CE - Sentencia 11001032500020200018100 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001 03 25 000 2020 00181 00 (0182-2020) Acumulados: 11001 03 25 000 2020 00184 00 (0185-2020) 11001 03 25 000 2020 00186 00 (0187-2020) 11001 03 25 000 2020 00188 00 (0189-2020) 11001 03 25 000 2020 00190 00 (0191-2020) 11001 03 25 000 2020 00193 00 (0194-2020) 11001 03 25 000 2020 00610 00 (1573-2020) 11001 03 25 000 2020 00611 00 (1577-2020) 11001 03 25 000 2020 00612 00 (1581-2020) 11001 03 25 000 2020 00617 00 (1640-2020) 11001 03 25 000 2020 00619 00 (1643-2020) 11001 03 25 000 2020 00620 00 (1645-2020)

11001 03 25 000 2020 00619 00 (1643-2020) 11001 03 25 000 2020 00620 00 (1645-2020) 11001 03 25 000 2020 00624 00 (1702-2020) 11001 03 25 000 2020 00625 00 (1703-2020) 11001 03 25 000 2020 00626 00 (1705-2020) 11001 03 25 000 2020 00627 00 (1706-2020)

Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros1

Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Gobernación de Casanare

Temas: Nulidad de acuerdo que convoca concurso de méritos. Legitimación en la causa por pasiva de la entidad beneficiaria del concurso.

Independencia entre manual de funciones y acuerdo de convocatoria. Condena en costas en asuntos de interés público.

Decisión: Declara no probadas excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva. Niega pretensiones de la demanda.

La Sala decide las demandas de nulidad interpuestas por la señora Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros ciudadanos contra el Acuerdo No. CNSC – 20191000000606 del 4 de marzo de 2019 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) y la Gobernación de Casanare. Por medio de este se convocó y reglamentó el proceso de selección para proveer de manera definitiva los empleos de carrera administrativa vacantes en dicho ente territorial en el marco de la Convocatoria No. 1068 de 2019.

y reglamentó el proceso de selección para proveer de manera definitiva los empleos de carrera administrativa vacantes en dicho ente territorial en el marco de la Convocatoria No. 1068 de 2019.

1 Adriana Constanza Silva Aranguren, Oscar Nemesio Osorio Giraldo, Germán Zorro Barrera, Jose Alberto Cárdenas Rodríguez, Elena Mariño Granados, Ovidio Muñoz Suárez, Jeanneth Suárez Monsalve, Yury Yasleidi Girón Gualdón, Rubiela Granados Adame, Nicasio Mariño Ortíz, Leticia Rincón Molina, Aida Yadira Parra Rodríguez, Nury Constanza Mariño Inocencio , Jonathan Diego Sánchez Mateus y Laura Juliana Torres Pérez.2 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2020-00181-00 (0182-2020)

Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros

I. ANTECEDENTES

Demandas

1. Los actores adujeron2 que el acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad por haber desconocido las normas en que debía fundarse.

2. El artículo 9 de la Ley 1006 de 2006 , que impone la inclusión de la profesión de administración pública en los manuales de funciones de las entidades del orden territorial; y el artículo 7 de la Ley 1409 de 2010, relativo al ejercicio de la profesión de archivística.

Con fundamento en ambas normas acusaron a la gobernación por no haberse incluido en el manual de funciones de la entidad las profesiones de archivística y administración

y el artículo 7 de la Ley 1409 de 2010, relativo al ejercicio de la profesión de archivística. Con fundamento en ambas normas acusaron a la gobernación por no haberse incluido en el manual de funciones de la entidad las profesiones de archivística y administración pública; y a la CNSC de no haber vigilado el cumplimiento de las referidas disposiciones, además de los artículos 1 al 9 y 53 transitorio de la misma Ley 1409 de 2010, y 1 al 4 y 54 de la Ley 594 de 2000.

3. El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, sobre la reducción de la provisionalidad en el empleo público, en tanto en la convocatoria no se establecieron acciones afirmativas para reubicar en otros cargos a las personas con condiciones especiales que se encontraban ejerciendo en provisionalidad las vacantes que serían proveídas a través del proceso de selección y que, por esa razón, serían desvinculados de la entidad.

