CE - Sentencia 11001032500020200006400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020) (AER)

Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Demandado: Manuel de Jesús Lara del Villar Tema: Causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 Presupuestos de configuración Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓNART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la sentencia de 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 08001 33 31 704 2013 00007 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2013 00007 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor Manuel de Jesús Lara del Villar , por intermedio de apoderad a, instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 1100103-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.

Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés. 2 Índice 34 de la plataforma SAMAI. Archivo 2013-00007-00.pdf. página 1-12.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y

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2 contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

• La nulidad de las resoluciones 25344 de 2000 y 45915 del 28 de diciembre de

Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

• La nulidad de las resoluciones 25344 de 2000 y 45915 del 28 de diciembre de 2005, proferida s por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a través de la s cuales se negó la solicitud de reliquidación pensional del señor Manuel de Jesús Lara de villera y el recurso que confirmó aquella decisión.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la demandada a reliquidar la pensión de jubilación en los términos d e la ley 33 de 1985 ; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75% del promedio de los factores devengados durante el último año de servicios, esto es, además de los ya reconocidos en los actos enjuiciados, prima de navidad, prima de antigüedad, prima semestral y prima de vacaciones y (iii) el reconocimiento de los reajustes legales sobre las mesadas pensionale s dejadas de percibir con la indexación correspondiente.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. El demandante, nació el 2 de septiembre de 1994 . Prestó sus servicios al Ministerio de Comunicaciones durante 1161 días y a l Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE durante 6508 días, para un total de 7.669 días de servicio equivalentes a 21.3 años. Se retiró del servicio el 8 de marzo de 1992.

4. Dado lo anterior mediante la resolución 25344 del 3 de noviembre de 2000, la

un total de 7.669 días de servicio equivalentes a 21.3 años. Se retiró del servicio el 8 de marzo de 1992.

4. Dado lo anterior mediante la resolución 25344 del 3 de noviembre de 2000, la caja de previsión social - CAJANAL le reconoció la pensión de vejez con efectos fiscales a partir del 2 de septiembre de 1999 por un valor de $280.475, teniendo como factores salariales la asignación básica y las horas extras.

5. Inconforme con la anterior decisión, elev ó solicitud ante la entidad , el 30 de octubre de 2003, dicha petición fue parcialmente atendida a través de la resolución 45915, por la cual CAJANAL ordenó reliquidar la pensión con un valor de $292.124.

6. Indicó que, al persistir la omisión, el 7 de febrero de 2008, pidió nuevamente la reliquidación pensional, advirtiendo que aún existían factores salariales que no habían sido tenidos en cuenta. CAJANAL se pronunció negativamente el 29 deAcción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

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3 diciembre de 2008 mediante resolución 61571, al considerar que la pensión concedida estaba ajustada a los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994.

3 diciembre de 2008 mediante resolución 61571, al considerar que la pensión concedida estaba ajustada a los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994.

7. Inconforme con la anterior decisión, el 12 de febrero de 2009 presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos mediante resoluciones PAPO 37693 del 31 de enero de 2011 y UGM 8813 del 19 de septiembre de 2011, que confirmaron el acto recurrido.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

8. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos administrativos acusados, desconocieron el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; Ley 33 y 62 de 1985; artículo 1.° del Decreto 2143 de 1995 y artículo 1.° del Decreto 1158 de 1995.

9. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados desconocieron lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el cual , su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de , además de la asignación básica, la prima quinquenal de antigüedad, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras y la bonificación por servicios prestados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que cumple con los requisitos del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.

2.1.4. Sentencia de primera instancia3

con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que cumple con los requisitos del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.

2.1.4. Sentencia de primera instancia3

10. El Juzga do Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Barranquilla, mediante providencia de 11 de abril de 2014, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

11. Para tal efecto, señaló que la demandante, al momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 , ya ostentaba más de 35 años de edad, lo que la hacía merecedora del régimen de transición de la mentada norma, así determinó que, la pensión debió regirse bajo los lineamientos de la ley 33 de 1985 , y por consiguiente liquidar la prestación con el 75% de todos los factores salariales percibidos por el demandante en el último año de servicio , esto es, teniendo en

3 Índice 9 de la plataforma SAMAI. Archivo ED - Cuaderno 1 Principal-1-CuadernoPrincipalFolios1al200.pdf página 370-783.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

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4 cuenta la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 emitida por esta corporación, donde se estableció que los factores salariales no son taxativos sino

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4 cuenta la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 emitida por esta corporación, donde se estableció que los factores salariales no son taxativos sino enunciativos.

12. Así, con lo manifestado y con las pruebas aducidas al dossier, el sentenciador indicó que el acto acusado cercenó factores salariales que fueron efectivamente devengados por el señor Manuel de Jesús Lara del Villar; razón por la que declaró la nulidad de los actos enjuiciados, y orden ó su reliquidación con el 75% del salario promedio de lo percibido durante el último año de servicio, desde el 8 de marzo de 1991 hasta el 9 de marzo de 1992, con efectos fiscales a partir de 7 de febrero de 2005, por prescripción trienal.

