CE - Sentencia 11001032500020200002400 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2020-00024-00 (0024-2020)1.

Accionante : Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y

Pensiones (FONCEP) Accionada : María Doris Oliveros Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “E” .

Causal regulada en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por el FONCEP, contra la sentencia del Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Descongestión de Bogotá, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora María Doris Oliveros.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

derecho instaurada por la señora María Doris Oliveros.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

El FONCEP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia del Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante la cual se confirmó parcialmente la

1 Expediente hibrido. 2 Folios 1 al 10, expediente físico, cuaderno No. 1.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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sentencia del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Descongestión de Bogotá , dictadas dentro del expediente radicado 11001-33-31-010-2012-00310-01 y, en su lugar, se revoque la mencionada providencia; así como, se declare que la señora María Doris Oliveros, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, en consecuencia, se ordene la reliquidación de su pensión teniendo como ingreso base de liquidación (IBL) lo dispu esto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad

tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU - 427 de 2016; SU -210 de 2017; SU -395 de 2017 y SU -631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, la señora María Doris Oliveros prestó sus servicios al Hospital del Sur hasta el Veinte (20) de octubre de Dos Mil (2000).

Que a través de la Resolución No. 1591 del 23 de junio de 2006 el Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá le reconoció pensión de jubilación a la demandada a partir del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Cinco (2005).

Narró que, el Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Doce (2012) la señora Oliveros solicitó al FONCEP la reliquidación de su pensión , incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante su último año de servicios, petición resuelta desfavorablemente por medio de la Resolución No. 1181 del Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Doce (2012).

La señora María Doris Oliveros incoó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la citada Resolución No. 1181 del Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Doce (2012), pidiendo la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicios,

Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Doce (2012), pidiendo la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, la cual le correspondió al Juzgado Dieciocho Administrativo de Descongestión de Bogotá, quien accedió a las pretensiones de la demanda por medio de la sentencia del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), decisión contra la cual , ambas partes interpusieron recurso de apelación.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, a través de la sentencia del Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Quince (2015) confirmó parcialmente la decisión de primera instancia , precisando que, la prestación debía ser liquidada teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 75% y con base en el promedio de los factores salariales devengados por la allí demandante durante el último año de servicios, es to es, el comprendido entre el 20 de octubre de 1999 y el 20 d e octubre de 2000, incluyendo una doceava de la prima de servicios y quinquenio, confirmando en todo lo demás.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante sentencia de Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Quince (2015 ), confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, así:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante sentencia de Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Quince (2015 ), confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, así:

“PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 31 de octubre de 2013, proferida por el Juzgado Dieciocho (18) Administrativo de Descongestión de Bogotá D.C., que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por MARIA DORIS OLIVEROS, contra el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CENSANTÍAS Y PENSIONES DEL DISTRITO – FONCEP-, de confo rmidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: MODIFICAR , el numeral tercero de la sentencia del 31 de octubre de 2013, la cual

quedará así:

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENA al FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES DEL DISTRITO –FONCEP-, a reliquidar la pensión de vejez de la demandante MARÍA DORIS OLIVEROS […] en cuantía del 75% de lo devengado en el año anterior al retiro oficial, esto es, del 21 de octubre de 1999 al 20 de octubre de 2000, fecha en la que se produjo el retiro del servicio, efectiva a partir del 4 de junio de 2005 fecha en que adquirió e l status de pensionada, pero con efectos fiscales a partir del 23 de marzo de 2009 por prescripción trienal de

el retiro del servicio, efectiva a partir del 4 de junio de 2005 fecha en que adquirió e l status de pensionada, pero con efectos fiscales a partir del 23 de marzo de 2009 por prescripción trienal de las diferencias de las mesadas pensionales, incluyendo los factores salariales de asignación básica, auxilio de alimentaci ón, auxilio de transporte, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y quinquenio, éstos últimos cuatro en forma proporcional a una doceava parte que está demostrado se pagaban por la administración en su momento relevante.

Así mismo deberá efectuarse la i ndexación de la primera pensional, incluyendo el valor de los factores reconocidos y que incrementan el monto de la pensión.

Al efectuarse la reliquidación de las mesadas p ensionales de la demandante, la entidad deberá reajustar la pensión mes a mes según sean los incrementos que se hayan dispuesto en virtud de la Ley y estas cifras a su vez serás ajustadas en su valor […]

TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia, en el proceso promovido por MARÍA DORIS OLIVEROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.474.298 de Bogotá contra el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES DEL DISTRITO – FONCEPCUARTO.- SE CONFIRMA en todo lo demás la sentencia apelada. (…)”.

La anterior decisión tuvo como fundamento que, la señora María Doris Oliveros esNúmero Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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La anterior decisión tuvo como fundamento que, la señora María Doris Oliveros esNúmero Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, comoquiera que, al 1 de abril de 1994, fecha en que entró en vigor dicha ley, contaba con más de 35 años; ante ello, su régimen pensional es el establecido en la Ley 33 de 1985; asimismo, se dijo que aquella adquirió el estatus de pensionada el Cuatro (4) de junio de Dos Mil Cinco (2005), cuando cumplió 55 años de edad.

Sostuvo el Tribunal que, la allí demandante prestó sus servicios al Hospital del Sur desde el Veinticuatro (24 ) de febrero de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975) hasta el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil (2000); quien tiene derecho a que su pensión se liquide tomando como base el 75% incluyendo todos los factores s alariales devengados en el último año de servicios , el cual comprende d el Veinte (20) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) al Diecinueve (19) de octubre del Dos Mil (2000).