4. El artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 29 de la Ley 909 de 2004 que define y clasifica los concursos como metodología para la provisión definitiva

de empleos públicos de carrera administrativa , habida cuenta que se cumplían las condiciones para que las vacantes fueran proveídas en un 70% mediante concurso abierto y 30% de ascenso, pese a lo cual se ofertaron el 76% de los cargos mediante concurso abierto.

5. Finalmente, los principios del debido proceso y la confianza legítima toda vez que, después de haberse publicado la convocatoria, se reorganizó la planta de personal de la gobernación a través de la Ordenanza No. 006 del 1 de noviembre de 2019, la cual creó

después de haberse publicado la convocatoria, se reorganizó la planta de personal de la gobernación a través de la Ordenanza No. 006 del 1 de noviembre de 2019, la cual creó nuevos cargos y modificó los que ya habían sido ofertados en la convocatoria. Lo anterior derivó, a su vez, en que se modificara el manual de funciones de la entidad después de haber iniciado el proceso de selección.

6. En lo que respecta al debido proceso, indicaron que la reorganización de la planta de personal exigía la suspensión del proceso de selección hasta tanto se materializara dicha reforma; y frente a la confianza legítima , que no es dable efectuar ningún cambio sobre l os cargos ofertados en convocatoria inicialmente publicada so pena del desconocimiento de este principio.

2 En escritos de demanda separados, pero con contenido casi idéntico. La única diferencia que se advierte corresponde al cargo relativo a la violación de los principios de confianza legítima y debido proceso, que fue incorporado a las demandas a partir del expediente número 1573-2020 y en adelante.3 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2020-00181-00 (0182-2020)

Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros

7. Asimismo, acusaron la violación del preámbulo y los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política, y la omisión de la publicación del acto administrativo demandado; sin embargo, no aportaron argumentos que desarrollaran tales planteamientos.

Contestaciones de la demanda3

de la Constitución Política, y la omisión de la publicación del acto administrativo demandado; sin embargo, no aportaron argumentos que desarrollaran tales planteamientos.

Contestaciones de la demanda3

8. Tanto la CNSC como la Gobernación de Casanare se opusieron a las pretensiones de la demanda. Señalaron la inexistencia de una acusación concreta y el incumplimiento de la carga probatoria en cabeza de la parte demandante que evidencien el vicio de nulidad alegado; y destacaron que, por el contrario, las diversas etapas de la convocatoria se ejecutaron con apego a todas las normas constitucionales y legales que rigen la materia. En todo caso , se pronunci aron de manera concreta frente a los cargos de la demanda.

Gobernación de Casanare

9. En virtud de lo anterior, propuso la e xcepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, específicamente, el previsto en el artículo 162.4 del CPACA relativo a la obligación de indicar las normas violadas y el concepto de la violación. Aseveró que el demandante se limitó a transcribir las normas sin plasmar de manera siquiera sucinta las razones por las que supuestamente fueron desconocidas.

10. Presentó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la gobernación al considerar que el ente territorial no participó en la expedición del acto administrativo demandado. Argumentó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, la entidad competente para adelantar el concurso era la CNSC y la participación de la gobernación en el proceso de selección se limitó a la consolidación de

la Ley 909 de 2004, la entidad competente para adelantar el concurso era la CNSC y la participación de la gobernación en el proceso de selección se limitó a la consolidación de la oferta pública de empleos de carrera (en adelante OPEC).

11. En relación con la contravención de las Leyes 1006 de 2006 y 1409 de 2010, afirmó que el reproche está dirigido a l manual de funciones de la entidad y no al acuerdo de convocatoria que está siendo objeto de control judicial en el presente caso. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que el empleo de archivista no fue eliminad o del manual de funciones, simplemente no se incluyó en la OPEC porque para entonces no había vacantes específicas de ese tipo de cargos; a más de lo anterior, subrayó que en el proceso sí se ofertaron vacantes que admitían a profesionales en archivística y en administración pública.

