CE - Sentencia 11001032500020200010200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2020-00102-00 (0103-2020) Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

(UGPP)1

Accionada : María Eugenia Gallo Toledo Trámite : Acción especial de revisión Tema : Revisión de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2014, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión Laboral. Causal regulada en los literales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia del Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala de Descongestión Laboral, mediante la cual , confirmó parcialmente el fallo del Siete (7) de febrero de Dos Mil Doce (2012) , dictado por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali , que accedió a las súplicas de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora María Eugenia Gallo Toledo.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora María Eugenia Gallo Toledo.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con la que pretende que se infirme la sentencia del Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala de Descongestión Laboral, mediante la cual, confirmó parcialmente el fallo del Siete (7) de febrero de Dos Mil Doce (2012), dictado por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito

1 En adelante UGPP. 2 Folio 1-12 expediente físico No. 1Número Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

2

de Cali, dictada dentro del expediente radicado 76001-33-31-006-2011-00212-01 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias y se declare que , la señora María Eugenia Gallo Toledo, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana.

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la reliquidación de la pensión de la demandada teniendo como ingreso base de liquidación (IBL) lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad

tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU - 427 de 2016; SU -210 de 2017; SU -395 de 2017 y SU -631 de 2017; así como, una tasa de reemplazo del 75%.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que , la señora María Eugenia Gallo Toledo nació el Veintiuno (21) de enero de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961) y que prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, desde el Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Setenta y Nueve ( 1979), hasta el Trece (13) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), en el cargo de detective especializado.

Agregó que, la extinta Cajanal mediante Resolución No. 49004 del Nueve (9) de octubre de Dos Mil Siete ( 2007), reconoció una pensión de vejez a la demandada a partir del Quince (15) de julio de Dos Mil Cuatro (2004) y en cuantía de Ochocientos Noventa Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos con Ochenta y Siete centavos ($890.427,87), teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en los últimos Cinco ( 5) años y Veintinueve (29) días de servicios prestados, esto es, del Dieciséis (16) de junio de Mil

en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en los últimos Cinco ( 5) años y Veintinueve (29) días de servicios prestados, esto es, del Dieciséis (16) de junio de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) al Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro (2004).

Que a través de Resolución No. PAP 032465 del 30 de diciembre de 2010, Cajanal negó la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante, por nuevos factores salariales.

Señala que, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cali, mediante sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Doce (2012) , declaró la nulidad parcial del acto administrativo que reconoció la pensión de vejez a la demandante y la nulidad total de la Resolución No. 032465 que negó la reliquidación de la referida prestación y , ordenó a CAJANAL reliquidar la pensión teniendo en cuenta el 75% de todo lo devengado durante el último año de prestación de servicios (13 de julio de 2003 al 13 de julio de 2004). EstaNúmero Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

3

decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión Laboral, en providencia de Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), en la que dispuso:

«[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia No. 11 de fecha febrero 7 de 2012, proferida por él JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, que

«[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia No. 11 de fecha febrero 7 de 2012, proferida por él JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI, que decretó la prescripción de mesadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. […]»

Indicó que, el anterior fallo quedó ejecutoriado el Veintiuno (21) de enero de Dos Mil Quince (2015).

Finalmente agregó que, dando cumplimiento al fallo precitado la entidad demandante mediante Resolución RDP 019472 del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Quince (2015), reliquidó la pensión de vejez de la señora María Eugenia Gallo Toledo, elevando la cuantía de esta a $1.242.200, a partir del Trece (13) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), acto administrativo que fue aclarado mediante la Resolución No. 0229452 del Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Quince (2015) , donde se precisó que, la reliquidación de la pensión era a partir del Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro (2004).

1.2 Sentencias objeto de revisión

El Juzgado Sexto Administrativo de Cali, mediante sentencia de Siete (7) de febrero de Dos Mil Doce (2012) , accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la extinta Cajanal reliquidar la pensión de la demandada teniendo en cuenta el 75% de todo lo devengado durante el último año de prestación de servicios (13 de julio de 2003 al 13 de julio de 2004).

Cajanal reliquidar la pensión de la demandada teniendo en cuenta el 75% de todo lo devengado durante el último año de prestación de servicios (13 de julio de 2003 al 13 de julio de 2004).

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del Siete (7) de Octubre de Dos Mil Catorce ( 2014), confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, revocando la declaratoria de la prescripción de las mesadas.

