CE - Sentencia 11001032500020190104500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Rafael Apolinar Herrera León

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Rafael Apolinar Herrera León.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014 por el

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba , dentro del medio de control de nulidad y

1 En lo que sigue Ugpp.2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

restablecimiento del derecho con radicado 23001-33-33-003-2013-00476-00 (01), que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería el 30 de mayo de 2014 , por medio del cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Rafael Apolinar Herrera León contra la Ugpp y se ordenó incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicio para la reliquidación de su pensión.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria de que Rafael Apolinar Herrera León no e ra acreedor de un derecho adquirido amparable en la legislación colombiana; iii) la orden de reliquidación y pago de la pensión reconocida conforme con las reglas de las sentencias C -168 de 1995, C258 de 2013, SU-230 de 2015, entre otras proferidas por la Corte Constitucional, de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Rafael Apolinar Herrera León nació el 14 de junio de 1950 y prestó sus servicios en la Caja Agraria desde el 21 de enero de 1974 hasta el 21 de julio de 1983 y en el ICA desde el 10 de junio de 1988 hasta el 30 de junio de 2007.

3.2. Mediante la Resolución «30473 del 30 de junio de 2006» (sic) Cajanal le reconoció una pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2005 en una cuantía de «$4521.444.63» (sic) condicionada al retiro del servicio.

3.3. Con la Resolución RDP 12158 d el 18 de octubre de 2012 Cajanal negó la reliquidación de la pensión reconocida. Decisión confirmada por la Resolución RDP 19644 del 14 de diciembre de 2012.

3.4. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, Rafael Apolinar Herrera León presentó demanda contra la Ugpp con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron la reliquidación de su pensión. Este asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería, el que por medio de la sentencia del 30 de junio de 20143 accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual resolvió:

2 En lo sucesivo CPACA.

Administrativo Oral de Montería, el que por medio de la sentencia del 30 de junio de 20143 accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual resolvió:

2 En lo sucesivo CPACA. 3 Índice 8 de Samai, archivo denominado 9_110010325000202000269001EXPEDIENTEDIG I2020112413334 páginas 128 a 139.3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

«PRIMERO: Declarar probada parcialmente la excepción de Prescripción, invocada por el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPPpor las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Declarar no probada la excepción de Legalidad de los Actos Administrativos Demandados, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declarar la nulidad de la Resolución RDP 012158 de 189 de octubre de 2012 expedida por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP por medio de la cual negó la reliquidación de pensión del señor RAFAEL APOLINAR HERRERA LEÓN, sobre la base del 75% de lo devengado en su último año de servicios, con la inclusión de todos los factores salariales.

CUARTO: Declarar la nulidad de la Resolución No. RDP 019644 del 14 de diciembre de 2012 que resuelve apelación y decidió confirmar en todas sus partes la Resolución anterior RDP 0012158 de 18 de octubre de 2012 que negó reliquidación de pensión de

2012 que resuelve apelación y decidió confirmar en todas sus partes la Resolución anterior RDP 0012158 de 18 de octubre de 2012 que negó reliquidación de pensión de jubilación del actor señor RAFAEL APOLINAR HERRERA LEÓN, sobre la base del 75% de lo devengado en su último año de servicios, con la inclusión de todos los factores salariales.

En consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho:

QUINTO: ORDENÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPPreliquide la pensión de jubilación del señor RAFAEL APOLINAR HERRERA LEÓN sobre la base del 75% del promedio del salario devengado por él durante el último año de servicios que va desde el 30 de junio de 2006, al 30 de junio del año 2007 , teniendo en cuenta los factores salariales devengados y acreditados en el proceso, tales como: Sueldo Básico, Incentivo de Localización, Auxilio de Alimentación, Auxilio de Transporte, Doceavas partes de la Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Vacaciones, Prima Semestral, Prima de Navidad y Quinquenio, en proporción que resultará de la división del valor certificado de dicho factor entre los cinco años que sirvieron para su causación y luego la doceava parte de la misma.

Sobre los factores salariales cuya inclusión aquí se ordena, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones ParafiscalesUGPPefectuará los descuentos en la proporción establecida en la Ley, siempre que no haya sido objeto de cotización alguna.

SEXTO: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

UGPPefectuará los descuentos en la proporción establecida en la Ley, siempre que no haya sido objeto de cotización alguna.

SEXTO: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPPa pagar al señor RAFAEL APOLINAR HERRERA LEÓN las diferencias resultantes de las mesadas pensionales causadas desde el 12 de junio de 2009, hasta la fecha de ejecutoria de la presente sentencia por concepto de la liquidación aquí ordenada. (…)» (sic)

3.5. Inconforme con lo decidido, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 27 de noviembre de 2014, que confirmó la providencia recurrida, así:4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

«PRIMERO. Confírmese por las razones anotadas en esta providencia, la sentencia proferida en audiencia el día 30 de mayo de 2014, por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, conforme a lo expresado en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin costas en la segunda instancia. (…)»

3.6. Mediante la Resolución RDP 046985 del 14 de diciembre de 2016 la Ugpp reliquidó la pensión de vejez en cuantía de $848 ,396 efectiva a partir del 1 de julio de 2007, con efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2009.