12. Sobre la vulneración de las leyes 1955 y 1960 de 2019, manifestó que estas no estaban vigentes al publicarse el acuerdo demandado y, por ende, tampoco

3 La CNSC otorgó poder en todos los procesos a tres diferentes abogados y cada uno de ellos contestó la demanda en los respectivos expedientes a su cargo ; por su parte, la Gobernación de Casanare confirió poder a un único apoderado quien se pronunció en diez de los dieciséis expedientes . Algunas contestaciones fueron oportunas y otras fuera del término, tal como fue estudiado en el auto del 13 de julio de 2023 mediante el cual se resolvieron las excepciones previas . En tanto se trata de la defensa por parte las mismas entidades frente a un solo acto administrativo y en aras de evitar redundancias, se unificarán

de 2023 mediante el cual se resolvieron las excepciones previas . En tanto se trata de la defensa por parte las mismas entidades frente a un solo acto administrativo y en aras de evitar redundancias, se unificarán los argumentos expuestos en las contestaciones presentadas oportunamente.4 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2020-00181-00 (0182-2020) Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros reglamentadas. Respecto a las garantías para los funcionarios en provisionalidad con condiciones especiales, precisó que dicha protección no opera desde la publicación de la convocatoria, sino en el momento en que se conforma y ejecuta la lista de elegibles ; advirtió que será hasta entonces que se aplicarán medidas afirmativas a favor de esta población.

13. En lo referente a las transgresiones causadas por la aplicación de la Ordenanza No. 006 del 1 de noviembre de 2019, aseveró que dicho acto administrativo no guarda relación alguna con el proceso de selección demandando. Explicó que, a través de aquel, la asamblea departamental efectuó una legítima reorganización administrativa del ente territorial a raíz de la cual se ordenó a la gobernación ajustar su planta de personal, pero dicha modificación recayó únicamente sobre empleos del nivel directivo que no hicieron parte de la convocatoria.

14. Adicionalmente, dijo que n o existe norma ni jurisprudencia que imponga la suspensión del concurso de méritos mientras se adelantan trámites administrativos de reestructuración de planta de personal y que, en el caso concreto, el manual de funciones

14. Adicionalmente, dijo que n o existe norma ni jurisprudencia que imponga la suspensión del concurso de méritos mientras se adelantan trámites administrativos de reestructuración de planta de personal y que, en el caso concreto, el manual de funciones que se adjuntó a la OPEC definitiva cumplía con los requisitos que exigía la CNSC en cuanto a la actualización normativa e incluso continúa vigente.

CNSC

15. Respecto al desconocimiento de las Leyes 1006 de 2006 y 1409 de 2010, indicó que las facultades constitucionales y legales que ostenta la CNSC como máximo

organismo de administración y vigilancia del sistema de carrera administrativa no se traducen en una competencia para determinar el manual de funciones en q ue se fundamenta cada concurso de méritos. Aclaró que esta labor corresponde de manera exclusiva a la entidad destinataria de cada proceso de selección, la cual reporta ante la comisión las vacantes a proveer con sus respectivos requisitos a través de la OPEC.

16. Se refirió al caso concreto relatando que la OPEC inicialmente reportada por la gobernación presentaba 76 vacantes, pero que esta cifra ascendió a 94 después de publicada la convocatoria porque la entidad reformó su manual de funciones; circunstancia que conllevó a la modificación de la convo catoria antes de la apertura de las inscripciones. En este contexto, también formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que lo que se reprocha en las demandas es el manual de funciones de la gobernación, cuestión que escapa de la competencia de la CNSC.

17. Consideró que, en todo caso, los argumentos de los demandantes no tienen

en la causa por pasiva al considerar que lo que se reprocha en las demandas es el manual de funciones de la gobernación, cuestión que escapa de la competencia de la CNSC.

17. Consideró que, en todo caso, los argumentos de los demandantes no tienen vocación de prosperidad puesto que no se desconoce la Ley 1006 de 2006 en tanto el manual de funciones de la gobernación no excluyó a los profesionales en administración pública y la Ley 1409 de 2010 no establece que la gestión documental de las entidades públicas solamente pueda ser efectuada por profesionales en archivística.

18. En cuanto a la vulneración de las leyes 1955 y 1960 de 2019, también puso de presente que estas fueron promulgadas con posterioridad a la fecha en que se expidió el acto administrativo demandado y por esa razón no le eran aplicables. No obstante, en5

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2020-00181-00 (0182-2020) Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros cuanto a las garantías para el personal en provisionalidad previstas en la Ley 1955 de 2019, recordó que el mérito que rige la convocatoria es un principio constitucional plenamente compatible con las medidas afirmativas que proceden a favor de las personas en condiciones especiales.