Precisó que, según lo certificado la actora durante el citado periodo devengó asignación básica, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de antigüedad y quinquenio; no obstante, al momento de liquidar la prestación solo se tuvo en cuenta la asignación básica y la prima de antigüedad; por tanto, concluyó que aquella prestación no fue bien liquidada.

momento de liquidar la prestación solo se tuvo en cuenta la asignación básica y la prima de antigüedad; por tanto, concluyó que aquella prestación no fue bien liquidada.

En ese orden de ideas, dispuso la reliquidación con base en todos los factores salariales devengados durante el último año, precisando que los devengados de forma anual solo se tendría en cuenta una doceava, prestación efectiva a partir del Cuatro (4) de junio de Dos Mil Cinco (2005), pero con efectos fiscales a partir del Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Nueve (2009), por prescripción.

Sumado a lo anterior, indicó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado3, resulta procedente la indexación de la primera mesada pensional de la ahora demandada comoquiera que, prestó sus servicios hasta el Diecinueve (19) de octubre del Dos Mil (2000), pero adquirió el estatus jurídico de pensionada el Cuatro (4) de junio de Dos Mil Cinco (2005); en ese sentido expuso que “[…] como el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación nace desde el momento en que se adquiere el status pensiona l, por cumplir los requisitos legales para el efecto, la administración para establecer la base de la liquidación y garantizar su poder adquisitivo le corresponde reconocer la primera mes ada pensional con el ajuste de los valores dejados de percibir por el transcurso del tiempo, para lo cual debe actualizar o indexar las sumas con base

3 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 5 de diciembre de 2002, C.P. Alberto Arango Mantilla, expediente No. 1817-1999.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

3 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 5 de diciembre de 2002, C.P. Alberto Arango Mantilla, expediente No. 1817-1999.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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en el índice de precios al consumidor I.P .C., en los términos de los lineamientos Constitucionales y Jurisprudenciales anotados.”

Resaltó el Tribunal que, la aplicación de la Ley 33 de 1985 al caso de la señora Oliveros, debía darse de forma íntegra, dada la inescendibilidad normativa; además, debe precisarse que, el fallo de primera instancia ordenó los descuentos sobre los aportes no realizados sobre los factores que sirva n de base en la reliquidación , aspecto que fue confirmado por el A-quo.

1.3. Causales de revisión invocadas.

El FONCEP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso »; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Al sustentar las dos causales de revisión la entidad demandante uso argumentos similares, los cuales se concretan en:

La sentencia cuya revisión se solicita violó el debido proceso comoquiera que, ordenó un

Al sustentar las dos causales de revisión la entidad demandante uso argumentos similares, los cuales se concretan en:

La sentencia cuya revisión se solicita violó el debido proceso comoquiera que, ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legislación pues, de acuerdo con las sentencias C-168 de 1995, C -258 de 2013, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017, SU -395 de 2017, SU -631 de 2017 y T -039 de 2018, como ingreso base de cotización debe tenerse en cuenta las disposiciones del inciso 3 del artículo 36 o el artículo 21, ambos, de la Ley 100 de 1993, según el caso; así como, los factores salariales con incidencia pensional son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

Sumado a lo anterior, la cuantía de la mesada pensional que fue fijada desatiende las reglas jurisprudenciales aplicables; indicando que, la postura unificada de la Corte Constitucional propendió por garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, a fin de no cometer los errores del pasado que llevaron a la desfinanciación del mismo.

1.4. Auto admisorio4

4 Índice 00011 de Samai.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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El despacho sustanciador mediante providencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) admitió el recurso extraordinario de revisión.

1.5. Contestación de la demanda de revisión5.

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El despacho sustanciador mediante providencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) admitió el recurso extraordinario de revisión.

1.5. Contestación de la demanda de revisión5.

La señora María Doris Oliveros, por conducto de apoderado judicial, allegó contestación a la presente acción, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones; lo anterior, al considerar que la entidad demandante pretende reabrir un debate jurídico concluido , pasando por alto que las s entencias objeto de revisión fueron emitidas aplicando e l criterio vigente expedido por esta Corporación en la sentencia de unificación d el 4 de agosto de 2010; además, en ellas se hizo la respectiva valoración probatoria.

1.6. Ministerio Público.

No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 6 y 20 de la Ley 797 de 2003 7, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198.

2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna toda vez que, la sentencia revisada fue proferida Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Quince (2015) por el Tr ibunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y quedó ejecutoriada el Nueve (9) de diciembre de Dos Mil Quince (2015) 9; por su parte, el recurso

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y quedó ejecutoriada el Nueve (9) de diciembre de Dos Mil Quince (2015) 9; por su parte, el recurso

5 Índice 00018 de Samai. 6 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 7 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 9 Folio 418 del expediente ordinario.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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extraordinario de revisión fue radicado el Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019) ante la secretaría de esta Corporación 10, concluyéndose que no fue superado el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, está incursa en las causales de

noviembre de Dos Mil Quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y/o, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas pe riódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de din ero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hac ienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

10 Sello visible en el anverso del folio 11 del expediente físico, cuaderno No. 2.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material11 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determ inar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»12.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el

seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera insta ncia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios13.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, « que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite14 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis15, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al

11 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. 14 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 1 1001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP . Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.

el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, q ue la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia16», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial17.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de

judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elemento s esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado18:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en co mento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictada s para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

16 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada

produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

16 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001 -03-25000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 0024-2020

Accionante: FONCEP

Accionada: María Doris Oliveros

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Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 19 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición»20.

relación con los núcleos esenciales que lo componen» 19 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición»20.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir, cuando la sentencia reconoce un a prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se agota en la simple

no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no