CE - Sentencia 11001032500020190104600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Trece (13) de noviembre de Dos mil Veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01046-00 (6775-2019) Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

UGPP Accionado: Jhon Augusto Guzmán Hoyos Trámite Acción especial de revisión Tema: Revisión de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2014, por el Tribunal Administrativo del Cauca . Causal regulada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003.

Decisión: Sentencia de única instancia

Procede la Sala a decidir la Acción Especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) , en contra de la sentencia del 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que adicionó y confirmó el fallo del 15 de noviembre de 2013, proferid o por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán que accedió parc ialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) formuló la acción especial de revisión prevista en el

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia proferida el 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que adicionó y confirmó el fallo proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán del 15 de noviembre de 2013 , dentro del expediente con radicado 19001-33-31-005-2011-002014-01, en su lugar, se revoque la mencionada providencia.

Como consecuencia de lo anterior el accionante pretende que:Número Interno: 6775-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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Se declare que el señor Jhon Augusto Guzmán Hoyos, «en cuanto a la reliquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana y , en su lugar, ordenar la reliquidación y pago de su mesada pensional conforme con las reglas previstas en las sentencias C -168 de 195; C-258 de 2013; Auto 326 de 2014; SU-230 DE 2015; SU-427 DE 2016; SU2010 de 2017; Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018, proferidas por la sala

Plena de la Corte Constitucional; esto es adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3° del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994 (…)».

Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reliquidar y pagar la mesada pensional de Jhon Augusto Guzmán Hoyos , adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3° del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores básicos de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresamente consagran esa condición de factores salariales con incide ncia pensional y fijando una tasa de reemplazo del 75% de lo devengado en el último año de servicios; por haber adquirido el estatus conforme al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que , el Jhon A ugusto Guzmán Hoyos nació el 11 de junio de 1948 y presto sus servicios en las siguientes entidades del Estado; (i) Ministerio de Defensa desde el 13 de enero de 1969 hasta el 1 de febrero de 1971; (ii) Ministerio de Ambiente y Vivienda desde el 12 de sept iembre de 1974 hasta el 30 de diciembre de 1974 y (iii) Invias desde el 11 de marzo de 1975 hasta el 30 de febrero de 1994.

1971; (ii) Ministerio de Ambiente y Vivienda desde el 12 de sept iembre de 1974 hasta el 30 de diciembre de 1974 y (iii) Invias desde el 11 de marzo de 1975 hasta el 30 de febrero de 1994.

Con Resolución 22445 del 21 de octubre de 2004 la extinta CAJANAL reconoció una pensión de vejez a favor del señor Guzmán Hoyos, en cuantía de $766.560.06, efectiva a partir del 6 de noviembre de 2003, condicionada a demostrar el retiro definitivo.

Luego, a través de Resolución 1922 del 29 de enero 2008, la UGPP negó la reliquidación de la pensión, decisión confirmada con Resolución 1659 del 21 de enero de 2009.

El señor Guzmán Hoyos acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante el cual, solicitó la reliquidación de la pensión de acuerdo con lo previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, dicho proceso correspondió, por competencia, al Juzgado QuintoNúmero Interno: 6775-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán Cauca, radicado 19001-33-31005-2011-00214-00, que en fallo del 15 de noviembre de 2013 , decidió a su favor la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones 01922 de 29 de

005-2011-00214-00, que en fallo del 15 de noviembre de 2013 , decidió a su favor la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones 01922 de 29 de enero de 2008 y 01 659 de 21 de enero de 2009 y dispuso reliquidar y pagar la pensión de jubilación con el 75% del promedio del último año de servicio prestado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1994.

La accionante añadió que, en sede del recurso de apelación , el Tribunal Administrativo del Cauca, adicionó el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 15 de noviembre de 2013, confirmó la sentencia de primera instancia.

Que la entidad demandante en cumplimiento al fallo, expidió la Resolución RDP 026710 del 30 de junio de 20155, reliquido la pensión de Vejez en cuantía de $ 979,390 efectiva a partir del 6 de noviembre de 2003.

1.2 Sentencia objeto de revisión1

El Tribunal Administrativo de l Cauca, mediante sentencia del 31 de octubre de 2014 , adicionó el numeral tercero y confirmó el fallo de primer grado, y dispuso:

«PRIMERO: ADICIONAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 15 de noviembre de 2013, proferida por el juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, en el sentido de disponer:

La entidad demandada podrá efectuar los descuentos por aportes correspondientes a los factores sobre los cuales no se haya realizado la deducción legal de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia”.

La entidad demandada podrá efectuar los descuentos por aportes correspondientes a los factores sobre los cuales no se haya realizado la deducción legal de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia”.

SEGUNDO: CONFIRMAR lo s demás numerales de la sentencia del 15 de noviembre de 2013, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán, a través de la cual se concedieron las pretensiones de la demanda, formulada por el señor Jhon Augusto Guzmán Hoyos contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP y la C aja Nacional de Previsión Social -CAJANAL-, proferida en el proceso de la referencia

Para fundamentar lo anterior, señaló que, el señor Guzmán Hoyos, nació el 6 de noviembre de 1948 y adquirió el estatus jurídico para acceder a la pensión el 6 de noviembre de 2003, por ello, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para ser benefi ciario del régimen de transición, toda vez que, a la entrada en vigencia de dicha Ley , tenía más de 40 años de edad y más de 15 años de servicio, en consecuencia tiene por normatividad aplicable para el reconocimiento y pago de su derecho pensional la ley 33 DE 1985, reformada por la Ley 62 de 1985.