Traslado de las excepciones

19. Únicamente el señor Ovidio Muñoz Suárez, demandante en el proceso acumulado 11001-00-25-000-2020-00193-00(0194-2020), se pronunció. M anifestó que no se

19. Únicamente el señor Ovidio Muñoz Suárez, demandante en el proceso acumulado 11001-00-25-000-2020-00193-00(0194-2020), se pronunció. M anifestó que no se estructuraban las excepciones previa y perentoria formuladas por la Gobernación de Casanare, comoquiera que i) en la demanda se identificaron las normas vulneradas y se explicó el concepto de violación; y ii) la gobernación elaboró la OPEC y es la entidad encargada de cumplir la decisión que se adopte.

Decisión de las excepciones previa y perentoria

20. Mediante auto proferido el 13 de julio de 2023, el d espacho ponente negó la excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales formulada por la gobernación al observar que los demandantes identificaron de forma expresa las disposiciones que consideran vulneradas y explicaron, según su pro pio método argumentativo, de qué manera se configuró tal desconocimiento del ordenamiento jurídico en el presente caso.

21. Por otra parte, difirió para la sentencia la resolución de las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta tanto por la CNSC como por la gobernación al no advertir los elementos de juicio necesarios para decidir esta cuestión en etapa previa al fallo.

Trámite de sentencia anticipada

22. A través de auto proferido el 1 de agosto de 2024 se dispuso dar trámite de sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, dada la concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 ejusdem4. Para el efecto,

sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, dada la concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 ejusdem4. Para el efecto, se decidió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio; posteriormente, mediante auto del 3 de octubre de 2024 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al ministerio público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

23. Ninguno de los demandantes presentó alegatos de conclusión . Por su parte, las entidades demandadas se pronunciaron dentro de la oportunidad.

4 Se expuso que «i) el caso bajo estudio requiere un análisis de pleno derecho; ii) las partes procesales pidieron tener como pruebas las documentales que aportaron, respecto de las cuales no se formuló tacha de falsedad; y iii) no se accederá a la solicitud tendiente a que se requiera a la CNSC para que informe en qué etapa se encuentra el concurso».6 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2020-00181-00 (0182-2020)

Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros

24. La gobernación dijo reiterar los argumentos expuestos en sus contestaciones de demanda.

25. La CNSC defendió la legalidad del acuerdo indicando que su validez no se ve afectada por el hecho de no haber sido suscrito también por la gobernación en su calidad de entidad nominadora; señaló que, en tanto esta cuestión ha sido plenamente decantada

25. La CNSC defendió la legalidad del acuerdo indicando que su validez no se ve afectada por el hecho de no haber sido suscrito también por la gobernación en su calidad de entidad nominadora; señaló que, en tanto esta cuestión ha sido plenamente decantada por la jurisprudencia constitucional y contenciosa -administrativa, existe «cosa juzgada absoluta» en relación con esta materia . En lo demás, presentó argumentos con los que reiteró sus contestaciones de la demanda.

Concepto del ministerio público

26. El ministerio público se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. A su vez, la Sección Segunda es competente para conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo No. 080 de 2019 que establece el reglamento interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo No. 434 de 2024, el cual consigna que esta sección conocerá de los procesos de nulidad de los actos administrativo s de orden nacional que versen sobre asuntos laborales y de la seguridad social.

Problemas jurídicos

28. Si bien los demandantes acusaron, entre otros, la violación de diversas disposiciones de la Constitución Política y la omisión de la publicación del acto administrativo demandado , no aportaron argument o alguno que fundamentara o desarrollara estos planteamientos. En consecuencia, ante el incumplimiento de la carga

disposiciones de la Constitución Política y la omisión de la publicación del acto administrativo demandado , no aportaron argument o alguno que fundamentara o desarrollara estos planteamientos. En consecuencia, ante el incumplimiento de la carga argumentativa que le asiste a la parte accionante y la consecuente falta de elementos de juicio necesarios para estudiar ambas cuestiones de fondo, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el particular.

29. En atención a los demás razonamientos expuestos en las demandas y las excepciones propuestas en las contestaciones, la Sala determinará, en primer lugar, si la Gobernación del Casanare y la CNSC carecen de legitimación en la causa por pasiva para comparecer al proceso . La primera, al no haber suscrito el acto administrativo demandado; y la segunda, en tanto los cargos de la demanda están dirigidos contra el manual de funciones de la gobernación y aquella no participó en la expedición de este acto administrativo.7

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Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros

30. Acto seguido , se estudiará si el acto administrativo demandado desconoció las

normas en que debía fundarse, así:

• Los artículos 9 de la Ley 1006 de 2006 y 7 de la Ley 1409 de 2010 porque la gobernación no incluyó las profesiones de archivística y administración pública en su manual de funciones; y puesto que la CNSC quebrantó su deber de vigilar el

gobernación no incluyó las profesiones de archivística y administración pública en su manual de funciones; y puesto que la CNSC quebrantó su deber de vigilar el cumplimiento de las referidas disposiciones, además de los artículos 1 al 6, 8-9 y 53 transitorio de la Ley 1409 de 2010, y 1 al 4 y 54 de la Ley 594 de 2000.

• El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 habida cuenta que en la convocatoria no se establecieron acciones afirmativas para reubicar en otros cargos a las personas con condiciones especiales que se encontraban ejerciendo en provisionalidad los cargos ofertados.

• El artículo 2 de la Ley 1960 de 2019 en tanto se cumplían las condiciones para que las vacantes fueran proveídas en un 70% mediante concurso abierto y 30% de ascenso, pese a lo cual se ofertaron el 76% de los cargos a través de concurso abierto.

• Los principios de debido proceso y confianza legítima por haberse modificado el manual de funciones de la entidad después de haber iniciado el proceso de selección.

Análisis del problema jurídico

31. La Sala declarará no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta tanto por la Gobernación de Casanare como por la CNS C, al determinar la participación de ambas entidades en la expedición del Acuerdo No. CNSC – 20191000000606 del 4 de marzo de 2019 y su interés en las resultas del proceso.

Asimismo, n egará las pretensiones de la demanda por no encontrar probado que el referido acto administrativo haya desconocido ninguna de las normas invocadas por los demandantes.

Asimismo, n egará las pretensiones de la demanda por no encontrar probado que el referido acto administrativo haya desconocido ninguna de las normas invocadas por los demandantes.

1. Legitimación en la causa por pasiva de la Gobernación de Casanare y la CNSC

32. En primer lugar, l a Gobernación de Casanare aseveró expresamente no haber participado en la expedición del Acuerdo No. CNSC – 20191000000606 del 4 de marzo de 2019 por ser esta una competencia exclusiva de la CNSC y, en consecuencia, carecer de legitimación en la causa por pasiva para comparecer al proceso.

33. Es lo primero advertir que el acto administrativo demandado sí fue suscrito por la gobernación, en conjunto con la CNSC. La copia del documento allegada al plenario da cuenta de que éste fue firmado por la otrora presidente de la CNSC, la comisionada Luz Amparo Cardoso Ca nizalez, y quien fuera representante legal de l departamento de Casanare, el gobernador José Alirio Barrera Rodríguez. Siendo así, el argumento de defensa presentado por el ente territorial carece de respaldo fáctico alguno y, por el8

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2020-00181-00 (0182-2020) Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros contrario, es manifiesta la participación de la entidad territorial en la expedici ón del acto administrativo y su voluntad respecto a la realización del concurso de méritos.

Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros contrario, es manifiesta la participación de la entidad territorial en la expedici ón del acto administrativo y su voluntad respecto a la realización del concurso de méritos.

34. Ahora bien, más allá de haber suscrito o no el acuerdo demandado, esta sección ha reconocido de manera pacífica y reiterada que, tratándose de la convocatoria de este tipo de procesos de selección, hay una concurrencia de competencias entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y la entidad destinataria del concurso que da lugar a la conformación de un litisconsorcio necesario por el cual se impone la comparecencia de ambas autoridades al litigio a efectos de garantizar su efectiva defensa5.

35. Lo anterior obedece , por un lado, a la indubitable participación de la entidad beneficiaria en la etapa de planeación del proceso de selección al ser la responsable de determinar las vacantes previstas en su manual de funciones que serán ofertadas y reportarlas a través de la OPEC 6. Por otra parte, al efecto que el concurso de méritos tiene en su planta de personal por ser la destinataria de la eventual lista de elegibles7.