13. Finalmente, autorizó a la entidad , descontar de la reliquidación los aportes correspondientes sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal.

De otra parte, estimó procedente el reajuste de las sumas de la condena.

2.1.5. Recurso de apelación4

14. Inconforme con la anterior decisión, los apoderados de las partes interpusieron recursos de apelación contra la sentencia, para ello invocaron los

siguientes argumentos:

15. El apoderado de la parte demandante , expuso de manera general que al señor Manuel de Jesús Lara del Villar se le reconoció la pensión de vejez el 2 de septiembre de 1999, mediante la Resolución 12534, la cual fue notificada al demandante el 4 de diciembre de 2000. Posteriormente, mediante escrito

septiembre de 1999, mediante la Resolución 12534, la cual fue notificada al demandante el 4 de diciembre de 2000. Posteriormente, mediante escrito presentado el 30 de octubre de 2003, se interrumpió el término de prescripción, ya que no habían transcurrido más de tres años, conforme a lo establecido en el artículo 151 del Código Sustantivo de Trabajo . Por lo tanto, co nsidera que sus derechos se mantuvieron vigentes desde el 30 de octubre de 2000. Advirtió que, a partir de ese momento, el actor insistió de manera constante en su solicitud de reliquidación pensional, sin que sus reclamos fueran debidamente atendidos.

16. El apoderado de la parte demandada, Sostuvo que el demandante no tiene derecho a que su pensión de jubilación sea reliquidada con base en el 75% del salario más alto devengado durante el último año de servicio, ya que el único régimen que contempla dicha mod alidad de cálculo es el establecido en el

4 Índice 9 de la plataforma SAMAI. Archivo ED - Cuaderno 1 Principal -1-Cuaderno Principa lFolios 1al 200.pdf página 385-412.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

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5 Decreto 546 de 1971, y el accionante no demostró cumplir con los requisitos

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5 Decreto 546 de 1971, y el accionante no demostró cumplir con los requisitos exigidos para acceder a ese régimen.

17. Explicó que, aunque el actor está amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 d e la Ley 100 de 1993, este únicamente protege los aspectos relacionados con la edad y el tiempo de servicio. En virtud de dicho régimen, el demandante adquirió el derecho a pensionarse a los 55 años, con una liquidación correspondiente al 75% del salario d evengado, pero calculado según los factores determinados de manera expresa en el Decreto 1158 de 1994.

18. Además, señaló que el empleador del actor no realizó aportes sobre todos los factores salariales que este reclama, razón por la cual dichos conceptos no pueden ser considerados para el cálculo del valor de la pensión. También indicó que lo recibido por vacaciones no constituye un factor salarial y, por tanto, no debe incluirse en la liquidación. En consecuencia, solicitó que, en caso de una eventual condena, se ordene el descuento de los factores sobre los que no se realizaron aportes, con el propósito de evitar un perjuicio económico a la entidad demandada y en atención al principio de sostenibilidad fiscal.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión.5

19. El Tribunal Administrativo de Atlántico dictó sentencia de segunda instancia el 31 de octubre de 2014 , en la cual confirmó la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Barranquilla el 11 de abril de 2014, con los siguientes argumentos:

el 31 de octubre de 2014 , en la cual confirmó la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Barranquilla el 11 de abril de 2014, con los siguientes argumentos:

20. Señaló, según jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, que el régimen de transición debe aplicarse de manera integral, no solo en cuanto a la edad y tiempo de servicios, sino también respecto al monto y base de liquidación pensional.

21. Así, indicó que, de conformidad con el acervo probatorio, el demandante, era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la citada Ley. En ese sentido, Indicó que el IBL de su pensión debió liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, es decir, teniendo en cuenta los factores que constituyen salario y que

5 Índice 9 de la plataforma SAMAI. Archivo ED - Cuaderno 1 Principal-1-CuadernoPrincipalFolios1al200.pdf página 385-412.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

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6 fueron devengados por est e durante su último año de servicio independientemente de la denominación que se le haya asignado, lo anterior, en

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6 fueron devengados por est e durante su último año de servicio independientemente de la denominación que se le haya asignado, lo anterior, en atención a la posición fijada por el Consejo de Estado en sentencia de 4 de agosto de 2010.

22. Cabe señalar, que el a quo rechazó el argumento de la entidad demandada respecto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, pues determinó que dicha providencia tenía un alcance específico y limitado a ciertos servidores públicos expresamente mencionados, y no era extensible automáticamente a otros regímenes pensionales especiales, incluido el caso del demandante.