1 Expediente digital, cargado en el aplicativo SamaiNúmero Interno: 6775-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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De acuerdo con las anteriores consideraciones, se tiene que, la liquidación de la pensión

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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De acuerdo con las anteriores consideraciones, se tiene que, la liquidación de la pensión de jubilación del señor Guzmán Hoyo, debió efectuarse conforme al nuevo parámetro jurisprudencial, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el actor en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, tal como lo estimo el A quo.

En razón de ello, comparte la decisión de primera instancia al declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al ordenar en consecuencia la reliquidación de la pensión de jubilación del actor con indexación de la primera mesada, con base en todos los factores salariales devengados el último año de servicios, esto es entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 1994, año en el cual, según consta en la certificación obrante a folio 4 del cuaderno principal devengó la asignación básica, prima de alimentaci ón, primas semestral y de navidad, bonificación por servicios y prima vacacional.

1.3 Causal de revisión invocada

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) invocó la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «a) cuando el reconocimiento se haya hecho con violación del debido proceso y b) [c] uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

cuando el reconocimiento se haya hecho con violación del debido proceso y b) [c] uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La entidad accionante adujo que, los jueces en el proceso ordinario se apartaron de la interpretación de la Corte Constitucional y de lo esta blecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respecto de la aplicación del IBL con 75% de lo devengado el último año de servicios con la inclusión de todos los factores salariales dispuestos en la ley 33 de 1985, desconociendo esta normatividad y los precedentes constitucionales constituyendo así una grave afectación de la sostenibilidad financiera de la mesada pensional sin que exista justificación legal ni jurisprudencial, siendo lo correcto aplicar el promedio de los últimos 10 años o del tiempo que le hiciere falta con los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, conforme lo establecido en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

1.4 Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio de la acción fue notificado personalmente al demandado el Veinte (20)Número Interno: 6775-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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de septiembre de Dos mil Veinticuatro (2024) 2, y contesto la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones:

Argumenta que, las decisiones judiciales y los derechos adquiridos deben respetarse de acuerdo con la normativa vigente del sistema pensional colombiano, incluyendo principios de favorabilidad y seguridad jurídica.

prosperidad de las pretensiones:

Argumenta que, las decisiones judiciales y los derechos adquiridos deben respetarse de acuerdo con la normativa vigente del sistema pensional colombiano, incluyendo principios de favorabilidad y seguridad jurídica.

Sostiene que, las sentencias en firme no pueden ser modificadas arbitrariamente por la UGPP fuera de los términos establecidos por la ley, específicamente dentro de un plazo de cinco (5) años para la acción de revisión. Además, destaca la importancia de respetar los precedentes jurisprudenciales y la constitucionalidad, argumentando que, la demanda de revisión carece de fundamento legal y viola principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y el principio de cosa juzgada.

1.5 Concepto del Ministerio Público3

El Ministerio Público guardo silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 4 y 20 de la Ley 797 de 2003 5, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 2014; y la demanda fue presentada el 5 de diciembre de 2019, razón por la cual, no fue superado el término de los 5 años establecidos en el artículo 251 del CPACA.

2 Índice 0031

diciembre de 2019, razón por la cual, no fue superado el término de los 5 años establecidos en el artículo 251 del CPACA.

2 Índice 0031 3 Folio 789 del expediente, informe secretarial que da cuenta de la notificación al Ministerio Publico y paso a Despacho sin pronunciamiento del mismo. 4 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 5 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».Número Interno: 6775-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección debe establecer si la sentencia del 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, está incursa en la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la cuantía de la pensión reconocida al accionado excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

cuantía de la pensión reconocida al accionado excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Supre ma de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 7 y comporta una

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 7 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y segurid ad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»8.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias esp ecíficas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el

7 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco

Suárez Vargas.Número Interno: 6775-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so p retexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so p retexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello , desnaturalizaría la función de los instrumentos extraordinarios9.

Finalmente, resulta necesario aclarar qu e la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite10 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 11, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraord inario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 12», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial13.

2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando

2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 10 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez

de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una deman da sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 11 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 12 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de mar zo de 2014 [Rad.

11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.Número Interno: 6775-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y C-168 de 1995, a partir de las cuales, se advierte que, el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revi sada, sino que , impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los

análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los siguientes términos:

«ARTICULO. 36.-Régimen de transición . La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión d e vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de e dad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados,

vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de e dad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos . […]» (el aparte resaltado fue declarado inexequible)Número Interno: 6775-2019

Accionante: UGPP

Accionada: Jhon Augusto Guzmán Hoyos

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Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual , la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 201014, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que a

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual , la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 201014, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al moment o en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros concep tos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU -230 de 2015, en la cual la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que solo fue superada hasta la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 15, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Colegiatura modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

de la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 15, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Colegiatura modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

«92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotiz