CE - Sentencia 11001032500020200004300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Veintitrés (23) de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 11001-03-25-000-2020-00043-00 (0044-2020)1.

Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP).

Accionado : María Auxiliadora Vergara Arrieta.

Trámite : Acción especial de revisión.

Tema : Revisión de la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

Causal regulada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia de Veintiuno (21) de Marzo de Dos Mil Trece ( 2013), proferida por el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de Montería, confirmada mediante sentencia del Veintiocho (28) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión , que accedi eron a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , instaurada por la señora María Auxiliadora Vergara Arrieta.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

nulidad y restablecimiento del derecho , instaurada por la señora María Auxiliadora Vergara Arrieta.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende se infirme n las sentencias del Veintiuno (21) de Marzo de Dos Mil Trece (2013), proferida por el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión

1 Expediente hibrido. 2 Folios 1 a 10, expediente físico, cuaderno 1.Número Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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de Montería, del Veintiocho (28) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, dictadas dentro del expediente radicado 23001-33-31-003-2011-00081 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias y declare que la señora María Auxiliadora Vergara Arrieta, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana y se ordene la reliquidación de la pensi ón que recibe , adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de c onformidad con lo

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de c onformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C -168 de 1995; C-258 de 2013, SU230 de 2015 y SU427 de 2016; SU-210 de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que la señora María Auxiliadora Vergara Arrieta, nació el Veintinueve (29) de Junio de Mil Novecientos Cincuenta y Ocho (1958) y prestó los servicios en la Rama Judicial, desde el Veintiocho (28) de Mayo de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984) hasta el Primero (1º) de Marzo de Dos Mil Once (2011), el último cargo que desempeñó , fue el de secretaria del Juzgado Penal del Circuito de Montería.

A través de Resolución PAP 006699 , del Nueve (9) de Julio de Dos Mil Diez ( 2010), CAJANAL reconoció pensión de vejez a la señora V ergara Arrieta, en cuantía de Un Millón Setecientos Once Mil Treinta y Tres Pesos ($1.711.033), efectiva a partir del Siete (7) de Julio de Dos Mil Nueve (2009), condicionada al retiro definitivo del servicio.

Por medio de Resolución UGM 003815, del Doce (12) de Agosto de Dos Mil Once (2011), se reliquidó la pensión de vejez, en cumplimiento de un fallo de tutela del Tribunal

Por medio de Resolución UGM 003815, del Doce (12) de Agosto de Dos Mil Once (2011), se reliquidó la pensión de vejez, en cumplimiento de un fallo de tutela del Tribunal Superior del Distrito de Montería, Sala Penal , elevando el valor de la mesada , a Tres Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Seis Pesos ($3.797.006), efectiva a partir del primero (1º) de Marzo de Dos Mil Once (2011).

Con auto ADP 4401, del Veintinueve (29) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), ordenó el archivo de la solicitud presentada el Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Doce (2012).

Ante una demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesta por la pensionada, el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de Montería, en sentencia del Veintiuno (21) de Marzo de Dos Mil Trece (2013), declaró la nulidad parcialNúmero Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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de la Resolución PAP 006699 , del Nueve (9) de Julio de Dos Mil Diez (2010), del acto administrativo ficto negativo, originado en una petición de reliquidación pensional que presentó la señora Vergara Arrieta y, declaró que la cuantía de la mesada pensional, ascendía a Tres Millones Novecientos Noventa y Dos Ochocientos Treinta y Tres Pesos ($3.992.833), con el consecuente pago de las diferencias en la mesada pensional, indexadas.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Pr imera de Decisión, en

($3.992.833), con el consecuente pago de las diferencias en la mesada pensional, indexadas.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Pr imera de Decisión, en sentencia del Veintiocho (28) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Primero en Descongestión de Montería.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

El Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de Montería , mediante sentencia de Veintiuno (21) de Marzo de Dos Mil Trece (2013) 3, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

«PRIMERO: Declárese la nulidad parcial de la Resolución PAP 006699 del 9 de Julio de 2010, mediante la cual, se reconoce la pensión de jubilación a la señora María Auxiliadora Vergara Arrieta, en lo referente al valor de la pensión.

SEGUNDO: Declárese la nulidad del acto ficto negativo producido por la Caja Naci onal de Previsión Social E.I.E.C -en liquidación - al no resolver oportunamente la solicitud de reliquidación pensional presentado por la demandante.

TERCERO: Declárese que la cuantía de la pensión de jubilación a que tiene derecho la señora María Auxiliadora Vergara Arrieta es de tres millones novecientos noventa y dos ochocientos treinta y tres pesos ($3.992.833) mensuales y no de un millón setecientos once mil treinta y tres pesos con cincuenta y seis centavos ($1.711.033).

CUARTO: Ordenése a la Caja N acional de Previsión Social E.I.E.C -en liquidación - a

tres pesos con cincuenta y seis centavos ($1.711.033).

CUARTO: Ordenése a la Caja N acional de Previsión Social E.I.E.C -en liquidación - a reconocer y pagar a la señora a la señora María Auxiliadora Vergara Arrieta , las diferencias dinerarias dejadas de pagar por las mesadas pensionales reconocidas mediante Resolución PAP 006699 del 9 de Julio de 2010, reliquidada mediante Resolución No. UGM 003815 del 12 de agosto de 2011, y los valores que en la sentencia se reconocen, a partir del 1 de marzo de 2011, fecha de retiro definitivo de la demandante. Sobre las sumas que resulten se hagan los ajustes de valor, teniendo en cuenta la variación en el IP, de acuerdo con el artículo 178 del C.C.A. […]»

3 Folios 441 a 449, expediente físico, cuaderno 3.Número Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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Como sustento de la decisión, se argumentó que, la demandante se encontraba cobijada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la L ey 100 de 1993, en ese entendido, su mesada pensional debía liquidarse conforme con lo establecido en el Decreto 546 de 1971, es decir, el 75% del equivalente a la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios en las actividades citadas, al cumplir 50 años y 20 años de servicios continuos o discontinuos.

También expuso que, en los términos dispuestos por la jurisprudencia de esta

elevada que hubiere devengado en el último año de servicios en las actividades citadas, al cumplir 50 años y 20 años de servicios continuos o discontinuos.

También expuso que, en los términos dispuestos por la jurisprudencia de esta Corporación, debían incluirse en el IBL para liquidar la mesada pensional, la asignación básica mensual y todas las sumas que habitual y periódicamente recibió la servidora , como retribución de sus servicios, excepto los excluidos expresamente por la Ley. Tomando en cuenta estos parámetros, el juzgado calculó el valor de la mesada pensional, con la constancia que, la pensión de la demandante fue reajustada por una orden de tutela, con lo cual, solamente sería procedente reconocer las diferencias pensionales respecto de ese valor.

El Tribunal Administrativo de Córdoba , mediante sentencia de Veintiocho (28) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), confirmó la sentencia de primera instancia4.

1.3. Causales de revisión invocadas.

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) 20 de la Ley 797 de 2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión procura, incurre en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que, al aplicar la disposición normativa,

colectiva que le eran legalmente aplicables».

Aduce que, la sentencia cuya revisión procura, incurre en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que, al aplicar la disposición normativa, fue interpretada contrariando el precedente constitucional C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU - 427 de 2016; SU -210 de 2017; SU -395 de 2017 ; SU -631 de 2017, y T -039 de 2018, al ordenar la reliquidación con el ingreso base de liquidación , con el 75% del equivalente a la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, y la inclusión de todos los factores salariales, en aplicación

4 Folios 449 reverso a 458, expediente físico, cuaderno 3.Número Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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del Decreto 546 de 1971 y Decreto 1158 de 1994, lo cual constituye una grave afectación al equilibrio económico del sistema pensional, al aumentar injustificadamente la mesada.

Adujo que, se vulneró el debido proceso con el reajuste pensional ordenado en favor de la demandante, toda vez que, tal prestación debió liquidarse con base en las directrices fijadas en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como , los factores salariales con incidencia pensional , determinados en el Decreto 1158 de 1994. A la par de la vulneración al debido proceso, estimó que la cuantía liquidada de la mesada

salariales con incidencia pensional , determinados en el Decreto 1158 de 1994. A la par de la vulneración al debido proceso, estimó que la cuantía liquidada de la mesada pensional, desatiende las reglas jurisprudenciales aplicables , en el entendido que, la postura unificada de la Corte Constitucional , propendió por garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, partiendo del propósito genuino del al udido sistema, dirigido a unificar los distintos sistemas dispersos, a fin de no cometer los errores del pasado, que llevaron a la desfinanciación del sistema.

1.4. Contestación de la demanda de revisión.

El auto admisorio de la acción, fue notificado personalmente a la señora María Auxiliadora Vergara Arrieta, el Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) 5, sin embargo, la demandada guardó silencio.

1.5. Ministerio Público.

No emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA 6 y 20 de la Ley 797 de 2003 7, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación , contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198.

5 Expediente digital – índice 000 – archivo PDF 027RECIBEMEMORIAL_RESPUESTAALDESPACHOC. 6 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas pro feridas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»

6 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas pro feridas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 7 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]» 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».Número Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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2.2. Oportunidad.

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que , la sentencia revisada fue proferida Veintiocho (28) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión , quedó ejecutoriada el Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014) 9, razón por la cual , el término para interponerlo, corrió entre el Diecisiete (17) de diciembre de Dos Mil Catorce ( 2014) y el Diecisiete (17) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve ( 2019), mientras que el recurso extraordinario de revisión fue radicado el Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019) ante la secretaría de esta Corporación 10, razón por la cual , no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

Diecinueve (2019) ante la secretaría de esta Corporación 10, razón por la cual , no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección establecer , si las sentencias de Veintiuno (21) de Marzo de Dos Mil Trece (2013) y Veintiocho (28) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), proferidas por el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de Montería y, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, respectivamente, están incursas en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demanda da fue obtenido con violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida, excedió lo preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones d e cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de

pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones d e cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito P úblico, del Contralor

9 Folio 440 a 441, expediente físico, Cuaderno 3. 10 Sello visible en la primera página del cuaderno 3 del expediente físico.Número Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material11 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía

a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»12.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la de cisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estad o ha precisado que , la rigurosidad de esta clase de asuntos , no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios13.

Finalmente, resulta necesario aclarar que , la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala

11 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, « que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite14 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis15, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia16», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial17.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos , que impongan al tesoro

debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos , que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública , la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser re visadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado18:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para eq uilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

14 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui gene ris” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisió n en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 16 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le o torgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.

16 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le o torgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 1 7 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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Según la norma en comento, el debido proceso comprende f undamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se

1. Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garant ía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo compon en»19 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 20.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» , es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395

en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU -631 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se agota en la simple

19 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001 -03-25-000-201900728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:Número Interno: 0044-2020

Accionante: UGPP

Accionada: María Auxiliadora Vergara Arrieta

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confrontación de las normas aplicables y la s entencia revisada, sino que impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación , por parte de los servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía

y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación , por parte de los servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto que todo « empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas, con arreglo a las cuales , resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 21, aludiendo a los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme , motivo por el cual , la Sección Segunda de esta Corporación , en sentencia de unificación proferida el Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010)22, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debí a ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están

momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de ser