Precisó el Tribunal que, la allí demandante era beneficiaria del régimen de transición establecido en los decretos 1835 de 1994 y 2090 de 2003; por tanto, su pensión debe ser reconocida conforme lo preceptuado en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, esto es, teniendo en cuenta el 75% de los salarios devengados durante el último año de servicios; aclarando que, en caso de no haber sido objeto de deducción de aportesNúmero Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

4

pensionales alguno de los factores a tener en cuenta en la reliquidación, la extinta Cajanal debía realizar los descuentos respectivos . Como sustento de esta decisión trajo a colación pronunciamientos de esta Corporación, entre ellos, la sentencia proferida el Dieciocho (18) de agosto de Dos Mil Cinco (2005), radicado interno (782-04).

Señaló además que, no se configuró el fenómeno de la prescripción trienal establecido en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; por cuanto, con la reclamación presentada

Señaló además que, no se configuró el fenómeno de la prescripción trienal establecido en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; por cuanto, con la reclamación presentada el Veinte (20) de agosto de Dos Mil Ocho (2008) , deprecando la reliquidación se interrumpió dicho fenómeno de forma oportuna , sin que le sea imputable a la actora la tardanza de la entidad en dar respuesta a aquella solicitud.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó la causal de revisión establecidas en el literal a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones «[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables ».

En cuanto al citado literal a) adujo que, la sentencia cuya revisión solicita violó el debido proceso por cuanto; «[…] la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante en los términos ordenados en estas no le corresponde, pues lo correcto es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IB L y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación, por lo anterior se considera que el fallo acusado transgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, inciso 2° y 124 de la Carta Política.»

los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, inciso 2° y 124 de la Carta Política.»

Y más adelante manifestó: «[…] en cuanto al IBL se debe aplicar la norma general que es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, de allí que la pensión de vejez se debe liquidar con el promedio de lo establecido en los últimos 10 años de servicio incluyendo únicamente los factores taxativamente contemplado s en el decreto reglamentario 1157 de 1994; pese a estar esto acreditado, los jueces de conocimiento se apartaron de lo establecido normativa y jurisprudencialmente accediendo a realizar la reliquidación en el trámite judicial, conllevando a la violación del debido proceso en el caso concreto, por lo que resulta necesario declarar probada la causal invocada y revocar la decisión recurrida.»

Ahora, respecto al literal b) precisó que, la cuantía reconocida excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables ; que si bien la señora María Eugenia Gallo Toledo, «es beneficiario (sic) del régimen de transición, por cuanto estaba vinculado en las actividades señaladas en el artículo 2° del Decreto 1853 de 1994 conNúmero Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

5

anterioridad a la vigencia de ésta norma (3 de agosto de 1994), acre ditando entonces el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse del régimen de transición establecido en el artículo 4° del Decreto 1835 de

5

anterioridad a la vigencia de ésta norma (3 de agosto de 1994), acre ditando entonces el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse del régimen de transición establecido en el artículo 4° del Decreto 1835 de 1994 por tratarse de un detective del DAS, permitiendo que se apliquen las prerrogativas de transición que consiste en que las personas que se encuentren inmersas en este régimen, le asiste el derecho a que se le aplique la normatividad anterior a la cual se encontraba afiliad a, que en el presente caso es el Decreto 1835 de 1994, respetando las condiciones de EDAD, TIEMPO y MONTO, pero en cuanto a la liquidación o porcentaje del INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN sería aplicable el 75% del promedio devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, razón por la cual la extinta Cajanal anteriormente había reconocido la pensión de vejez con dichas condiciones.» (negrillas del texto)

Asegura que las «[…] sentencias objeto de revisión, incurren en la causal antes referida toda vez que al momento de aplicar una disposición normativa e interpretarla en contrariedad a las disposiciones normativas y al precedente constitucional, ordenado reliquidar la pen sión de vejez por cumplir con los requisitos del régimen de transición establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de l señor (sic) MARIA AUGENIA GALLO TOLEDO aplicando el ingreso base de liquidación el 75% del promedio devengado el último año de servicios, con la inclusión de los factores salariales en aplicación a lo dispuesto en Decreto 1047 de 1978, desconoce la normatividad y el precedente constitucional antes referido

devengado el último año de servicios, con la inclusión de los factores salariales en aplicación a lo dispuesto en Decreto 1047 de 1978, desconoce la normatividad y el precedente constitucional antes referido constituyendo así en una grave afectación a la sostenibilidad financiera toda vez que contribuye a aumentar para el caso concreto en un 28 ,3184565112563% la mesada pensional de la causante sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello.» (negrillas del texto)

1.4 Trámite procesal

La acción especial de revisión fue presentada ante esta Corporación el Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Veinte (2020)3; posteriormente, admitida mediante auto del Seis (6) de octubre de Dos Mil Veinte (2020)4 y notificada personalmente a la señora María Eugenia Gallo Toledo el Dos (2) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)5.

1.5 Contestación de la demanda de revisión6

Mediante escrito allegado el seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), la señora María Eugenia Gallo Toledo, por conducto de apoderado judicial, a quien se le reconocerá personería por estar ajustado a derecho el memorial poder allegado , se opuso a las pretensiones de la demanda de revisión7.

3 Folio 483 expediente físico No. 3 4 Folio 490 expediente físico No. 3 5 Índice 00032 de Samai. Notificación efectuada a través de despacho comisorio realizado por el Tribunal Administrativo del Valle.

6 Debe aclararse que, si bien en auto del el diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se tuvo por no contestada la demanda y se decretaron pruebas (Samai – índice 36), revisado el expediente digital se logra advertir que la demandada sí presentó escrito de oposición, dentro del término legal. 7 Visible en el índice 00029 de Samai.Número Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

6

Aclaró que la señora Gallo Toledo no es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 : lo anterior, teniendo en cuenta que al momento de entrar en vigor dicha norma (1 de abril de 1994) no cumplía con los requisitos allí establecidos, es decir, no contaba con quince (15) años de servicio ni con treinta y cinco (35) años de edad. No obstante, en su calidad de detective del DAS su pensión le fue reconocida teniendo en cuenta el Decreto 1835 de 1994 (actividades de alto riesgo).

El mencionado Decreto 1835 de 1994 estableció su propio régimen de transición en su artículo 4, el cual se aplica de forma independiente a las disposiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; en virtud de aquel, teniendo en cuenta que la demandada ingresó al servicio del DAS el Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), esto es, su pensión se rige por lo dispuesto en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; tal

servicio del DAS el Treinta (30) de abril de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), esto es, su pensión se rige por lo dispuesto en los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; tal como lo precisó Cajanal en la Resolución No 49004 del 09 de octubre de 2007.

Precisó que, las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro del proceso ordinario que ordenó la reliquidación de su pensión y que son objeto de este trámite, aplicaron las disposiciones vigentes para ese momento y que fueron expedidas por el Consejo de Estado, entre ellas, la sentencia de unificación del Primero (1) de agosto de Dos Mil Trece (2013). En virtud de lo anterior, conforme lo dispuesto por esta colegiatura en la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), las nuevas disposiciones sobre la forma de calcular el IBL que rigen en la jurisdicción contenciosa administrativa, no afectan las órdenes judiciales que se hayan proferido con antelación y sobre las que haya operado el fenómeno de la cosa juzgada, como aquí ocurrió.

1.6 Ministerio Público.

No emitió concepto alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 8, en concordancia con lo previsto en el artículo

8 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser

8 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»Número Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

7

13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna toda vez que la sentencia revisada fue proferida el Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014) , por el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Descongestión Laboral, y quedó ejecutoria el Veintiuno (21) de enero de Dos Mil Quince (2015) 10; por su parte , el recurso extraordinario de revisión fue radicado el Diecisiete (17) de enero de Dos Mil Veinte (2020) 11, concluyéndose que no fue superado el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si, la sentencia del Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del CaucaSala de Descongestión Laboral, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional

Sala de Descongestión Laboral, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandante fue obtenido con violación del debido proceso y /o, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.1.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio d e Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 10 Folio 247 del expediente físico, cuaderno No. 2. 11 Folio 483 expediente físico No. 3Número Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

10 Folio 247 del expediente físico, cuaderno No. 2. 11 Folio 483 expediente físico No. 3Número Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

8

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, está orientada a restablecer la justicia material 12 y comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconoc imiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»13.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una

juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios14.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

12 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.Número Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

9

que el trámite15 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 16, dado que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 17», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción especial18.

2.1.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódica s de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión de esta Colegiatura ha señalado19:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad

de esta Colegiatura ha señalado19:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:

1. El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,

15 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,

en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidad es y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 16 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentenci as sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias. 17 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, refle jada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA ] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 1100103-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez. 18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.Número Interno: 0103-2020

Accionante: UGPP

Accionado: María Eugenia Gallo Toledo

10

conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 20 y «la parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 21.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el régimen de actividades de alto riesgo del extinto DAS.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la se