36. Se colige, entonces, que la gobernación sí está legitimada para obrar como demandada en razón a su interés en las resultas del proceso 8. Ello es así por cuanto participó de manera determinante en la etapa de planeación del concurso de méritos , suscribió el acto administrativo mediante el cual fue convocado y es la destinataria final de la lista de elegibles que se conforme.

37. En segundo lugar, la CNSC formuló la misma excepción, en su caso, al estimar que l os reproches de la demanda están dirigidos al manual de funciones de la

de la lista de elegibles que se conforme.

37. En segundo lugar, la CNSC formuló la misma excepción, en su caso, al estimar que l os reproches de la demanda están dirigidos al manual de funciones de la gobernación, siendo este un asunto sobre el cual no guarda competencia. Al respecto, si bien es dable afirmar que la acusación relativa al desconocimiento de las leyes 1006 de 2006 y 1409 de 2010 está parcialmente dirigida al manual de funciones, las pretensiones de la demanda y una lectura íntegra de los fundamentos de esta hacen evidente que la acción está dirigida contra el acuerdo de convocatoria y no contra el referido manual de funciones.

38. Así las cosas , la CNSC también está legitimada para comparecer al presente proceso como parte demandada dada su calidad de administradora del sistema general

de carrera administrativa , garante de la debida ejecución del concurso de méritos en cuestión y principal suscribiente del acto administrativo demandado . Lo anterior, sin perjuicio de la valoración jurídica que proceda respecto al precitado cargo aparentemente dirigido contra el manual de funciones, cuestión que será abordada en líneas posteriores.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Auto del 5 de julio de 2018, rad. núm. 05001-23-33-000-2016-01082-01 (0900-18). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de febrero de 2020, rad. núm. 11001-03-25-000-2015-00294-00 (0595-15). C.P. William Hernández Gómez.

del 20 de febrero de 2020, rad. núm. 11001-03-25-000-2015-00294-00 (0595-15). C.P. William Hernández Gómez. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 5 de noviembre de 2020, rad. núm. 11001-03-25-000-2014-00025-00 (0064-14). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 8 Véanse, entre otras : Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 22 de enero de 2024, rad. núm. 11001 -03-25-000-2019-00832-00 (6050-2019), C.P. César Palomino Cortés; Subsección A, auto del 8 de junio de 2021, rad. núm. 11001-03-25-000-201900167-00 (1051-19), C.P. William Hernández Gómez.9 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2020-00181-00 (0182-2020)

Demandantes: Edna Liliana Inocencio Bohórquez y otros

39. Con todo, se declararán no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas tanto por la Gobernación de Casanare y la CNSC, y se procederá con el estudio de los problemas jurídicos restantes.

2. Desconocimiento de las Leyes 1006 de 2006 y 1409 de 2010

procederá con el estudio de los problemas jurídicos restantes.

2. Desconocimiento de las Leyes 1006 de 2006 y 1409 de 2010

40. Los demandantes adujeron que la gobernación desconoció los artículos 9 de la Ley 1006 de 2006 y 7 de la Ley 1409 de 2010 al no prever en su manual de funciones las profesiones de archivística y administración pública. En tanto se trata de un reproche dirigido exclusivamente contra el manual de funciones de la entidad destinataria del concurso de méritos y este es un acto administrativo distinto, autónomo e independiente del acuerdo de convocatoria demandado en el presente proceso 9, la Sala omitirá pronunciarse en relación con ese asunto.

41. Asimismo, según su parecer, la CNSC desconoció dichas normas al no ejercer su deber de vigilancia de cumplimiento de esas disposiciones, además de los artículos 1 al 4 y 54 de la Ley 594 de 2000, y 1 al 6, 8-9 y 53 transitorio de la Ley 1409 de 2010. De los escritos de la demanda se advierte que n o se aportaron argumentos específicos que concretaran el fundamento de ese deber ni la manera en que fue desconocido.

42. En ese contexto, l a Sala advierte que ninguna de las precitadas normas versa sobre materias que impacten de manera alguna el acuerdo de convocatoria demandado ni asuntos cuya vigilancia esté en cabeza de la CNSC en punto de alegar una falta a sus deberes en el marco del concurso de méritos que se reprocha en el presente proceso.

43. En primer lugar, la Ley 1006 de 200610 tiene como objeto reglamentar la profesión

deberes en el marco del con