23. Manifestó que, durante el año anterior al retiro del señor Manuel de Jesús Lara del Villar , devengó además de la asignación básica , horas extras y bonificación por servicios, ya incluidos, lo siguiente: prima de alimentación, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima quinquenal de antigüedad y subsidio de transporte , l os cuales no fueron considerados en la liquidación inicial realizada por la UGPP, generando así el perjuicio económico que fue objeto de restablecimiento.

24. Finalmente, señaló que el demandante presentó 4 solicitudes de reliquidación pensional. No obstante, la petición de fecha 29 de enero de 2011, es la que se debe tener en cuenta para efectos de la prescripción trienal, por lo que concluyó que, las mesadas con anterioridad a 28 de enero de 2008 se encu entran prescritas en virtud del fenómeno jurídico de la prescripción.

debe tener en cuenta para efectos de la prescripción trienal, por lo que concluyó que, las mesadas con anterioridad a 28 de enero de 2008 se encu entran prescritas en virtud del fenómeno jurídico de la prescripción.

25. Dado lo anterior, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de modificar el apartado de la prescripción y confirmar en todo lo demás la decisión apelada.

2.1.7. La acción especial de revisión6

26. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o

6 Índice 1 7 de la plataforma SAMAI. Archivo 20Anexo notificación del 20_AUTOSINTERLOCUTORIOSDESALA.pdf.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

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7 providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con

de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

27. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

1. Revocar l a sentencia expedida el 31 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Manuel Lara del Villar contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, radicado 08001 33 31 704 2013 00 007 01 que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo de descongestión del Circuito de Barranquilla del 11 de abril de

2014.

1. Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional de l señor Manuel de Jesús Lara del Villar , de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por la Corte Constitucional, de parte de esta corporación y de la normativa legal dispuesta en la ley 100 de 1993.

1. Ordenar al señor Manuel de Jesús Lara del Villar , a reintegrar a l recurrente, los valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez de las senten cias aquí enjuiciadas que excedan el tope lega l de la mesada pensional.

28. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sostuvo

pensional.

28. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sostuvo que, el señor Manuel de Jesús Lara del Villar no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que , fue beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 21 de la misma ley, con los factores de cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

29. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, AutoAcción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

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8 326 de 2014, SU -427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU631 de 2017 y T-039 de 2018.

2.1.8. Contestación

30. El señor Manuel de Jesús Lara Virilla fue notificad o personalmente de la

2017, SU631 de 2017 y T-039 de 2018.

2.1.8. Contestación

30. El señor Manuel de Jesús Lara Virilla fue notificad o personalmente de la admisión de la acción especial de revisión el 23 de mayo de 2024 , como se advierte en el índice 50 del expediente digital disponible en Samai. Fundamentó su oposición al recurso bajo los siguientes presupuestos:

31. Indicó, que la entidad pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia para cuestionar la valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada por los jueces de instancia, cuando el recurso extraordinario de revisión únicamente procede para anular sentencias que presenten vicios específicos al momento de su expedición, no para revocarlas o reinterpretarlas.

32. Finalmente, advirtió que sí tiene derecho a la reliquidación pensional bajo los términos establecidos en las sentencias objeto de estudio, pues al ser beneficiario del régimen de transición establecido en la ley 100 de 1993, le es aplicable es su totalidad las estipulaciones consagradas en las leyes 33 y 62 de

1985.

2.1.9 El agente del ministerio público adscrito a esta dependencia, no rindió concepto al caso objeto de estudio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

33. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo 249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Adm inistrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2. Oportunidad

249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales Adm inistrativos, conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2. Oportunidad

34. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las s entencias allí mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la CorteAcción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

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9 Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

35. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo

este fallo [...]».

35. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

36. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 31 de octubre de 2014 por parte del Tribunal Administrativo de l Atlántico, ejecutoriada el 14 de enero de 2015 , y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 18 de diciembre de 2019 8, es decir, en término para impetrar la acción especial de revisión.

3.3. Problema jurídico

37. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de l Atlántico, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación del señor Manuel de Jesús Lara

revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación del señor Manuel de Jesús Lara del Villar con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último

7 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Co ntencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto). 8 Índice 9 de la plataforma SAMAI. Archivo ED - Cuaderno 1 Principal-1-CuadernoPrincipalFolios1al200.pdf página 23.Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00064-00 (0065-2020)

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10 año de servicio, incluyendo como factores salariales la asignación básica, horas extras y bonificación por servicios prestados, la parte proporcional de prima de alimentación, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima quinquenal de antigüedad y subsidio de transporte.

extras y bonificación por servicios prestados, la parte proporcional de prima de alimentación, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima quinquenal de antigüedad y subsidio de transporte.

38. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

39. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 9 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 10, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las se ntencias, no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

40. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción especial11, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la

9 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto

Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.

quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimientoAcción especial de r