3.7. A través de la Resolución RDP 003361 del 31 de enero de 2017, se modificó el

de 2007, con efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2009.

3.7. A través de la Resolución RDP 003361 del 31 de enero de 2017, se modificó el artículo segundo de la Resolución RDP 046985 del 14 de diciembre de 2016.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 2 7 de noviembre de 2014 confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4:

5.1. A Rafael Apolinar Herrera León se le debió aplicar en forma integral las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 que regían su situación pensional por cuanto, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no era admisible liquidar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición de acuerdo con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 pues esto desnaturaliza el régimen de transición y afecta el monto de la pensión vulnerándose el principio de la inescindibilidad de la ley.

5.2. En relación con el argumento de la Ugpp en relación a que no son aplicables las normas contenidas en el Decreto 1045 de 1978 y, que deb ió aplicarse en su integridad lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y 62 de 1985 sin que puedan incluirse factores salariales que no se encuentran enlistados en estas normas, el Consejo de Estado, en la providencia de unificación del 4 de agosto de 2010 recalcó que si bien

factores salariales que no se encuentran enlistados en estas normas, el Consejo de Estado, en la providencia de unificación del 4 de agosto de 2010 recalcó que si bien ese decreto no es aplicable a los asuntos que se gobiernan por la Ley 33 de 1985, tal precepto es una norma orientadora , por lo cual l os factores salariales devengados por el actor durante su último año de servicios debieron ser incluidos al momento del reconocimiento de la prestación, siendo procedente su reliquidación.

5.3. Acerca del argumento según el cual no debe n incluirse los factores salariales

4 Índice 9 de Samai, expediente digital, archivo denominado D110010325000202000075001 EXPEDIENTEDIGITALCdo1Demanda202098102542, páginas 141 a 165.5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

sobre los cuales no se realizó ningún tipo de aportes al sistema, el Consejo de Estado reafirmó la tesis según la cual el no haberse realizado los respectivos aportes no es impedimento para inclu ir los factores salariales que se hayan devengado durante el último año de servicio , de tal suerte , lo procedente es el descuento de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la reliquidación de la pensión «de jubilación de la causante» (sic) en los términos ordenados no le corresponde, pues lo procedente era que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 en cuanto se refieren al IBL, asimismo, los factores salariales no correspondieron a los establecidos en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 , por tanto las decisiones judiciales como las acusadas que otorgan un aumento en la mesada pensional sin asistir el derecho, atentan contra los principios, derecho y deberes de los ciudadanos.

6.2. La cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación aplicando en el ingreso base de liquidación el 75% de lo devengado en el último año de servicio con la inclusión de todos los factores salariales , por ende , fue en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU 427 de 2016 entre otras.

1.3 Contestación a la acción especial de revisión

7. Rafael Apolinar Herrera León no contestó la demanda7:

SU 427 de 2016 entre otras.

1.3 Contestación a la acción especial de revisión

7. Rafael Apolinar Herrera León no contestó la demanda7:

6 Índice 9 de Samai, expediente digital, archivo denominado D110010325000202000075001 EXPEDIENTEDIGITALCdo1Demanda202098102542, páginas 4 a 23. 7 La demandada recibió la notificación personal del auto admisorio de la acción de revisión el 27 de marzo de 2024 como se indicó en el auto de 24 de mayo de 2024 y en el índice 48 de Samai.6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

1.4 El Ministerio Público

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo8, que estableció:

«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en un término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».

12. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 2014 10 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 5 de diciembre de 201911 fue oportuna.

2.3 Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba se expidió con vulneración del debido proceso

8 En lo que sigue CPACA. 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 10 Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001 EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 página 302. 11 Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001 EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 página 23.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 página 23.7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y; ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4 Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 12 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» , la Sala

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» , la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan» . En tal sentido, se han

definido los siguientes14:

12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». 13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

William Hernández Gómez.8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las ent idades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»15.

19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

20. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicio.

21. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las

antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los emplea dos oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

22. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes términos

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

23. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión.

24. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley 6a de 194517 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»18; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»19.

aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»18; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»19.

25. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 20, esta corporación 21 señaló que si el servidor era del orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de 1968 y si era del orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la

edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194522 se aplicó para efectos de las prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los servidores públicos del nivel territorial (…). (…) El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca),

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado

sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca),

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales 19 Artículo 27. 20 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017). 21 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2022, expediente 11001 -03-25-000-2019-00699-00 (5398 -2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 22 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».11

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)

Demandante: Ugpp

que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta).

26. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968 previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación

previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al momento de liquidar las pensiones. Así se señaló, entre otras, en las sentencias del 19 d