3 En adelante DIAN.3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019)

Demandante: Ugpp

2005.

3.4. Con la Resolución 57833 del 26 de noviembre de 2006, Cajanal EICE negó la reliquidación de la pensión reconocida.

3.5. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control

2005.

3.4. Con la Resolución 57833 del 26 de noviembre de 2006, Cajanal EICE negó la reliquidación de la pensión reconocida.

3.5. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo4, en orden a que se declarara la nulidad del i) acto ficto mediante el cual fue negada la reliquidación de pensión de jubilación; ii) el acto contenido en la comunicación No. 83110580174 del 7 de marzo de 2008, a través del cual la DIAN decidió no reajustar el valor de la pensión reconocida y la nulidad parcial de las resoluciones 049159 del 18 de septiembre de 2006 y 07554 del 9 de febrero 2005.

3.6. Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín, mediante la sentencia del 2 6 de julio de 201 3, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual resolvió:

«PRIMERO. SE DECLARA no prosperas las excepciones propuestas por las partes accionadas […] SEGUNDO. SE DECLARA LA NULIDAD del acto ficto o presunto configurado por la falta de respuesta frente a la petición realizada por la actora frente a la Caja Nacional de Previsiones – CAJANAL-, el pasado 30 de agosto de 2007, mediante el cual se entiende ne gada la reliquidación de la pensión de vejez con inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicios. TERCERO. SE DECLARA LA NULIDAD del acto contenido en la comunicación No.

entiende ne gada la reliquidación de la pensión de vejez con inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicios. TERCERO. SE DECLARA LA NULIDAD del acto contenido en la comunicación No. 8311058-0174 del 7 de marzo de 2008, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- […] CUARTO. SE DECLARA LA NULIDAD parcial de la Resolución No. 7554 del 9 de febrero de 2005 y Resolución No. 49159 del 18 de septiembre de 2006 proferidas por la Caja Nacional de Previsiones – CAJANAL-, en lo que hace referencia a los factores salariales y la cuantía de la pensión de la actora, y en consecuencia la parte demandada deberá actualizar la base de liquidación de la pensión de jubilación de la señora Gilma Gómez Rodas teniendo en cuenta los factores salariales devengados el último año, siempre y cuando no sean de carácter extra legal. QUINTA. SE ORDENA A CAJANAL EICE reliquidar a título de restablecimiento del derecho la pensión de vejez de la actora teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por esta el último año de servicios […] SEXTO. LA DIRECCIÓN DEI MPUESTO Y ADUANA NACIONALES –DIAN-, deberá asumir el valor de los aportes o cotizaciones sobre los factores que no se hubieren efectuado, en el porcentaje que como empleador le corresponda sobre los factores que no se hubieren pagad o; asimismo se autoriza a la Caja Nacional de Previsiones – CAJANAL-, para que sobre el porcentaje de los factores que no se hubieren efectuado aporte o cotizaciones por la parte que le correspondía al empleado, los calcule y los

no se hubieren pagad o; asimismo se autoriza a la Caja Nacional de Previsiones – CAJANAL-, para que sobre el porcentaje de los factores que no se hubieren efectuado aporte o cotizaciones por la parte que le correspondía al empleado, los calcule y los

4 En adelante CPACA.4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019) Demandante: Ugpp descuente del retroactivo a reconocer a la actora»5.

3.7. En c ontra de la anterior providencia la DIAN y Cajanal EICE interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala laboral de descongestión, mediante sentencia del 19 de noviembre de 2014, en la que se confirmó la providencia recurrida.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 19 de noviembre de 201 4, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala laboral de descongestión resolvió el recurso de apelación interpuesto por la DIAN y Cajanal EICE , en la cual confirmó la decisión del 26 de julio de 2013 emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín, que ordenó la reliquidación de la pensión de Luis Oscar Guarín Hernández, sobre el 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el último año de servicio [desde el 1º de julio de 2004 hasta 1º de julio de 2005] como la asignación básica, las primas de dirección, de vacaciones, servicios y navidad y la bonificación por servicios en virtud de las disposiciones contenidas

durante el último año de servicio [desde el 1º de julio de 2004 hasta 1º de julio de 2005] como la asignación básica, las primas de dirección, de vacaciones, servicios y navidad y la bonificación por servicios en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y en concordancia con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20106 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos7:

5.1. Gilma Gómez Rodas resultaba beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1º de abril de 1994 contaba con 45 años de edad, de manera que le era aplicable el régimen pensional anterior, esto es el Decreto 3135 de 1968, el Decreto Reglamentario 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978, puesto que para la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 la demandante contaba con más de 15 años de servicios . En ese sentido, era procedente la reliquidación pensiona l, comoquiera quiera que la Cajanal EICE liquidó la prestación con inclusión de la asignación básica y las bonificaciones por servicios prestados y compensación.

5.2. La sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado también indicó que la entidad que reconozca la pensión fue habilitada para deducir o hacer descuentos correspondientes respecto de los factores de los cuales no hubieran

5 Folio 42 del cuaderno 2. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000 -23descuentos correspondientes respecto de los factores de los cuales no hubieran

5 Folio 42 del cuaderno 2. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000 -2325-000-2006-07506-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 7 Indice 13 de Samai, actuación denominada 9_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 13.5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019) Demandante: Ugpp realizado cotizaciones , motivo por el cual por regla general las asignaciones incluidas en la liquidación serían las que califiquen como factores salariales, es decir asignación básica, las primas de dirección, vacaciones, servicios y navidad y la bonificación por servicios prestados . Contrario ocurrió con la bonificación por recreación y el incentivo por desempeño grupal, puesto que no constituyen salario en virtud del Decreto 2710 de 2001, artículo 15 y el Decreto 1268 de 1999, artículo

5.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

7. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto Gilma Gómez Rodas no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos ordenados, puesto que, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales indicados, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones

Gómez Rodas no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos ordenados, puesto que, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales indicados, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

7.1. Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por cuanto la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse ordenado la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en la jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó el IBL de manera expresa del régimen de transición.

7.2. Asimismo, se evidenció el pago en exceso producto de la orden de reliquidación de la prestación reconocida, toda vez que fue incrementado en un 4.56%, esto es en $90.805.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

8. Gilma Gómez Rodas no contestó la demanda9.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8.1. En esta oportunidad no se pronunció.

8 Folios 3 a 8 del cuaderno 3. 9 En el índice 35 de Samai, en la actuación denominada Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 35, fue notificada electrónicamente de la admisión de la demanda.6

9 En el índice 35 de Samai, en la actuación denominada Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 35, fue notificada electrónicamente de la admisión de la demanda.6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019)

Demandante: Ugpp

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA10.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 201412 y la presente acción fue radicada el 5 de diciembre de 201913, lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscribe n a establecer lo siguiente: ¿la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala laboral de descongestión se profirió con

lo que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. El problema jurídico

13. Se circunscribe n a establecer lo siguiente: ¿la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala laboral de descongestión se profirió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿ si la cuantía del derecho reconocido a Gilma Gómez Rodas excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en

10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala]. 11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 12 Folio 237, reverso, del cuaderno 2. 13 Folio 10 del cuaderno 3.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019) Demandante: Ugpp contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019) Demandante: Ugpp contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2014 de la Ley 797 de 200315 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », así las cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.

14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en

14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.8

especiales». 16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019)

Demandante: Ugpp

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han

definido los siguientes17:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados

debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidaci ón de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las

17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez

17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019) Demandante: Ugpp entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»18.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.

2.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

21. Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994 y 30 de junio de 1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente), se estipuló un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció lo

siguiente:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01020-00 (6735-2019) Demandante: Ugpp La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

22. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición

afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

22. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si es mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.

23. Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de la transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto de 201021 así se refirió al tema:

«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no im